La situación económica de Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos, se ha caracterizado por una profunda recesión económica desde el 2006. La deuda pública se volvió insostenible, ascendiendo a más de $72,000 millones. En el 2014, esta deuda representaba el 110 por ciento del Ingreso Nacional de $63,000 millones, y el 17 por ciento del presupuesto consolidado de Puerto Rico se dedicaba al servicio de la deuda. Previo a la promulgación de la Ley PROMESA, Puerto Rico enfrentaba una carga insostenible de más de $72 mil millones en deuda y más de $55 mil millones en pasivos de pensiones no financiadas, sin una forma legal de reestructurar estos pasivos o reducir los pagos de la deuda. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, había declarado que la deuda no se podía pagar.
La génesis de esta crisis se remonta a 1984, cuando el 98vo. Congreso de Estados Unidos decidió sigilosamente enmendar la Ley de Quiebras Federal para excluir a Puerto Rico de su protección. Ni siquiera el entonces Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, el celebrado jurista Jaime Fuster Berlingeri, advirtió el cambio. Si lo hizo y lo informó al entonces Gobernador, Rafael Hernández Colón, igual mutismo practicó este y todos los gobiernos de Puerto Rico hasta 2014, cuando, para subsanar tan grave omisión, se aprobó en Puerto Rico la fallida Ley de Quiebra Criolla, que el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston desestimó de un plumazo como inaplicable, porque la ley federal de 1984 prevalecía sobre ella. A diferencia de los demás estados y territorios de Estados Unidos, Puerto Rico no puede acogerse a la ley federal de bancarrota. Las municipalidades y empresas de servicios públicos que están en el territorio continental sí pueden declararse en quiebra, pero no así las que están en la isla.
Cuando en 2015 la deuda pública de Puerto Rico, que en ese momento ya alcanzaba la inimaginable cifra de $73 mil millones, se hizo insostenible e impagable, el Gobernador Alejandro García Padilla y el Comisionado Residente Pedro Pierluisi acudieron en dupla a Washington para solicitar al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al Congreso que aprobaran una ley especial de quiebra para Puerto Rico. Así nació la Ley PROMESA, de claro corte colonial, y se nombró, también por el Congreso y el Presidente metropolitanos, la primera Junta de Control Fiscal (JCF).
La Ley PROMESA y el Establecimiento de la Junta de Control Fiscal
El 30 de junio de 2016 se firmó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) para estabilizar la situación fiscal, restablecer el crecimiento y construir un futuro mejor para todos los puertorriqueños. Era la declaración de la quiebra más grande en la historia del mercado de bonos municipales y así evitar un caos en los mercados. PROMESA estableció la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico para brindar un método para que un territorio cubierto logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital (Sec. 101 (a) de PROMESA). La iniciativa de ley no daría plena autoridad a la isla para declararse en quiebra, pero otorgó a la junta de control autoridad supervisora sobre negociaciones con acreedores y las cortes para reducir parte de la deuda.
PROMESA provee dos mecanismos para reestructurar esta deuda. Un conjunto de procedimientos, el Título III de PROMESA, se alinea prácticamente con la ley de bancarrota de los Estados Unidos. Los acreedores de Puerto Rico se separan en grupos en función de los diferentes derechos legales de sus créditos, como el tipo de bonos que poseen u otros reclamos, como las pensiones. La Junta de Supervisión negocia planes de ajustes para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles, sujeto a un proceso de confirmación por parte del tribunal federal. Algunos grupos de acreedores pueden rechazar el plan, pero una vez el tribunal confirma el plan, se vuelve vinculante para todos los grupos, incluso para aquellos que lo rechazaron. El otro mecanismo, el Título VI de PROMESA, requiere que todos los grupos de acreedores acepten el plan antes de que el tribunal pueda confirmarlo, y principalmente gira en torno a la deuda financiera, no a las pensiones u otros tipos de reclamaciones. PROMESA también requiere que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión desarrollen un plan fiscal que brinde un método para lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.
