A lo largo de los años, diversas investigaciones y reportajes han puesto en tela de juicio la relación entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el Cartel de Sinaloa. Estas acusaciones abarcan desde presunta financiación ilícita en su campaña presidencial de 2006 hasta supuestos lazos y beneficios mutuos durante su actual administración. Reportes de medios extranjeros, incluyendo la revista británica The Spectator y declaraciones de funcionarios estadounidenses, han reavivado el debate sobre la posible complicidad entre el gobierno mexicano y grupos delictivos, particularmente el Cartel de Sinaloa.
Acusaciones de Financiación Ilícita en la Campaña de 2006
El gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de AMLO durante el proceso electoral del 2006 a nombre del Cartel de Sinaloa. En ese tiempo Beltrán Leyva, alias "El Barbas”, obtenía ganancias multimillonarias del tráfico de drogas que alcanzaban los 400 millones de dólares mensuales. Por parte del Cartel de Sinaloa, el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie”, uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva. Edgar Valdez Villarreal "La Barbie" fue el contacto negociador ante los representantes de AMLO, según el Departamento de Justicia de EE.UU.
Roberto Acosta Islas, alias "El R”, fue uno de los lugartenientes de "El Barbas” y encargado financiero. Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer de AMLO. Nico trabajaba cercano a López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014. Es público que Nico era una de las personas de mayor confianza de López Obrador. Nico era el hombre inseparable de López Obrador. Su sombra. El tercer involucrado en la trama fue el empresario dueño de minas de mármol Francisco León García, alias "Pancho León”, quien fue candidato a senador por el PRD en el estado de Coahuila en 2006.
En un documento titulado "Operación Polanco”, elaborado por la DEA región Norte y Centroamérica, oficina Ciudad de México y la División de campo de la DEA en Nueva York, Fuerza de Ataque Contra el Crimen Organizado y Control de Drogas, se explica la columna vertebral del caso. En aquel primer cónclave estuvieron presentes "La Barbie”, como representante de Arturo Beltrán Leyva, su suegro Carlos Montemayor González, quien también era integrante del Cartel de Sinaloa, Dipp Jones y León García. Ahí se acordó que la organización criminal iba a dar al menos dos millones de dólares a la campaña de AMLO. La segunda reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México en una casa ubicada en Aristóteles 131, colonia Polanco. Estuvieron presentes López Nájera, Soto Caballero, Dipp Jones y León García. Hasta al menos el año 2022 en ese lugar tenían sus oficinas Mollinedo y Soto Caballero, quienes están asociados en la empresa Laverage Consulting. Aristóteles 131 es la dirección que Soto Caballero tiene registrada como domicilio en su credencial de elector. Una ocasión en que "El R” entregó dinero a Soto Caballero fue en el restaurante especializado en cortes de carne ubicado en la avenida Campos Elíseos, en la colonia Polanco.
Los documentos señalan algunas dudas en torno al caso, que comenzó con acusaciones de que los traficantes habían canalizado unos $2 millones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006. En el año 2008, López Nájera, uno de los protagonistas del financiamiento ilícito a la campaña de AMLO, se hizo testigo colaborador de la PGR en México y fue uno de los testigos que la Procuraduría usó en el polémico caso conocido como "Operación Limpieza”, en el que al final diversos acusados fueron liberados.
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Cuando López Nájera se unió a la banda de La Barbie en 2004, era en realidad una rama de la organización de drogas dirigida por el capo Arturo Beltrán Leyva - que a su vez era una figura principal en el llamado Cártel de Sinaloa. Después de varios años, López Nájera rompió con La Barbie y fue a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para ofrecer su ayuda a la DEA. En los primeros meses de la investigación, López Nájera colaboró con la DEA para organizar reuniones en Florida y Texas con Mauricio Soto Caballero, un operador de la campaña de López Obrador con el que había coordinado las contribuciones de La Barbie en 2006. La noche del 21 de octubre de 2010, Soto se reunió en un bar en McAllen, Texas, con un par de hombres que, hasta donde sabía, eran socios de López Nájera. De hecho, los hombres eran agentes encubiertos de la DEA, y arrestaron a Soto en su hotel varias horas más tarde. A los pocos días, según los oficiales, se declaró culpable en Nueva York de un cargo federal de conspiración en el tráfico de cocaína. Mauricio Soto Caballero fue un operador de la campaña de López Obrador que cooperó con la DEA como fuente encubierta.
