El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A lo largo de los años, lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. No obstante, al analizar el compromiso de las naciones, es cuanto menos curioso que el mismo Estado que constantemente pregona los derechos de los individuos y se ufana de ser su máximo protector, sea, al mismo tiempo, uno con tan poco compromiso e interés en el efectivo cumplimiento de estos internacionalmente.
Esta situación se evidencia particularmente en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). A día de hoy, 196 países han sancionado la Convención, convirtiéndola en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia. Sin embargo, hay un solo país que no ha completado este proceso: Estados Unidos. A pesar de que Washington firmó la CDN en 1995, durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, el país nunca cumplió con la obligación de ratificar el tratado a través de su Congreso.
Principales tratados y convenciones sin ratificar
El excepcionalismo americano, definido por la postura ideológica de considerarse una nación que no debe regirse por los parámetros de otros Estados, ha llevado a que el país mantenga una posición aislada respecto a múltiples instrumentos internacionales. A continuación, se detallan algunos de los tratados más relevantes que Estados Unidos no ha ratificado o donde su compromiso es limitado:
- Convención sobre los Derechos del Niño: Tratado que protege a todos los menores de 18 años.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: Comparte esta falta de ratificación con países como Afganistán.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Mecanismo de garantía para las relaciones económicas, sociales y culturales.
- Estatuto de Roma: Que consolidó la Corte Penal Internacional (CPI) para enjuiciar crímenes de guerra, genocidios y lesa humanidad.
- Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares: Pacto que impide las pruebas de armas nucleares.
- Protocolo de Kioto y Convenio de Estocolmo: Instrumentos centrales en la lucha contra el cambio climático y la regulación de contaminantes.
- Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Estados Unidos ha ratificado una fracción mínima de los convenios sobre libertad sindical y condiciones laborales.
Razones de la resistencia y el impacto legal
Los grupos que se resisten a la ratificación, principalmente alineados con el Partido Republicano, consideran que suscribir legalmente estos tratados podría llevar a interferencias en áreas como la autoridad parental y la soberanía nacional. Según la ONG Parental Rights, la convención de los derechos del niño le da demasiado poder al Estado, haciendo que los padres pierdan su derecho a ser padres. Asimismo, los sectores conservadores temen que ratificar tratados afecte la soberanía del país al permitir que una convención internacional tenga influencia sobre las leyes internas.
El impacto de esta decisión es significativo. Los defensores de la CDN sostienen que la falta de ratificación deja a Estados Unidos en una posición única y aislada a nivel mundial. HRW realizó una evaluación de las leyes en los 50 Estados del país y concluyó que ni uno solo tiene leyes que cumplan con los estándares de la convención. Por lo tanto, todos los días, los niños en EE.UU. están viviendo con menos protección legal de la que tendrían si el país ratificara el tratado.
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Además, Estados Unidos declaró, el 7 de octubre de 1985, no acatar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Del mismo modo, no reconoce el Estatuto de Roma que consolidó la Corte Penal Internacional. A partir del 6 de mayo de 2002, Estados Unidos declaró su falta de obligación para con dicho tratado debido a que este tribunal podría enjuiciar a ciudadanos estadounidenses. Esta trayectoria de omisiones confirma una "doble moral" jurídica, donde el país evita someterse a los mismos estándares de justicia internacional que exige a otras naciones.
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