El consumo mundial de drogas y el número de sustancias en el mercado han ido aumentando en las últimas décadas. Cada año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publica el Informe Mundial sobre las Drogas, un documento repleto de estadísticas clave y datos fácticos obtenidos a través de fuentes oficiales con un enfoque basado en la ciencia y la investigación. América Latina y el Caribe es el origen de toda la cocaína consumida a nivel global y es que el cultivo de la planta de coca y la producción de esta droga han alcanzado niveles récord en años recientes.
Los Días Internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Los escenarios de mayor vulneración de los derechos humanos son los contextos de guerra, y sin duda, la guerra que más años lleva librándose, que más aceptación social ha tenido y que tantas víctimas se sigue dejando a día de hoy es la famosa «Guerra contra las drogas».
El impacto de la criminalización y las políticas punitivas
La aplicación durante decenios de leyes que castigan y estigmatizan a quienes consumen drogas y a otras personas que intervienen en el comercio de drogas se ha traducido en encarcelamientos masivos, enfermedades, sufrimiento y violencia. La criminalización de las drogas no hace disminuir ni su consumo ni su suministro. Por el contrario, da lugar a un comercio clandestino, incrementa los daños asociados al consumo y potencia la delincuencia organizada, la corrupción y la violencia.
El hecho de prohibir las drogas repercute directamente en nuestro derecho a la salud. Las políticas sobre drogas concebidas para castigar agravan los peligros y los daños asociados a su consumo. Esas políticas pueden conducir a un incremento en la transmisión del VIH y de otras enfermedades. Además, obstaculizan el acceso a drogas con fines médicos, lo que causa más daño y sufrimiento a millones de pacientes.
Consecuencias globales de la estrategia prohibicionista
Desde los homicidios masivos en Filipinas y la aplicación de la pena de muerte para delitos de drogas en Malasia, hasta los encarcelamientos masivos en Estados Unidos y las torturas en México, la «guerra contra las drogas» ha potenciado abusos generalizados contra los derechos humanos. Aproximadamente el 20% de la población penitenciaria mundial se encuentra recluida por delitos relacionados con las drogas. En todo el mundo, las mujeres son encarceladas por delitos de drogas más que por cualquier otro delito, y tienen más dificultades que los hombres para acceder a sanciones no privativas de libertad y a otras alternativas a la detención.
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El empleo de la pena de muerte para los delitos relacionados con drogas es, posiblemente, la manifestación más extrema del planteamiento punitivo por el que se decantan numerosos países. Según el derecho internacional, los Estados que aún no hayan abolido la pena de muerte deben limitar su uso a «los más graves delitos», es decir, al homicidio intencional.
Situación de los grupos vulnerables
Esta estrategia fallida ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades más pobres y marginadas, que soportan sus consecuencias, y atrapa a comunidades enteras en un círculo de encarcelamiento, violencia y pobreza. Los Estados tienen la obligación especial de proteger a los niños, niñas y adolescentes de los peligros y daños de las drogas, lo que incluye tanto los derivados del consumo de drogas por los propios menores o por sus progenitores como los que se derivan de la actuación policial y de otras intervenciones de aplicación de la ley.
Hacia nuevos modelos: despenalización y regulación
En numerosos lugares del mundo los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil están diseñando nuevos modelos de regulación y despenalización de las drogas. Las evidencias de las que disponemos hasta la fecha demuestran que la despenalización del consumo, la posesión y el cultivo de drogas para uso personal no conduce a mayores índices de consumo si va acompañada de una ampliación de los servicios de salud y sociales.
En Portugal, el consumo y la posesión de todas las drogas está despenalizado desde 2001. Las políticas sobre drogas de Portugal han sido beneficiosas para la salud pública y los derechos humanos. Los niveles de consumo de drogas han descendido desde el año 2001, en especial el de heroína. También se ha producido un descenso radical de los diagnósticos de VIH entre las personas que consumen drogas por vía intravenosa.
Amnistía Internacional pide a los Estados que abandonen las políticas basadas en la prohibición y la penalización en favor de alternativas basadas en evidencias científicas que protejan la salud pública y los derechos humanos de quienes consumen drogas y de otras comunidades afectadas. Precisamente por la existencia de esos peligros, los gobiernos deben asumir el control y regular la manera en la que esas sustancias se producen, se venden y se consumen.
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