Desde los inicios de la década de los noventa, América Latina ha venido presenciando importantes cambios en el nivel y la estructura de los ingresos tributarios recaudados. Este trabajo pretende señalar algunos hechos estilizados destinados a tipificar tales transformaciones. Por un lado, el ascenso sostenido de la carga tributaria promedio para la región muestra cierta regularidad, pero al mismo tiempo esconde fuertes diferencias entre países. Por otra parte, las estructuras tributarias de América Latina exhiben varias características en común que contrastan fuertemente con lo observado en los países desarrollados.
Sin embargo, una nueva etapa de la tributación latinoamericana puede distinguirse desde mediados de la década de los noventa y, especialmente, a lo largo de la última década, en la cual el nivel de la recaudación tributaria en términos porcentuales del producto interno bruto (PIB) ha mostrado una tendencia creciente, tanto en el promedio regional como en la gran mayoría de los países de América Latina. El cambio de tendencia en la tributación de América Latina aconteció en un contexto macroeconómico favorable, con una reducción sustancial en el déficit de las cuentas públicas y el nivel de endeudamiento de los países; asimismo, se revitalizó la importancia de la acción del Estado en el aspecto distributivo, vía tributos o transferencias.
De la Tabla 1 se desprende que, si bien el aumento de los niveles recaudatorios entre 1990 y 2012 ha sido generalizado para toda la región, existe una gran heterogeneidad y dispersión de casos en cuanto al nivel de la carga tributaria. Si en un extremo se encuentran Argentina y Brasil, con valores semejantes a los de varios países de la OCDE, y en un segundo escalón se ubican Uruguay y Bolivia, también puede observarse que algunos países aún se muestran rezagados en cuanto a esta variable y respecto del promedio regional, como sucede con El Salvador (15,7%), República Dominicana (13,5%), Guatemala (12,3%) y Venezuela (13,7%). Este último caso constituye una excepción a la tendencia general, al ser la única economía latinoamericana en donde se observó una reducción del nivel recaudatorio del orden del 30% respecto de los valores registrados en 1990.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA)
A partir de mediados del siglo pasado, en los países de América Latina se produjo una serie de cambios estructurales en materia económica que han tenido importantes consecuencias en las estrategias tributarias de los sucesivos gobiernos, si bien con distintos impulsos y profundidad a lo largo del tiempo. Si bien el caso pionero corresponde a Brasil en 1967, el IVA fue introducido masivamente en los sistemas tributarios de la región durante las décadas del setenta y del ochenta, como receta fundamental del Consenso de Washington para compensar la pérdida recaudatoria que implicaba la reducción de impuestos al comercio internacional.
Con relativos bajos costos de eficiencia, un IVA con alícuotas generales entre 10% y 20% (y tasa del 0% para las exportaciones) era considerado una fuente confiable y relativamente estable de recursos con escasos rezagos de recaudación. No obstante, el fortalecimiento de la recaudación del IVA a nivel regional en los últimos decenios responde al proceso de perfeccionamiento y adecuación del tributo en los distintos sistemas tributarios, y especialmente a la extensión de este a los servicios intermedios y finales, pues el gravamen se aplicó inicialmente casi con exclusividad a bienes físicos y algunos servicios finales.
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Como resultado de estas modificaciones en el diseño del gravamen y gracias a las mejoras alcanzadas en su administración tributaria, la recaudación promedio del IVA en América Latina aumentó sustancialmente entre 1990 y 2012, alcanzando en la actualidad valores muy similares a los que se observan en los países de la OCDE. Así se tiene que, en términos del PIB, Uruguay (8,8%), Argentina (8,8%), Bolivia (8,7%), Brasil (8,4%) y Chile (8,0%) acumularon en 2012 un monto de ingresos superior al logrado por países como el Reino Unido (7,4%), Alemania (7,3%), Francia (7,0%) e Italia (6,1%). Incluso, los países centroamericanos han alcanzado niveles de recaudación del IVA superiores a 5% del PIB en 2012, llevando el promedio regional hasta los 6,2% del PIB.
