Era 1993, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecían en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Algunas aparecían brutalmente violadas, asesinadas y mutiladas, otras nunca fueron encontradas. En esta ciudad también vivía un químico egipcio que más adelante fue detenido acusado de estar detrás de estos crímenes. Los aberrantes asesinatos parecían sacados del argumento de las cintas Hostel, pero esto era real. ¿Qué había detrás? Se señaló a una red de trata de mujeres, ritos satánicos, turismo sexual y hasta asesinos seriales.
Abdel Latif Sharif Sharif, conocido como “El Chacal de Ciudad Juárez”, “El Destripador” o “El Egipcio”, nació en Egipto el 19 de septiembre de 1946 y tenía doctorado en química. Fue un químico y presunto asesino serial que operó en México. Conocido mediáticamente prácticamente al inicio de los casos de "Las muertas de Juárez", su nombre tomó relevancia al ser acusado en 1995 de ser el responsable de alrededor de 20 feminicidios, aunque solo fue procesado y condenado por uno. Sharif presuntamente era un asesino organizado, nómada, hedonista motivado por compulsión sexual y depredador sexual. En entrevistas con este medio, Sharif siempre dijo que era chivo expiatorio por ser de origen extranjero y no contar con familiares que lo defendieran. El Egipcio siempre negó los cargos.
Abdel o Abdul Latif Sharif tuvo un origen musulmán y fue hijo único. Estudiaría Ingeniería Química en la Universidad del Cairo donde alcanzó un promedio de 9.9. Emigró legalmente a Estados Unidos en 1970, arribó a Nueva York, en donde empezó a trabajar. Sharif era un químico destacado, de hecho durante su estancia en libertad en México se mantuvo de las patentes en varios procesos petroquímicos que él había inventado. Durante sus 21 años de estancia en Estados Unidos, contrajo matrimonio dos veces y tuvo cinco compañeras sentimentales con las que vivió largos periodos.
Su historial en Estados Unidos incluyó problemas con la ley. Estuvo ocupado en un mismo empleo durante ocho años, cuando, en 1978, fue despedido a causa de sus problemas con el alcohol. En 1982, tras su despido, se traslada a Gainesville, Florida, en donde contrae matrimonio. Su esposa se divorcia de él, después de que este la hubiera golpeado hasta la inconsciencia. El 17 de marzo de 1983, se registra la tercera violación de Sharif. Esta vez, es condenado a 12 años de prisión en 1984. Tras pasar tan solo cinco años en prisión, sale en libertad en 1989, pero Sharif no es deportado a Egipto pese a que el juez había dictaminado que así sería. En 1993, supuestamente vuelve a violar a una mujer, su defensa es patrocinada por Benchmark Research and Technology, y en un acto de total impunidad, es dejado en libertad bajo la promesa de que nunca más volvería a pisar suelo estadounidense. Así el 14 de mayo de 1994, Abdul L. Sharif llega a Ciudad Juárez.
Primeras Acusaciones y Detenciones en Ciudad Juárez
El 3 de octubre de 1995, Abdel Latif Sharif fue denunciado por una prostituta, Blanca Estela Díaz de 19 años de edad, de haberla secuestrado durante tres días, tiempo en que la habría golpeado, violado y amenazado de muerte. Los cargos fueron desechados al comprobarse que, a diferencia de lo que ella había declarado, no presentaba señales de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua estaba siendo presionado para dar con el o los homicidas de las mujeres encontradas en Ciudad Juárez en la zona de Lote Bravo y Sharif tenía un largo expediente de abuso contra mujeres. A 20 minutos de ser liberado, es reaprehendido esta vez por la desaparición de Elizabeth Castro García, una joven de 17 años de edad, con quien supuestamente Abdul sostenía una relación sentimental.
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La hermana de Elizabeth, Eunice Castro García, había denunciado la desaparición de esta el 15 de agosto de 1995. El cadáver de una mujer que parecía corresponder al de Elizabeth fue encontrado sepultado en el desierto de Lote Bravo, pero la investigación dio un vuelco total cuando se comprobó que el cuerpo no pertenecía a Castro, -de hecho Elizabeth Castro estaba viva,- sino a otra mujer desaparecida en marzo de 1995, Silvia Rivera Salas. Sharif fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión por la muerte de Silvia Rivera. También se abrió un nuevo proceso penal que lo acusaba del asesinato de otras 17 mujeres. Durante 10 años distintas administraciones estatales señalaron a Abdel Latif Sharif como autor intelectual de los homicidios ocurridos en Ciudad Juárez de 1993 a 1999.
