La corrupción es un desafío crucial para las fuerzas armadas en América Latina, como en todas las áreas de gobierno de la región. La noción de que las áreas civiles del gobierno son más corruptas que las militares a lo largo y ancho de América Latina no está respaldada por la evidencia disponible. América Latina ha sido testigo de varios escándalos de corrupción en el ejército en los últimos años, lo que pone de manifiesto una problemática recurrente que afecta la institucionalidad y la percepción pública.
El Caso "Milicogate" en Chile: Un Ejemplo de Corrupción Sistémica
La historia de cómo el periodista Mauricio Weibel reveló la corrupción sistémica dentro de las fuerzas armadas chilenas en 2015 está llena de impresionantes sorpresas. Primero, Weibel ofreció la investigación a los grandes medios de comunicación, pero fue rechazada en varias ocasiones. Fue el periódico satírico The Clinic el que decidió publicarla. Apodado “Milicogate”, el escándalo involucró un esquema de sobornos utilizando fondos de la producción estatal de cobre destinados a las Fuerzas Armadas.
Weibel relató cómo el personal del Ejército utilizó facturas falsas para lavar varios millones de dólares en un período de al menos seis años. El dinero para armas y contratistas fue supuestamente desviado hacia viajes de lujo, caballos, noches de casino y los bolsillos de los soldados. “Los chilenos sabían de casos aislados de corrupción en el Ejército, pero nada tan concreto y generalizado.
La investigación judicial subsiguiente implicó a más de 40 mandos, entre ellos el comandante en jefe del Ejército de 2010 a 2014, el general Juan Miguel Fuente-Alba, acusado de acumular una fortuna incompatible con su salario. Fuente-Alba se encuentra actualmente en prisión, así como su sucesor, el general Humberto Oviedo, acusado de obstrucción de la justicia. Sin embargo, la hemorragia no se detuvo. En agosto de 2019, un periódico reveló que la inteligencia militar había lanzado la “Operación Topógrafo” para vigilar a Weibel e identificar sus fuentes.
Factores Propicios para la Corrupción en las Fuerzas Armadas
Varios factores crearon un ambiente propicio para la corrupción en las Fuerzas Armadas chilenas, elementos que no son exclusivos de Chile desde una perspectiva regional. Los soldados manejaban presupuestos colosales con poca supervisión. La opacidad y una estricta burocracia vertical fomentaron una cultura de la impunidad. La justicia militar y la civil tienen atribuciones confusas y superpuestas.
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Corrupción Militar en Otros Países de América Latina
América Latina ha sido testigo de varios escándalos de corrupción en el ejército en los últimos años, desde vergonzosos sobornos y acusaciones de espionaje contra el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia hasta más de 300 casos de fraude y de corrupción supuestamente ocultos por la Fiscalía Militar de Brasil.
El Caso de Colombia: Alegaciones y Consecuencias
Un escándalo por alegaciones de corrupción en el interior de las fuerzas armadas, que estalló tan sólo dos semanas después de que sus servicios de inteligencia también fueran acusados de actividades ilegales, obligó al mandatario a ordenar importantes cambios a la cabeza de las fuerzas militares. Las investigaciones apenas empiezan, pero entre las medidas ordenadas por el presidente también figura la salida de otros cuatro generales que, según el mandatario, "sabían de las irregularidades y no actuaron".
El retiro del máximo comandante de la fuerza, general Leonardo Barrero, no fue por sospechas de corrupción, sino por algunas expresiones "irrespetuosas y desobligantes" en contra del poder judicial registradas en grabaciones. En dichas grabaciones se puede escuchar cómo el militar le recomienda al principal implicado, un teniente coronel que también está siendo investigado por presuntas ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como "falsos positivos", que "hagan una mafia para denunciar fiscales y esa güevonada".
Convenios con Empresas Minero-Energéticas y la Falta de Transparencia
Un contrato de casi 258 millones de pesos para remodelar una casa en un batallón de Putumayo terminó en una acusación judicial de la Fiscalía contra varios oficiales por posible corrupción. Este caso revela un patrón de irregularidades que se repite en decenas de convenios donde el Ejército recibe dinero de empresas minero-energéticas, pero no presenta soportes que respalden la inversión. Este tipo de convenios, regulados por la Resolución 5342 de 2014 del Ministerio de Defensa, permite que empresas minero-energéticas entreguen recursos a la fuerza pública para que garanticen la seguridad de la infraestructura minera y petrolera.
