La oposición cubana ha sido central en las políticas estadounidenses hacia la isla desde la ruptura de vínculos diplomáticos en 1961. El gobierno cubano considera a sus opositores como mercenarios traidores al servicio de Estados Unidos.
No ha habido, desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, un periodo en que las relaciones entre el gobierno de la isla y el estadounidense hayan sido menos hostiles que las actuales. Que las filosofías sobre la cual descansan los dos regímenes son difícilmente compatibles está fuera de toda duda, por lo que concebir futuros escenarios de fraternal cooperación sigue siendo más un ejercicio de imaginación que una posibilidad real. Pero existen en el mundo -aun con sus roces y limitaciones- un buen número de países que mantienen relaciones razonablemente funcionales a pesar de que en lo ideológico, lo político y hasta lo religioso tengan poco y nada en común. Sin embargo, esos escollos continúan entorpeciendo un proceso de distensión que en términos de sentido común debería ser irreprimible.
Pero, en esencia, con distintos nombres y distintos protagonistas, las fuerzas que aún pugnan por acabar sin miramientos con el sistema de gobierno que en la actual coyuntura encabeza Raúl Castro siguen siendo las mismas, tanto en el interior del Congreso de Estados Unidos como en las áreas donde se nuclean los anticastristas más obcecados (el propio término anticastrista ya constituye un anacronismo que suena a guerra fría). No entró en mayores precisiones el primer mandatario cubano cuando advirtió, ayer mismo y en el marco de la cumbre de Países No Alineados, sobre la existencia de planes subversivos e injerencistas diseñados para impedir dicha normalización. Pero probablemente no haga falta calar muy hondo para encontrar interesados en ello.
Los violentos sucesos que protagonizaron decenas de cubanos en las calles de la ciudad de Panamá el pasado 2015, me avergonzaron. Hirieron mi orgullo patrio. Aunque conozco de trifulcas y golpizas similares puertas adentro en la isla antillana, lamento la exportación de semejantes alardes de incivilidad hacia el espacio público internacional. Los representantes cubanos en el Foro de la Sociedad Civil, realizado en el contexto de la VII Cumbre de las Américas, solo dieron muestras de la precariedad del apellido que pretenden sostener. ¿Qué tiene de civil una sociedad que resuelve sus divergencias ideológicas por medio de la violencia (física o verbal)? Eso de agarrarse a trompadas, gritos y empujones es denigrante. No existen excusas válidas para enlodar el patio ajeno con ataques de intolerancia.
Si un invitado no es capaz de confrontar sus ideas con las del rival en términos pacíficos, al menos debe tener la decencia de retirarse sin causar disturbios, hasta que aprenda el arte de disputar en condiciones de respeto mutuo. Lo curioso es que la delegación cubana oficial sabía con gran antelación que encontraría a opositores en dichas mesas de debate. Y pregunto: si no estaban dispuestos a polemizar, ¿a qué fueron?
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El problema de Cuba es que no hay cabida para adversarios de ningún tipo. Y no la hay porque tenemos serios déficits democráticos, en las dimensiones jurídica, institucional y cultural, por solo mencionar algunas. Aunque suene anacrónico, el régimen socialista vigente reproduce todavía muchos rasgos del obsoleto modelo soviético: fusión Estado-Partido, organización hipercentralizada de la sociedad, mecanismos de control social harto coercitivos e interpretación discrecional de las leyes, entre otros.
Es un contexto donde “el Estado de derecho es sustituido por los amplísimos y arbitrarios derechos del Estado”. No existen espacios para partidos opositores ni organizaciones independientes del aparato estatal; la Constitución no los autoriza. En su monólogo comunista, el gobierno considera a todos los opositores como enemigos, mercenarios, contrarrevolucionarios, apátridas, espurios y un largo etcétera. Existen pruebas de que algunos han recibido financiamiento de gobiernos extranjeros; pero definitivamente no es el caso de todos. Además, a muchos no les queda otra vía de subsistencia más que el apoyo económico desde el exterior.
No hay de otra, pues en Cuba prácticamente todo es propiedad del Estado; el sector privado es muy incipiente y está subordinado a la venia estatal. Entonces, si este poderoso Estado-Partido viste a la totalidad de los “divergentes” con el mismo saco de “mercenario”, ¿entonces quién puede ejercer sus derechos políticos de manera legítima? Ningún grupo con otra ideología puede crear una organización civil o política e inscribirla en el registro legal.
Como el espacio público en la práctica es propiedad estatal, las organizaciones opositoras solo pueden reunirse en ámbitos privados, casi siempre bajo el acoso de los órganos de inteligencia y a expensas de la violencia física y/o psicológica de la policía (Aguirre, 2002). Una parte menor de la población más enajenada y vil participa con entusiasmo en los vergonzosos actos de repudio que agreden física y moralmente a los disidentes. Otro segmento de ciudadanos -la mayoría- se arrellana en la inercia y la contemplación: no atacan a los opositores, pero tampoco condenan el vandalismo y la represión oficial. Muchos tienen miedo de sufrir las represalias del Estado todopoderoso.
