España grava a todas las personas físicas que realizan actividades en el país. La tributación de esas personas depende de si son residentes o no residentes. Los residentes españoles tributan por todas sus actividades de renta, independientemente de su procedencia. En general, los no residentes están sujetos a un tipo impositivo único del 24%, independientemente de sus ingresos totales. España tiene un impuesto sobre la renta de las personas físicas progresivo que se basa en la renta imponible total que una persona recibe en un año.
España grava tanto a las empresas residentes como a las no residentes. Las empresas residentes tributan por su renta mundial. A efectos fiscales, una empresa se considera residente en España si se ha constituido con arreglo a las leyes del país, tiene su domicilio social o su sede de dirección efectiva en el país. España tiene un tipo fijo del impuesto de sociedades del 25%. Salvo algunas excepciones, las empresas pueden deducirse los gastos de contabilidad. España permite diferentes incentivos y deducciones fiscales.
Los impuestos sobre el valor añadido, más conocidos como impuestos sobre el IVA, son una forma común de impuesto sobre el consumo. Todas las empresas que importen bienes al país, los tengan en un almacén español para su reventa, instalen y presten servicios durante más de 12 meses y vendan bienes desde el país a otros países de la UE deben pagar un impuesto sobre el IVA. España tiene tres tipos impositivos diferentes para el IVA, así como algunas situaciones en las que no se aplica. El impuesto estándar del IVA en España es del 21%. Algunos bienes y servicios, como los servicios de restauración y hostelería y el transporte de pasajeros, pueden acogerse a un tipo reducido del 10%. El tipo impositivo normal del IVA para el Impuesto General Indirecto Canario es del 7%.
España tiene un impuesto sobre las plusvalías que funciona según una escala móvil basada en la ganancia total. El tipo es del 19% para los primeros 5.999,99 euros, del 21% para las ganancias entre 6.000 y 49.999,99 euros, y del 23% para cualquier cantidad a partir de 50.000 euros.
La Ley Antifraude (Ley 11/2021)
Cada año, aumenta el número de inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria o AEAT. Por ejemplo, en 2022, las acciones de ejecución de la AEAT aumentaron un 7.6 %. Si bien la mayoría de estas inspecciones se centraron en la economía sumergida y en los datos fiscales de grandes patrimonios o empresas, este incremento refleja las medidas de lucha contra el fraude de la AEAT. El 9 de julio de 2021 se promulgó la Ley 11/2021, conocida como «ley antifraude», con el fin de regular las prácticas fraudulentas, incluida la contabilidad «extracontable», a menudo vinculada a los pagos en efectivo. La Ley 11/2021, comúnmente conocida como «ley antifraude», es una norma que introdujo varios cambios en la Ley General Tributaria. Además, esta ley pretende dotar de los recursos necesarios a tres instituciones clave: los Tribunales Económico-Administrativos, la Dirección General de Tributos y la AEAT.
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Si bien la mayoría de los cambios estuvieron relacionados con los impuestos, la ley también introdujo otras medidas y se centra en tres pilares clave:
- Alinear la legislación española con las reglas europeas de elusión fiscal
- Ajustar la normativa para crear un sistema fiscal más justo
- Implementar medidas de control del fraude más activas y eficaces
Medidas Clave de la Ley Antifraude
La lista de objetivos de la ley antifraude es extensa y ambiciosa. Estas son las medidas que introduce la ley para lograr sus objetivos:
- Limitación del uso de efectivo: la AEAT tiene como objetivo reducir significativamente el uso del efectivo en España para disminuir el fraude asociado a los pagos en efectivo. En la última sección de este artículo, encontrarás todos los cambios introducidos por la ley antifraude en relación con los pagos en efectivo.
- Aplicación de sanciones más disuasorias: la Administración Tributaria española reconoce que algunas sanciones impuestas antes de la ley antifraude carecían del efecto disuasorio esperado. Por este motivo, una de las medidas de la Ley 11/2021 incrementa los montos de determinadas multas. Para garantizar que las sanciones sirvan como elemento disuasorio eficaz, la AEAT las aplicará con estricto rigor. Las infracciones más graves pueden clasificarse como faltas graves.
- Ampliación de la definición de «paraíso fiscal»: antes de la ley antifraude, algunos países, aunque no se consideraban oficialmente paraísos fiscales, carecían de transparencia y equidad fiscal. La ley antifraude amplía la definición de paraísos fiscales, refiriéndose ahora a ellos como «jurisdicciones no cooperativas». Por ejemplo, ahora incluye lugares en todo el mundo donde se pueden establecer empresas que generan ganancias significativas a pesar de no tener una actividad económica real, así como países con impuestos inexistentes o extremadamente bajos.