Lea también: Solución a RFC no válido
Composición y Facultades de la Junta de Control Fiscal
La junta, cuyo nombre oficial bajo la ley Promesa es Junta de Supervisión Financiera y Administración, comenzó a ejercer sus funciones a partir del 1ro de septiembre. Cuatro de sus integrantes fueron escogidos por el entonces Presidente Obama de una lista elaborada por la mayoría republicana en el Congreso. Otros dos surgieron de una lista compuesta por la minoría demócrata en ambas cámaras, y uno último fue escogido por el mismo presidente. El gobernador de Puerto Rico también integra la junta como miembro exoficio, sin derecho al voto. El Presidente Obama declaró que: "Con una amplia gama de habilidades y experiencias, estos funcionarios tienen la amplitud y profundidad de conocimiento necesarias para resolver este reto tan complejo y poner el futuro de las personas de Puerto Rico por encima de todo".
La junta tiene la potestad de "prevenir la ejecución" de leyes, regulaciones y contratos a nivel local que vayan en contra de sus iniciativas económicas para la isla. Además, tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar los presupuestos del gobierno durante el próximo cuatrienio. Los siete miembros de la junta debieron entregar antes de que finalizara el 2016 un informe sugiriendo cambios a aquellas leyes y programas que, según ellos, afecten el desarrollo de la isla. También se pidió la designación de un coordinador que detecte proyectos de infraestructura que alienten el crecimiento económico. La Junta tomará decisiones sobre gastos de nómina, puede someter recomendaciones sobre las estructuras de las agencias y “colocar controles en gastos en personal”, así como deberá "congelar futuras contrataciones". Se le autorizaría a Puerto Rico reducir temporalmente los requerimientos del salario mínimo federal para algunos empleados jóvenes, menores de 25 años, pero esa autorización perdería vigencia una vez que concluya la supervisión de la junta. Se esperaba que esta trabajaría a puerta cerrada por al menos cuatro años para que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de deuda. Según el abogado y analista económico John Mudd, “La junta estará hasta que haya cuatro presupuestos equilibrados consecutivos, y hasta que Puerto Rico pueda volver al mercado de valores con intereses razonables”.
Miembros Destacados de la Junta de Control Fiscal
| Nombre | Rol/Experiencia |
|---|---|
| Carlos García | Puertorriqueño de Mayagüez, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (2009-2011). Fue propulsor y ejecutor del plan de austeridad de la administración del exgobernador Luis Fortuño y la Ley 7. Supervisó y autorizó la emisión de parte de la deuda actual de la isla. Actualmente director de BayBoston Managers LLC. |
| José Carrión III | Criado en la isla, presidente de HUB International CLC, correduría de seguros. Cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi y miembro de la junta del Banco Popular. |
| Andrew Briggs | Trabaja en el American Enterprise Institute en Washington, enfocado en pensiones, reforma de Seguro Social y beneficios a empleados públicos. Sus ideas son de alineación ideológica conservadora y es un creyente en aumentar la edad de retiro. |
| David A. Skeel Jr. | Profesor de ley corporativa en la University of Pennsylvania. Autor de varios libros sobre reformas financieras y practicante del "estudio legal cristiano". |
| Arthur J. González | Fungió como juez en la corte de bancarrota de Estados Unidos en Nueva York por casi dos décadas. Tras retirarse, da clases sobre las leyes de bancarrota en la escuela de derecho de NYU. Reconocido por trabajar en los casos de Enron, WorldCom y la reestructuración de Chrysler. |
| José Ramón González | Nacido en San Juan, presidente del Federal Home Loan Bank of New York. Presidió el Banco Gubernamental de Fomento bajo la administración de Rafael Hernández Colón. |
| Ana J. Matosantos | Puertorriqueña con consultoría propia. Directora del Departamento de Finanzas del estado de California (2009-2013) y Jefa Directora Adjunta de Presupuestos (2008-2009). También consultora en el Senado de California. |
Críticas y Consecuencias de la Gestión de la JCF
Desde la creación de la JCF, han transcurrido ya diez largos años, y tres Juntas de composición diferente, todas igualmente enajenadas del pueblo, atornilladas en su burbuja, engordando una creciente burocracia interna y una corte interminable de asesores y contratistas (la mayoría extranjeros) que viven y facturan como si Puerto Rico, en vez de un país pobre y en quiebra, fuera dueño de los ríos de dinero de los casinos de Las Vegas o Montecarlo.