El único caso por el que fue sentenciado es el del presunto homicidio de la joven Elizabeth Castro García. La primera sentencia, de 30 años, le fue dictada el 11 de octubre de 1996 por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Elizabeth Castro García, en la causa 333/98. El Egipcio siempre negó los cargos. Alegó que los peritajes forenses fueron alterados, ya que el cadáver que supuestamente correspondía a la víctima pertenecía a una persona que medía 12 centímetros más que Elizabeth Castro, y siempre se le negó que los restos fueran sometidos a una prueba de ADN para comprobar su identificación. En febrero de 2003, un juez le redujo la pena de 30 a 20 años de prisión por el delito de homicidio en perjuicio de Elizabeth Castro García, quien desapareció el 14 de agosto de 1995, cuando tenía 17 años, en Ciudad Juárez. Su cuerpo fue localizado en el kilómetro 5 de la carretera Juárez-Casas Grandes, dos días después.
Continuidad de los Crímenes y Otros Sospechosos
En 1995 Latif Sharif, el Egipcio, realizó la prueba de caligrafía que demostró que su letra no era la del Diario de Richie (un texto encontrado poco antes en el que se describía cómo se había asesinado a varias mujeres en Ciudad Juárez). Y aunque el supuesto culpable estaba tras las rejas, el 15 de diciembre se encontró el cuerpo de una joven de 14 años. A partir de entonces, el goteo de víctimas fue tan intenso que, el 13 de abril de 1996, las autoridades organizaron un gran operativo en los bares del centro de la ciudad, centrado especialmente en el Joe’s Place.
Hubo unas 50 detenciones, de las que al final se quedaron en prisión preventiva sólo 15 personas. Entre ellas, estaban los integrantes de una banda callejera: Los Rebeldes, encabezada por Sergio Armendáriz, alias el Diablo. Dos días después, las autoridades anunciaban la detención de los ocho presuntos responsables de los crímenes de 17 jóvenes. Sin embargo, el 19 de abril la Comisión Estatal de los Derechos Humanos denunciaba que seis de los ocho detenidos habían sido privados ilegalmente de su libertad y que se les había obligado a firmar declaraciones alteradas. Entre octubre de 1995 y abril de 1996, tiempo en el que Sharif ya estaba preso, se registraron otros 12 feminicidios en la ciudad.
La fabricación de chivos expiatorios no concluía. Mientras las pruebas contra Sharif y Los Rebeldes eran desechadas por los jueces, otras se iban construyendo con nuevos sospechosos. En 1996, fueron detenidos cinco asesinos seriales que actuaban en grupo, se autodenominaban los Rebeldes de Ciudad Juárez, a quienes se les acusó de asesinar a 17 mujeres. Ese mismo año, otros cinco asesinos seriales que operaban en grupo, los Ruteros, Ruleteros o Choferes de Ciudad Juárez, fueron detenidos. Según las autoridades éstos asesinos habrían señalado haber contratados por Abdel Sharif para que cometieran los homicidios y así poder desviar las investigaciones. El argumento era idéntico al utilizado en el caso de Los Rebeldes.
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El 18 de marzo de 1999, Nancy Villalba González, de 13 años de edad, que había falsificado su identidad para trabajar en una maquiladora, sobrevivió a una violación e intento de asesinato por parte de un conductor de autobús, que la abandonó en un lugar donde posteriormente se descubrieron 12 cadáveres. La menor denunció a su agresor: Jesús Manuel Guardado Márquez, alias el Tolteca. La policía aseguró que éste formaba parte de una banda de violadores y asesinos de mujeres que estaban dirigidos, desde la cárcel, por Sharif. Después de haber sido identificado por Nancy, el Tolteca dio una serie de nombres de amigos y compañeros de trabajo, entre los que estaba Abdel Latif Sharif Sharif. El grupo delictivo era reconocido como Los Choferes o Los Ruteros, y se les acusó formalmente de 12 asesinatos de mujeres. Según la policía, Sharif pagaba a Los Choferes, para que asesinaran a mujeres, 1 mil 200 dólares por cada víctima.
