Apenas transcurrido un mes y medio de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de la República, se ha presentado un acontecimiento que es el conato de una grave crisis. Con motivo de la lucha contra el robo de combustible (el popularmente llamado huachicoleo) que emprendió su gobierno a principios de enero, AMLO ha decidido profundizar la militarización de México que sus antecesores Felipe Calderón del PAN y Peña Nieto del PRI iniciaron y ampliaron sembrando la violencia y la muerte por todo el país a partir de 2007.
La decisión fue tomada a pesar de numerosas intervenciones y declaraciones de personalidades, organismos diversos democráticos y de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de un sector de su propio partido Morena, que se declararon en contra de la iniciativa y señalaban con legítima preocupación el peligro de seguir el curso de los gobiernos anteriores iniciado hace más de una década, a saber, de confiar y poner la seguridad pública en manos de los militares.
Origen y Naturaleza de la Guardia Nacional
El 16 de enero, después de una discusión de cerca de diez horas en la Cámara de Diputados, Morena con el apoyo decisivo de la bancada del PRI, aprobó una reforma constitucional de trascendencia decisiva: la formación de una Guardia Nacional que será dirigida por una Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por funcionarios civiles de la secretaría de Seguridad Nacional y militares de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina. Esta nueva institución híbrida sería, de hecho, la máscara que encubra apenas la integración, la disciplina y el mando del control militar de facto de la nueva creación del gobierno obradorista, la Guardia Nacional.
Se propone que empiece con 35 mil policías militares y marinos, que se incremente a 50 mil en 2020 y que al final del sexenio llegue a 150 mil. Con esto el aparato represivo del régimen se fortalece seria y estrepitosamente, pues son elementos a los cuales hay que agregar los 270 mil que constituyen la tropa de las secretarias de la Defensa y la Marina.
Cuando nació la Guardia Nacional, el 28 de mayo de 2019 con la entrada en vigor de sus leyes reglamentarias, se definió a la GN como “una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional” adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estatus similar al que tiene la Policía Federal. Las leyes establecen que la GN deberá prevenir e investigar la comisión de delitos y faltas administrativas bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, colaborar con estados y municipios y auxiliar al Poder Judicial. Sus miembros podrán llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para investigar y prevenir delitos.
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Cambios de Opinión y Justificación Presidencial
El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que cambió de opinión sobre regresar al Ejército a los cuarteles en sus primeros meses de gobierno, como había prometido en campaña, y prefirió crear la Guardia Nacional como respuesta a la violencia. Cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reconoció que modificó su decisión al darse cuenta de la magnitud del problema de inseguridad que tenía el país.
“Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron”, afirmó AMLO en Palacio Nacional. “¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad. Pero, imagínense, qué íbamos a hacer con la Policía Federal, porque de la Policía Federal salieron todos los que están en la cárcel o acusados de tremendas violaciones a Derechos Humanos”, añadió.
AMLO ha actuado siempre sin engañar a nadie con respecto a su relación con los militares. Francamente ha reconocido y elogiado siempre a las instituciones militares como las mejores del Estado. Se entiende entonces que confíe en ellas. En este contexto, el titular del Ejecutivo afirmó que, hasta el momento, la Guardia Nacional no ha recibido recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que solo se han registrados dos recomendaciones a las todas las Fuerzas Armadas desde que llegó a la Presidencia de la República.
“Desde luego que se están acatando. No se ha caracterizado el gobierno que represento por violar Derechos Humanos, por eso sí puedo decir ‘no somos iguales’. No declaramos la guerra, ni se desaparece a personas, no torturamos, ni hay masacres”, dijo. Asimismo, reiteró que la Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para que no se eche a perder como la Policía Federal y que sea una “rama”, como la Fuerza Aérea.
Críticas y Preocupaciones sobre la Militarización
La Guardia Nacional tuvo un origen desconcertante para buena parte de la población que el 1 de julio de 2018 votó anhelando la paz. Antes y durante la campaña electoral, López Obrador no se cansó de criticar el modelo de seguridad que sumió al país en la violencia y la militarización desde el gobierno de Felipe Calderón. Pero el 23 de marzo de 2018, en una asamblea en Xalapa, Veracruz, propuso la creación de la GN, según dijo, para acabar con la tortura, las masacres y las violaciones a los derechos humanos.
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La propuesta recibió importantes críticas de parte de organizaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos, como el colectivo #SeguridadSinGuerra, que desde antes se opuso a la Ley de Seguridad Interior. En febrero pasado, durante las audiencias públicas en el Senado para analizar la minuta de la GN, los defensores advirtieron que con la formación y la disciplina militar del nuevo cuerpo se violan estándares internacionales de derechos humanos y se emula un modelo propio de dictaduras.