Los agentes, procedentes de equipos de la DEA en la Ciudad de México y Nueva York, notificaron acerca de una “actividad de investigación sensible” al jefe de operaciones globales, solicitando autorización para usar a Soto como fuente encubierta. “Sin una fuente confidencial en esta posición, sería imposible para cualquier entidad identificar el nivel de corrupción implicado en una campaña presidencial”, se afirma en un documento sin fecha. El primer foco de atención de los agentes fue el amigo y ex jefe de Mauricio Soto en la campaña de 2006, Nicolás Mollinedo Bastar, que seguía como uno de los asesores más cercanos de López Obrador. Mollinedo había sido jefe de logística de la campaña, responsable de la organización de mítines y otros eventos en todo el país. En una entrevista con ProPublica, Mollinedo negó que él o la campaña hubieran aceptado dinero del narcotráfico. Soto, que no respondió a numerosas peticiones solicitando comentarios, ha insistido a periodistas mexicanos que nunca fue arrestado en los Estados Unidos ni colaboró con la DEA.
Soto les dijo a los investigadores que, durante la campaña de 2006, se les acercaban “individuos no identificados” ofreciéndoles a él y a otro personal de la campaña “dinero en efectivo u objetos de gran valor”, según un documento que resume algunas de sus entrevistas. “Aunque al principio Mollinedo ordenó a sus subordinados que no aceptaran estas ofertas, Soto-Caballero recibió instrucciones de mantener relaciones con estas personas por si necesitaban algo en el futuro”, según el documento. Soto les dijo a los investigadores que él habló de las contribuciones sinaloenses solo con Mollinedo, a quien le entregó dos depósitos grandes del dinero en efectivo de los traficantes, dijeron exfuncionarios familiarizados con el caso. Los agentes sospecharon que López Obrador, que tenía una reputación de microgerente, no podía desconocer una donación tan cuantiosa. López Nájera dijo que había llamado a La Barbie y le había pasado el teléfono a López Obrador, quien luego agradeció al traficante por sus donaciones. Pero oficiales familiarizados con el caso dijeron que los agentes trataron esa afirmación con escepticismo: Aun si López Obrador supiera quién estaba en el teléfono, cualquier cosa que López Nájera pudiera haber escuchado sería testimonio de oídas.
Desde el principio, los investigadores se enfrentaban a una fecha tope: Los fiscales federales que dirigían sus esfuerzos desde Manhattan creían que el plazo de prescripción de los posibles delitos de conspiración relacionados con la primera campaña de López Obrador sería de cinco años después de la votación del 2 de julio de 2006. Los funcionarios de la DEA indicaron que la corrupción oficial era un factor central en la incapacidad de México de avanzar en contra de los traficantes, dijeron los oficiales. Durante el curso de la investigación, los documentos indican que el jefe de la DEA en México, Joseph Evans, informó a altos diplomáticos estadounidenses sobre su avance. Pero la investigación coincidió con un período tumultuoso en la embajada de Estados Unidos. Un antiguo funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con el asunto agregó: “No estás en una situación en la que puedes meter a un agente (en la operación), así que estás tratando exclusivamente con gente que son informadores y delincuentes”. El 1 de octubre de 2013, sin más perspectivas para la investigación de la DEA, Soto regresó clandestinamente al tribunal federal en Manhattan para ser sentenciado por el cargo de conspiración de cocaína al que se había declarado culpable casi tres años antes, dijeron los oficiales.
La Alianza Cuestionada: Vínculos durante la Presidencia de AMLO
The Spectator afirmó, en un artículo del periodista de origen mexicano Joshua Treviño, que Andrés Manuel López Obrador es “jefe de cartel” y lleva al menos 20 años trabajando con el Cartel de Sinaloa, ha construido un régimen autoritario que saca ganancias del narcotráfico y le brinda impunidad. El gobierno de Trump merece total credibilidad por hablar con la verdad. Sí existe una ‘intolerable alianza’ entre los carteles mexicanos y el gobierno de México. Lo que siga, tanto en política como en acciones, será decisión del gobierno de Estados Unidos y será la culpa del gobierno mexicano, actualmente en manos de Claudia Sheinbaum, bien conocida por carecer de autonomía política, apunta el artículo. Este artículo, publicado el 3 de febrero, se ha vuelto viral entre usuarios mexicanos de las redes sociales, ya que se suma a otros reportajes de medios extranjeros que afirman que entre la llamada “cuarta transformación” y diversos grupos delictivos, particularmente el Cartel de Sinaloa, hay una relación de complicidad. El artículo se llama “Sí, hay una alianza entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga”.
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Para todos aquellos que han trabajado en, con y para la política México-Estados Unidos, la respuesta es obvia: sí, es totalmente cierta esta alianza. Es tan verdadera y tan manifiesta que el shock, para los informados, no que el presidente Donald Trump haya declarado al estado mexicano un narco régimen, sino que esto no se haya hecho hace años. Tras años de complacencia bajo el soñoliento régimen Biden, la política de Estados Unidos está despertando a la realidad. Y, sin lugar a dudas, afirma que el actual gobierno mexicano sostiene una “completa asociación con los carteles, el Cartel de Sinaloa en particular”.