En primer lugar, la participación del tributo en las estructuras tributarias es ampliamente mayor en los países latinoamericanos que en sus pares desarrollados, lo cual, como ya se explicó, se debe principalmente al muy desigual peso relativo de la imposición directa en los sistemas tributarios de estos países. En segundo lugar, a pesar de la tendencia al alza en las alícuotas generales aplicadas en el IVA, hoy se distinguen importantes diferencias entre los países de la región. Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los casos con mayor cantidad de operaciones exentas del IVA; México, por su parte, representa un caso paradigmático: en dicho país, la aplicación de la tasa del 0% sobre alimentos, medicinas y una amplia lista de bienes y servicios provoca una fuerte erosión de la base del tributo.
Aun manteniendo el nivel actual de alícuotas generales, debe decirse que la recaudación efectiva del IVA es, en varios países de América Latina, considerablemente menor a la que potencialmente podría recaudarse. Esta brecha de recaudación está dada por dos factores: la evasión impositiva y el gasto tributario. Si se toma como base el ingreso total de la economía, la mayoría de los países de la región recaudan entre 0,34 (Colombia) y 0,65 (Paraguay) puntos del PIB en concepto de IVA por cada punto de tasa general; mientras que si solo se considera el consumo privado como base gravable del impuesto, los coeficientes se ubican entre 0,50 (Guatemala) y 0,94 (Venezuela), para un promedio regional de 0,62 puntos del PIB. México y República Dominicana constituyen casos extremos, donde a pesar de aplicar una tasa general en torno al promedio regional, se combinan una recaudación relativamente escasa y una muy elevada relación “consumo privado/PIB”.
Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL) en Guatemala
La factura electrónica en Guatemala opera bajo el Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL), un sistema regulado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este modelo exige la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), los cuales deben ser generados, firmados y validados electrónicamente. Su implementación busca modernizar la gestión fiscal, agilizar los procesos contables y garantizar mayor transparencia en las transacciones comerciales.
Evolución de FACE a FEL
La facturación electrónica en Guatemala ha evolucionado con el tiempo, pasando del sistema FACE, implementado en 2011, al Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL). Este cambio quedó establecido en el Acuerdo de Directorio de la SAT número 13-2018 y sus reformas, con el objetivo de hacer más eficiente la emisión de documentos tributarios electrónicos. Desde 2019, la transición al FEL ha sido progresiva, combinando fases obligatorias y adhesión voluntaria hasta su adopción definitiva el 1 de julio de 2023.
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El Régimen FEL presenta cambios clave respecto al sistema FACE:
- Eliminación de la copia de factura: Ya no es necesario enviar la información al GFACE.
- Firma electrónica obligatoria: Se requiere para garantizar autenticidad e integridad en los documentos tributarios electrónicos (DTE).
- Almacenamiento centralizado: La SAT almacena todas las facturas electrónicas, aunque emisores y receptores también deben conservar el archivo XML durante el tiempo estipulado en el Código Tributario. Los certificadores también están obligados a almacenar los DTE certificados y los acuses de recibo de la SAT.
Emisión, Certificación y Validación de Facturas Electrónicas
El Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL) regula la emisión, transmisión, certificación y almacenamiento de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), que incluyen facturas, notas de crédito y débito, recibos y otros documentos fiscales autorizados.
En este sistema, cada DTE debe ser validado por una entidad certificadora, un tercero autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que verifica el cumplimiento de las normativas y aplica la firma electrónica avanzada. Las entidades certificadoras deben obtener y renovar su autorización anualmente para operar.
Proceso de Emisión de Facturas Electrónicas
- Generación del DTE: La empresa emisora extrae los datos de su ERP y crea un archivo XML con la información de la transacción.
- Validación y certificación: La entidad certificadora revisa que el documento cumpla con las reglas del Régimen FEL, aplica la firma electrónica avanzada y asigna un código de autorización electrónico.
- Envío a la SAT: Una vez certificado, el DTE se remite a la SAT, que realiza sus propias validaciones para verificar su autenticidad, integridad y cumplimiento normativo.
