El fraude cometido por la administración de Javier Duarte a través de empresas fantasma sigue creciendo. Investigaciones periodísticas de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentan nuevos desvíos que superan los mil millones de pesos y que se suman a los 645 millones revelados originalmente en mayo pasado.
Un Nuevo Modus Operandi
Los hallazgos muestran un nuevo modus operandi a través del cual 12 dependencias hicieron pagos a las compañías fantasmas sin que mediara licitación ni contrato alguno. Además, el número de empresas involucradas ya asciende a 68 y algunas de ellas fueron constituidas fuera de Veracruz, en entidades como Chiapas, Puebla, Oaxaca o la Ciudad de México.
Desvío de Fondos en 2014
Animal Político documentó que sólo en 2014 la administración de Javier Duarte pagó 503 millones de pesos a través de 348 facturas en favor de 19 compañías fantasma. Esto sin que existiera ningún proceso licitación o contrato de por medio. El concepto de todas esas facturas fue la supuesta "difusión de actividades del gobierno".
Pero el dinero no salió del presupuesto de la Coordinación de Comunicación Social, la única facultada para contratar servicios de difusión, sino que se utilizaron recursos de 12 dependencias claves. Por ejemplo, de Seguridad Pública se tomaron 56 millones de pesos y de la Secretaría de Salud otros 47 millones de pesos.
Entre las 19 empresas a las que se pagó la supuesta difusión de actividades del gobierno hay 10 que apenas un año antes habían recibido contratos para vender paquetes de cemento, despensas y útiles escolares. Las doce dependencias involucradas negaron en solicitudes de transparencia haber firmado contratos por los pagos que si aparecen facturados.
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Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó la operación de otras 47 nuevas empresas fantasma que recibieron contratos por un total de 633 millones de pesos del gobierno de Javier Duarte. En varias de las compañías hay coincidencias de socios y domicilios con las primeras 22 empresas reveladas en mayo pasado.
La red de empresas fantasma, además, se extiende a otros seis estados. En la investigación periodística se documentaron contratos del Gobierno de Veracruz por 299 millones de pesos a 17 compañías en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México.
En este nuevo grupo hay 11 empresas que realizaron ventas ‘fantasma’ por 204 millones de pesos; es decir, que no pudieron acreditar la entrega de la mercancía o servicios para el que fueron contratadas.
Hasta ahora, las investigaciones periodísticas de Animal Político y Mexicanos contra al Corrupción han documentado un desvío desde mayo pasado de un total de mil 780 millones de pesos. De acuerdo con el SAT, los recursos desviados podrían superar los tres mil millones solo en el caso del primer grupo de empresas fantasma.
El Saqueo Detallado
Durante 2014, el gobierno de Javier Duarte utilizó a 19 empresas fantasma para desviar 503 millones de pesos del erario público sin licitaciones ni contratos. El desvío se hizo a través del presupuesto de 12 dependencias veracruzanas de las que se tomaron recursos para -supuestamente- difundir las actividades de la administración de Duarte, sin que estás tuvieran facultades para gastar en ese concepto. Para pagarle a las compañías fantasma se usaron recursos de áreas clave como procuración de justicia, seguridad pública, salud, educación, desarrollo social y medio ambiente.
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Se trata de un nuevo capítulo en la historia de las empresas fantasma de Javier Duarte y el desvío de recursos al erario de Veracruz que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), podría ascender 3,300 millones de pesos. A diferencia de los 645 millones desviados a través de 4 dependencias que, entre 2012 y 2013, entregaron 73 contratos a 21 empresas fantasma para la compra de productos a población vulnerable, que nunca llegaron a su destino, según documentó Animal Político en mayo pasado, en esta ocasión Duarte y sus colaboradores ni siquiera simularon los procesos de adjudicación y contratos.
La Constitución Política del país y la ley de Adquisiciones de Veracruz claramente disponen que cualquier erogación de recursos públicos debe hacerse mediante una licitación pública y, con excepciones, una licitación cerrada para adjudicación directa. Aquí no ocurrió nada de ello.