Hoy, Puerto Rico es un país sin un Plan de Desarrollo y Crecimiento Económico o futuro para sus ciudadanos, un plan que transforme la economía y que se sostenga a largo plazo. Es un país más pobre y desigual, con menos derechos laborales, servicios esenciales, servicios necesarios para el desarrollo y empleos. Se desmantelan instituciones necesarias para el desarrollo, como son las escuelas, la UPR y la salud, y se debilitan instituciones que fortalecen el crecimiento, como la AEE y la AAA. Además, se mantiene a la alta gerencia ineficiente y se condena a los que producen, los trabajadores. Sigue la corrupción y los malos manejos, y no se ha logrado el presupuesto balanceado como lo requiere la ley. La JCF no ha querido definir los servicios esenciales ni auditar la deuda pública para establecer qué deudas se emitieron de manera ilegal, quiénes fueron los responsables y los procedimientos corruptos para dejarlas fuera de la reestructuración por ser deuda ilegal e ilegítima. A esto se añade la aplicación de políticas de ajustes y la imposición de medidas de austeridad que hacen sufrir a la gente que menos tiene, atentando contra las pensiones, la educación, la salud, el ambiente, el patrimonio cultural, el deporte, es decir, contra la calidad de vida.
La Junta de Control Fiscal ha sido calificada como colonialismo del siglo XXI. Es una entidad que no fue seleccionada por el pueblo (pro cónsules), que no tiene ningún compromiso con el bienestar del pueblo, no define objetivos sociales y tiene conflictos de interés y éticos, pues representa a los dueños de la deuda. Es un Gobierno Corporativo, donde las corporaciones dominan las decisiones de economía política, y establecen prioridades para las empresas de las cuales son representantes, atentando contra los servicios esenciales, los servicios necesarios para el desarrollo y el pueblo. En ese entonces se señalaba que esa JCF no iba a resultar, no controlaría la corrupción, que era una ley colonial que imponía la nueva colonia del siglo XXI. La deuda pública insostenible, al igual que la corrupción, son síntomas del problema estructural de la economía y sociedad puertorriqueña: la colonia y su falta de poderes. Es imposible ignorar, además, la incompetencia, la desidia y la indiferencia ante las carencias del pueblo demostradas por la JCF.
Lea también: ¿Contraseña del SAT rechazada? Esto te ayudará
La falta de una ruta de crecimiento es el principal fracaso de la JCF, que ha sido incapaz de establecer un Plan de Desarrollo y Crecimiento, pues carece de objetivos sociales que lo puedan dirigir. Su objetivo es pagar la deuda, controlar las finanzas públicas y torcer la economía de Puerto Rico para favorecer los grandes intereses ausentes. Su plan hoy es gastar fondos federales (al igual que el Gobernador) y crear la impresión de que hay crecimiento, repitiendo los mismos esquemas de las administraciones políticas pasadas, favoreciendo la corrupción y el despilfarro de recursos, viviendo de los fondos federales para cuadrar el presupuesto. La ilusión de crecimiento por la inyección de fondos federales es temporera y no se ha definido qué pasará después que se acaben los fondos. Si la JCF tuviera un Plan de Desarrollo y Crecimiento, establecería con esos fondos iniciativas económicas que conduzcan a transformar la economía, la diversifiquen y fortalezcan instituciones donde la educación y la UPR serían importantes para el desarrollo.
Sin embargo, parece que el plan perverso de la JCF es “un Puerto Rico sin puertorriqueños”, donde cada acción contribuye a expulsar a los mejores recursos humanos, a destruir la mejor inversión social (la UPR y la educación), generar desempleo, además de quitar las pensiones y condenar a la pobreza. Parece que se buscan puertorriqueños sin preparación y educación para poder tener “esclavos del sistema”, con salario mínimo o menos (su intención era llevarlo a $4.25 la hora para los jóvenes), sin beneficios laborales (la Reforma Laboral fue una de sus primeras leyes) o de salud, de manera que dejen ganancias a las empresas y miserias al pueblo. La JCF se concentra en un plan de dependencia para la alta gerencia y de destrucción del pueblo. Recientemente, Natalie Jaresko fue vista en la legislatura de EEUU oponiéndose a que se provea ayuda al pueblo y que no se dé paridad en fondos federales a Puerto Rico. Pero, a su vez, favorece conseguir los fondos federales de reconstrucción para manejarlos y distribuirlos entre ellos, con acciones corruptas o contratos extraños como el de LUMA, que no viene a reconstruir sino a administrar los fondos.
