A tres meses del enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros ocurrido en Palmarito Tochapan, una localidad del estado de Puebla, un militar está detenido por una posible ejecución extrajudicial, un presunto líder delictivo permanece prófugo y, a pesar de los operativos de fuerzas de seguridad, el robo de combustible en la entidad persiste. En este texto presentamos las claves del caso, reflejo de la expansión de un delito que afecta la infraestructura y las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como de las dificultades con las que las autoridades se topan para enfrentarlo.
El Enfrentamiento en Palmarito Tochapan: Versión Oficial y Consecuencias
Según las autoridades federales y locales, el enfrentamiento comenzó cuando integrantes de la Policía Militar que el 3 de mayo patrullaban la zona conocida como “triángulo rojo” recibieron un reporte que alertaba de una toma clandestina en el poliducto Minatitlán-México. Este conducto cruza el municipio de Quecholac, al que pertenece la comunidad de Palmarito.
De acuerdo con esta versión, los soldados fueron recibidos a balazos de presuntos huachicoleros que se protegían con mujeres y niños. Entonces, los elementos castrenses respondieron a la agresión y el tiroteo terminó con un saldo de 10 personas muertas: seis civiles -entre ellos una mujer y un menor- y cuatro militares.
La Contradicción: El Video y las Acusaciones de Ejecución Extrajudicial
El 10 de mayo, una semana después del enfrentamiento, el medio local Cambio difundió un video que puso en duda la versión oficial. La grabación muestra las calles de la localidad y a un soldado apuntando y disparando en contra de un civil desarmado, lo que generó señalamientos en el sentido de que el Ejército realizó al menos una ejecución extrajudicial.
A raíz de esto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar abrieron investigaciones sobre los uniformados que participaron en el patrullaje dentro del municipio de Quecholac.
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Proceso Judicial del Sargento José y las Declaraciones de las Autoridades
Un mes después, la PGR ubicó al militar que presuntamente cometió la ejecución extrajudicial. El hombre ha sido identificado como el sargento José y es acusado del delito de homicidio calificado en contra del civil Raúl Jiménez Martínez.
Primera Instancia: La Liberación y las Justificaciones del Juez
El soldado fue consignado ante el juez de control Luis Jiménez, del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, quien el 7 de junio determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que era necesario dejarlo en libertad. Según la versión que entonces difundió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juzgador concluyó que el video no podía ser tomado como una prueba válida porque no tenía una fuente identificada, además de que, el día de los hechos, el militar se encontraba en un “estado de alerta máxima” y en un “ambiente de guerra” que explicaban sus acciones.
La PGR apeló esta resolución, bajo el argumento de que el propio imputado reconoció que estaba en el lugar de los hechos el día del enfrentamiento y de que el juez de control no había tomado en cuenta la versión de cuatro testigos.
Apelación y Vinculación a Proceso: Un Reves para la Versión Inicial
El 30 de junio, el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, Esteban Santos Velázquez, resolvió a favor de la procuraduría y revocó el fallo original. Sus conclusiones, con las que el sargento José quedó vinculado a proceso, fueron que el primer juzgador actuó con parcialidad al ignorar testimonios y un dictamen de medicina forense. Este último documento establece que la causa de la muerte del civil en cuestión fue el impacto de una bala disparada a una distancia de entre uno y 60 centímetros.
A la par de que el abogado del soldado, Alejandro Robledo, busca echar atrás el auto de vinculación por la vía de un amparo, se ha dado a conocer que cuatro militares que inicialmente testificaron contra el sargento José después decidieron retractarse. Según la versión pública del fallo del magistrado -difundida por el CJF-, los uniformados dijeron haber sido presionados por el Ministerio Público federal. En respuesta, la PGR consideró que se desdijeron por razones de “disciplina militar” o solidaridad hacia un compañero. Al final, la PGR obtuvo una victoria y el titular del Segundo Tribunal Unitario acusó al juez de control de proceder con “falta de objetividad” y con “simpatías hacia los militares”.
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Persistencia del Robo de Combustible y Otros Detenidos
Del otro lado, 14 civiles han sido detenidos por su presunta relación con el robo de combustible en esta zona de Puebla. De ellos, nueve han sido vinculados a proceso. Cuatro enfrentan acusaciones por el homicidio de cuatro soldados y los otros cinco son acusados de portación de arma de fuego y delitos contra servidores públicos.
A tres meses del enfrentamiento, el presunto líder huachicolero Antonio Martínez, El Toñín, permanece prófugo de la justicia. Según las autoridades, él fue quien ordenó emboscar a los militares el 3 de mayo. Tras el tiroteo se le han decomisado dos inmuebles, 16 vehículos y siete tractores en dos ranchos, Santa Cecilia y Santa Elena, ubicados en el kilómetro 49 de la carretera federal Puebla-Xalapa. La fiscalía de Puebla asegura que Martínez controla el robo de combustible en el poliducto Minatitlán-México y disputa la hegemonía en la zona con otro presunto líder huachicolero, identificado como El Bukanas.
La Posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos. En las escenas del video difundido se aprecia el alevoso homicidio de un elemento del Ejército, el cual merece la más enérgica condena. También se puede ver a un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido.
Los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” - en palabras del Secretario de Defensa Nacional - las acciones del Ejército. Cabe mencionar que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017.
Es necesario enfatizar que lo que muestra el video no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a los marcos de derecho internacional e incluso conforme al Manual de Uso de la Fuerza del Ejército. Por ello, hacemos un llamado a que la Procuraduría General de la República, autoridad civil responsable de la investigación, actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria.
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Finalmente, reiteramos el llamado a las y los legisladores - particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política - a una moratoria en la emisión de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década.
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