Descubre Cómo el Régimen Constitucional Transforma las Clases Sociales: Análisis Reveladorpost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

La importancia de este tema radica en conocer sobre el sistema económico del país, así como el fomento del crecimiento del mismo y del empleo con el fin de generar una justa distribución del ingreso y la riqueza, permitiendo el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

La Rectoría del Desarrollo Nacional y sus Fines

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

Para lograr estos objetivos, se definen características y fines específicos:

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  • Integral: al hablar de esta característica nos referimos a que no habrá importancia entre estos derechos pero siempre velará por el bienestar social.
  • Sustentable: preocupación por satisfacer las necesidades humanas para mejorar el bienestar, considerando una equidad intergeneracional en función de la magnitud y composición de recursos que deja una generación a la que le sucederá.
  • Competitividad: “conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
  • Fomento del crecimiento económico y el empleo: este fin se cumple ya que el Estado es el encargado de generar programas y acciones que generen una mejor economía y más empleo para la sociedad mexicana.
  • Justa distribución del ingreso y la riqueza: para saber de una justa distribución es necesario saber qué es el ingreso y la riqueza.

A continuación se referencian estos dos conceptos:

  • El Ingreso: es la cantidad total de dinero que recibe una persona o una familia en un período de tiempo determinado y que provienen ya sea por los ingresos derivados del trabajo; por la renta de la propiedad como los alquileres, los dividendos o ganancias del capital, y por las transferencias (prestaciones sociales, seguro de desempleo, etc.) que pueden recibir el gobierno.
  • La riqueza: consiste en el valor monetario neto de los activos que posee un individuo o una familia en un momento dado del tiempo; nos referimos a un acervo de valor como las herencia, la propiedad de inmuebles, vehículos, etc.

Otros más consideran que es deber del Estado intervenir con la finalidad de redistribuir la renta desde los que más poseen, en favor de quienes menos tienen, mediante impuestos y transferencias.

Concurrencia de los Sectores Público, Social y Privado

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

En el objetivo de este recurso en un primer momento se considera a la economía pública pero también se contempla el sector privado económico ya que para que exista esta armonía en esto es necesario que ambos sectores se rijan por un mismo objetivo y un mismo fin, así como lo señala la constitución donde debe fomentarse el crecimiento económico y el empleo así como una justa distribución del ingreso y la riqueza al considerando estos objetivos en ambos sectores nos encontramos ante un escenario de crecimiento nacional, estatal, familiar y sin dudarlo personal.

Áreas Estratégicas Reservadas para el Sector Público

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.

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No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.

La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Áreas Prioritarias para el Sector Social y Privado

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

El presente artículo contempla como área de prioridad a toda la industria lícita que genere una economía importante para el país y que apoye a la sociedad, así como a la distribución de la riqueza en la sociedad.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

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Clases Sociales y el Régimen Político-Económico

La clase social es una forma de estratificación social en la que un grupo de individuos comparte características socioeconómicas comunes que los vinculan entre sí, ya sea por su función productiva, su nivel de poder adquisitivo o su posición dentro de una burocracia u organización. La sociedad de clases se caracteriza por una división jerárquica basada principalmente en las diferencias de ingresos, riqueza y acceso a los recursos materiales.

Generalmente, para el conjunto de individuos que configura una clase existen unos intereses comunes, o una estrategia social maximizadora de su poder político y bienestar social. Las condiciones económicas que conllevan la adscripción a una u otra clase generalmente están determinadas por el nacimiento y herencia familiar.

Para Karl Marx las clases sociales pueden entenderse de dos formas, sea como: 1) grupos de individuos que se definen por una misma categorización de sus formas de relacionarse con los medios materiales de producción (particularmente la forma de obtención de sus rentas), o 2) una conciencia de clase entendida como la creencia en una comunidad de intereses entre un tipo específico de relaciones socioeconómicas.

La doctrina marxista intenta descubrir la objetividad de la existencia de las clases (clasificaciones) socialmente relevantes a través de la formación de intereses subjetivos yuxtapuestos y en contraposición a otros grupos de intereses comprendidos en forma similar. De ese enfrentamiento mediado por la historia surge la lucha de clases que es la manifestación misma del conflicto de los intereses materiales de los individuos en las relaciones sociales basadas en la explotación, engendrando nuevas clases dominantes antes mientras el desarrollo de las fuerzas productivas no sea suficiente para que la historia finalice con una clase trabajadora subalterna capaz de reemplazar a las clases dominantes existentes, y a la vez incapaz de transformarse en dominante de otra por carecer de herramientas de producción propias (como sería el caso del proletariado moderno), y así abolir toda forma de explotación.

El Estado y las Clases Dominantes

El Estado capitalista es espacio de reproducción o estructuración de relaciones de poder de clases más que condensación conservadora de las relaciones de poder y de desigualdad social.

