Uno de los políticos más poderosos del siglo en Colombia, el expresidente derechista Álvaro Uribe, sostiene desde hace 13 años una batalla legal contra Iván Cepeda, el senador de izquierda que se propuso llevarlo ante los estrados judiciales por sus presuntos vínculos con paramilitares.
El popular exmandatario de 73 años está a horas de conocer este lunes el veredicto de una jueza sobre un caso de manipulación de testigos que destapó Cepeda, su piedra en el zapato desde 2012.
Tras 13 años de una batalla judicial feroz, la justicia condenó este lunes a un expresidente colombiano en un proceso penal por primera vez en la historia. Estas son las fechas clave del proceso en el que Uribe, que defiende su inocencia, está imputado por soborno y fraude procesal:
La Batalla Legal entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda
La confrontación judicial entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda ha sido un pilar en el panorama político colombiano por más de una década. A continuación, se presenta una cronología de los eventos más significativos de este proceso:
| Año | Evento Clave |
|---|---|
| 2012 | Iván Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Uribe denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos. |
| 2018 | La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y, por el contrario, abre una pesquisa contra Uribe por presunta manipulación de testigos. Uribe renuncia a su curul en el Senado, y la Corte Suprema intercepta su teléfono por error. |
| 2019 | Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. Se revela un audio de Diego Cadena, abogado de Uribe, explicando una estrategia para cambiar versiones de testigos. |
| 2020 | El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y puesto en detención domiciliaria, siendo reseñado como el preso #1087985 de Colombia. Renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la fiscalía. |
| 2025 | Álvaro Uribe es condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal por la jueza Sandra Heredia en un veredicto histórico. |
En 2012, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos luego de que el senador acusara al exmandatario de tener vínculos con el paramilitarismo, responsable de miles de muertes de civiles durante el conflicto armado. La denuncia fue un bumerán para Uribe. En 2018, la Corte no solo determinó que no había indicios de delito por parte de Cepeda, sino que ordenó investigar al expresidente por enviar a emisarios para que manipularan a testigos a su favor y en contra del senador. El caso pasó a la justicia ordinaria en 2020 y, cinco años después, Uribe fue condenado por la jueza Sandra Heredia en un veredicto histórico para Colombia.
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Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj. A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.
La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario. Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba. Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está «muy preocupado y angustiado».
La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: «proceda, doctor Diego». El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.
El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente «secuestrado». Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia. Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El expresidente Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, podría enfrentar hasta 9 años de cárcel.
Reflexiones de Iván Cepeda sobre la Condena
Iván Cepeda Castro, víctima y testigo en el proceso, pasa el día atendiendo entrevistas y preparándose para la apelación de la defensa. "Todavía no me ha dado tiempo reflexionar sobre lo que pasó ayer", confiesa el político izquierdista de 63 años. Estoy contento y satisfecho hasta cierto punto de lo logrado, pero también muy tranquilo, sin dejar que esto se me suba a la cabeza. Intento no sobredimensionar las cosas para tener un raciocinio muy claro de lo que está pasando.
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La defensa de Uribe apelará y puede llevar el caso a la Corte Suprema. Todavía hay mucho terreno de acción jurídica, pero llegamos a un punto difícil de revertir. No desde el punto de vista jurídico, pero sí el ético y político. La condena de un juez es algo que no se borra así haya una apelación que prospere. Uribe ha sido puesto en evidencia, todavía en un plano externo, en una acción para encubrir otras. Estamos a un nivel superficial, aunque muy grave, de su actuación. Esto abre la posibilidad a otros avances que puedan desentrañar lo que él quiso encubrir. Queda claro que estructuró un aparato para mentir a la justicia.
Se condenó a Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, pero no por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Esa fue la denuncia original de Cepeda contra el expresidente. Ayer propuso un ejercicio distinto en vez de seguir por este camino tortuoso y difícil. Ahora, tenemos toda la paciencia, las pruebas y los datos para seguir por el otro camino (el judicial).
Uribe nos acusa de ser guerrilleros y terroristas, pero eso son afirmaciones genéricas. Si nos lleva a ese terreno, tendremos que decirle quién es él. Nosotros sí tenemos pruebas. Él elige el camino. La condena se está usando en medio de un debate electoral y el uribismo, que gira en torno a un caudillo, siente que todo entra en un plano de inseguridad cuando él está atravesando por una situación como esta.
