La represión generalizada ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Continuaron cometiéndose crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes. Los poderes del Estado siguieron coordinándose para perseguir y castigar severamente la disidencia, real o percibida, frente al gobierno de Nicolás Maduro.
La Criminalización de la Disidencia a Través de Cargos de "Terrorismo"
Cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones de los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno. En la mayoría de los casos, a quienes eran detenidos se les imputaban cargos infundados e imprecisos tales como “terrorismo” o “traición a la patria”, que conllevaban penas severas.
El Papel del Sistema Judicial en la Represión
Además del uso de los cuerpos de seguridad del Estado y de los centros de reclusión, la instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política y del poder judicial como brazo ejecutor era clave en la implementación de la política de represión del gobierno contra la disidencia política con el pretexto de la “lucha contra el terrorismo”. Los procesos penales contra muchas de estas personas avanzaron sin garantías judiciales, negándoseles una defensa de su propia elección, el acceso a la información sobre los cargos presentados en su contra o la comparecencia ante un tribunal independiente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en enero un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo electoral de 2024, en el que analizaba la estrategia represiva de las autoridades para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre y sembrar terror entre la ciudadanía; y, en septiembre, solicitó realizar una visita al país para observar la situación de los derechos humanos.
Persecución a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Quienes defendían los derechos humanos y ejercían el periodismo continuaron siendo uno de los blancos centrales de la política represiva del gobierno. La ONG Espacio Público registró 217 ataques a la libertad de expresión hasta el mes de octubre.
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Detenciones y Desapariciones en el Ámbito Periodístico y de DD.HH.
- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la detención de al menos 23 trabajadores del sector de la prensa, algunos de los cuales también habían sido inicialmente objeto de desaparición forzada.
- El periodista Carlos Marcano estuvo 13 días en paradero desconocido después de su detención.
- Persistían la detención arbitraria y la persecución judicial de personas defensoras de los derechos humanos, así como el uso de la incomunicación y las restricciones procesales como forma de represalia.
- Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda permanecían privados de libertad de manera arbitraria al finalizar año.
- El defensor y miembro de la ONG PROVEA Eduardo Torres fue detenido arbitrariamente en mayo. Estuvo en paradero desconocido durante cinco días y posteriormente recluido en régimen de incomunicación, sin acceso a asistencia letrada de confianza, entre otras violaciones del debido proceso.
- Asimismo, Martha Lía Grajales, defensora perteneciente al colectivo Surgentes, fue detenida en agosto después de acompañar en una protesta pacífica a un grupo de madres de personas presas por motivos políticos.
- En septiembre fue detenido el defensor de los derechos humanos Pedro Hernández, coordinador de la ONG CAMPO. Varios familiares suyos también quedaron detenidos arbitrariamente durante su búsqueda y fueron liberados tres días después.
En octubre, las autoridades promovieron el uso de la aplicación VenApp para denunciar a posibles disidentes. Asimismo, diversas organizaciones alertaron sobre el clima de intimidación y amenazas generado en torno a la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que amenazaba la libertad de asociación y el trabajo legítimo de las ONG en el país.
También se denunció el uso por parte de autoridades del Estado de una retórica sexista y contraria a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos destinada a desacreditar a integrantes y simpatizantes de los partidos de oposición.
El Discurso Oficial y la Justificación de la Represión
El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este sábado (31.08.2019) que las fuerzas de seguridad frustraron varios atentados con explosivos contra instalaciones públicas en Caracas, y relacionó con estos planes a la oposición y al presidente de Colombia, Iván Duque. “Hubiera sido la perpetración del más grave atentado terrorista contra el pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez en una alocución televisada.
Acusaciones Gubernamentales de Conspiraciones Terroristas
Según el funcionario, un grupo de “terroristas y asesinos” buscaba dinamitar el Palacio de Justicia, una sede policial y un edificio en la barriada 23 de Enero. Los supuestos atentados habrían sido planeados desde Colombia por Rayder Russo, alias “Pico”, un hombre señalado por el fallido atentado de agosto de 2018 contra Maduro, y por el mayor general retirado Cliver Alcalá, a quien el Ejecutivo caraqueño considera un traidor.
Tras mostrar imágenes satelitales de las supuestas locaciones, Rodríguez acusó al mandatario colombiano de estar implicado en la operación. “¿Hasta cuándo, Iván Duque? ¿Hasta cuándo agreden? (...) Estamos seguros de que usted no va a actuar porque usted es cómplice de estos terroristas y de estos asesinos”, dijo. Posteriormente, Venezuela presentó ante la ONU pruebas contundentes sobre la protección y amparo de Iván Duque a grupos terroristas, entrenados y armados en Colombia para, con su anuencia, atentar contra nuestro orden constitucional, en violación de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad.
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Desapariciones Forzadas e Impunidad Persistente
Numerosas personas en situación de desaparición forzada tras las elecciones de 2024, así como detenidas en 2025, permanecían en paradero desconocido. En general, las desapariciones forzadas comenzaban con una detención arbitraria llevada a cabo por agentes del Estado, seguida de falta de información, la negativa a reconocer la detención y, especialmente, el ocultamiento deliberado de la suerte y el paradero de la persona detenida. En la mayoría de los casos, transcurrían días o incluso meses antes de que se informara la detención y, entonces, la única certeza que tenían los familiares era que la persona se hallaba bajo custodia del Estado.
Persistía la impunidad prácticamente total por violaciones de los derechos humanos, y apenas avanzó la investigación conocida como Venezuela I, abierta ante la Corte Penal Internacional. En agosto, la Sala de Apelaciones de la CPI dispuso apartar al fiscal, Karim Khan, de la investigación abierta contra Venezuela, tras la solicitud de recusación presentada un año antes por una fundación que alegaba un posible conflicto de intereses debido al vínculo familiar del fiscal con una abogada del equipo jurídico que representaba al Estado venezolano ante esa instancia.
En diciembre, el gobierno anunció la liberación de numerosas personas presas, y la organización Foro Penal verificó 117 excarcelaciones. Sin embargo, de las más de 2.000 personas detenidas de forma arbitraria después de las elecciones presidenciales de 2024, al menos 806 continuaban privadas de libertad ilegalmente a 31 de diciembre.
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