La organización de la sociedad civil Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública por la contratación sistemática de empresas factureras durante las administraciones de los exgobernadores Egidio Torre Cantú y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, así como en los estados de Nuevo León y Coahuila.
Marlene León Fontes, directora de la organización ciudadana contra la corrupción Iniciativa Sinaloa, afirmó en entrevista para El Mañana que los actos de corrupción no deben quedar únicamente en el señalamiento de las investigaciones periodísticas. La activista consideró que los gobiernos señalados deben responder por el daño irreparable al dinero público al contratar empresas fantasmas.
El impacto financiero de la corrupción
Según los datos expuestos por León Fontes, el gobierno de Tamaulipas y cinco municipios realizaron pagos millonarios a empresas fantasma por un total de mil 342 millones de pesos. Este esquema representa la probable comisión de delitos como cohecho, peculado, utilización indebida de información y conflicto de intereses.
La denuncia se fundamenta en elementos recabados a partir de la investigación periodística titulada “Expanden factureras de Nuevo León operaciones en otros estados”, realizada por los periodistas Victoria Félix y Emmanuel Aveldaño. En total, se documentó el pago de 2 mil 252 millones de pesos a empresas fantasma en los tres estados mencionados durante el periodo de 2014 a 2019.
Detalles de la investigación y exigencias ciudadanas
La presentación de la denuncia tiene como objetivo principal evidenciar el uso de estas empresas como un modus operandi de corrupción. La organización busca que las autoridades, a través de los Sistemas Anticorrupción, investiguen, sancionen tales actos y promuevan la prevención de estas prácticas.
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León Fontes enfatizó la necesidad de justicia:
- El Sistema Estatal de Anticorrupción de Tamaulipas debe iniciar las debidas investigaciones por las denuncias exhibidas en el reportaje.
- Se debe señalar la existencia de particulares que cometieron presuntas faltas administrativas al facilitar estas contrataciones ilícitas.
- La sociedad civil exige que los responsables al interior de las administraciones rindan cuentas por el daño al erario.
Cabe destacar que, al realizar las verificaciones de domicilio fiscal de muchas de estas empresas, las autoridades únicamente encontraron un escritorio, una silla y una sola persona en su interior, lo que refuerza la teoría de que se trata de estructuras creadas exclusivamente para la evasión y el desvío de recursos públicos.
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