Nestora Salgado estuvo presa durante casi tres años acusada de secuestro. Fue liberada, absuelta y ahora ocupa la posición nueve de la lista de candidatos plurinominales al Senado de la coalición Juntos Haremos Historia. Esta es la historia de su caso. Nestora Salgado es candidata plurinominal al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES). Su candidatura revivió el debate sobre su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, por el que estuvo encarcelada casi tres años pero del que también fue absuelta.
Orígenes de la Policía Comunitaria de Olinalá y el Liderazgo de Nestora Salgado
La historia de Nestora Salgado García se entrelaza con la formación de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero. Me llamo Nestora Salgado García y nací el 28 de febrero de 1972, en el rancho de Palito Redondo, en el municipio de Olinalá, estado de Guerrero. En octubre de 2012, los habitantes del municipio de Olinalá, Guerrero, formaron la Policía Comunitaria. Según dijeron, era en respuesta a las extorsiones y problemas de inseguridad de la zona. Su líder, desde un inicio, fue Nestora Salgado García.
Desde pequeña, Nestora fue testigo de las arbitrariedades. Recuerdo mi niñez, siempre rodeada de gente de las comunidades, mi casa era un espacio de encuentro, en donde no sólo se daban consultas médicas, sino apoyo solidario a quienes tenían problemas. Cuando éramos niños, la justicia y la seguridad de la comunidad estaban en manos de los “ronderos”, que eran elegidos entre los hombres de la comunidad. Nuestro sistema sí servía, porque había un sentido del honor muy profundo. Sin embargo, la situación en la montaña de Guerrero se iba deteriorando con el paso de los años.
La gota que derramó el vaso fue el secuestro de un joven taxista en octubre de 2012. El 27 de octubre de 2012 fue el día que llamamos la Rebelión de Olinalá. Repicaron las campanas y todos nos juntamos en la iglesia. Todos sabíamos dónde vivían los sicarios y fuimos a buscarlos. Los vecinos sacaron los fusiles y Salgado se convirtió en la líder de la policía comunitaria. "Le cerramos la puerta al narco", dice orgullosa, aunque le costó su paso por prisión.
El papel de la Policía Comunitaria está regulado por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero. Ahí se establece que esta policía tiene facultades para detener a presuntos criminales cuando haya denuncias, someterlos a un juicio ante la Asamblea de la Comunidad, la cual también fija una sanción, generalmente basada en trabajo comunitario. En diciembre de 2012 invitamos a los coordinadores regionales de la CRAC, del municipio de San Luis Acatlán, a compartirnos sus experiencias en la construcción de un sistema de justicia basado en el derecho propio. Así empezamos a funcionar. Hombres y mujeres participamos en la policía comunitaria, siguiendo el reglamento de la CRAC. En asamblea, fui elegida comandanta y eso me dio muchas responsabilidades, pero también me puso en el centro de los ataques de la Presidencia municipal y de otros grupos de poder, coludidos con el crimen organizado. “¿Cómo que una mujer va a traer las riendas de la policía comunitaria?”, le dijeron a Nestora Salgado cuando en 2012 organizó en Olinalá al grupo de ciudadanos que se hizo cargo de la seguridad pública.
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Las Acusaciones de Secuestro y Delincuencia Organizada
El 21 de agosto de 2013, Salgado García fue detenida por elementos del Ejército Nacional, Marina y Policía Federal en el municipio de Ayutla, por el delito de secuestro y delincuencia organizada. Dos días más tarde fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Nayarit. La primer denuncia por ese supuesto secuestro fue presentada el 19 de julio de 2013, días después de que la Policía Comunitaria arrestara a la hija del matrimonio que reportó los hechos, y luego, este matrimonio hizo dos ampliaciones a su denuncia, durante los días 22 y 23 de julio.
Casos Específicos Presentados
Uno de los casos por los que se acusó a Salgado García fue el secuestro de Eugenio Sánchez González, habitante de Olinalá, quien había sido detenido por la Policía Comunitaria acusado de robo de ganado, delito por el que cumplía el castigo de limpiar y realizar labores de cultivo en la Casa de Justicia, según determinó la Asamblea de la Comunidad. Otra acusación contra Nestora Salgado fue por su presunta participación en el secuestro de al menos 50 personas, cuatro de ellos menores de edad: uno de 11, otro de 13 y dos más de 17 años. Por esto mismo se le acusó de crimen organizado.