- Acuse de recibo: La SAT emite un acuse de recibo al certificador, indicando la aceptación o rechazo del documento.
- Entrega al receptor: El DTE se envía al destinatario en formato XML, junto con su representación gráfica o versión en PDF.
- Conservación del DTE: Tanto emisores como receptores deben almacenar los archivos XML por el tiempo estipulado en el Código Tributario. Las entidades certificadoras también deben resguardar los DTE certificados y los acuses de recibo de la SAT.
¿Quiénes Están Obligados a Emitir Factura Electrónica?
El Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL) es obligatorio para los contribuyentes que determine la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La designación se basa en criterios como el volumen de facturas emitidas, el nivel de ingresos brutos facturados, la vinculación económica, la inscripción en regímenes especiales u otras condiciones establecidas por la autoridad fiscal.
Actualmente, deben emitir Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) a través del sistema FEL los siguientes contribuyentes:
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- Contribuyentes especiales.
- Grandes contribuyentes regionales.
- Proveedores del estado, según la Resolución SAT 243-2019, en casos de licitación, cotización, contrato abierto y subasta electrónica inversa.
- Proveedores del estado, conforme a la Resolución SAT 838-2019, cuando prestan servicios profesionales individuales.
- Contribuyentes que utilizaban el sistema de factura electrónica FACE, migrados obligatoriamente al Régimen FEL.
Además, la SAT sigue ampliando el alcance de la facturación electrónica en Guatemala, por lo que es importante que los contribuyentes revisen periódicamente las resoluciones vigentes y se aseguren de cumplir con las disposiciones aplicables.
Tipos de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)
Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) son comprobantes fiscales digitales que respaldan transacciones comerciales y permiten el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL). Cada DTE debe ser generado, certificado y validado electrónicamente antes de enviarse a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El Régimen FEL contempla distintos tipos de DTE, según la naturaleza de la transacción:
- Factura: Documento principal para la compraventa de bienes y servicios.
- Factura cambiaria: Similar a la factura, pero con efectos de título valor.
- Factura cambiaria pequeño contribuyente: Versión de la factura cambiaria para pequeños contribuyentes.
- Factura pequeño contribuyente: Emitida por quienes están inscritos bajo este régimen.
- Factura especial: Utilizada para compras a proveedores que no están obligados a facturar.
- Nota de abono: Documento para registrar devoluciones o descuentos aplicados a facturas previas.
- Nota de débito: Permite ajustar valores en facturas ya emitidas, aumentando el monto adeudado.
- Nota de crédito: Corrige o anula total o parcialmente una factura emitida.
- Recibo: Justificante de pago en transacciones específicas.
- Recibo por donación: Documento que certifica la entrega de donaciones.
Cada uno de estos documentos debe cumplir con los requisitos y procesos establecidos por la SAT para su correcta emisión y certificación dentro del Régimen FEL. La implementación del DTE no solo optimiza la gestión tributaria, sino que también agiliza la administración de documentos fiscales para empresas y contribuyentes.
Requisitos para Operar en el Régimen FEL
Para operar dentro del Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL) y emitir Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) en Guatemala, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estos criterios aseguran que los emisores de facturas electrónicas cumplan con las normativas fiscales y técnicas vigentes.
Los contribuyentes interesados en emitir facturas electrónicas deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Estar afiliado al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Poseer un negocio activo y registrado ante la SAT.
- Tener Agencia Virtual habilitada, ya que es el medio para gestionar trámites fiscales electrónicos.
- Mantener actualizados los datos en el Registro Tributario Unificado (RTU).
- Contar con un domicilio fiscal localizado y registrado ante la SAT.
- Obtener la habilitación como emisor dentro del Régimen FEL.
- Cumplir con las normativas técnicas y requisitos establecidos para la emisión de DTE.
- Poseer firma electrónica, necesaria para validar la autenticidad de los documentos.
- Estar al día en la declaración y pago de impuestos.
- Contratar una entidad certificadora autorizada por la SAT, encargada de validar y certificar los DTE antes de enviarlos a la autoridad tributaria.