Si se analiza el Plan de la JCF desde la visión de un Plan FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), se encuentra que destruye las fortalezas (educación y empobrece a los trabajadores) y las oportunidades (profesionales y posibles empleos a crearse). Acrecienta las debilidades (pobreza, salarios bajos, desigualdad, muchos impuestos e instituciones que no proveen servicios, además de potenciar la corrupción), y la JCF se convierte en la amenaza principal para el futuro de Puerto Rico con la falta de poderes, ya que entorpece las acciones legislativas para proteger al pueblo. Amenazan a los legisladores, se oponen a un presupuesto balanceado porque tendrían que irse y señalan que se oponen a la Ley de Retiro Digno. No existe un plan de crecimiento; se destruyen las fortalezas y oportunidades, no se definen los servicios esenciales para asegurar que se asignen los fondos para esos servicios y con lo que sobra entonces se destruye la infraestructura y las instituciones. Se favorece la emigración de la gente (preparada o no), se reducen las pensiones y se busca cómo quebrar las mismas, se eliminan ayudas a los más vulnerables, se privatizan y venden activos y hasta se pretende controlar los activos de las cooperativas (donde están los ahorros del pueblo), para destruir todo potencial de País.
Medidas de Austeridad Impuestas por la JCF
La mayoría de las supuestas medidas correctivas de la JCF han sido dirigidas a penalizar a los sectores trabajadores y a los más vulnerables. Entre ellas se destacan:
- Pensiones: Recortes masivos a las pensiones de los empleados públicos y eliminación de beneficios laborales.
- Salud: Recortes en fondos destinados a hospitales, incluyendo Centro Médico y el Hospital Pediátrico Universitario.
- Educación: Cierre de cientos de escuelas públicas y reducción de presupuesto operacional.
- Servicios públicos: Consolidación de agencias y eliminación de puestos de trabajo regulares. Aumento de puestos de confianza, que son nombramientos políticos y responden principalmente al gobierno de turno.
- Transporte: Reducción en las rutas y aumento en las tarifas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
- Universidad de Puerto Rico: Reducción del 48% de fondos del Fondo General entre 2017 y 2024, lo que ha provocado aumentos en costos de matrícula y servicios a estudiantes, eliminación de puestos de trabajo docentes y no docentes, y deterioro de la infraestructura en los recintos del sistema de educación superior público.
Estas medidas de austeridad y recortes de servicios impuestas por la JCF, junto a la ausencia de iniciativas de revitalización económica para el país, han tenido el efecto de estimular la emigración reciente de cientos de miles de profesionales puertorriqueños, educados y diestros, que se van del país en búsqueda de las oportunidades que aquí se les niegan.
Lea también: Guía para resolver los problemas con tu devolución de Hacienda.
Crisis Energética y Restructuración de la Deuda bajo la JCF
La peor nota en el récord de la JCF ha sido su caótica gestión de la crisis de energía en Puerto Rico y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya resolución es todavía incierta después de 10 años, y cuyos efectos nefastos afectarán el desarrollo económico de Puerto Rico por años y décadas. La JCF ha sido responsable de impulsar la privatización del sistema eléctrico, en un proceso atropellado y poco transparente, y de haber aprobado la contratación de engendros como LUMA y GeneraPR, que apenas pueden mantener el sistema eléctrico operando. La JCF también es responsable de haber avalado el rescate financiero de la empresa privada AES, que quema carbón para producir energía. También aprobó el contrato de siete años otorgado a New Fortress Energy, la empresa gasífera en riesgo de bancarrota que tiene el monopolio de la importación y distribución de gas metano a las unidades de generación en manos de su subsidiaria, GeneraPR. La otra cara de la moneda la representa una ciudadanía puertorriqueña que vive de apagón en apagón, y que es rehén de empresas energéticas mediocres en capacidad y servicios, que priorizan sus ganancias sobre el compromiso con sus abonados.
