Nicolás Maduro enfrenta cargos graves en Estados Unidos, incluyendo narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y posesión de armas de guerra. La acusación que ahora está sobre la mesa en Nueva York se articula, según el escrito judicial, en cuatro cargos principales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos de posesión de armas y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El acta de acusación contra Nicolás Maduro inculpa al depuesto líder venezolano, a su esposa y a su hijo de formar parte de una conspiración junto a otras tres personas para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, recientemente capturados por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas, enfrentan cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas. Maduro y su esposa Cilia Flores, que se declararon no culpables, podrían ser condenados a cadena perpetua si el jurado federal de Nueva York los declara culpables.
Cargos Principales y Evolución de las Acusaciones
Maduro enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada contra él en el tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump. La nueva acusación, que añade cargos contra Flores, fue presentada bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York. La fiscalía argumenta que el mandatario y su círculo íntimo han usado su autoridad "obtenida ilegalmente" y han corrompido las instituciones de Venezuela con fines criminales. El documento se refiere a hechos que abarcan los últimos 25 años y dice que Maduro ha estado involucrado en tráfico de drogas desde incluso antes de convertirse en presidente de Venezuela. A los demás imputados se los acusa de concentrar el poder y riqueza derivados de las actividades ilegales orquestadas por Maduro.
El Cártel de los Soles y Redes Criminales
Según la fiscalía, Maduro lideró el Cártel de los Soles para traficar drogas hacia EE. UU. en colaboración con grupos armados. Una acusación previa de Estados Unidos contra Maduro, de 2020, lo describía repetidamente como el líder de un grupo narcotraficante conocido como el Cártel de los Soles. Sin embargo, la acusación sustitutiva revelada tras la captura de Maduro apenas menciona el Cártel de los Soles, que fue designado "organización terrorista extranjera" por el Departamento de Estado en noviembre. Según algunos expertos en Venezuela, el Cártel de los Soles nunca ha existido como una organización formal. Esta última acusación se refiere al cártel como un "sistema de clientelismo" para canalizar ganancias del narcotráfico hacia "funcionarios civiles, militares y de inteligencia de base corruptos". De acuerdo con el centro de estudios InSight Crime, el nombre fue acuñado irónicamente por medios venezolanos en 1993 después de que dos generales fueran capturados por narcotráfico.
El cargo de conspiración para narcoterrorismo se deriva de acusaciones de que Maduro se asoció con los grupos rebeldes colombianos FARC y ELN, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, y el grupo venezolano Tren de Aragua para mover grandes cantidades de cocaína. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al Cártel de Sinaloa, a Los Zetas y al Tren de Aragua como "organizaciones terroristas extranjeras". El ya disuelto grupo rebelde marxista FARC fue retirado de la lista en 2021. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que controla regiones clave de producción de drogas en Colombia, permanece en la lista. A todos estos grupos, los imputados y otros colaboradores "les proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia el norte, a EE.UU.", a cambio de grandes sumas de dinero. La acusación denuncia a Maduro por asociarse con "algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo" para permitir el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. "Maduro y sus co-conspiradores han, durante décadas, colaborado con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos", según la acusación.
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A continuación, se presenta una tabla que resume los cargos y los principales coacusados mencionados en la imputación:
| Cargo Principal | Coacusados Relevantes | Detalles Clave |
|---|---|---|
| Conspiración de narcoterrorismo | Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Héctor Rusthenford Guerrero Flores | Liderazgo del "Cártel de los Soles", alianzas con FARC, ELN, cárteles mexicanos (Sinaloa, Los Zetas) y Tren de Aragua para el tráfico de cocaína. |
| Conspiración para la importación de cocaína | Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Héctor Rusthenford Guerrero Flores | Uso de pasaportes diplomáticos, protección diplomática para vuelos, tráfico de 200-250 toneladas anuales de cocaína a través de Venezuela hacia EE.UU. |
| Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos | Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Héctor Rusthenford Guerrero Flores | Facilitación y protección de las operaciones de narcotráfico mediante el uso de armamento. |
| Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos | Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Héctor Rusthenford Guerrero Flores | Parte de la infraestructura de apoyo a las operaciones de tráfico de drogas y seguridad de rutas. |
Mecanismos de Tráfico de Drogas
La fiscalía acusa a Maduro de haber "manchado todos los cargos públicos que ha ocupado" para enviar las grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, para lo cual ha amparado y protegido a narcotraficantes. "Como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los planes utilizados por los lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela", se lee en el escrito, donde se sostiene que estas acciones habrían ocurrido entre 2006 y 2008.