Uribe sigue insistiendo en que es inocente y que esto es una persecución política. Parte de la derecha apoya esa postura y pone en duda la independencia judicial. En el caso de Uribe, eso ya no convence. Se ha vuelto repetitivo y ha dejado de tener fuerza para una parte muy importante tanto de su público político como del país. Él se quejó en los alegatos que había perdido popularidad y que esto le estaba costando políticamente.
Pienso que esto alentará a muchos jueces y fiscales a que vean el buen ejemplo de la jueza Heredia, otros jueces y fiscales que han actuado en este proceso y también las víctimas. Esto pone a Uribe en un plano muy incómodo porque mañana lo podrían interpelar directamente, habiendo una condena de fraude procesal sobre otros delitos mucho más graves. Se ha abierto una vía, realmente.
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La derecha ya se está preguntando si otros líderes guerrilleros, de izquierda, serán investigados. En la práctica es una pregunta un poco sofística, falsa. Los jefes guerrilleros, los que no murieron en combate o fuera de combate, todos han pasado por la cárcel y, si no han pasado, pronto tendrán que afrontar la justicia. El presidente Petro, exguerrillero, estuvo en la cárcel, donde fue torturado.
En una decisión de más de 200 páginas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda Castro por las conductas punibles de abuso a la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio en calidad de determinador. Lo anterior por supuestamente entrevistarse, en septiembre del 2011, con unos internos de las cárceles de Itagüí y Combita con el fin de acusar a Álvaro Uribe Vélez de participar en la comisión de varios delitos junto con grupos paramilitares.
Así mismo, el alto tribunal solicitó al magistrado ponente de la investigación que se tramita en contra del expresidente, por una supuesta manipulación de testigos, rendir informe a la Sala Penal acerca del estado en que se encuentra dicha actuación.
Manuel Cepeda Vargas: Vida, Asesinato y Verdad Judicial
El senador Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en 1994. El senador pertenecía y lideraba la Unión Patriótica (UP), una coalición de oposición que fue perseguida por grupos paramilitares y fuerzas dentro del Estado. Asimismo, ejercía como líder de la Dirección Nacional del Partido Comunista. También fue perseguido por sus publicaciones en el periódico Voz.
Manuel Cepeda Vargas nació en Armenia, pero sus padres -su papá comerciante y su mamá fotógrafa- se instalaron en la «Ciudad Blanca» en los años cuarenta del siglo pasado, allí terminó el bachillerato y se graduó como abogado en la Universidad del Cauca. En diciembre de 1958 este último fue elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, de manera que su traslado hacia Bogotá fue inminente tras el encargo de fortalecer la Juventud Comunista Colombiana (JUCO).
Manuel Cepeda y Yira Castro -una estudiante de bachillerato- se conocieron al final de un día de febrero de 1959. Ella tenía 17, él 29. Fue un amor rebelde. Los padres de Iván eran considerados unos apóstatas. Los Cepeda Castro lo confirmaron un par de días después de su casamiento, luego de que Yira fue detenida y llevada a los calabozos del DAS.
Iván Cepeda Castro nació amenazado. Luego creció acosado. No había cumplido ni un año y al apartamento en el que vivían en el barrio San Antonio, en pleno centro de Bogotá, comenzaron a llegar en las madrugadas, militares y agentes policiales vestidos de civil a allanar el lugar, sin orden alguna. Al pequeño Iván los allanamientos le espantaban el sueño, pero no la tranquilidad.
Manuel Cepeda cubrió ese hecho como periodista y escribió en Voz de la Democracia un reportaje que lo llevó de nuevo a la cárcel. Fue el propio presidente Valencia, iracundo por lo escrito, quien dio el visto bueno del arresto y emitió la orden de suspender la licencia de funcionamiento de ese periódico, que más tarde pasaría a llamarse Voz Proletaria. Mientras a Manuel lo recluyeron en la cárcel La Modelo, a Yira la enviaron al Buen Pastor, pero la dejaron en libertad a los pocos días, ya que estaba por dar a luz a María, su segunda hija. Entonces -por primera vez- Iván, de dos años, conoció la cárcel.