Los "logros" de la JCF y Natalie Jaresko, comienzan con detener el pago de la deuda, renegociar la deuda pública con políticas que en varios años volverán a poner a Puerto Rico en peores condiciones, pagando más y sin auditar e investigar los enredos existentes y los responsables. La JCF es miope cuando reestructura la deuda pública; para ellos, están actuando bien, pero la realidad es que la aumentan y la hacen insostenible. La reestructuración de la deuda asegurada de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), que se redujo muy poco de $18,000 millones a $12,000 millones, implica pagar mucho dinero en efectivo, compromete el IVU de años futuros y seguirá creciendo esta deuda. El ajuste de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, que bajó de $5,000 millones a $2,000 millones, se hizo sin explicar quiénes quebraron al Banco y las razones. En la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se realizó un ajuste en el pago anual de parte de su deuda, con un recorte de $380 millones, sin investigar los contratos de ONDEO y los otros enredos. La deuda de AEE, que negocia, y la contratación de la empresa LUMA Energy, ha sido ineficiente, costosa y va tras los fondos federales. Y se espera que a fin de año un acuerdo de reestructuración de $35,000 millones en deuda del gobierno central se concrete, pero sin explicar o entender a qué costo. Para la JCF es una gran cuantía; se habrá logrado una reducción de $60,000 millones. Toda esta restructuración, según expertos financieros, significa que en una década la quiebra podría ocurrir nuevamente. Pero los logros dependen de quién los vea; para algunos son logros, pero en realidad son mediocres, ineficientes, corruptos que gastan mucho dinero del pueblo puertorriqueño en abogados, asesores y otros que no resuelven el problema real.
Gastos de la JCF y Demandas Populares
En el año 2025, la entidad de análisis económico Espacios Abiertos publicó un informe que colocaba los gastos de la JCF, hasta fines de 2024, en $2,200 millones, principalmente en pagos a abogados, asesores y contratistas. Ese dinero ha salido de los menguados recursos de Puerto Rico. Cuando el Congreso aprobó PROMESA, estimó que la JCF estaría en Puerto Rico por un término aproximado de cinco o seis años y que sus gastos totales por dicho término no serían mayores de $370 millones. Por lo cual, el Congreso, el Presidente de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico deberían cuestionar cómo es posible haberse equivocado tanto en las proyecciones originales de tiempo de estadía y costos de PROMESA y la JCF. Hasta donde se sabe públicamente -porque la secretividad y falta de transparencia es otro de sus defectos- ese cuestionamiento no ha ocurrido y la JCF sigue gastando el dinero de Puerto Rico como si no hubiese mañana.
Vimos el rostro de falta de preocupación de la JCF con el pueblo luego de los huracanes en el 2017, donde no se preocuparon por el pueblo y sólo intervinieron en administrar fondos, ni siquiera dijeron o fiscalizaron los asuntos de la corrupción en la distribución de suministros. La aprobación de PROMESA y la JCF, y su toma de control de las finanzas públicas de Puerto Rico, ha sido una de las expresiones más cínicas, arrogantes y prepotentes del colonialismo estadounidense en Puerto Rico. Es más humillante aún que las leyes Foraker y Jones que la precedieron, porque ha develado, de golpe y porrazo, la farsa del gobierno propio y del supuesto «pacto bilateral» que representó la creación del llamado Estado Libre Asociado (ELA). Puerto Rico, bajo la Junta de Control Fiscal, es un país más empobrecido, maltratado y desgobernado que diez años atrás. Los principales beneficiados han sido los bonistas, los buitres, McKinsey & Company, Alvarez & Marsal, Proskauer Rose, y toda la caravana de contratistas y asesores que acompañan, nutren, adulan y deciden a nombre de la JCF.
La JCF y Natalie Jaresko se oponen a las pensiones, a los servicios esenciales, a la educación, a la salud y pretenden que se siga pagando con más impuestos, ajustes y recortes. La JCF es la misma corrupción, pero peor. Es un golpe de Estado al gobierno de Puerto Rico (a la colonia), quitándole poderes y al mismo gobierno de EEUU que no los puede controlar. Han transcurrido 5 años en los que cada vez que Jaresko y la JCF negocian, desmantelan los servicios que se ofrecen en escuelas y hospitales, la Universidad de Puerto Rico, recortan o eliminan las pensiones, se oponen al aumento en el salario mínimo (pues quieren que sea de $4.25 o sea menor), aumenta la corrupción y la población es más pobre. Hay algo extraño en este negocio de la Ley PROMESA y la JCF.
Es hora de que el pueblo exija que la JCF se vaya, ya que no tiene ni autoridad legal, ni moral, ni constitucional. Se debe exigir al Congreso de EEUU y al Presidente que se elimine la Ley PROMESA. No se puede esperar que EEUU resuelva el entuerto que han creado, se debe exigir. Y se puede comenzar exigiendo que a la directora Natalie Jaresko no le renueven el nombramiento en octubre, pues un pueblo quebrado no puede pagar tanto por tan poco. Se espera que el choque sea continuo y que cada día la legislatura presente más oposición articulada sobre las decisiones del ente federal para que el pueblo tenga un nuevo aliado en derrotar la JCF y la Ley PROMESA.