En 2017, la cadena estadounidense CNN publicó un reportaje en el que se denunciaba que pasaportes venezolanos eran vendidos en embajadas y consulados de Medio Oriente, y que algunos de sus compradores habrían sido miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá. "'En Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o pasaporte, hasta 15.000 dólares', dijo un exfuncionario venezolano de esa legación a la cadena, quien fue forzado a renunciar luego de denunciar la situación ante su superior. 'No les importa si el que tiene los 15.000 dólares es un terrorista o una anciana que quiere asilo en Europa', agregó."
La Fiscalía estadounidense también acusa a Maduro de ordenar a los embajadores que ayudaran a los traficantes a realizar sus negocios. "Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero de la droga de México a Venezuela Maduro Moros facilitaba el traslado de aviones privados bajo protección diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero de la droga. El avión regresaba a Venezuela bajo protección diplomática", se lee en el escrito. Las autoridades estadounidenses alegan que Maduro y su familia "proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico" a los cárteles que movían drogas por toda la región, resultando en hasta 250 toneladas de cocaína traficadas a través de Venezuela anualmente para 2020, según la acusación. Las drogas se movían en lanchas, barcos pesqueros y buques portacontenedores o en avionetas desde pistas clandestinas, dice la acusación. "Este ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al mismo tiempo que beneficia a los narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos", se lee en la acusación.
Participación Familiar y Colectivos
A diferencia de la primera imputación contra Maduro presentada en 2020, en esta nueva no solo se señala al gobernante y a miembros o exmiembros de su gobierno, sino también a parte de su familia. Así además de su esposa, Cilia Flores, también se acusa de estar implicado en actividades criminales a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, a quien se presenta con los alias de "Nicolasito" y "El Príncipe". La Fiscalía de Estados Unidos asegura que en 2020 el parlamentario oficialista "asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC" y que durante el encuentro "discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026".
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En 2007, la entonces diputada Cilia Flores habría recibido "cientos de miles de dólares" a cambio de organizar una reunión entre un traficante y el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol Torres. El narcotraficante posteriormente acordó pagar un soborno mensual a Reverol Torres, además de aproximadamente US$ 100.000 por cada vuelo que transportara cocaína para garantizar su seguridad, una parte de la cual se pagó posteriormente a Cilia Flores de Maduro. Sobrinos de la esposa de Maduro fueron escuchados durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales del gobierno de Estados Unidos en 2015 acordando enviar "envíos de cocaína de varios cientos de kilogramos" desde el "hangar presidencial" de Maduro en un aeropuerto venezolano. Durante las reuniones grabadas, los sobrinos explicaron "que estaban en 'guerra' con Estados Unidos", alega la acusación. Ambos fueron sentenciados en 2017 a 18 años de prisión por conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos antes de ser liberados en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros a cambio de siete estadounidenses encarcelados.
Además de las fuerzas militares, la pareja Maduro-Flores habría empleado civiles armados para proteger los cargamentos de drogas, asegura la Fiscalía de Estados Unidos. "Maduro Moros y Flores de Maduro mantuvieron sus propios grupos de pandillas estatales, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico", se lee en la imputación. "Maduro Moros y Flores de Maduro también ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o de alguna otra manera perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas, Venezuela", se remata. Estados Unidos acusa a Maduro y su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos "contra aquellos que les debían dinero de drogas o de alguna manera socavaron su operación de tráfico de drogas". Eso incluye el asesinato de un jefe local de drogas en Caracas, según la acusación.
