La insolvencia en Costa Rica es la situación legal de una persona física o jurídica que no puede cumplir con sus obligaciones de pago por carecer de bienes o liquidez suficientes. Es un mecanismo legal diseñado para dar una salida ordenada a situaciones de crisis financiera grave. A diferencia de lo que muchas personas creen, declararse insolvente no es un acto de mala fe ni implica consecuencias penales automáticas.
El proceso de insolvencia está regulado por el Código de Comercio y permite que el deudor declare formalmente su estado ante los tribunales, lo que activa un procedimiento de liquidación ordenada de sus bienes o, en algunos casos, un convenio de pago con los acreedores. Al igual que las empresas pueden acogerse a la quiebra, las personas físicas pueden acudir al Juzgado Concursal a solicitar que se les califique en estado de insolvencia. La experta comentó que cada caso se maneja de manera específica porque además la insolvencia no implica que el deudor no tenga nunca que pagar la deuda. “Queda congelada, solo que no sigue acumulando intereses, independientemente de lo que sea”, recalcó. popularmente la insolvencia es como hacerse invisible ante la sociedad.
La Nueva Ley Concursal (Nº 21.436): Hacia un Sistema Moderno
La reciente implementación de la Ley Concursal ha transformado el panorama legal. Recordó que con la reforma de la Ley Concursal los casos se enfrentan a nuevos procedimientos porque antes se regían por el Código Procesal Civil. San José, 14 de abril del 2021. Con el objetivo de proteger y facilitar los procesos a los que se someten las personas y empresas en riesgo de quiebra, esta mañana el presidente de la República, Carlos Alvarado, rubricó la Ley Concursal de Costa Rica (Nº 21.436).
La normativa ordena y moderniza el sistema concursal con reglas claras para equilibrar los intereses y derechos de deudores en crisis y sus acreedores. Establece un único proceso que simplifica trámites, reduce tiempos y costos para los usuarios. Con su implementación, el país aumentaría su competitividad, seguridad jurídica y atractivo económico a nivel internacional.
Con esta regulación se propicia un clima mejorado de competitividad empresarial, que brinda mayor seguridad jurídica para la atención de las crisis de los deudores privados, con sistemas claros, costos reducidos y herramientas modernas que permitirán rescatar actividades empresariales, mejorar la valoración de bienes y administración de activos, así como liquidaciones expeditas y recuperaciones de créditos en condiciones razonables. “En un momento donde la actividad económica busca recuperarse tras las afectaciones ocasionadas, como consecuencia de la pandemia por la Covid-19 y donde desde el Gobierno de la República hemos venido y seguimos impulsando diversas medidas que contribuyan a la reactivación de la economía, la Ley Concursal constituye una poderosa herramienta de ayuda al sector privado, al tiempo que colabora en la modernización del Poder Judicial en el tratamiento de un tema tan importante”, manifestó el presidente Carlos Alvarado.
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La construcción de esta ley ha contado con el liderazgo del Poder Judicial y el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; el Colegiado de Abogados de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia y otros órganos consultores nacionales e internacionales. “Es una ley que tiene por finalidad determinar y ejecutar soluciones justas y funcionales a las crisis patrimoniales de deudores privados, que se vean impedidos del normal cumplimiento de sus obligaciones; viene a llenar un vacío de legislación específico, estableciendo el marco para procedimientos por medio de soluciones justas y funcionales de acuerdo con las crisis patrimoniales que viven los deudores, sin dejar de lado los derechos de los acreedores”, comentó por su parte la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar. Para la implementación de la ley, se dispone un plazo de seis meses posterior a la publicación.
Novedades de la Ley Nº 21.436
Como parte de las novedades que incorpora esta normativa se incluyen:
- El establecimiento de un único proceso concursal para todo tipo de deudores privados, el cual elimina procesos civiles de insolvencia, de administración y reorganización con intervención judicial, de convenio preventivo y de quiebra.
- Incorporación de la resolución alterna de conflictos (RAC) en materia concursal, de modo tal que los interesados puedan llegar a acuerdos para la resolución de sus controversias.
- Faculta la creación de tribunales especializados en materia concursal y autoriza a la Corte Suprema de Justicia para establecer los tribunales especializados necesarios para la tramitación de estos procesos.