El proceso de habilitación en el FEL es fundamental para garantizar la legalidad y validez de las facturas electrónicas en Guatemala. Cumplir con estos requisitos permite a los contribuyentes operar dentro del sistema, agilizando sus procesos de facturación y facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Complementos en la Factura Electrónica FEL
Los complementos en la factura electrónica son datos adicionales que se incorporan a los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) para brindar información específica sobre ciertas transacciones. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha implementado modificaciones clave en el complemento de exportación y ha introducido la Factura Provisional (FACP), lo que impacta directamente a los exportadores en Guatemala.
Cambios en el Complemento de Exportación
La SAT ha implementado cambios en el complemento de exportación, aplicables a todos los exportadores, independientemente de si emiten una factura provisional. Entre las modificaciones se incluyen dos nuevos campos condicionales (LugarExpedición y PaísConsignatario), que deben incorporarse en los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). Además, para los exportadores obligados a emitir factura provisional, se han añadido cuatro campos adicionales: Número de Autorización Provisional, Serie del Documento de Origen, Número del Documento de Origen y Número de Declaración de Mercancías. Estas actualizaciones buscan optimizar la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior y fortalecer el control fiscal en el país.
Complemento de Factura Provisional (FACP)
La Factura Provisional (FACP) es un documento utilizado por los exportadores para respaldar transacciones cuando la exportación definitiva aún no se ha concretado, permitiendo registrar la operación de manera formal mientras se completan los trámites correspondientes. Su uso es especialmente relevante en sectores donde la mercancía debe enviarse con rapidez, como en el caso de productos perecederos que requieren una gestión documental ágil para su comercialización internacional. Aunque facilita el proceso de exportación, la FACP no sustituye a la Factura de Exportación, la cual debe emitirse una vez que los bienes han sido recibidos por el destinatario en el extranjero, garantizando el cumplimiento de la normativa fiscal y aduanera vigente.
Factura Electrónica en el Sector Productivo Primario y Agropecuario
El Decreto 31-2024, establece un marco legal orientado a la integración del sector productivo primario y agropecuario mediante regímenes especiales de tributación. Esta ley busca facilitar el cumplimiento fiscal para pequeños productores y comercializadores, e introduce cambios significativos en la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) dentro del Régimen FEL.
Con el objetivo de mejorar la trazabilidad de las operaciones y adaptar la fiscalización a diferentes realidades económicas, el decreto incorpora nuevos tipos de DTE para los sectores primario y pecuario:
Facturas para el régimen primario
- Factura Contribuyente Régimen Primario (FARP)
- Factura Cambiaria Contribuyente Régimen Primario (FCRP)
Facturas para el régimen pecuario
- Factura Contribuyente Régimen Pecuario (FPEC)
- Factura Cambiaria Contribuyente Régimen Pecuario (FCPC)
Factura específica (FEPE)
Este documento debe ser emitido por el comprador en nombre del vendedor, cuando este último no está obligado a facturar. Se aplicará una retención del 1.5 % sobre el valor facturado, sin permitir retenciones adicionales.
Validaciones Fiscales y Obligaciones
El decreto también incorpora ajustes técnicos y fiscales en la emisión de DTE:
- Restricciones por tipo de contribuyente: No todos los regímenes podrán emitir todos los tipos de DTE.
- Validaciones por impuestos: Se han actualizado las tasas aplicables según el régimen tributario.
- Frases obligatorias en el DTE: Dependiendo del régimen y tipo de contribuyente, deberán incluirse frases específicas en los documentos electrónicos.
Plataforma Global de Factura Electrónica de EDICOM
EDICOM es referente internacional de soluciones de facturación electrónica y cumplimiento fiscal, ofreciendo una plataforma global que permite a las empresas automatizar la emisión y recepción de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) en cumplimiento con las normativas de cada país. En Guatemala, la solución de EDICOM facilita la generación, certificación y envío de DTE dentro del Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL), garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Gracias a su tecnología avanzada, la plataforma de EDICOM permite a las empresas optimizar sus procesos administrativos mediante la automatización del flujo de trabajo, reduciendo errores manuales y asegurando una integración fluida con los sistemas ERP.