En esas audiencias, Santiago Corcuera, abogado experto en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, dijo que desde la Constitución de 1857, y posteriormente, en el artículo 129 de la Constitución de 1917, se estableció que los militares deben limitar su actuación fundamentalmente a sus funciones, que son ajenas a la seguridad pública, lo que ahora se pretende ignorar al modificar la redacción. Mientras que el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, señaló que la experiencia ha dejado en claro que el uso de las Fuerzas Armadas no es adecuado en la seguridad pública, pues se trata de fuerzas de combate que no están diseñadas para la prevención y la investigación.
Alejandro Anaya Muñoz, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, señala que en la GN “tienes un órgano con espíritu o un ADN militar; los militares no son policías, son militares, cuyo entrenamiento está orientado a combatir y abatir enemigos, es una tarea muy distinta a la de detener sospechosos de haber cometido un crimen.” José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH, afirma que la mayor preocupación está en los transitorios Quinto y Sexto de la reforma constitucional de la GN, los cuales "están alterando el alcance de lo que el Constituyente de 1917 definió sobre cuál es la tarea de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz".
Amnistía Internacional (AI) coincide en que “en ausencia de mecanismos independientes de control del actuar de las policías y de la Guardia Nacional, y a falta de salvaguardas para limitar el uso de la fuerza durante manifestaciones, la ley autorizaría, por ejemplo, el uso de la fuerza cuando éstas no tengan un ‘objeto lícito’, requisito que sería valorado por las propias fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional”.
En materia de derechos humanos, con la GN se mantienen “los mismos riesgos que hemos visto en la práctica en estos últimos 15 años. Hay mucha evidencia documentada por los organismos de la sociedad civil, por un lado, no solamente que el Ejército y la Marina sean muy eficientes en abatir a los presuntos sospechosos; ahí están las investigaciones de los índices de letalidad. Esos órganos son muy buenos para matar y matan muchísimo. Luego están todos los casos documentados de tortura y desaparición forzada cometidos por el Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado”.
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La Lucha contra la Corrupción y el Huachicoleo
La lucha contra el robo de combustible también ha revelado ejemplos contundentes de la porosidad de las filas militares. Uno de los más escandalosos ha salido a relucir con la investigación que la Procuraduría General de la República realiza al general León Trauwitz, encargado de la dirección de la seguridad de Pemex y protegido de Peña Nieto. Las pérdidas de Pemex por el huachicoleo van de 35 mil millones de pesos anuales según algunas fuentes hasta 50 a 70 mil millones según ha afirmado el propio AMLO.
Aquí también AMLO se comporta con falta de consecuencia escandalosa pues a pesar de que él mismo ha dicho textualmente que sus antecesores en la presidencia desde Fox sabían del saqueo de la empresa clave del gobierno y la economía nacional, no hicieron nada para evitarlo. Al contrario, en la votación para aprobar la Guardia Nacional fueron decisivos los votos de los diputados priistas cuyo jefe, René Juárez no se mordió la lengua para reconocer que el PRI le daba “el beneficio de la duda al presidente”.
La Reciente Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha declarado inconstitucional este martes la reforma legal del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil. El pleno de la SCJN ha apoyado con ocho de 11 votos el proyecto del ministro Luis González Alcántara, quien propuso invalidar la reforma que promulgó el Gobierno en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en vez de a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El ministro ha argumentado que en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 se establece que la administración de este cuerpo, que ahora tiene cerca de 128.000 elementos, debe estar a cargo de la secretaría encargada de la seguridad pública. "Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles", ha considerado la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
La reforma representa un revés a la estrategia de López Obrador, quien ha implementado reformas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas, que han desplegado cerca de 90.000 elementos en tareas de seguridad pública antes reservadas a civiles. Su principal apuesta para contener la violencia ha sido la Guardia Nacional, que él prometió mantener civil. Pero en 2022 envió una reforma legal para trasladar su control al Ejército al reconocer que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.
Antes de la votación de la Corte, el mandatario negó en su rueda de prensa matutina que esté "militarizando" al país al argumentar que debía ceder la Guardia Nacional al Ejército para evitar que se corrompa. "Utilizan como excusa de que se va a militarizar el país. Los que aplaudían cuando utilizaban al Ejército para reprimir al pueblo ahora están preocupados y son defensores de derechos humanos. Hipócritas", sostuvo. Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanos a López Obrador, han votado en contra de invalidar la reforma al replicar los argumentos del mandatario. En particular, han señalado que, aunque la Guardia Nacional pase a manos del Ejército no se militariza porque el presidente es civil y él es el comandante de las Fuerzas Armadas. "No se puede confundir la Secretaría de Defensa Nacional con el Ejército, no son lo mismo", ha explicado Zaldívar.