La ley habilita a los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Justicia y Gracia, para autorizar y regular Centros de Resolución Alterna de Conflictos (RAC), como un instrumento adicional para procurar la paz social y económica, aún ante un conflicto de naturaleza concursal, pero también impulsa la simplificación de trámites, el uso de mecanismos tecnológicos, reduciendo tiempo y costos para los usuarios.
Requisitos para la Declaratoria de Insolvencia de Personas Físicas
Para que una persona física pueda acogerse a este proceso, debe cumplir con ciertas condiciones. Las condiciones para solicitar la insolvencia son que la persona tenga más de dos procesos en cobro judicial a los que no puede hacer frente y dar constancia de que no tiene ingresos para pagar. Para declararse insolvente en Costa Rica, se debe poder demostrar que el total de bienes que tiene el deudor no le alcanzan para pagar sus deudas.
Es fundamental buscar asesoría profesional en estos casos. Un abogado especializado puede evaluar si la insolvencia es la mejor opción en su caso o si existen alternativas más convenientes. Normalmente, los abogados en Costa Rica les recomiendan a las personas que no tienen liquidez para pagar sus deudas, que se declaren insolventes.
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Implicaciones y Consecuencias del Proceso Concursal
Declararse insolvente conlleva una serie de consecuencias importantes que deben ser consideradas cuidadosamente. Esto por un lado frena el cobro de las deudas, pero por el otro tiene implicaciones importantes para los beneficiarios que muchas veces no son consideradas a la hora de recurrir a esta vía. “El proceso tiene una serie de implicaciones y consecuencias, no es que no voy a pagar y ya”, advirtió Stephanie Portuguez, asesora legal de la Defensoría de Apoyo al Deudor (Defade).
El proceso tiene implicaciones importantes: puede afectar el historial crediticio, generar restricciones para ejercer ciertos cargos y requerir la entrega de bienes para pago de deudas. Entre otras cosas, la persona no podría sacar créditos durante los próximos 10 años en ningún lado, ya sea banco, cooperativa o tienda de almacenes de electrodomésticos. Adicionalmente los juzgados dictan el impedimento de salida del país a quien es calificado en estado de insolvencia, hasta que la persona haga frente a sus deudas. La lógica es que una persona que no tiene dinero para pagar a sus acreedores tampoco gozaría de un ingreso para viajar, aunque se han dado casos excepcionales por razones médicas y que son costeadas por algún familiar. “La excepción se aplica solo para casos de emergencia”, dijo.
Otra consecuencia es que la persona se queda sin bienes, es decir, si tiene casa o carro, estos entran a ser parte del proceso concursal y tienen que rematarse para con esa plata pagar a los acreedores. Para Portuguez hay más implicaciones para las personas físicas que para las jurídicas cuando caen en un impago porque en las segundas no hay consecuencias directas sobre los socios, sino que recaen sobre el patrimonio de la empresa. “Uno podría pensar que debería haber consecuencias para los accionistas, que son los que reciben el lucro, no hacia el representante legal”, manifestó.
Beneficios y la Posibilidad de Rehabilitación
A pesar de las implicaciones, la insolvencia también puede ofrecer una salida a situaciones de endeudamiento severo. Entre las ventajas está el hecho de que todos los intereses de las deudas se anulan y el pago de estas se fijará conforme a la liquidez del deudor, para que pueda subsistir y tenga oportunidad de recuperarse. Finalizado totalmente el proceso de quiebra, existe la posibilidad de la rehabilitación de la parte quebrada.
Aspectos Procesales Generales
Durante el proceso de insolvencia, diferentes actores juegan roles clave. La persona o parte curadora, bajo su responsabilidad, deberá informar al juzgado acerca de la procedencia o improcedencia de los créditos presentados. Mientras la parte acreedora no compruebe su calidad como tal en forma satisfactoria, no se dará curso a su legalización, ni a gestión suya, ni tendrá voz ni voto, ni le será acordado dividendo alguno. En los últimos dos años, Costa Rica ha recibido el doble del promedio normal en procesos de casos insolventes.
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El problema de la insolvencia en Costa Rica y en cualquier otro lugar del mundo está en la liquidez de las personas, pues cuando empiezan a gastar más dinero de lo que perciben, llegan a endeudarse. Dichas deudas se van acumulando con el tiempo, pues además de no tener educación financiera, piden préstamos para pagarlas.