Los días 22 y 23 de agosto de 2013, debido a denuncias de familiares de los detenidos, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo giró una orden de cateo para la Casa de Justicia de la localidad El Paraíso, municipio de Ayutla, el sitio en el que la policía comunitaria, a cargo de Nestora Salgado, operaba. En las quejas, denunciaron haber sido víctimas de detención arbitraria, secuestro, abusos y trato cruel por parte de Salgado y otros policías comunitarios, así como haber recibido tocamientos, golpes y la exigencia de un pago o entrega de bienes a cambio de su libertad.
Entre los testimonios de las víctimas se incluyen los de PSPR1 y PSPR2, dos mujeres menores de edad quienes declararon ante el agente del Ministerio Público que fueron detenidas el 9 de junio de 2013 por Nestora Salgado y otros miembros de la Policía Comunitaria, con el argumento de que “se sabía que se dedicaban a vender droga y prostituirse”. Ambas mujeres negaron la acusación. Sin embargo, según su versión, fueron despojadas de sus pertenencias y trasladadas al domicilio de Nestora Salgado García. Respecto a los abusos, PSPR2 declaró que uno de los policías comunitarios le realizó tocamientos y que cuando lo intentó reportar, los demás policías comunitarios se rieron.
La defensa de las víctimas también denunció que la Policía Comunitaria solicitaba a los detenidos dinero, cuyos montos iban desde los cinco mil hasta los 20 mil pesos, para ser liberados. Al solicitar un beneficio económico, según esta versión, se acredita el delito de secuestro. En esas tres primeras comparecencias ante el Ministerio Público, sin embargo, los denunciantes nunca señalaron que Nestora Salgado les hubiera pedido ninguna cantidad a cambio de la liberación de su hija. Además, esta divergencia en sus declaraciones, se subraya en el expediente, deja ver que el matrimonio quejoso “se conduce con aleccionamiento”.
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La Defensa y el Reconocimiento de la Justicia Indígena
Los abogados de Nestora Salgado argumentaron que las detenciones se realizaron dentro del marco de un sistema de justicia comunitario. “Decir que no se acude al Ministerio Público y que no se tienen expedientes, es desconocer que los pueblos indígenas tienen una forma válida de regirse”, opinan. Sobre los montos solicitados, Leonel Rivero, defensa de Nestora Salgado, da su versión y explica que se trataban de medidas para la reparación del daño, tras los delitos que habrían cometido los imputados. Los pueblos indígenas tienen autoridad para emitir sanciones privativas de la libertad o multas, asegura Andrés Díaz Fernández. Es parte de respetar su autonomía y autodeterminación.
Las Casas de Justicia son los lugares en los que se lleva a cabo el proceso de reeducación de los detenidos por la policía comunitaria. La vigilancia de la Casa está en manos de un pelotón de policía de las comunidades y su comandante. Cada comunidad se turna y cubre también la alimentación de los reeducandos. Los detenidos hacen trabajo comunitario y no están encerrados, van a las comunidades a trabajar. El objetivo de este informe pericial era argumentar que los delitos que se le adjudicaban, como “secuestro” y “privación ilegal de la libertad”, fueron detenciones legales realizadas en el marco de un sistema de justicia comunitaria indígena, reconocido por varias legislaciones estatales, nacionales e internacionales.
Resoluciones Judiciales y la Lucha por la Liberación
Para el 31 de marzo de 2014, el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en Acapulco dejó sin efecto la acusación sobre crimen organizado, el cual era el único delito del ámbito federal que se le imputó a Salgado. De éstos, cinco están concluidos: el de delincuencia organizada y cuatro más por secuestro. En todos los casos fue declarada inocente. El 18 de marzo de 2016 fue liberada, después de dos años y ocho meses de prisión. El 17 de marzo de 2016, la defensora de derechos humanos fue informada acerca de su absolución y de la orden de liberación emitida por el 67o Juzgado Penal de la Ciudad de México.
Sin embargo, la batalla legal no terminó ahí. Los dos restantes procesos judiciales siguen abiertos, explicó Leonel Rivero, abogado de Salgado, porque el Ministerio Público interpuso dos recursos de apelación, en 2016, contra su liberación. Rivero dijo que “ya han pasado prácticamente dos años y no se han podido celebrar ni las audiencias (para concluir los procesos) porque, según las autoridades, ha sido imposible notificar a las víctimas”. La defensa asegura que Salgado García no tiene ninguna orden de aprehensión pendiente. Eso no quiere decir que las resoluciones judiciales que concedieron la libertad a Nestora Salgado por falta de pruebas no estén vigentes, sino que el Ministerio Público tiene la opción de buscar pruebas en contra de Salgado y, en caso de que las hallara, los juicios podrían reactivarse.