Sin embargo, varios de esos convenios han estado en el centro de procesos judiciales, disciplinarios y fiscales por presunta corrupción, en el que militares ejecutan los dineros que les dan compañías petroleras y mineras sin presentar los debidos soportes que garanticen la transparencia en la inversión. El caso del Batallón Especial Energético y Vial (Baeev) número 21 es uno de ellos. La Fiscalía encontró que esta remodelación no se habría realizado con recursos provenientes del convenio, aunque el Ejército, a través del Baser 27, sí le pagó a la empresa Multiservicios Carvajal de Colombia la totalidad del monto estipulado. Un documento de la justicia penal militar señala que el trabajo fue realizado por la Brigada Especial de Ingenieros y que no hay evidencias de que la empresa Multiservicios Carvajal hubiese ejecutado la obra.
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Militares involucrados firmaron actas donde afirmaban que Multiservicios Carvajal sí había hecho entregas de obra parciales y totales. La empresa obtuvo el menor puntaje entre las candidatas, porque no tenía la experiencia necesaria ni póliza de seguros. Además, el contrato se firmó el 12 de diciembre de 2016 y en tan solo 11 días, el 23 de diciembre, los militares ya habían producido actas de entrega a satisfacción. El pago de la totalidad del contrato, casi 258 millones de pesos, se realizó el 27 de diciembre, solo 15 días después de suscrito.
Militares que hacían parte de la oficina de convenios reportaron a principios de 2017 que no encontraron soportes que justificaran la ejecución de la obra, e incluso señalaron que no existió un acta de inicio del contrato. El coronel Óscar Mauricio González, que inicialmente firmó las actas de entrega de las obras, en marzo de 2017, se retractó ante sus superiores en un documento, en el cual señalaba que a la fecha, tres meses después de firmado el contrato y pagadas las obras, no se habían comenzado los trabajos de adecuación de la casa.
Audios de una fuente confidencial permiten deducir que el coronel José Alexander Pedraza llamó al coronel Óscar Mauricio González para insistirle que debía cambiar su versión, y ponerse de acuerdo con la empresa contratista en el proceso ante la Fiscalía. El mayor Rúlber Yesid Del Río, también imputado, dijo que terminó firmando el acta de satisfacción del contrato por presión de sus superiores. Un militar retirado, quien prefiere no publicar su nombre por razones de seguridad, denunció las irregularidades y él y su familia han sido víctimas de seguimientos por hombres armados.
La falta de documentos que respalden la ejecución de obras se repite en contratos de al menos 20 convenios que suman más de 24 mil millones de pesos. En las actas de liquidación de todos se registra que faltan varios soportes que respalden si las obras o servicios contratados se realizaron, o si los bienes adquiridos se entregaron. En estos documentos aparecen rubros que debieron invertirse en combustible, tiquetes aéreos, materiales de construcción, computadores y capacitaciones en derechos humanos para los militares, pero no hay facturas ni otro tipo de soportes que prueben su ejecución.
Percepción Pública y las Consecuencias de la Militarización
El mito de que los soldados son intrínsecamente menos corruptos que los civiles perdura en la mayoría de los rincones de América Latina. Según una encuesta reciente del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), la tolerancia a un golpe militar “bajo un alto grado de corrupción” sigue siendo sorprendentemente alta, aunque las cifras varían por toda la región. En Perú, el 57% respondió que podría ser justificable un golpe militar en casos extremos de corrupción.
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Bajo el argumento del combate a la corrupción, las fuerzas armadas han aumentado sus funciones, presupuesto y poder. La Encuesta MCCI - Reforma 2022 muestra que un amplio sector de la población considera que las instituciones castrenses son de las menos corruptas. Menos del 50% de las personas consideran que hay corrupción en la Marina y en el Ejército. Esto, sumado a la alta percepción de la corrupción de otras instituciones, ha propiciado un alto nivel de apoyo a las políticas de militarización.
La delegación de funciones civiles a los militares se ha visto como una solución sencilla y a distintos problemas públicos, pero se han ignorado los peligros. La administración actual ha argumentado que es una medida contra la corrupción. De esta manera, se ha registrado una transferencia de las tareas civiles a la jurisdicción militar. Entre 2007 y 2021, el Ejército y la Marina acumularon 246 funciones que, pese a no estar relacionadas con la disciplina militar, les fueron asignadas. En consecuencia, el presupuesto ejercido de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) ha aumentado 44% en términos reales entre 2013 y 2021.
El peligro de que los militares ejecuten golpes de Estado se ha reducido con el establecimiento de procesos de democratización y el desarrollo de mecanismos de control civil. Sin embargo, el mito de los militares no corruptos puede contribuir al gradual deterioro de la democracia. Esta percepción -particularmente durante un período de elevado sentimiento anti-sistema- aumenta los incentivos para expandir el papel de los militares fuera del ámbito de la defensa o incluso de la seguridad. Además, el perdurable mito tiende a obstaculizar los cambios que podrían reducir y prevenir la corrupción en el ejército. Hasta el momento se ha observado que bajo este pretexto las instituciones civiles han perdido capacidades, presupuesto y funciones.
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