El 7 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal una nueva acusación por el delito de peculado en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos federales destinados a programas de salud durante su administración estatal. Esta imputación se sumó a los antecedentes penales que el exmandatario enfrentó desde su extradición en 2017 y se produjo a pocos meses de la fecha proyectada para que obtuviera su libertad, prevista para abril de 2026.
Detalles de la nueva acusación por peculado
De acuerdo con autoridades federales, la Fiscalía requirió y obtuvo previamente la autorización del Gobierno de Guatemala para formular nuevos cargos contra Duarte de Ochoa, debido a que ese país concedió su extradición original solo por delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que obligó a gestionar una ampliación para imputar ahora peculado. La nueva causa penal se relacionó con recursos federales etiquetados para el sector salud en Veracruz que, una vez transferidos al estado, presuntamente fueron canalizados a cuentas distintas a las previstas y movidos a una cuenta concentradora ajena a su destino original.
Autoridades ministeriales señalaron que se trató de la primera acusación formal por peculado en el ámbito federal contra el exgobernador, distinta a los delitos que motivaron su extradición. Según información ministerial, el monto directamente vinculado a esta primera acusación ronda los 10 millones de pesos de origen federal, etiquetados para programas de salud en Veracruz. No obstante, datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apuntan a que, durante la administración de Duarte de Ochoa, el presunto desfalco de recursos federales en la entidad superó los 62 mil millones de pesos, mediante un esquema sistemático de desvíos y uso irregular de fondos.
Testimonios y esquemas de corrupción
En la integración del nuevo expediente tuvo un papel central el testimonio del ex tesorero de Veracruz, Tarek Abdalá Saad, quien obtuvo un criterio de oportunidad ante la Fiscalía y se convirtió en testigo colaborador. Abdalá Saad declaró que los desvíos de recursos federales constituyeron una práctica recurrente durante el sexenio de Duarte de Ochoa y que el esquema de triangulación con empresas fantasma habría permitido destinar dinero público a rubros diferentes a los autorizados, así como al beneficio directo del exgobernador. De acuerdo con sus declaraciones, parte de los recursos investigados se usaron para pagar ropa, comidas, bienes inmuebles y otros gastos que no guardaban relación con programas de salud.
La Fiscalía informó que la acusación presentada por peculado es solo el primer caso de una serie de procesos que se encuentran en fase avanzada de judicialización contra la administración veracruzana que encabezó Duarte de Ochoa. Fuentes ministeriales indicaron que existen cerca de cien carpetas de investigación abiertas por presuntos malos manejos de recursos federales en Veracruz, con denuncias de particulares y de organismos como la Auditoría Superior de la Federación, la extinta Secretaría de la Función Pública y el órgano local de fiscalización.
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Situación jurídica y estatus de reclusión
En paralelo a esta nueva imputación, Duarte de Ochoa permaneció recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión, impuesta por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, después de que se declaró culpable en 2018. El 21 de noviembre de 2025, una jueza federal negó al exgobernador el beneficio de la libertad anticipada, por lo que se mantuvo la fecha de abril de 2026 como término de la pena originalmente fija.
El pasado 17 de febrero de 2026, un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, ahora por el delito de peculado, relacionado con el desvío de cinco millones de pesos de recursos federales. Con este nuevo revés judicial, la libertad de Javier Duarte, programada para abril de este año, se aleja cada vez más. La defensa de Duarte de Ochoa cuestionó la nueva acusación al sostener que el movimiento de los recursos federales hacia una cuenta concentradora pudo ser irregular desde el punto de vista administrativo, pero no constituiría un delito si no se demuestra beneficio personal.
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