Una serie de solicitudes de información hechas vía transparencia gubernamental a 12 dependencias de la administración Duarte revelan que, en todos los casos, las instancias de gobierno negaron haber firmado contratos por el concepto de publicidad o difusión con las 19 empresas fantasma. Sin embargo los pagos se hicieron, como consta en 348 facturas en poder de Animal Político.
Además de las 12 dependencias, se preguntó también vía transparencia a la Coordinación de Comunicación Social - única facultada para erogar recursos en la difusión de imagen del gobierno - si había contratos firmados con las empresas. La respuesta fue negativa. La Secretaría de Finanzas del estado también negó cualquier proceso de adjudicación con dichas compañías.
Dependencias Involucradas
En el caso del desvío de recursos documentado en este nuevo capítulo de la historia Duarte-empresas fantasma se establece que la dependencia a la que se le facturaron más pagos por difusión, en 2014, fue la Secretaría de Seguridad Pública, con más de 54 millones 400 mil pesos; le sigue la de Turismo, con 51 millones 238 mil; la de Desarrollo Social, con 50 millones 79 mil pesos; la de Desarrollo Económico y Portuario, con 48 millones 474 mil pesos; la de Educación, con 47 millones 679 mil pesos y la de Salud, con casi 47 millones.
Después se encuentra la Secretaría de Protección Civil, que pagó a las empresas fantasma por difusión de actividades del gobierno 46 millones 625 mil pesos; le sigue la de Gobierno, con 41 millones 78 mil pesos; la de Medio Ambiente, con 39 millones 612 mil pesos, y la Secretaría para el Desarrollo Agropecuario, con 39 millones 605 mil pesos. Incluso la Procuraduría de Justicia de Veracruz pagó 36 millones 401 mil pesos y la Secretaría de Comunicaciones 676 mil pesos a las compañías falsas.
Más de 80% de los pagos se hicieron entre septiembre y diciembre de 2014 y hubo casos en donde se hicieron múltiples pagos con diferencia de pocas horas. Por ejemplo, solo entre el 15 y 16 de diciembre se hicieron pagos de 80 facturas por casi 166 millones de pesos.
Por este caso, el Servicio de Administración Tributaria está integrando una investigación y ya ha pedido a las dependencias involucradas informes sobre los pagos realizados. La investigación que tiene en desarrollo el SAT también ha confirmado que no existen contratos que amparen estas adquisiciones pese a que las facturas son reales.
El 19 de octubre, Ericka Carrillo Alvarado, directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz (Sedecop), informó a la coordinación de Comunicación Social sobre una solicitud enviada por la Administración Estratégica de Fiscalización del SAT para que se entregaran contratos que amparaban facturas por gastos de “difusión de actividades” que la dependencia erogó en favor de la empresa Publicidad Akkira.
El documento, al que este medio tuvo acceso, evidencia que las facturas existen pero también que no hay contratos, dado que dicha secretaría está impedida por ley para entregar dinero por ese concepto.
"El Jefe del departamento de Recursos Financieros informa bajo protesta de decir verdad que se da por enterado de su existencia (de las facturas), sin embargo la Sedecop se encuentra impedida a contratar servicios relacionados con publicidad, información, difusión o cualquier actividad de comunicación social", señala en el documento la directora jurídica.
Debido a lo anterior, ella le informa al área de Comunicación Social local que estos pagos tuvieron que haber sido erogados por ellos y le invita a que informe de esta situación a los auditores del SAT. Además advierte que se dará vista a la Contraloría estatal de las irregularidades que estos hechos representan.
En 2014, el titular del área de Comunicación Social era Alberto Silva, quien un año antes encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social, la cual dio más de 50 contratos a empresas fantasma.
Empresas Recicladas y Nuevas Fachadas
De las 19 empresas que en 2014 facturaron con el gobierno de Veracruz los supuestos servicios de difusión de actividades, 10 de ellas ya habían sido utilizadas un año antes para recibir pagos por servicios como venta de materiales para construcción, de despensas o materiales escolares, según reveló la investigación de Animal Político de mayo pasado. Estas 10 compañías facturaron más de 86% de los 503 millones de pesos destinados a la supuesta difusión de actividades del gobierno de Javier Duarte.
El SAT ya incluyó a estas 10 compañías en el listado definitivo de empresas que simularon operaciones y hay juicios penales en curso en contra de todos sus representantes legales.