Acusaciones de Corrupción y Encubrimiento
El 19 de abril de 1996, Sharif convocó a una rueda de prensa en el Centro de Readaptación Social (Cereso) donde estaba recluido, proclamando su inocencia y aportando datos que un informante anónimo le había comunicado. Durante los años posteriores, el Egipcio ampliaría las acusaciones contra Alejandro Máynez y su primo Melchor. Afirmaba que Alejandro estaba protegido por la policía, concretamente por su amigo Antonio Navarrete, exjefe de Homicidios de la Policía Judicial del Estado. La fuente en la que se apoyaba Sharif era un soplón de la Policía Judicial Federal, Víctor Valenzuela, que, al ver que alguien inocente iba a ser condenado por esos asesinatos, decidió ayudarle con toda la información que tenía sobre las asesinadas. Como afirmó Sharif: “Me confirmó que él sabía quién mataba a las mujeres de Juárez.”
El 18 de junio de 1999, el periódico Reforma publicaba las declaraciones de Valenzuela sobre los Máynez: “Un día, en 1992 o 1993, creo, me invitó incluso a participar en una violación, pero me negué”. Según sus declaraciones, ambos primos comenzaron a matar juntos y continuaron cada uno por su lado. “Melchor venía de El Paso, donde trabajaba, y cometía sus crímenes en Juárez y regresaba del otro lado por el puente, a pie”. Alejandro, al parecer, fue interrogado por la muerte de su amante de aquella época, y salió libre de sospechas: su expediente desapareció de los archivos de la policía.
Las declaraciones de Sharif y Valenzuela empezaron a apuntar más alto. Señalaron como implicados en los feminicidios a Francisco Minjárez, comandante del Grupo Especial Antisecuestros de la Policía Judicial de Estado; a Antonio Navarrete, responsable operativo de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, y a Francisco Molina Ruiz, exprocurador del estado de Chihuahua, senador de la República y exjefe del Instituto Nacional de Lucha contra la Droga. Según Valenzuela, los dos policías protegían y eran socios de Alejandro y Melchor Máynez en el tráfico de drogas y joyas, con el consentimiento de Francisco Molina. El soplón también aseguró que en una conversación entre los dos policías y Alejandro Máynez, éste había contado cómo mató a dos mujeres. Curiosamente, Abdel Latif Sharif fue detenido por Francisco Minjárez, que (según Valenzuela) le dijo a Alejandro Máynez que no se preocupase más, ya que, “con la detención del Egipcio, no hay problema. Todo se lo cargaremos a él”. Afirmación que se repetiría con la detención de Los Rebeldes: “Serán condenados por todos esos crímenes”. Es más, el mismo Barrio Terrazas llegó a afirmar, aunque no públicamente, una realidad intuida en Juárez: “Detrás de los asesinatos de mujeres y niñas, hay una mafia, con la que no hay que meterse.”
Víctor Valenzuela contó todo lo que sabía a Suly Ponce, fiscal especial encargada de los asesinatos de mujeres en febrero de 1999. Para Ponce, estas declaraciones no tuvieron ningún interés, y justo a la salida de las dependencias de esa Fiscalía Especial, Valenzuela fue detenido por la Policía Judicial. Lo acusaron de haber vendido droga en la calle en ese mismo instante. A pesar de que el acusado lo negó todo, fue condenado a varios meses de cárcel. Después de su salida, en 2000, nadie volvió a saber nada de él, y a pesar de la contundencia de sus declaraciones, ninguno de los policías y políticos implicados fue siquiera investigado. Tiempo después, las graves acusaciones realizadas por Valenzuela fueron confirmadas por Nahún Nájera Castro, exrepresentante de la oficina del procurador del estado para la zona Norte en Ciudad Juárez, y por Martín Salvador Arce, exoficial de la policía municipal. Según ambos, Minjárez y Navarrete encabezaban una red de protección de policías corruptos que habrían cometido numerosos asesinatos, participando además en el narcotráfico. Curiosamente, el Grupo Antisecuestros de Chihuahua de Minjárez, creado en 1993, fue acusado, desde el principio, de no investigar todos los asuntos y de favorecer la impunidad que tenían los secuestradores en la zona.
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Casos de Tortura para Confesiones
Mientras se seguían inventando culpables, los cuerpos de mujeres asesinadas continuaban apareciendo. El martes 6 de noviembre de 2001 fueron encontradas tres adolescentes, de entre 15 y 25 años, en un campo algodonero propiedad de la familia Barrio. En total, serían ocho víctimas en un mes, de las que, según declaraciones del procurador González Rascón el 9 de noviembre, cinco habían muerto por estrangulamiento. Al día siguiente, un grupo de agentes encapuchados, en un vehículo de la Policía Judicial de Chihuahua, vestidos de negro y sin insignia de la policía, detuvo de forma irregular a Víctor Javier García Uribe, el Cerrillo, que ya había sido acusado en 1999 de violación y homicidio de mujeres, y a Gustavo González Meza, la Foca.