Iván ha vivido bajo persecución toda su vida. En 1967, a sus cinco años, supo de su primer destierro ante el mandato perentorio por parte de miembros del Estado de asesinar a Manuel Cepeda. En Praga vivieron cerca de tres años. A su regreso en 1970, luego de que el partido les pidió estar en Colombia, no hubo sitio en el que vivieran donde su casa no fuera levantada con furia por los militares en inspecciones ilegales. Y es que Yira también comenzó a ser perseguida por su afilada pluma, sus crónicas en terreno, sus ensayos del marxismo-leninismo y sus sesudos trabajos en el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y en las escuelas de los cuadros del Partido Comunista.
Meses antes de que lo mataran, Manuel Cepeda Vargas denunció sin tapujos a sus verdugos. Lo hizo en octubre de 1993 en un debate parlamentario en el que se escucharon más sustantivos que adjetivos. Su intervención fue un rosario de verdades. Manuel demostró que en 1988, en la Escuela Militar de Cadetes, instruían a los estudiantes con un manual de muerte que llevaba por título Conozcamos nuestro Enemigo. A voz en cuello advirtió que los generales Rodolfo Herrera Luna, Ramón Emilio Gil Bermúdez y Harold Bedoya Pizarro estaban detrás del diseño del plan Golpe de gracia, una operación de «limpieza» en la que Manuel Cepeda Vargas, había sido señalado como objetivo militar.
El Asesinato y la Condena al Estado Colombiano
La niña se pegó el tiro en la cara. Aquel fatídico accidente fue la pista para dar con uno de los asesinos de Manuel Cepeda Vargas, padre del hoy candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Era 1996 y los investigadores del caso mandaron a cotejar las balas que se incrustaron en la cabeza del senador el martes 9 de agosto de 1994 con el arma usada por la niña. No hubo duda: era la misma pistola Walther PKK.
Quince años después del crimen, las investigaciones establecieron que el plan Golpe de gracia resultó de una actuación coordinada entre militares y paramilitares. El coronel Rodolfo Herrera Luna, uno de los generales a los que Manuel denunció en el Congreso, fue señalado como determinador del magnicidio, según los testimonios de miembros de la Novena Brigada. Por su parte, Carlos Castaño Gil confesó públicamente haber ordenado el asesinato. La inteligencia militar del Estado fue la encargada de realizar los seguimientos previos.
Lo hicieron entregando información sobre dónde vivía el recién posesionado senador. Registraron sus desplazamientos diarios, sus horarios y la estructura de su escueto esquema de seguridad. Del otro lado, Carlos Castaño Gil le entregó siete millones de pesos a su lugarteniente Víctor Alcides Giraldo, alias Tocayo, con el objeto de coordinar en Medellín el robo del Renault 9 Brio, color blanco, en el que se movilizarían los matones a sueldo. En esa ciudad también le encargó contratar a los sicarios profesionales Edison Jiménez, alias El Ñato y a Fabio Usme, alias Candelillo, junto al encargo de llevarlos hasta Bogotá.
En el libro Mi confesión, Castaño Gil relató que él mismo se trasladó a la capital y que estuvo a pocos metros del lugar en el que los asesinos ejecutaron el plan. Ese martes 9 de agosto de 1994, el sargento del ejército Hernando Medina Camacho y el exagente de la Policía Nacional, Pionono Franco Bedoya, hicieron el primer seguimiento en una motocicleta. Mientras tanto, a la altura del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, los sicarios Edison Jiménez y Fabio Usme, junto al sargento Justo Gil Zúñiga Labrador, esperaron en el Renault blanco a que pasara el viejo Mitsubishi en el que se movilizaba el senador de la Unión Patriótica.
Los hechos del caso no fueron investigados de forma diligente, efectiva ni completa por las autoridades colombianas y no se sancionaron a todos los responsables. La Corte Interamericana, al conocer del caso, encontró responsable al Estado colombiano, entre otras, por la violación del derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos del señor Cepeda Vargas.
Según se logró determinar en las investigaciones, en el asesinato “participaron, al menos, dos sargentos del Ejército Nacional de Colombia, quienes fueron condenados por los hechos”. Los suboficiales fueron condenados como autores materiales del asesinato a 43 años de prisión. Los condenados obtuvieron la disminución de la pena a 26 años, 10 meses y 15 días. Finalmente, se les concedió la libertad condicional debido a beneficios otorgados en el cumplimiento de la pena.
