En las últimas décadas, diferentes países han realizado un esfuerzo significativo para modernizar la legislación sobre los sistemas de información financiera en el sector público (Guerra de Sousa y cols., 2013). Esto responde a que habitualmente, la normativa contable es muy diferente entre sí, debido a diversas causas como motivos económicos, políticos e históricos. Debido a estas dificultades, se plantea la necesidad de homogeneizar o armonizar sus distintas normativas contables, bajo unos criterios de uniformidad.
¿Qué es la Armonización Contable?
La armonización contable consiste en estandarizar métodos, procesos y prácticas con el fin de ofrecer información financiera comparable, consistente y compatible, evitando duplicidades en la presentación de estados contables y diferencias en sus magnitudes y criterios (Frintrup y cols., 2022; Parker, 2016). Específicamente, en el ámbito público la armonización contable es un proceso que consiste en “homologar los sistemas contables de todas las entidades de la administración pública e informar periódicamente su avance a los ciudadanos” (González Arriaga, 2012, p.2).
Los encargados de promulgar las normas contables en cada uno de los países son, conjuntamente o por separado: los órganos reguladores y los cuerpos profesionales. Estos dos organismos han acordado un camino de convergencia, asumiendo el compromiso de adoptar las medidas legales necesarias para permitir el reconocimiento de las regulaciones contables en sendas jurisdicciones.
Importancia y Beneficios de la Armonización Contable
La importancia de la armonización contable del sector público reside en la transparencia en el uso de recursos públicos y en la efectiva rendición de cuentas (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2015). Por tanto, la armonización contable mejora la calidad y la utilidad de la información financiera para los tomadores de decisiones (Al-Khyal y cols., 2005).
Hablando en términos nacionales, en México la armonización contable garantiza que las entidades gubernamentales municipales, estatales y federales logren gestionar de manera eficiente y homogénea su contaduría para agilizar la toma de decisiones y mantener un control adecuado del presupuesto gubernamental nacional, además de también considerar las cuentas de comercio nacional, de importación y exportación. Este proceso conlleva un mejoramiento notable del presupuesto y una disminución notable del tiempo dedicado en las actividades realizadas cada día por parte de los trabajadores, debido a que todo se realiza en tiempo real y de forma más organizada.
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La Armonización Contable en México
En este sentido, el gobierno mexicano ha emitido una serie de reformas estructurales y jurídicas con la finalidad de transparentar la rendición de cuentas y redefinir su papel en la economía del país. En México, el proyecto de armonización contable en el sector público surge a partir de la necesidad de contar con información en materia financiera y presupuestal que pueda ser consolidada y comparada entre las distintas entidades de gobierno, para tomar decisiones sobre la asignación de recursos, optimizar la eficiencia operativa e incrementar la transparencia de la información (Deloitte, 2013).
La armonización contable es un proceso que inició en el año 2009 con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la normatividad técnica publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Particularmente, en México dichos criterios y normas se encuentran contenidos en la LGCG publicada el 31 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación (Deloitte, 2013; Sour, 2017).
De esta forma, la finalidad de la implementación de la LGCG tiene como objetivo lograr la unificación, revisión, reorganización y compatibilidad de los modelos contables existentes a nivel nacional, y garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la supervisión de los fondos federales a nivel subnacional por medio de la armonización de los códigos contables y presupuestarios, introduciendo la contabilidad por devengados en todos los niveles de gobierno (LGCG, 2018; OCDE, 2009; Sour, 2017).
El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
Con el objetivo de reducir posibles obstáculos, en 2009 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce la figura del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para supervisar la implementación de la nueva ley contable con la participación de representantes del gobierno federal, los estados y los municipios (OCDE, 2009).
El objeto del CONAC consiste en promulgar normas contables y lineamientos para la obtención de información financiera aplicables a las entidades públicas, previamente desarrollados y propuestos por el secretario técnico. Asimismo, el CONAC es responsable de establecer acuerdos a nivel nacional y abordar las brechas críticas en el marco institucional.
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El Manual de Contabilidad Gubernamental
En síntesis, el desarrollo de la contabilidad gubernamental parte de un manual de contabilidad emitido por la CONAC en 2010, el cual constituye la base normativa mínima del nuevo modelo de contabilidad gubernamental. Este documento tiene como propósito mostrar los conceptos básicos, los elementos que lo integran y las bases técnicas y metodológicas en que debe sustentarse su funcionamiento operativo.
Para la LGCG el manual de contabilidad es el instrumento conceptual, metodológico y operativo que contiene, como mínimo, la finalidad, el marco jurídico, los lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema (LGCG, 2018; CONAC, 2010).
Antecedentes de Armonización Contable en la Unión Europea
La Unión Europea (UE) inició el proceso de armonización contable en la década de los 70, conocedora de la dispersión normativa contable que se daba en cada uno de los Estados miembros. Durante esta primera etapa, se emitieron diversas directivas clave:
- IV Directiva, de 25 de julio de 1978, que regula las cuentas anuales.
- VII Directiva, de 13 de junio de 1983, relacionada con las cuentas consolidadas.
- VIII Directiva, de 10 de abril de 1984, relativa a la habilitación de las personas encargadas de la auditoria de las cuentas anuales.
Dado el escaso éxito de las Directivas, en la segunda etapa, comprendida entre 1990 y 2002, se inició una fase de estudio y análisis de las distintas alternativas que permitirían lograr la armonización contable. En la tercera y última fase, que abarca desde 2002 hasta la fecha, destacó la aprobación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1606/2002, relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, más conocido como Reglamento de aplicación de las NIC.
Posteriormente a la aprobación de este Reglamento, se han promulgado otros adoptando distintas NIC/NIIF. La legislación contable española, por su parte, estaba contenida, básicamente, en el Código de Comercio de 1885 y en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951. Una vez que España ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE) como miembro de pleno derecho, la legislación mercantil tuvo que ser adaptada a lo dispuesto en las Directivas Comunitarias en materia de sociedades. Así, mediante la Ley 19/1989, de 25 de julio, se reformó parcialmente y se adaptó la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades.
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