Casos Relacionados con Aviones y Vuelos
El caso del vuelo 385 de Air France sería para la Fiscalía de Estados Unidos una prueba de la participación de Maduro y otras autoridades venezolanas en el tráfico de drogas. El 11 de septiembre de 2013, dentro de un avión procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, la policía gala consiguió 30 maletas de cocaína, más de 1,3 toneladas. "Tras la incautación, Maduro Moros logró una reunión con, entre otros, (Diosdado) Cabello Rondón y (Hugo) Carvajal Barrios. Durante la reunión, Maduro Moros les indicó a Cabello Rondón y Carvajal Barrios que no debían haber utilizado el Aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico tras la incautación de 2006 en México, y que, en su lugar, debían utilizar otras rutas y puntos de tráfico de drogas bien establecidos para el envío de cocaína", se lee en la imputación. Las autoridades consideran que las detenciones que se produjeron poco después en Venezuela fueron una cortina de humo para "desviar la atención" de los responsables de la operación.
A lo anterior hay que sumarle la sospecha de que aviones oficiales fueron empleados también para transportar drogas dentro del país. "Entre 2014 y 2015, un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela en la Isla de Margarita coordinó hoteles, transporte, mujeres y alimentación para las visitas de funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’, el acusado, quien visitaba la Isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas", se lee en el escrito.
Captura y Proceso Legal
En los días previos a la captura de Maduro, se registró un aumento sostenido de tensiones políticas y diplomáticas en torno a Venezuela, particularmente en relación con investigaciones e informes internacionales por presuntos delitos de carácter transnacional, en especial vinculados a cargos por narcoterrorismo. En este contexto, diversas fuentes señalaron la intensificación de actividades de inteligencia y cooperación entre agencias extranjeras, orientadas a la localización y seguimiento de altos funcionarios del gobierno venezolano. El operativo, que duró aproximadamente 40 minutos, fue ordenado por el presidente Donald Trump tras meses de preparación, a consecuencia de las acusaciones contra Maduro presentadas ante tribunales estadounidenses en 2020, que decantaron en un botín de $25 millones ofrecido por Joe Biden a partir de 2025. En agosto de 2025, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron un aumento en la recompensa ofrecida por información que condujera al arresto o condena de Maduro, elevándola a 50 millones.
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El 3 de enero de 2026, Maduro y Flores fueron capturados durante una operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas. Tras las iniciales explosiones dentro de Caracas, la Fuerza Delta de los Estados Unidos arribó sobre el complejo de Fuerte Tiuna, lugar donde se encontraba escondido Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores y militares venezolanos y cubanos que resguardaban la base. En su llegada al complejo fueron recibidos por múltiples disparos, sin embargo esto no impidió la entrada de la Fuerza Delta al complejo. Posteriormente las fuerzas estadounidenses lograrían obtener la ubicación de Maduro en el complejo. El presidente Donald Trump confirmó a través de un mensaje en Truth Social que Nicolás Maduro junto con su mujer, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados del país en avión. Trump publicó una fotografía en su cuenta de Truth Social de Maduro a bordo del USS Iwo Jima. De acuerdo a versiones difundidas posteriormente, tras su detención, Nicolás Maduro habría sido extraído fuera de Venezuela mediante un operativo de seguridad de alta confidencialidad. El desplazamiento se habría iniciado en Caracas y se habría realizado bajo estrictas medidas de resguardo, con participación de personal especializado y medios aéreos. Fue trasladado a Estados Unidos y puesto bajo custodia federal en la ciudad de Nueva York.
Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que terminó con su captura, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados ante un tribunal de Nueva York para ser imputados por conspiración para el narcoterrorismo y por introducir cocaína en Estados Unidos, así como otros delitos relacionados con armas. Una vez procesados en suelo estadounidense, Maduro y Flores comparecerán ante un tribunal de Nueva York. Lo harán ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, que presidirá la audiencia de presentación de cargos y declaratoria de los acusados. El 5 de enero de 2026, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Southern District of New York), en Manhattan, donde se les informó formalmente de los cargos presentados en su contra. Maduro y su esposa se declararon «no culpables» de los cargos impuestos por un tribunal federal de Nueva York. Maduro se declaró no culpable y sostuvo que fue "secuestrado" por Estados Unidos. A través de un intérprete insistió en que "sigue siendo el presidente" y se consideró a sí mismo un "prisionero político". Flores también se declaró no culpable. Maduro ante el tribunal afirmó: «Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra».
Se prevé que permanezca detenido a la espera de un juicio en una cárcel federal en Brooklyn. Nicolás Maduro está en prisión preventiva bajo custodia federal, en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, a la espera de juicio. Según explica Alejandro Velasco, en centros de este tipo el régimen para internos de alto perfil es especialmente estricto, permanece 23 horas en su celda con "movimientos muy controlados, comunicaciones limitadas y contacto casi exclusivo con el equipo legal".
Defensas Legales e Implicaciones Geopolíticas
Maduro, de 63 años, impugnará las acusaciones alegando que goza de inmunidad presidencial y su abogado, en la lectura de cargos del lunes, cuestionó la "legalidad de su secuestro" por fuerzas estadounidenses. Según el profesor de la Universidad de Nueva York (NYU), Alejandro Velasco, la inmunidad es uno de los ejes centrales de la estrategia de la defensa. Velasco explica que, desde el punto de vista del derecho internacional, un jefe de Estado en ejercicio goza de inmunidad, y que el hecho de que Estados Unidos no reconozca a Nicolás Maduro como presidente no elimina automáticamente esa condición. A su juicio, la defensa intentará sostener que Maduro sigue siendo el jefe de Estado de facto, al frente de un aparato institucional, militar y administrativo que Washington ha reconocido en la práctica durante años.
Velasco sostiene que la forma de la detención es clave porque Maduro no habría llegado a Estados Unidos mediante una extradición convencional, sino tras una operación "irregular" en la que, en sus palabras, fue extraído por la fuerza y trasladado directamente a Nueva York. Subraya que ese origen abre un debate sobre legitimidad y procedimiento: la Fiscalía deberá sostener que se trata de una actuación legal y judicial, y no de una incursión de carácter militar, mientras la defensa buscará apoyarse en esa circunstancia para cuestionar el caso desde su base y colocar el foco en el derecho internacional y en el precedente que podría sentar que un país viole la soberanía de otro para detener a un dirigente y someterlo a su jurisdicción.
Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, han solicitado la desestimación de los cargos. Pero también han alegado que el Gobierno de EE.UU., a través de la oficina de control de activos, revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa. Según los letrados, esto vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense y la oferta de asignarles defensores de oficio no es válida, ya que les priva del derecho a elegir a sus representantes. Esta semana, la Fiscalía ha pedido al juez que prohíba a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello y el hijo del mandatario, Nicolasito Maduro Guerra.
El matrimonio permanece bajo custodia federal mientras la Justicia estadounidense avanza en un caso que va más allá de las acusaciones concretas y plantea debates sobre jurisdicción, inmunidad, derecho internacional y consecuencias geopolíticas. El proceso está en una fase muy inicial y antes de que se fije fecha de juicio el tribunal deberá resolver mociones y una cuestión clave: si se puede juzgar a Maduro en EE.UU. El juicio es un proceso federal estadounidense, pero la forma de la captura y el debate sobre soberanía e inmunidades pueden trasladarse al plano político y diplomático. En ese terreno, el Consejo de Seguridad de la ONU se convierte en un foro clave para discutir el alcance y el precedente que puede sentar una operación de este tipo, aunque sus decisiones no sustituyen el procedimiento judicial en Estados Unidos. Velasco advierte de que el caso puede ir más allá del plano penal y convertirse en un precedente con alcance internacional. A su juicio, si se acepta como "normal" que un país pueda violar la soberanía de otro para capturar a un dirigente y someterlo a su jurisdicción, podría abrir la puerta a situaciones similares en otras partes del mundo.