Además de las compañías mencionadas, hay otras ocho empresas que también facturaron al gobierno de Veracruz casi 84 millones de pesos por difusión de actividades gubernamentales. Las empresas son Comercial Patrol, Principal Enajena, Promoción y Comunicación, Comercializadora Jisar de México y Compañía Sanagora de Servicios, cuyas actas de constitución se encuentran inscritas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además están Gman Smart Business, Servicios Integrales de Mercadotecnia y Producción de Eventos SIMPE y Servicios Generales M, constituidas en Veracruz y Boca del Río.
Las facturas en poder de Animal Político revelan la coincidencia de domicilios fiscales entre algunas de éstas, como en el caso de Comercial Patrol y Promoción y Comunicación. Ambas empresas reportaron al Servicio de Administración Tributaria su ubicación en Paseo de la Niña 150 del Fraccionamiento Las Américas, en Boca del Río. La dirección corresponde a la Torre 1519, un complejo inmobiliario con oficinas corporativas en renta en las que inclusive se ubica la oficina local del SAT. Es un edificio moderno que se ubica en la mejor zona comercial de Boca del Río. En este mismo lugar operó Desarrolladores Mercalim, una de las empresas fantasma con las que desviaron recursos en 2013.
En noviembre pasado, el SAT incluyó a Mercalim, junto con las demás empresas reveladas en el reportaje de mayo pasado, en la lista definitiva de empresas inexistentes que simulan operaciones. En tanto, la empresa Promoción y Comunicación ya figura en la lista oficial de presuntas compañías no localizadas.
Fachadas Sorprendentes
En el caso de Servicios Generales M, de acuerdo con la facturación, tiene su domicilio en el número 1908-3 de la Avenida 9 de la colonia José Cardel, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Pero en ese lugar lo que en realidad existe es una estética de belleza y rizado de pestañas. Es un inmueble de dos pisos, forrados de azulejo y cajón de estacionamiento para siete vehículos.
En el Sistema de Información Empresarial de la Secretaría de Economía, la compañía Comercial Patrol aparece con una empresa de 0 a 10 empleados dedicada a la venta de materiales de construcción. Comercializadora Jisar de México figura como una compañía también de 0 a 10 empleados dedicada a la venta de equipo de cómputo.
Víctor Manuel López Gachuz: El Personaje Clave
Víctor Manuel López Gachuz es un contador público, restaurantero y socialité en Veracruz. Pero, sobre todo, es el personaje clave detrás de una red de 400 empresas fantasma, utilizada por el ex gobernador Javier Duarte para desviar recursos públicos, entramado al que está ligado ASISMEX, entidad acusada por el INE de financiar ilegalmente al PRI en la elección presidencial de 2012.
La red de empresas fantasma que se revela en esta nueva investigación es muy diferente en estructura y operación a la que actualmente investiga la Procuraduría General de la República (PGR) y por la que está encarcelado Javier Duarte. Esta red está formada en realidad por 400 empresas, de las cuales 57 empresas obtuvieron contratos públicos por 3 mil 617 millones de pesos.
La información, sacada de cientos de actas de varios Registros Públicos del Comercio (RPC), revela que López Gachuz es socio y representante legal de tres compañías y dos cooperativas, en las que comparte cargos o acciones con decenas de personas ligadas con las 400 empresas de su red. Estas empresas, a su vez, se conectan con más. Este tipo de conexiones se multiplican en la red de 400 empresas, según constataron los reporteros en el cotejo de cientos de actas.
En la revisión documental también se determinó que sólo 57 de las 400 empresas obtuvieron contratos del gobierno de Veracruz entre 2010 y 2016. De las 57 empresas con contratos, 30 han sido boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como inexistentes por simular operaciones mercantiles.
A nivel nacional López Gachuz es un personaje de bajo perfil, pero en Veracruz es ampliamente conocido. Nació el 2 de agosto de 1961 en la Ciudad de México y por lo menos hasta el 2008 tenía una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, uno de los más exclusivos de Boca del Río. Este contador de 56 años de edad, a quien le gusta codearse y relacionarse con la élite veracruzana, ha sido señalado por Xóchitl Tress Rodríguez, ex colaboradora de Javier Duarte, como uno de los participantes en una reunión donde se acordó la compra de una casa para ella.