La Corte señaló que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) protege los elementos esenciales de la democracia. Así, por ejemplo, protege “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho”. En este sentido, en el artículo 23 la CADH consagra la protección de los derechos políticos, que supone que los titulares del mismo tengan una verdadera oportunidad de ejercerlos. Asimismo, la Corte señaló que la Convención en su artículo 16 protege el derecho de asociarse con fines políticos.
En el análisis del caso concreto, la Corte indicó que era claro que el móvil del asesinato de Manuel Cepeda Vargas “fue su militancia política de oposición, que ejercía como dirigente de la UP y del PCC, en sus actividades parlamentarias como Senador de la República, y en sus publicaciones como comunicador social”. En este sentido, para la Corte el asesinato de un “oponente por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios en que se fundamenta el Estado de Derecho y vulnera directamente el régimen democrático.
Asimismo, la Corte indicó que Cepeda desarrolló sus actividades en un clima de amenazas y hostigamientos constantes. En este sentido, señaló que el Estado colombiano no generó las condiciones necesarias ni garantizó adecuadamente que Cepeda pudiera ejercer su cargo e impulsar, en ejercicio de su libertad de expresión, la visión ideológica que representaba. En consecuencia, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano, entre otras, por la violación del derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos del señor Cepeda Vargas.
La Formación Política de Iván Cepeda
Iván creció escuchando La Internacional. Esas estrofas eran la banda sonora de su casa y de los mítines políticos a los que lo llevaban sus papás. Sus recuerdos también quedaron marcados por los castigos que los profesores le aplicaban a los alumnos con regla y Biblia en mano. La respuesta de Iván fue contumaz, no era el mejor de la clase, pero obtenía buenas notas en las asignaturas que le gustaban.
Un mes antes de cumplir once años, ocurrió un hecho determinante que marcó su senda ideológica. En la tercera semana de septiembre de 1973 el mundo supo que militares de la dictadura chilena torturaron y asesinaron con alevosía -44 balazos le pegaron- a Victor Jara. Su conciencia política despertó precozmente en ese momento. A partir de allí, dedicó su etapa de rebeldía a realizar una suerte de trabajo de base en los colegios y en los movimientos juveniles que nacían a mediados de los setenta en Kennedy.
Tenía catorce años cuando cayó preso por primera vez. Sucedió a las afueras de un colegio mientras repartía los ejemplares gratuitos de Voz Proletaria. Los Cepeda Castro coleccionaban piedras. De todos los destinos que visitaban se llevaban una para la casa. En una de las tantas redadas, los agentes del DAS, en lugar de encontrar pistolas y metralletas, hallaron aquella colección sideral. Además de las piedras, lo otro que jamás dejaban sus padres en aquellas mudanzas forzadas eran sus libros y sus propios escritos. Esa fue su fortuna y esa sería la herencia para Iván.
Un par de meses después de la muerte de su madre, en 1981, Iván Cepeda se formó en el exilio. Salió huyendo. Era mejor la seguridad que la confianza. Obligado, llegó a Bulgaria y la elección formativa que tomó fue una suerte de contradicción de su propia crianza. Sus padres evitaron la Iglesia como se evita el veneno. Iván, en cambio, tal vez movido por la necesidad de entender el enigma de las religiones, se inscribió en Filosofía y Teología, la carrera que estudian la mayoría de curas y monjas.
En algunos escenarios, Iván Cepeda ha dicho que no cree «en la idea de un Dios omnipotente y omnipresente», pero que la filosofía -y tal vez la teología- apareció en su formación como un paradigma para resolver sus inquietudes fundamentales sobre la existencia. El bloque soviético se hacía moronas como el pan viejo y en Sofía, Iván participó en las marchas y discusiones universitarias en las que se criticaba la imposición del régimen de Todor Zhivkov, líder del Partido Comunista.
Iván fue consciente del debilitamiento y agotamiento de aquel proyecto anacrónico. Según lo ha relatado en varias entrevistas, dejó atrás el socialismo -y mucho más lejos al comunismo- para pasar a un progresismo democrático en el que lo público debía conversar con lo privado.
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