Los expedientes penales del caso Nestora Salgado, a los que Animal Político tuvo acceso, explican que la ahora candidata al Senado no fue liberada por una “falla de la policía” o por errores de “procedimiento”, como han afirmado tanto el candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, al igual que sus voceros. Organizaciones civiles e incluso el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, han dicho que es "un caso de presos políticos".
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Intervenciones de Organismos de Derechos Humanos
La situación de Nestora Salgado atrajo la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La CNDH emitió la recomendación 09/2016 “Sobre la situación de la policía comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, la detención de diversos integrantes de la Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, así como de la detención de personas por parte de esa Policía Comunitaria”. La recomendación fue dirigida a las autoridades del gobierno, al Congreso, a la Fiscalía General de Guerrero y al ayuntamiento de Olinalá y en ella se establece que hubo violaciones de derechos humanos hacia los policías comunitarios detenidos por parte de sus captores. Tal como Verificado 2018 ha informado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí consideró que la Policía Comunitaria violó los derechos humanos de los detenidos.
Entre las recomendaciones que hace la CNDH destaca que se debe asegurar el respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y pide delimitar competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia, y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal. La CNDH también exigió establecer las medidas adecuadas para la reparación del daño a Nestora Salgado y a los otros ocho policías comunitarios por las violaciones de derechos humanos acreditadas, en términos de la Ley General de Víctimas. También se pidió que se investigue y, en su caso, se sancione a los servidores públicos involucrados en violaciones de derechos humanos, tanto de las autoridades estatales como indígenas del Sistema de Justicia Comunitario, informando puntualmente las acciones realizadas por las instancias investigadoras y su determinación.
A nivel internacional, en enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de medidas cautelares, en las que ordenó a las autoridades de México proteger la vida e integridad personal de Nestora Salgado. En febrero de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el arresto de Nestora Salgado se debió a sus actividades en la policía comunitaria, amparada en las leyes mexicanas y, por tanto, se consideró una detención ilegal y arbitraria. La comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado mexicano de Guerrero, fue considerada presa política por Amnistía Internacional.
De la Comandanta a la Senadora
El camino desde la montaña de Guerrero hasta el Senado de la República fue muy accidentado. Después de su liberación, Salgado tomó el papel de promotora de derechos humanos y en 2018 aceptó participar en las listas electorales de Morena para el Senado, por invitación de Andrés Manuel López Obrador. Durante la campaña electoral fue señalada sobre sus antecedentes por el candidato del PRI, José Antonio Meade, para evitar que llegara a la Cámara alta. Los ataques no prosperaron. Mientras Salgado García no sea detenida puede ser candidata y también senadora, así lo afirma Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral y especialista en derecho electoral.
Nestora Salgado es hija de don Fernando Salgado, hombre de conocimiento, médico tradicional reconocido en toda la región, y de doña Aurora García de Salgado, mujer trilingüe, hablante de mephaa, náhuatl y español, quien murió cuando yo tenía 13 años de edad. Cuando Salgado terminó el bachillerato, decidió irse a Estados Unidos. Una década más tarde, y ya con permisos migratorios, comenzaron las visitas a Olinalá. Sus estancias en Olinalá se prolongaron hasta que se quedó definitivamente. "Yo vengo del movimiento social, soy otra cosa. Veo las cosas como las ve el pueblo y difiero en muchas cosas [con Morena]. Pero también le estamos dando las herramientas al nuevo Gobierno para poder cambiar y nos queda claro que las cosas como estaban no funcionaron”.
La senadora entregó en diciembre al nuevo Gobierno una lista con los nombres de 199 presos políticos que podrían aspirar a una amnistía. “No podemos permitir, ya que yo lo viví en carne propia, que una persona inocente esté en la cárcel, ni por persecución política, ni por delitos fabricados”, reclama. También, la legisladora estudia una iniciativa para que las madres cumpliendo penas en prisión no pierdan la potestad y el contacto con sus hijos. Salgado ya no usa el uniforme oliva con el que la policía comunitaria de Olinalá se identifica, pero en los pasillos del Senado mexicano su presencia llama la atención de los visitantes. La legisladora reconoce que su paso por allí no será fácil. Nada lo ha sido, pero tampoco quiere mirar demasiado atrás. “Estamos aquí porque el pueblo nos nombró, estamos representandolos, y yo creo que en el momento que yo sienta que no están dando el mismo lugar que a todos, entonces sí me quejaré.