Esta compra ocurrió en mayo de 2014 y se hizo en el restaurante El Azafrán, propiedad de López Gachuz. En esta operación participó Tarek Abdalá, actualmente Diputado Federal, pero funcionario en el Gobierno de Javier Duarte los primeros 4 años de su gobierno.
López Gachuz fue dueño de El Azafrán, un establecimiento de cocina española que al menos hasta antes de su cierre, por una supuesta remodelación en 2017, era uno de los más populares para comer y cenar en el puerto. Pero el negocio principal del contador público no era el restaurante, sino su despacho GLG Asesores Empresariales, que -de acuerdo con su página web- es una firma con casi 30 años de experiencia, dedicada a brindar “asesorías a empresarios en distintos ramos”.
Desde el 13 de febrero de 2017, MCCI aportó los primeros indicios de que el creador del esquema de las empresas fantasma de Veracruz era el contador López Gachuz, desde el referido despacho. En aquella fecha, MCCI publicó que el despacho LG Asesores Corporativos S.C, que dirige el contador López Gachuz, había participado en la operación del Conejobús, un proyecto de transporte emprendido por el ex gobernador de Chiapas Juan Sabines, actual cónsul en Orlando, Florida, en el que tres compañías ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012.
Conexiones y Operaciones Fraudulentas
Mauricio Bayrón González, empleado de López Gachuz, fue quien inscribió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la marca Conejobús, como apoderado legal del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla SA de CV (SITUTSA), empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Chiapas. Dentro de esta nueva red de empresas, Bayrón González tiene vínculos con otros prestanombres. Reportajes anteriores documentaron que Abastecedora Romcru SA de CV había recibido contratos por 180 millones 913 mil pesos. Sin embargo, esta investigación reveló que el monto real de asignaciones a esta empresa alcanzó más del doble, al sumar 456 millones 798 mil pesos.
A su vez, Bárcenas Luna es socio de la empresa BARCELU SA DE CV en donde una de las representantes legales es Fabiola Jacqueline Mundo González. Otro de los vínculos se da desde otra de las ramas de la misma red: Francisco Fernández Sánchez es comisario de vigilancia en la empresa INDUSTRIAS FRAPIN donde la segunda accionista es Griselda Sae Blanco. Esta mujer es a su vez accionista en la empresa SEGURISIGUENPRE S.A. DE C.V.
Jacqueline Terrón, como todos los nombres descritos, es otra falsa empresaria prestanombres. A Jacqueline Terrón la llevó Gachuz y Tarek al restaurante El Azafrán para que firmara un traspaso de dinero de una de las empresas donde era socia y apoderada (Grupo Comercial Terrami) a Xochitl Tress (entonces novia de Javier Duarte) y pudiera con ese dinero comprar una casa.
¿Entonces, qué hay realmente en la calle Carlos Cruz número 169? En ese lugar, donde debió existir una gran empresa o al menos oficinas con algún tipo de infraestructura y equipo de trabajo que mostrara el poderío de una empresa con contratos millonarios, únicamente ha existido una estética con una modesta entrada de no más de 1 metro y 50 centímetros de ancho. Una desgastada lona amarrada a un barandal cercano ha servido para anunciar el negocio: “Estética Unisex D´Flor”.
“La verdad nunca ha habido ninguna empresa”, confirmó Flor Urgiel Gertrudis, la encargada de la estética. “Un tiempo estuvieron trayendo recibos a nombre de esa compañía, pero pues pensamos que no eran para aquí. Mi hermana me dijo que vinieron a preguntar, que vino gente de televisión, pero hasta ahí”. Dijo que personal de Hacienda los visitó para constatar que ahí estuvo Abastecedora Romcru, pero no recordó la fecha. “¿A poco? ¡Nos hubieran dado un poquito para mínimo arreglar! Ni al caso”, dijo entre risas, incrédula, cuando escuchó que una empresa que utilizó la dirección de la estética recibió más de 400 millones de pesos en contratos.