El poder político, como relación social de dominación, se cristaliza en el Estado; pero tiene la capacidad de producirse y reproducirse en los campos económico, político, cultural e ideológico en todos los espacios y campos de las relaciones sociales. Una función básica del Estado es la organización y unificación de las clases dominantes y la dispersión y fraccionamiento de las clases dominadas.

Las clases dominantes se representan por grupos políticos que tienden a monopolizar la política, en los espacios e instancias de representación y que por el control de recursos de poder logran acrecentar o incrementar sus recursos e intereses específicos. La clase dirigente asume la dirección de poder por medio de la ideología influyente de la burguesía de esta sociedad capitalista, que hace analogía de representación social, en el sentido común de la cultura, entre sociedad capitalista y sociedad democrática.

El liberalismo privilegia la libertad y la propiedad más que la igualdad, la misma concepción es el fundamento ideológico del Neoliberalismo que enfatiza la libertad del individuo y la propiedad privada.

En la concepción del Estado social de derecho el mercado es la institución más antigua y el Estado se constituyó para ser garante del derecho. El neoliberalismo propone una economía social de mercado autorregulada por el mecanismo automático de los precios en un contexto de un Estado que se constituye en garante y protector de los mecanismos de mercado, vale decir, el Estado social de derecho.

Desafíos y Evolución de los Derechos Sociales

Se trata, ciertamente, de un fenómeno que obedece a múltiples factores. Ya desde su irrupción como categoría histórica y teórica, la suerte de los derechos sociales ha estado anclada, de hecho, a mundos en tensión como son los del mercado, el trabajo o el propio estado.

Los derechos sociales, en cambio, son el fruto de las contradicciones generadas por la evolución de dicho sistema o, más bien, de los actores sociales que el capitalismo engendra y de los intereses en torno a los cuales éstos se articulan.

De esa manera, el estado social actúa con una mano izquierda que se ocupa de la cuestión social y una mano derecha que se encarga de promover los intereses económicos privados. Pero son sobre todo aquellos grupos organizados, capaces de presionar corporativamente en las instituciones estatales, los principales beneficiarios de las políticas sociales.

Mientras más corporativo o residual el Estado social de que se trate, mayor es la tendencia de las instituciones estatales a concebir los derechos sociales como concesiones institucionales planificadas desde "arriba", según criterios tecnocráticos, y dirigidas a reducir la compleja problemática del trabajador a la del simple consumidor y la del ciudadano por la del cliente del estado social.

En ese contexto, las distintas ofensivas neoconservadoras (neoliberales y, con diversa intensidad, socialiberales), en su afán de eliminar aquellos controles políticos al mercado que, desde sus premisas, constituyen un cepo que atenaza la eficiencia, el crecimiento económico y el ejercicio de la autonomía patrimonial, acaban por desatar un escandaloso aumento de las desigualdades sociales que reduce de manera drástica la autonomía individual y colectiva de vastos sectores de la sociedad.

Así, lejos de devolver al principio de legalidad un papel central, de acuerdo a las exigencias del estado de derecho, las políticas indiscriminadas de privatización y reducción de servicios públicos, la minimización de un garantismo laboral arduamente construido a lo largo del siglo y la consiguiente desarticulación del alcance universal de las prestaciones sociales ahondan las intervenciones selectivas y clientelares. Para esta concepción, los derechos sociales tradicionales constituyen perniciosos ejemplos de derechos sin deberes y, por lo tanto, fuente de irresponsabilidad y dependencia de las personas.

El Papel de la Constitución en la Protección de Derechos Sociales

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 consignó como ley suprema los principios políticos, sociales y económicos que fueron la bandera de la Revolución. El 5 de febrero de 1917, las diferentes facciones revolucionarias que en 1910 se alzaron para dar fin a la férrea dictadura del general Porfirio Díaz dejaron por escrito en la Carta Magna los derechos de los mexicanos.

La lucha política a la que convocó Madero pronto devino en una irrupción popular, donde campesinos y obreros tomaron las armas para hacer valer sus derechos y deponer al usurpador Victoriano Huerta. Esto generó un mejor desempeño en la sociedad, ya que al saber de esto podremos identificar por qué razón un programa del estado ayuda al sector privado o viceversa y con esto se estará generando un equilibrio económico en toda la sociedad.

Es necesario que en un país existan políticas públicas que contribuyan al desarrollo económico, ya que así se genera una libertad de inversión y competitividad así como los mecanismos que contemple el Estado. A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Plan Nacional de Desarrollo y su Impacto en las Clases Sociales

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 establece acciones clave para el ámbito económico que buscan beneficiar a la sociedad mexicana en su conjunto:

Acciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024
Detonar el crecimiento
Mantener finanzas sanas
No más incrementos impositivos
Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada
Rescate del sector energético
Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Creación del Banco del Bienestar
Construcción de caminos rurales
Cobertura de Internet para todo el país
Proyectos regionales
Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles» en Santa Lucía
Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Ciencia y tecnología
El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

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