Recientemente, dos personas confesaron ante la Procuraduría General de la República haber sido contratadas por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda para simular una serie de acciones financieras entre 2016 y 2017, que incluyeron triangulaciones en paraísos fiscales y el uso de empresas fantasma para allegar 53.7 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés. Hace unas semanas, una investigación dio cuenta que la Fundación Por más Humanismo, una asociación civil creada por Anaya Cortés en Querétaro, fue utilizada para encubrir una compleja triangulación de recursos que, en un negocio inmobiliario, les dejó jugosas ganancias a empresarios cercanos al panismo queretano y a los directivos de esa fundación-fachada.
Dado a que es altamente peligroso que exista un candidato a la Presidencia de la República bajo sospecha de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, la coalición Todos por México exhorta a Ricardo Anaya Cortés a aclarar los graves señalamientos que pesan en su contra.
Demandas de Aclaración Pública
En específico, se pidió a Anaya Cortés que, ante la opinión pública, ofreciera explicaciones detalladas sobre varias cuestiones:
- Presentar pruebas que certifiquen que ya no era apoderado legal de la cuenta de Santander de la Fundación Por más Humanismo cuando ésta recibió los recursos millonarios producto de la venta del edificio. Si no era él mismo, que especificara quién era el apoderado legal de la fundación al momento de la firma de la venta del inmueble.
- Responder si en sus declaraciones patrimoniales reportó la existencia de la Fundación Por más Humanismo y, que en caso de que no lo hubiera hecho, explicara la razón de la omisión.
- Presentar el informe mediante el cual el Partido Acción Nacional reportó, ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, la existencia de la fundación y la adquisición del préstamo.
- Mostrar la declaración fiscal de la Fundación que obtuvo de los 7.8 millones de pesos producto de la venta del inmueble.
Por cuanto hace a la nave industrial, se le invitó a que:
- Exhibiera el crédito que dice que obtuvo mediante la hipoteca de su casa-habitación, así como el crédito otorgado por el propio parque industrial con los que supuestamente financió la compra. Que explicara los montos y condiciones de cada uno.
- Mostrara los estados de cuenta de sus ahorros con los que supuestamente financió parte de la adquisición del terreno, pues en sus declaraciones 3 de 3, él reportaba tener ingresos menores a 100 mil pesos.
- Explicara cómo hizo para que le rindiera tanto su salario como servidor público. Resulta inverosímil la versión de que, con sus ingresos como servidor público, pagaba viajes semanales a Atlanta, cubría la renta de su casa y las colegiaturas en esa ciudad estadounidense, y además le alcanzaba para tener un ahorro y construir una nave en un parque industrial. Las cuentas no cuadran.
- Detallara por qué no siguió los protocolos para que personas políticamente expuestas no recibieran recursos de lavado de dinero.
Finalmente, se pidió a Ricardo Anaya que explicara cuál fue su participación en los procesos mediante los cuales el gobierno de Querétaro enajenó y cambió usos de suelos de dos predios en los que posteriormente se hicieron negocios que beneficiaron a empresarios cercanos a él y familiares suyos, dado que cuando tuvieron lugar dichas operaciones Anaya era secretario particular del Gobernador de la referida entidad. Lo que la opinión pública observaba eran operaciones concertadas, utilizando el poder político para alcanzar poder económico, partiendo de un tráfico de influencias y enajenando bienes del dominio público del estado de Querétaro a particulares que son amigos de Anaya a precios inferiores a los valores del mercado. Por el bien del proceso electoral y del país, se hizo un llamado a la Procuraduría General de la República a que deslindara, sin filias ni fobias, de manera inmediata y completa, las debidas responsabilidades en este grave caso.
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Investigación y Exoneración
El 21 de febrero de 2018 la PGR confirmó públicamente la apertura de una investigación sobre Anaya por la supuesta venta fraudulenta en 2016 de una nave industrial de su propiedad a Manuel Barreiro, un empresario supuestamente vinculado al candidato. Dos abogados que habían participado en la operación, Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, denunciaron que el dinero de la compra, 54 millones de pesos (unos 2.9 millones de dólares), tenía un origen ilícito y que el propósito era canalizar fondos para cubrir gastos de campaña. Ricardo Anaya, tras acudir a la Procuraduría en febrero de 2018, rechazó las acusaciones y, en entrevista, denunció "el uso faccioso de las instituciones" para perjudicarlo. Para defenderse, el entonces candidato se distanció del empresario Manuel Barreiro, al que dijo conocer de "manera no tan directa", y citó una cláusula del contrato de venta en el que la empresa compradora afirmaba que el dinero utilizado para la operación tenía un origen legal.
El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado del delito de lavado de dinero que lo marcó durante la campaña presidencial. El expediente nunca llegó a juicio. El Ministerio Público lo archivó el 28 de noviembre, dos días antes de terminar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, por "no existir datos de pruebas suficientes", según indicó el lunes el diario Reforma, quien tuvo acceso a la investigación. El caso fue considerado por los partidarios de Anaya como una persecución política de la anterior Administración y orquestada desde la Procuraduría General de la República (PGR), hoy convertida en Fiscalía. Varios meses después, el expediente del caso concluyó que los recursos eran lícitos. "Se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario", reza el documento al que hace referencia Reforma.
Impacto en la Campaña Presidencial
El actual presidente nacional del PAN, Marko Cortés, ha asegurado que su exoneración demuestra que hubo una "perversa estrategia para atacar y desprestigiar" a Anaya, quien finalizó en segundo lugar en las elecciones con 12 millones de votos (22%). Durante la campaña, las encuestas colocaron al aspirante de Por México al Frente por detrás de Andrés Manuel López Obrador (Morena) y por delante de José Antonio Meade (PRI), el exsecretario de Hacienda de Peña Nieto, al que el estamento priísta, lastrado por una batería de casos de corrupción, supuestamente quiso favorecer con las acusaciones en contra de Anaya. Las acusaciones de corrupción, de las que ahora se sabe que fue exonerado, mancharon de sospechas a este joven abogado de 40 años que se había presentado con una agenda de regeneración. La denuncia de la PGR fue aprovechada por el resto de contendientes para arremeter contra él. El presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato de Morena, acusó a Anaya de pertenecer "a la mafia del poder" y la candidatura priísta de Meade, estancada en un tercer lugar, pidió explicaciones.
No fue el único golpe que recibió Anaya durante la campaña. Minutos antes del tercer debate presidencial en junio de 2018, se difundió un vídeo a través de YouTube en el que el hermano del empresario Manuel Barreiro prometía privilegios legales y administrativos a una empresaria argentina si ganaba el candidato. El PAN responsabilizó entonces a Peña Nieto de filtrar el vídeo como parte de una campaña de acoso y derribo. Desde que perdió las elecciones, el panista, que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia de su exoneración, ha optado por un perfil bajo.
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