Autoridades federales informaron el aseguramiento de 62 mil litros de diésel de procedencia ilegal durante un operativo estratégico en las inmediaciones de Nogales, Sonora, una de las rutas más utilizadas para el trasiego de huachicol en la frontera norte de México. El hallazgo ocurrió cuando elementos de seguridad detectaron un tractocamión Kenworth blanco que remolcaba dos cisternas con dirección a la zona urbana de Nogales. El comportamiento del conductor motivó su revisión en un punto de control previamente establecido. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que este decomiso forma parte de una estrategia intensificada contra el robo y tráfico de hidrocarburos, conocido comúnmente como huachicol, considerado una de las principales fuentes de financiamiento para grupos delictivos. La operación cerró una vía relevante de suministro para la distribución ilegal de combustibles, lo que representa un golpe a las redes que operan en la zona. Las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen del diésel asegurado y la posible participación de redes organizadas de contrabando de hidrocarburos.
¿Qué es el Huachicol Fiscal?
El tráfico ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México, también conocido como “huachicol fiscal”, se ha convertido en una red estructurada que involucra complicidades, permisos legales y omisiones de autoridades. Este delito ha evolucionado con logística compleja y respaldo financiero. El huachicol fiscal se refiere al contrabando de hidrocarburos que entra a México por vías legales aparentes, pero con irregularidades. A diferencia del robo de ductos, esta modalidad se realiza con el uso de empresas fachada, contratos legales y redes logísticas completas, que incluyen barcos, trenes, pipas, tanques y gasolineras.
Sergio Reynoso, representante de Canacintra ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, explicó: "Utilizan empresas fachada o tratan, por ejemplo, si alguien ya está importando hidrocarburo, de sobornar a algún empleado para que, dentro de esa importación, meta parte del hidrocarburo ilegal".
Modus Operandi: ¿Cómo Entra el Combustible Ilegal a México?
La operación se disfraza de legalidad desde la frontera. El combustible se adquiere en Estados Unidos con permisos reales. Posteriormente, se transporta por mar o tierra y se mezcla con combustible legal, lo cual dificulta su rastreo. La logística es financiada por empresas que aparentan ser formales y utilizan infraestructura visible como barcos, pipas y terminales.
Las complicidades con personal de aduanas y autoridades de seguridad fronteriza son parte esencial del esquema. De acuerdo con expertos, existen registros de permisos, operaciones bancarias y movimientos logísticos, pero no se investigan. Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que el fenómeno persiste por la falta de consecuencias legales.
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Añadió que esta nueva forma de huachicoleo “es mucho más sofisticada respecto a, simple y sencillamente, perforar un ducto y sustraer el hidrocarburo”, ya que requiere una red organizada, recursos financieros, y sobre todo “complicidad corrupta en aduanas y con las autoridades que controlan la seguridad fronteriza”.
¿Quién Está Detrás de Esta Red?
Las investigaciones apuntan a una mezcla de empresas privadas, tanto mexicanas como estadounidenses, y funcionarios públicos. Algunos actores operan con apariencia de legalidad, mientras que otros participan como facilitadores dentro de instituciones. Las empresas fachada sirven como intermediarias para contratar transportes, adquirir permisos y operar cuentas bancarias. Aunque se cuenta con datos sobre permisos de importación, rentas de infraestructura y movimientos financieros, no existen acciones sistemáticas para seguir la pista de estas operaciones.
Impacto y Consecuencias del Huachicol Fiscal
El impacto es doble: afecta la economía formal al generar competencia desleal y debilita los esfuerzos de seguridad energética en México. Las pérdidas para el gobierno mexicano ascienden a miles de millones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a programas sociales, infraestructura y otros sectores prioritarios. Además, este fenómeno afecta a la industria energética nacional, particularmente a Pemex, que enfrenta una competencia desleal por parte de los traficantes de combustible.
Resurgimiento en Estados Fronterizos
El problema del huachicol fiscal ha revelado la existencia de una red ilegal de tráfico de diésel. Según datos de Pemex, las entidades más afectadas son Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, donde las tomas clandestinas han vuelto a incrementarse de manera significativa, revirtiendo la tendencia a la baja que se había registrado desde 2020. Para finales de 2024, los datos reflejaron un nuevo incremento en las tomas clandestinas, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades y la industria energética.