El primer contrato a Romcru se otorgó al mes siguiente de haber sido constituida. Romcru tuvo una oferta de servicios tan variada que, en algún momento, la Secretaría de Gobierno firmó un contrato con ella por 11.6 millones de pesos para capacitación del personal en 212 oficinas del Registro Civil. Además, también vendió materiales de construcción por 80 millones de pesos distribuidos en 14 contratos a la misma dependencia.
La Búsqueda Infructuosa de las Empresas Fantasma
Para esta nueva investigación se visitaron 13 direcciones de empresas establecidas en la Ciudad de México, además de 18 domicilios en el estado de Veracruz, 5 de ellos en Xalapa, en donde deberían estar ubicadas más de 150 empresas de la red. Pero en ninguno de estos lugares se pudo encontrar a empresas en operación.
En el caso de las direcciones en la Ciudad de México, entre las que hay incluso una oficina dentro del World Trade Center y otras más en Polanco, corresponden en realidad a “oficinas virtuales”, que son espacios que se rentan para albergar la dirección fiscal de múltiples compañías, pero sin que realmente tengan operación alguna en el sitio. Entre esas empresas está Anunsa SA de CV y Vybebien Inmobiliaria Sa de CV, cuya dirección fiscal es una oficina virtual del piso 33 de WTC. Tras confirmar lo anterior en 2017, el equipo de reporteros volvió en febrero pasado a dicho edificio y al tratar de entrar se les indicó que por petición de “una empresa” ya no tenían acceso a ninguno de los pisos.
En el reportaje publicado por Animal Político en mayo de 2016 se había documentado que su dirección estaba en la calle Santo Domingo 639, colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz. Entre los pagos reportados vía transparencia por las dependencias antes mencionadas, destacan 10 cuya descripción apareció como “medios”. Lo mismo ocurrió con la empresa Publi Zarey -reportada como fantasma en las listas del SAT el 25 de julio de 2017-, la cual recibió más de 9 millones de pesos bajo el mismo concepto. En el caso de la empresa Desarrolladores Mercalim SA de CV, la Secretaría de Fianzas reporto ocho contratos firmados el 31 de diciembre de 2014, para “pago de facturas a medios de comunicación” por 39 millones 535 mil pesos.
La última empresa de la red que reportó pagos por difusión de actividades gubernamentales en medios de comunicación fue Logística Comercial Comerlogi SA de CV. Aunque no fue reportada por el SAT como inexistente, el domicilio de Comerlogi está ubicado en la calle Heroísmo 735-1. Colonia Miguel Hidalgo, en Veracruz. En esta no hay zonas con naves industriales, solo casas y terrenos baldíos.
Las empresas Rinoxa SA de CV, Cymaned SA de CV y Comergut SA de CV, las tres declaradas por el SAT como inexistentes, recibieron contratos que juntos rebasan los 68 millones de pesos. Su trabajo no fue cosa menor; por el contrario, se encargaron “revisiones, análisis y diagnósticos” en 17 penales de Veracruz. No obstante, en la documentación oficial obtenida vía transparencia, no hay explicaciones sobre esos servicios. Esta empresa registró como domicilio fiscal el número 1335 de la calle Cervantes y Padilla, en el Puerto de Veracruz. Pero en este lugar no existe alguna compañía o un despacho. No. En la esquina de la calle Cervantes y Padilla número 1335, en la colonia Virgilio Uribe, sólo está la tienda de abarrotes “Ody”.
“¿Vienen por el nombre de una empresa fantasma? Sí, ya vinieron de México, hasta la PGR vino a levantar aquí un acta el año pasado (…) Vienen de Hacienda a cada rato para saber si está aquí esa empresa, pero esta tienda tiene más de 20 años. Vinieron hace como seis meses y dijeron que ya no nos iban a volver a molestar, pero de Hacienda siguen viniendo”, declaró en febrero pasado la señora responsable de la tienda desde hace más de tres años.
Mientras la mayoría de las personas que fueron consultadas para esta investigación aceptaron hablar cuando se les mencionaba que sus domicilios o nombres estaban relacionados con el esquema de empresas fantasma ligado a López Gachuz y Javier Duarte, hubo algunos otros que se negaron a declarar.