A lo largo de la historia mexicana, diversos gobiernos buscaron que una parte de los beneficios de la producción petrolera se quedara en el país, principalmente mediante la vía del gravamen. Desde el periodo presidencial de Francisco I. Madero, se dieron pasos significativos para lograr este objetivo ante la creciente presencia de compañías extranjeras.
Con el afán de hacerse de recursos, en 1912 el propio Madero estableció un impuesto de 20 centavos por tonelada de petróleo extraído. Esta medida desató los ataques de las petroleras instaladas en el país y no todas lo pagaron. Asimismo, Madero intentó conformar un registro del valor económico y las propiedades de dichas compañías, lo que igualmente se topó con la oposición de las petroleras y los reclamos de los gobiernos de sus países.
La presión de las compañías extranjeras y el gobierno estadounidense
El gobierno de los Estados Unidos, presionado por los intereses empresariales, manifestó su descontento ante las políticas de recaudación mexicanas. En comunicados diplomáticos de la época se expresaba:
"Las empresas petroleras norteamericanas de la región de Tampico, presentan pruebas indudables de que están siendo gravadas con impuestos casi insoportables. El gobierno de los Estados Unidos se ve obligado a insistir en que cese inmediatamente esta persecución que prácticamente equivale a la confiscación."
Las compañías extranjeras se negaron a aceptar el impuesto decretado por Madero, quien finalmente no insistió más, logrando solo que éstas constituyeran un frente común contra su gobierno, el cual se encontraba debilitado. Esta fragmentación política facilitó, en su momento, que dichas empresas tomaran partido por el cuartelazo que realizaría el general Victoriano Huerta, bajo los auspicios del embajador estadounidense Henry Lane Wilson.
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Propuestas de regulación y control en el gobierno huertista
Ya en el gobierno huertista, continuaron las propuestas para tener mayor control sobre las petroleras extranjeras. El autor de una de las propuestas más ambiciosas fue el diputado por Chiapas Querido Moheno, quien planteaba la nacionalización del petróleo. En ese contexto, a inicios de noviembre de 1913, el secretario de Fomento, Leopoldo Rebollar, confirmó que en el gobierno se había considerado seriamente la iniciativa de Moheno.
Además, el diputado Luis Zubiría y Campa presentó una iniciativa en el Congreso que buscaba pedir a la Secretaría de Fomento un informe detallado de las concesiones en la materia, así como formar una comisión para dictaminar la validez legal de dichas concesiones y estudiar las condiciones jurídicas de la industria. A estos intentos de control se sumó la propuesta del ministro alemán en México, Paul von Hintze, quien sugería organizar una compañía semejante a la de Ferrocarriles Nacionales, manteniendo el gobierno mexicano el 51 por ciento de las acciones.
Evolución de la política fiscal petrolera (1911-1938)
La relación entre la producción petrolera y la economía nacional fue transformándose conforme el país buscaba pasar de un auge exportador a una integración del mercado interno:
- 1911: Inicio de la vocación exportadora del petróleo mexicano, controlada en 90% por empresas extranjeras.
- 1912: Madero establece el primer impuesto de 20 centavos por tonelada.
- 1915: La Comisión Técnica del Petróleo formula un proyecto de ley para exentar de impuestos al petróleo consumido dentro de la República.
- 1921: Se establece un impuesto a la exportación, fortaleciendo la preferencia por el consumo interno.
- 1929-1932: Se implementan nuevos impuestos a la importación y subsidios para industrias de transformación, aviación y transporte.
Para la segunda mitad de la década de 1920, la industria petrolera entró en declive en términos de producción mundial, pero el mercado interno comenzó a crecer. En este sentido, la política de los gobiernos posrevolucionarios desarrolló una serie de estímulos para la promoción de este mercado, otorgando tratamiento tributario preferencial a aquellas ramas de la actividad económica ligadas al consumo nacional, mientras que se elevaron los impuestos a renglones fundamentales del sector exportador como la minería y el petróleo.
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