Es necesario entender que actualmente el gobierno mexicano es un régimen de partido único, de populismos de izquierda, alineado ideológicamente con regímenes similares, como Cuba y Venezuela. Como esos regímenes, considera a los carteles de la droga como medios de control y de ganancias monetarias, así como agentes de la política nacional en el exterior, especialmente, pero no de manera exclusiva, en los Estados Unidos. Treviño afirma que las células de Morena en diversas ciudades de Estados Unidos son a su vez células del crimen organizado. De su exposición se refiere que el partido en el poder no se diferencia de un cartel de la droga y que en el centro de este conglomerado de poder y dinero se encuentra López Obrador, un hombre que defendió al Cartel de Sinaloa en contra de las propias fuerzas de seguridad mexicanas, como fue el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, en 2019.
Andrés Manuel López Obrador, además de ser un inveterado antiamericano, lo que es evidente en sus políticas demagógicas, se entiende que ha estado en la nómina del Cartel de Sinaloa en los últimos veinte años. Esto, añade, es más o menos de conocimiento público en México y el régimen ni se molesta en esconder la evidencia. AMLO pasó toda su presidencia defendiendo de los norteamericanos al Cartel de Sinaloa, incluso de su propio aparato de seguridad. Hizo más visitas a Badiraguato, cuartel general del Cartel de Sinaloa, que a Washington. Hizo un viaje especial para mostrar su respeto a la madre del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, ordenó a sus fuerzas de seguridad liberar a uno de los hijos del Chapo, intervino para liberar al corrupto general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos e incluso prometió usar a las Fuerzas Armadas mexicanas para defender a los carteles de toda acción estadounidense.
A AMLO no le importó jamás que la población en México viera todo esto. En cambio, se alarmó extraordinariamente cuando hace apenas un año, tanto ProPublica como The New York Times hablaron de viejas investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las conexiones financieras entre él y el Cartel de Sinaloa. La tesis, sostenida con mucha evidencia, era que AMLO y los sinaloenses alcanzaron un acuerdo en donde el primero daría protección y los segundos darían dinero y, ocasionalmente, músculo en las elecciones, para presionar a políticos y votantes. Como todos los líderes del crimen organizado, Andrés Manuel no le tiene miedo a la justicia de su propio país. Sin embargo, sí que le teme a la justicia de Estados Unidos. Lo anteriormente expuesto es suficiente y es únicamente la evidencia pública y empírica. Las conocidas, pero no verificables narrativas (inverificables porque la verificación puede ser letal), son más extraordinarias. Agrega que sería un error pensar que el caso de AMLO es único y excepcional, sino que hay que pensar la situación como todo un sistema. Un acercamiento integral tiene que incluir al “Padrino”, el general Salvador Cienfuegos y también a Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, que se aseguró de incluir al Cartel Jalisco Nueva Generación en su gobierno. También debería incluir al gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, que hizo un acuerdo para dejar operar en su estado al Cartel del Noreste.
Impacto de las Políticas y Obras en el Terreno Controlado por el Narcotráfico
El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este fin de semana en Sinaloa para supervisar las obras de la carretera que unirá Batopilas, en ese estado, y Guadalupe-Calvo, en Chihuahua. Son 292 kilómetros que cruzan la Sierra Madre Occidental en la región que se le conoce popularmente como el “Triángulo Dorado” -con la confluencia de Durango-, que históricamente ha sido terreno del narcotráfico. Todo lo que sucede ahí ha estado por más de una generación bajo control del Cártel de Sinaloa, amos y guardianes de una zona donde se escondió por años Joaquín “El Chapo” Guzmán, y donde vive, de acuerdo con la información de inteligencia del gobierno, Ismael “El Mayo” Zambada, el enigmático jefe de esa organización.
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Cualquier persona desconocida en la región que haya intentado cruzar la sierra, sabe perfectamente que eso no es posible a menos de que su vida no le importe nada. Hay incluso retenes en algunas zonas de entrada por Durango, donde los propios militares desvían a quienes equivocadamente intentan tomar una de las carreteras para llegar a Sinaloa. Quien ingresa en esa zona se mete en problemas. No recorre mucha distancia para ser detenido en retenes del Cártel de Sinaloa, que operan sin que el Ejército lo evite. En esos filtros criminales puede pasar lo que sea. El “Triángulo Dorado” tiene una historia de 70 años de cultivo de amapola -antes de que existieran los cárteles-, que trabajan entre el 75 y el 95% de los hombres, las mujeres y los niños, de acuerdo con un estudio que dio a conocer el año pasado el Programa Noria para México en alianza con México Unidos contra la Delincuencia y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California. De la amapola sale la goma de opio que se convierte en heroína para exportarse, en un 90%, a Estados Unidos y Canadá. El total de municipios dedicados a la amapola en el “Triángulo Dorado” son 24, que incluyen Badiraguato y Guadalupe-Calvo, por lo que la obra, cualesquiera que haya sido la motivación de construirla, beneficiará completamente al Cártel de Sinaloa, como otras más, como el Canal Interoceánico lo hará al tener el control de todos los municipios que atraviesa. No será la única que les deje el presidente López Obrador. En su gira del fin de semana también supervisó las obras del eje interestatal Durango-Culiacán, que conectará de manera rápida a Tamazula, el municipio preferido por los líderes del Cártel de Sinaloa para esconderse, no sólo por lo agreste del terreno sino por la base social que los protege.
