El asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994, marcó un antes y un después en la historia de México. Tras el magnicidio, se designaron cuatro fiscales para investigar el caso Colosio, encargados de llegar hasta la verdad de los hechos y responder una sola pregunta: ¿quién mandó matar a Luis Donaldo Colosio? Los fiscales fueron Miguel Montes García, Olga Islas, Pablo Chapa Bezanilla y Luis Raúl González Pérez. Ninguno se salvó de la incredulidad pública al no llegar al fondo del problema que sigue preocupando a la nación.
El primer fiscal encargado de investigar lo ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994 fue Miguel Montes García. Fue elegido por Carlos Salinas de Gortari a petición de la viuda de Colosio, Diana Laura Riojas.
Al principio de las investigaciones, el primer fiscal especial del caso, Miguel Montes García, aventuró la teoría de una acción concertada. Así lo planteó el primer fiscal del caso, Miguel Montes: se trató de una acción concertada.
El fiscal se reunió con el presidente Salinas de Gortari para mostrarle el video donde se observan a, por lo menos, siete personas en formación diamante todas coludidas para acabar con la vida del candidato sonorense. Además del que disparó, Mario Aburto, en la operación estaban involucrados los miembros de un grupo denominado El TUCAN Todos Unidos Contra Acción Nacional en el que participaban: Tranquilino Sánchez, dos jóvenes identificados como El de lentes y El clavadista, Vicente y Rodolfo Mayoral y Rodolfo Rivapalacio.
Sin embargo, su proceso de investigación estuvo sumido en la polémica, ya que en un inicio parecía estar a favor de la teoría del complot cuando detuvo a varios integrantes del grupo de seguridad Tucán como posibles culpables. No obstante, tras recibir supuestas amenazas que llegaron de las más altas esferas del poder, se desdijo de su visión complotista y aseguró que el crimen era imputable a un solo homicida: Mario Aburto.
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Según Guillermo Hopkins Gámez, amigo y paisano de Colosio, Montes cambió la tesis del complot por la del asesino solitario tras recibir amenazas que llegaron de las más altas esferas del poder.
Lo incongruente es que el tirador solitario disparó la primera vez al lado derecho de la cabeza de Colosio. El segundo disparo se lo dio en el abdomen del lado izquierdo. El cuerpo del candidato, supuestamente por la inercia del primer tiro, dio un extraño, y sospechoso, giro de 90 grados.
Cuando Montes renunció a la fiscalía, lo suplió la jurista y académica Olga Islas de González Mariscal, que trató de reconstruir los hechos inmediatos al atentado. Imposible hacerlo porque ya el escenario del crimen había sido cambiado. Su conclusión fue que Aburto fue interrogado fuera de la delegación de la PGR en Tijuana aprovecharon el interrogatorio para rasurarle el bigote, enchinarle el pelo y aumentarle unos centímetros de estatura y de cachetes, todo por cortesía del gobierno de Sonora.
El tercer fiscal designado fue el truculento Pablo Chapa Bezanilla remember La Paca. Él resucitó la versión de la acción concertada por medio de un segundo tirador que resultó ser, en esta ocasión, un chofer de la comitiva priísta: Othón Cortés Vázquez, quien se aventó una sopita de 18 meses en el bote.
Todavía hubo un cuarto fiscal del caso: Luis Raúl González Pérez. Cuando se le preguntó a Carlos Salinas quién había asesinado a Colosio, dijo que la nomenclatura del PRI.
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En dicho libro el periodista y ex priísta Julio Hernández López escribió: Después del asesinato de Colosio esperé que el priísmo nacional exigiera claridad en las investigaciones y castigo no solamente a un autor material sino, además, a quienes hubieran tejido esa trampa poderosa. Como presidente del Comité Directivo estatal de San Luis Potosí comencé a hacer declaraciones que entraron en una fase de confrontación con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, María de los Ángeles Moreno, a quien yo reprochaba la pasividad mostrada ante los manoseos y truculencias judiciales del caso. En una reunión del Consejo Nacional del PRI solicité la palabra para insistir en la necesidad de que se esclareciera lo sucedido en Lomas Taurinas y dije que las luces deberían enderezarse incluso hacia las más altas instancias del poder nacional en aquellos momentos. Mi postura metió en problemas al gobernador de San Luis Potosí, quien movilizó al aparato priísta estatal para que me desconociera como dirigente, a pesar de que no había ninguna causa que conforme a los estatutos de ese partido permitiera mi remoción.
Su proceso de investigación estuvo sumido en la polémica, ya que en un inicio parecía estar a favor de la teoría del complot cuando detuvo a varios integrantes del grupo de seguridad Tucán como posibles culpables, pero su indagatoria final le hizo decantarse por la certeza de un único culpable: Mario Aburto Martínez.
Primer fiscal De esta última encomienda en el Poder Judicial, donde lo había propuesto Carlos Salinas de Gortari, el jurista Montes García fue designado el 25 de marzo de 1994 como fiscal para investigar el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, cometido tan solo 2 días antes. Se convertiría así en uno de los protagonistas de ese episodio oscuro en la historia del país, en un tema que estaba en el foco de la atención de prácticamente todos los mexicanos.
La detención de Mario Aburto sería, de acuerdo con la primera versión brindada por el fiscal especial Montes García, era solamente la del autor material, que era parte de una conspiración. Los también detenidos incialmente Jorge Antonio Sánchez Ortega (ahor señalado como “segundo tirador”) y Vicente Mayoral, también serían parte, de acuerdo con las investigaciones preliminares.
A pesar de todas las evidencias, tan solo 3 meses después de las pesquisas, Miguel Montes García cambió radicalmente su postura y sostuvo, invariablemente, que Mario Aburto había ejecutado solo el plan de matar al candidato, pues el asesino estaba obsesionado con el PRI y tenía en mente también atentar contra el presidente Salinas de Gortari.
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Miguel Montes murió el 11 de septiembre de 2020 en León, sin cambiar su postura: “Aburto actuó solo”.
En la administración de AMLO se retoma el caso. Más de 21 años después, el 25 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 48VG/2021 dirigida al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, en donde señalaron violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno por actos de tortura, así como al debido proceso en agravio de Aburto.
Galván Gallardo indicó que se trata de dos investigaciones: una de tortura contra Aburto y, otra, el asesinato de Colosio. La investigación por tortura contra Aburto deberá concluir en seis meses por orden de un juez de amparo.
Estamos hablando de otras hipótesis. La investigación sobre Aburto considera su detención, traslado a instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, la presunta tortura en una playa, el llamado octavo pasajero, que voló en el avión que lo condujo a la Ciudad de México, su internamiento en la prisión de máxima seguridad y tratos crueles durante su encarcelamiento.