La agencia contra el lavado de dinero de México anunció que acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Esta sería la primera acusación legal formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción durante su gobierno de 2012-2018. La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la Unidad de Inteligencia Financiera no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad, Pablo Gómez, dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es para acusarlo todavía de lavado de dinero, porque su gobierno no va a fabricar delitos. López Obrador destacó que lo importante es informar si existe esto, porque quien va a resolver si hay delito es el juez, en una primera instancia, el ministerio público.
Detalles sobre las operaciones financieras
Gómez aseguró que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente. Asimismo, agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un pariente, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 1.300 millones de dólares después de dejar el cargo. El mandatario precisó que se tiene información de operaciones que el expresidente llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió desde 2019 a la fecha de manera directa y eso requirió una investigación sobre el origen de ese dinero.
Postura del gobierno frente a la corrupción
López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción el asunto principal de su gobierno, pero no había actuado contra ninguno de sus predecesores. El mandatario declaró: "No queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No, nos importa acabar con la corrupción y la impunidad". Al ser cuestionado sobre si esto incluye al expresidente, respondió: "Claro, no proteger a nadie".
El presidente aclaró que su gobierno no le apuesta al circo y pidió actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, manteniendo al mismo tiempo la transparencia. Señaló que toda información vinculada con personas políticamente expuestas debe ser analizada y de inmediato entregada a la Fiscalía. Finalmente, el presidente sentenció que, si hay elementos que concluyan un delito, se debe comenzar el proceso judicial, reafirmando que no dará instrucciones para proteger a ningún político.
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