El que las obras de López Obrador beneficien tanto al Cártel de Sinaloa no significa automáticamente que haya un quid pro quo. Sin embargo, la creciente percepción de que el inquilino de Palacio Nacional tiene una relación extraña con esa parte del narcotráfico, ha sido originada por las propias declaraciones de López Obrador. Varias de ellas fueron hechas precisamente en su reciente gira por Sinaloa. El viernes en Culiacán, indignado porque hay una crítica generalizada a su no política de seguridad, insultó como siempre y dijo que “tenían más poder para designar gobernadores y hasta presidentes los delincuentes de cuello blanco que la delincuencia organizada”.
La gran paradoja de su explosión retórica es que la hizo en el estado donde en las elecciones para gobernador el año pasado, las denuncias abundaron sobre cómo los sicarios del Cártel de Sinaloa privaron de su libertad a candidatas y candidatos, a operadores electorales de la oposición, y lanzaron amenazas de muertes contra involucrados en el proceso y contra gente que quisiera votar contra el candidato de Morena, Rubén Rocha. Todos los municipios con fuerte presencia de esa organización fueron ganados por candidatos de Morena, y en algunos municipios de competencia se robaron las urnas. Quien puso al gobernador, por lo que se vio, fue el Cártel de Sinaloa.
El Presidente supervisó las obras por aire, pero la prensa que lo acompañaba viajó por carretera. En la sierra, fueron detenidos por un retén criminal en Bacoragua, que los dejó cruzar. Tuvieron la suerte de ir al evento de López Obrador, quien desde la campaña presidencial podía cruzar retenes criminales sin problema, y puede recorrer zonas del país sin protección militar, en regiones donde el Ejército no entra. Son de esos milagros en la protección del Presidente que añaden opacidad a su relación con el narcotráfico. Cuando le preguntaron sobre el retén, lo minimizó por completo. No les pasó nada, justificó. Cuando insistieron en la portación de uniformes militares por parte de los criminales, también lo subestimó. Está mal, dijo, pero también sucede en otras partes del país, como en Jalisco, refiriéndose indirectamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Para él no es grave que tengan uniformes reglamentarios del Ejército, sino que se porten bien. La serie de preguntas motivaron una obvia, sobre el control territorial del crimen organizado en el país, que llevó a una respuesta inverosímil. “No, eso piensan los conservadores”, dijo. Los conservadores, en su lógica, son quienes también son criminales de cuello blanco o los respaldan.
Su obsesión es el expresidente Felipe Calderón, quien cuando llegó al poder enfrentó a cárteles de la droga que tenían bajo su control 80 municipios, de un total nacional de dos mil 471. En la actualidad, de acuerdo con un informe oficial del Pentágono, más del 30% del territorio nacional -823 municipios-, son controlados política y económicamente por criminales. La política de no enfrentar criminales los ha fortalecido al tiempo que el Presidente ha debilitado al Estado Mexicano.
Control Territorial del Crimen Organizado en México
| Período | Fuente | Número de Municipios bajo Control Criminal | Porcentaje del Territorio Nacional |
|---|---|---|---|
| Inicio del gobierno de Felipe Calderón | - | 80 | - |
| Actualidad | Informe oficial del Pentágono | 823 | Más del 30% |
López Obrador, conocido popularmente como AMLO, ha construido su identidad política en buena medida basado en su oposición a la militarización de la seguridad pública, algo que se asoció principalmente a la administración de Felipe Calderón. Durante su campaña en 2018, la promesa más famosa de AMLO fue atacar el crimen organizado con “abrazos, no con balas”. Desafortunadamente para AMLO, los carteles no reaccionaron como él lo esperaba. La explosión de violencia se concentró en áreas específicas, lo que pareció menoscabar los argumentos de AMLO sobre la eficacia de su política. En lugar de evitar el derramamiento de sangre, estas políticas llevaron al una vez tranquilo Guanajuato, punto cero del robo de combustible, a convertirse en el estado más violento del país. Los recientes eventos han dejado la administración de AMLO y sus seguidores sin mucho apoyo retórico.