- Implementación de cambios en el Impuesto sobre los ingresos de los particulares (IRPF): la ley antifraude obliga a la transparencia fiscal internacional a evitar que las empresas puedan evadir impuestos en España realizando operaciones en otros países.
- Definición de lo que se considera «legal» para el software de facturación electrónica: antes de la aprobación de la Ley 11/2021, algunas empresas utilizaban un software contable que les permitía llevar una doble contabilidad, lo que comprometía significativamente la transparencia de sus finanzas. Sin embargo, la ley antifraude busca eliminar este tipo de software al considerarlo ilegal.
Entrada en Vigor
La ley antifraude entró en vigor en julio de 2021, aunque algunas secciones y disposiciones complementarias no entraron en vigor hasta enero de 2022 (por ejemplo, la valoración de bienes inmuebles basada en el registro de la propiedad).
Impacto en la Facturación Electrónica
A continuación se detallan los requisitos que marca la ley antifraude para calificar el software de facturación como legal, junto con las nuevas medidas que introduce en materia de facturación electrónica.
Requisitos para un Software de Facturación Electrónica Legal
La Ley de Creación y Crecimiento obliga a las empresas y los trabajadores independientes dados de alta en España a emitir facturas electrónicas. Sin embargo, antes de seleccionar su software de facturación, deben asegurarse de que cumple con los requisitos que marca la ley antifraude para ser considerado legal:
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- El software debe contar con la funcionalidad de reenviar continuamente información fiscal, específicamente registros de facturas, a través del sistema VERI*FACTU. La transmisión de estos documentos debe ser segura y automatizada, sin necesidad de intervención manual.
- Cada vez que un cliente compra un producto o contrata un servicio, el software debe generar un registro de factura. Este registro nunca debe crearse después de la transacción; debe generarse simultáneamente o justo antes de que se produzca la transacción.
- Los datos confidenciales no relacionados con asuntos financieros deben mantenerse separados de la información pertinente para los impuestos. De este modo, se garantiza que la AEAT pueda revisar de forma directa, rápida y sencilla los datos pertinentes para el ámbito fiscal.
- Todos los registros de facturación deben estar vinculados en una secuencia que muestre claramente cuándo se creó el primer registro y la fecha en que se generó el último.
- Un registro automático debe registrar todas las acciones que ocurren en el sistema, incluidos los inicios de sesión y las actualizaciones de software.
- El software debe garantizar la integridad de los registros de facturación, asegurando que los datos ya registrados no puedan ser alterados o manipulados. Una vez que los datos se introducen en el software, deben protegerse.
Prohibiciones Relacionadas con la Facturación Electrónica
De acuerdo con la ley antifraude, las empresas y los trabajadores independientes en España tienen prohibido realizar las siguientes acciones:
- Utilizar software que permita el mantenimiento de la contabilidad extracontable. Los programas de doble contabilidad están específicamente dirigidos por la Ley 11/2021.
- Modificar la información de las facturas.
- Incluir en el registro de facturación cualquier transacción que no se haya producido efectivamente.
- No incluir en el registro las facturas, ya sea omitidas parcial o totalmente.
- Utilizar soluciones de facturación electrónica que no estén debidamente certificadas. El simple hecho de poseer tales soluciones, incluso si no se utilizan activamente, podría considerarse un delito punible.
La ley antifraude prohíbe a las empresas que comercializan este tipo de soluciones de software lo siguiente:
- Vender software no certificado
- Exceder el plazo de julio de 2025 para adaptar su software a los requisitos de la Ley 11/2021
Impacto en los Pagos en Efectivo
Para promover la facturación electrónica y garantizar que las empresas cumplan con los requisitos de la UE, la ley antifraude introduce una medida que afecta directamente a los pagos en efectivo.
España tiene una larga tradición en el uso de efectivo. Según Funcas, el centro de análisis de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, el 61 % de los pagos en España se siguen realizando en efectivo a noviembre de 2023.
La antecesora de la ley antifraude, la Ley 7/2012, establecía un límite máximo de €2500 para los pagos en efectivo, lo que ya daba resultados positivos en la lucha contra el fraude. La ley antifraude lleva esta medida un paso más allá al reducir el límite de pago en efectivo a €1000 (o su equivalente en otras monedas). Es importante tener en cuenta que este límite se aplica solo si una de las partes involucradas es un profesional o una empresa.
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