La captura de García Uribe se había producido sin orden de aprehensión, a la fuerza; además fue retenido en un sitio clandestino de Ciudad Juárez antes de ser puesto a disposición judicial. El 11 de noviembre, González Rascón anunció que ya tenía dos culpables de los ocho homicidios recientes: el Cerillo y la Foca, dos conductores de autobús. Según el procurador, llevaban años dedicados a secuestrar y matar mujeres, después de consumir “alcohol, cocaína y marihuana”. Además, los detenidos habían confesado los crímenes y el nombre de cada una de las víctimas. El 14 de noviembre, los acusados denunciaron la tortura a la que fueron sometidos para que se declararan culpables ante José Alberto Vázquez Quintero, juez Tercero de lo Penal. A pesar de ello, fueron encarcelados.
Una semana después, Carlos Gutiérrez Casas, director del penal de Juárez, le entregó a Vázquez Quintero un informe de las lesiones por tortura que presentaron García Uribe y González Meza al ingresar en el penal. Según los acusados, los detuvieron oficiales de policía que usaban máscaras de halloween. Posteriormente, los trasladaron a una “casa de seguridad” donde fueron torturados -tenían los ojos vendados y recibían descargas eléctricas- para que se confesaran culpables de los asesinatos de las ocho mujeres. En una de las sesiones de tortura, entró una mujer que dijo ser representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les preguntó cómo los habían tratado. Al quejarse de las vejaciones sufridas, éstas continuaron. Sin embargo, uno de los acusados reconoció la voz en la televisión de esta supuesta representante de derechos humanos. Resultó ser Suly Ponce, exfiscal especial para los asesinatos de mujeres. El responsable de la detención y el maltrato de ambos detenidos había sido Alejandro Castro Valles, primer comandante de la Policía Judicial de Chihuahua.
Perfil de las Víctimas y Magnitud de los Feminicidios
Las víctimas tenían las mismas características. Eran jóvenes, en su mayoría empleadas de plantas maquiladoras o de comercios en la zona centro de Ciudad Juárez, que no contaban con vehículos para trasladarse y que tenían que viajar en camiones de pasaje urbano. Eran bonitas y jóvenes, delgadas, morenas de cabello largo, que vivían en los cinturones de miseria que rodean la ciudad y que llegaron a la frontera desde otras ciudades, atraídas por la posibilidad de encontrar trabajo de inmediato y de ayudar a sus familias. Algunas tenían los senos cercenados, otras como las ocho localizadas en el mismo sitio el año pasado, tenían el pelo cortado en la base del cráneo, unas cuantas tenían cortado un triángulo en sus órganos genitales lo que hace pensar en ritos satánicos.
El gobierno de Chihuahua admitió el asesinato de 379 mujeres en Ciudad Juárez entre 1993 y 2005, dato que fue rebatido por el Colegio de la Frontera Norte y de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación (Segob) que documentaron 422 feminicidios.
Fallecimiento de Abdel Latif Sharif
El 5 de abril de 1999 fue trasladado de Juárez al reclusorio estatal de Aquiles Serdán. Tenía 59 años, de los cuales pasó en prisión casi 11, desde que fue detenido en Ciudad Juárez, en 1995. Un comunicado de la Dirección de Ejecución de Penas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal indica que El Egipcio presentó complicaciones a consecuencia de una intensa hemorragia interna producida por una úlcera estomacal, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia en un nosocomio externo al penal estatal de Aquiles Serdán, ubicado en la capital del estado, donde purgaba una condena de 20 años de prisión. Abdel Latif Sharif falleció el 2 de junio de 2006, a la edad de 59 años, en el Centro de Rehabilitación Social de Chihuahua, por un paro cardíaco consecuente a un shock hipovolémico generado por una hemorragia intestinal crónica por una úlcera péptica. Ya desde el 2003, había sido diagnosticado con cirrosis hepática subsecuente a hepatitis C y hepatitis alcohólica, y un cuadro depresivo mayor. Fue sepultado en México, ya que no se logró localizar a ningún familiar que repatriara sus restos. No hubo ninguna ceremonia religiosa.