De acuerdo con datos recopilados por El Imparcial, el porcentaje de aumento en tomas clandestinas es el siguiente:
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| Estado | Aumento Porcentual de Tomas Clandestinas |
|---|---|
| Tamaulipas | 240% |
| Baja California | 150% |
| Nuevo León | 426% |
| Coahuila | 418% |
| Chihuahua | 156% |
Casos Relevantes e Investigaciones en Curso
Este fenómeno se ha intensificado tras la reciente incautación del megabuque Challenge Procyon, que transportaba millones de litros de diésel ilegal provenientes de Texas. Este caso ha puesto en evidencia una compleja red de tráfico de combustibles que involucra a aduanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), empresas privadas y autoridades portuarias.
En el marco de estas operaciones ilícitas, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra la naviera Marinsa, subsidiaria de Grupo Cemza, señalada por presunto lavado de miles de millones de pesos y su participación en la comercialización ilegal de combustibles, ya que esta empresa estaría vinculada a una red más amplia que opera en los mares del norte de México, facilitando el tráfico de hidrocarburos a gran escala.
Las investigaciones iniciaron debido a que se capturó el buque Go Canopus el 23 de mayo de 2020, operado por Marinsa, con 450 mil litros de combustible ilegal y se encontró un contrato por 231 millones de pesos con Felipa Obrador Olán, prima del expresidente AMLO, en sociedad con Marinsa, lo que generó debates públicos y políticos. Un exsuperintendente de Seguridad Estratégica de Pemex, supo que “parte de los barriles ordeñados terminaban en barcos tipo tanque, supuestamente para su venta en Centroamérica, aunque también hubo operaciones para ‘lavar’ el combustible y reintroducirlo al país como si fuera importado legalmente”.
Acciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha asegurado alrededor de 50 millones de litros de diésel que se ha intentado introducir de manera ilegal al país en los últimos cinco meses por medio de trenes, barcos o pipas, señaló el titular de esa institución, Rafael Marín Mollinedo. Un cálculo no oficial, basado en los precios de esta mercancía, fija el valor de 50 millones de litros en el equivalente a mil 308 millones de pesos.
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El funcionario relató que desde su llegada como director general de la ANAM se ha intensificado la vigilancia sobre los hidrocarburos que se importan. Precisó que usando las más de 14 mil cámaras del Centro Electrónico de Procesamiento de Datos Aduanero se ha identificado que los hidrocarburos ilegales pasaban por ferrocarriles, barcos y camiones cisterna. Apuntó que los mayores decomisos se han realizado en Tampico, Laredo y Matamoros, en el estado de Tamaulipas, así como en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Marín Mollinedo explicó que la ANAM ha dado un mayor seguimiento a todos los pedimentos que se intentan importar a territorio mexicano, pues si bien el llamado huachicol fiscal se introducía bajo la fracción arancelaria de aditivos para aceite y combustible, ahora los responsables de estas mercancías traen el combustible como si fueran productos químicos. Comentó que ya se han integrado carpetas de investigación, aunque tampoco aclaró cuántos casos existen. La incautación más importante se realizó en Saltillo, Coahuila, donde fueron decomisados 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburo. “El último decomiso que se hizo fue porque pasaron 129 carrotanques en un tren, pero habían declarado el 10 % de los combustibles”, explicó Marín Mollinedo, quien detalló que cada carro transportaba en realidad 120.000 litros y solo declararon 10.000 en los pedimentos aduanales.
Complicidad y Corrupción en Aduanas
En la red de huachicol fiscal, operada desde la Marina por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, los verificadores en las aduanas de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada jugaron un papel fundamental para el ingreso ilegal de combustible al país mediante buquetanques. Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), estos funcionarios eran los responsables de tomar muestras a las mercancías que llegaban a los muelles y verificar que la documentación estuviera en regla, pero hacían caso omiso a lo que ingresaba y salía de dichos puertos del país.
Al menos un capitán de la Marina y seis verificadores del grupo de los sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, denominado Los Primos, estableció un modus operandi para falsear muestras e información de los navíos con huachicol fiscal que descargaban sin pagar los impuestos correspondientes. Al arribo de cada buque que reportaba aditivo para aceite como carga, se tomaban muestras de la sustancia con equipo especial que se enviaban al laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas para su análisis, que confirmaban que supuestamente llevaba el “aceite”, pero en realidad era diésel.
De acuerdo con la indagatoria, en la aduana de Tampico los verificadores a cargo del exsubdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico, capitán Sergio Varela Morales, presentaban frascos con diferentes sustancias para soportar que los buques cargados con millones de litros de huachicol fiscal transportaban aceites o aditivos. “Al grado de tener preparado un frasco con otra sustancia”, reflejando el nivel de planeación y la complicidad entre mandos y operadores de las mencionada aduana, señala la indagatoria.
Varela Morales es señalado junto con Antonio Campos Vera, primer maestre y verificador de mercancías; Leonardo Macías Valdivia, verificador, entre otros, de ganar dinero por “hacer caso omiso a lo que ven y saben… siendo los más sordos y ciegos en este asunto”. En su declaración ante el Ministerio Público del caso, el testigo colaborador de la FGR con el indicativo Santo, quien fue director de la aduana de Tampico, aseguró que entregó 50 mil pesos al capitán Sergio Varela Morales, requerido por la justicia federal, que le mandaba de gratificación el capitán Miguel Ángel Solano, alias Sol, por cada uno de los 14 buques que arribaron a Tampico entre abril de 2024 y enero de 2025. Su función era realizar la inspección y muestro de la carga de los buques, contando para ello con un equipo especial denominado Géminis.
Asimismo, el testigo reveló que dio 40 mil pesos, enviados de gratificación por el capitán Sol, a uno de los principales implicados en la red de corrupción de Los Primos, a dos verificadores de nombre Lic. Ricaño y Lic. Anatalia, “quienes se encargaban de realizar las muestras de las mercancías que trasladaban los buques, barcos y contenedores, vía férrea, cotejar que las fracciones arancelarias estuvieran establecidas en el pedimento y que el muestreo lo realizan con un equipo especial denominado Géminis”.
La investigación refiere que el primer maestre Antonio Campos Vera pudo haber contribuido a la red de marinos y agentes aduanales que permitieron el ingreso y salida de hidrocarburos de manera ilegal, así como el tráfico de drogas a territorio nacional, con sus conocimientos técnicos y logísticos sobre equipos y control de seguridad en la Agencia Nacional de Aduanas de México. En tanto que Leonardo Macías Valdivia es acusado de permitir el paso de hidrocarburo ilegal y hacer caso omiso de las operaciones ilícitas que se llevan a cabo en las aduanas, como la de Tampico y Altamira, Tamaulipas. Ramón Eduardo Quintana Amaya y Óscar Antonio Vergara Roble, también verificadores aduanales, son señalados de participar en la red de huachicol fiscal en la aduana de Guaymas, Sonora, donde se aseguró el buque Torm Agnes que descargó 2 millones de litros de huachicol.
Según el testimonio del testigo colaborador Santo, las muestras que se tomaban a los buquetanques eran enviadas al laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para su análisis y en el tiempo que estuvo como director de la aduana de Tampico, siempre resultaban negativas a diésel o gasolina. Indicó que hasta marzo de 2025 se pudo comprobar que el producto que transportaban los buquetanques que llegaban a Tampico no era aceite, sino derivado de combustible, por lo que entendió que la red de corrupción de los hermanos Farías Laguna tenía controlado el laboratorio de la Agencia Nacional de Aduanas.
“Los verificadores aduanales son los encargados de permitir el paso de hidrocarburo ilegal y hacer caso omiso de las operaciones ilícitas que se llevan a cabo en las aduanas, siendo ellos los que presentan frascos con diferentes sustancias para soportar su dicho de que se transportan aceites, cuando en realidad se trata de hidrocarburos, lo que refleja el nivel de planeación y la complicidad que existe entre mandos y operadores”, indica la FGR. Actualmente están detenidos y vinculados a proceso los verificadores de mercancías de la aduana de Tampico, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia J. Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, acusados de recibir dinero por ser omisos a las inspecciones y muestras de los buques. Como jefa del Departamento de Operaciones, Perla Elizabeth Castro Sánchez se encargaba de remitir las muestras al laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México y de revisar los documentos o pedimentos de los barcos que arriban al puerto de Tampico.
La Necesidad de una Reforma Aduanera
En paralelo a los operativos contra el contrabando, el sector aduanal promueve una reforma integral que fortalezca la institucionalidad, la eficiencia y la seguridad en las fronteras. Durante la inauguración del 85 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, Marín Mollinedo subrayó que la ANAM ha definido tres líneas prioritarias: “El combate frontal al contrabando y al comercio ilícito, la modernización tecnológica de procesos y el fortalecimiento de capacidades humanas mediante una estrategia nacional de profesionalización”. El presidente de CAAAREM, Miguel Cos Nesbitt, reafirmó la disposición del gremio y sostuvo que “los agentes aduanales somos pieza clave para el desarrollo económico y la seguridad jurídica del país”. Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, advirtió que México no puede aspirar a ser una potencia exportadora con instituciones débiles y fronteras vulnerables. “Un país no puede aspirar a ser potencia exportadora con fronteras porosas e instituciones débiles, por eso vemos con gran optimismo que se hable de esta nueva reforma en un marco aduanal y aduanero”, señaló.