Y es que generalmente no vas a la cárcel por criticar al gobierno, pero la etiqueta de disidente o “desviado” suele acarrearte innumerables conflictos. En un país donde es casi imposible no delinquir en la vida cotidiana (el mercado negro es la primera economía), dichos contratiempos no son nada desdeñables: pérdida del empleo estatal o de la licencia para el trabajo particular, limitación de la movilidad y la comunicación en el interior del país, invitación al exilio, registros y allanamientos (con frecuencia extrajudiciales) de la morada, encarcelamientos relámpagos o prolongados (en Cuba no existe hoy un tribunal de garantías constitucionales ni el recurso del habeas corpus), entre otros recursos coactivos (Azor, 2014).
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En la ciudadanía prima el instinto de autopreservación: piensan que no vale la pena exponerse si no pueden amplificar sus pensamientos a toda la comunidad/nación, pues el Estado mantiene el monopolio absoluto de los medios de comunicación y un rígido control de los contenidos, mediante el Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba (PCC). Similar control del partido único anula de modo muy eficaz la posible elección de disidentes para cargos públicos.
Históricamente, el gobierno nacional ha acotado la emergencia de liderazgos contestatarios y autónomos en el ámbito comunitario, combinando hábilmente acoso policíaco, inciviles actos de repudio, cruzadas difamatorias y presiones sociales extendidas a través de los órganos de base del PCC y de las diferentes organizaciones de masas paraestatales. A tales tácticas, han sumado en fechas recientes otras no menos reprensibles, como la modificación de las circunscripciones electorales locales (conocida en inglés como gerrymandering), las ilegales campañas internas de descalificación de opositores candidatos a cargos públicos, y los ya mencionados boicoteos de foros internacionales donde participen representantes de la oposición interna.
La imprecisión en los límites que se ha dado en el sistema político respecto a otros sistemas, su concentración de poderes y su carácter irrestrictamente dominante en el marco de la sociedad de transición, propende a favorecer un régimen en el cual los distintos sistemas -el jurídico, el económico, el cultural, etcétera- quedan subordinados con fuerza al sistema político y afectados en su autonomía relativa. Otro problema se refiere a los límites entre el sistema político y la población. En este caso, el régimen se expresa en la invasión de los espacios privados -efecto de la excesiva politización de la vida cotidiana- o en la desmedida regulación del comportamiento social -efecto de la hipertrofia del Estado y de su burocratización.
Cabe precisar que con la citada dominación del sistema político, Juan Valdés Paz se refiere explícitamente al PCC “suplantando a las demás organizaciones políticas y de masas -en su orientación o representación-, o a las, organizaciones estatales, particularmente a las Asambleas del Poder Popular y el Gobierno, en los distintos niveles” (2009: p. 86). Por añadidura, desde los primeros años de la Revolución cubana, siempre el líder del PCC ha ocupado la presidencia conjunta del Consejo de Estado (órgano legislativo) y del Consejo de Ministros (entidad ejecutiva), junto a la máxima jefatura de las Fuerzas Armadas. En medio siglo solo hemos tenido dos mandatarios casi vitalicios: Fidel y Raúl Castro.
Aunque este último, tras promover en 2012 el límite de todos los mandatos a dos periodos de cinco años, anunció al año siguiente su definitiva salida de la presidencia del país (que no del PCC) para 2018, cuando cumplirá ¡87 años! El diseño institucional de asamblea unicameral -ni presidencialista ni parlamentario- consagra, incluso desde la Constitución, el principio del “centralismo democrático”. Este método político “inhabilita la existencia de controles cruzados, interinstitucionales, aunque se reconoce la independencia de la función judicial”; y “no permite la existencia de minorías parlamentarias y apenas se consagran garantías contramayoritarias (que impidan u obstaculicen a una mayoría legislar sobre temas especialmente protegidos)”.
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Dentro del canon vigente (el supuesto de que el partido dirige al Estado), por sensatos, acertados, consensuados, justos y comprensivos que puedan ser los órganos de dirección, no pueden generar otra cosa que partidocracia (es decir autoritarismo partidario). Cuando es el partido el que decide, decide una elite. Que sean los mejores o no lo sean -incluso desde una definición programática- es un dato coyuntural, porque pueden dejar de serlo en otra generación, y creer que esta relación puede expresar una estructura democrática es un desacierto (la historia lo mostró ya). Se puede contar con un “rey bueno” o un “rey malo”, pero esa diferencia no cambia el sentido de la monarquía. pp. 580-581).
Toda la experiencia histórica del movimiento triunfante o derrotado de los explotados señala que no es cierto, de manera alguna, que un solo partido sea el depositario de toda la conciencia revolucionaria de las masas de la clase, de toda su capacidad de permanente dominio teórico y práctico de la realidad histórica. Y en esta perspectiva, solamente el debate abierto, permanente y libre en las bases organizadas de la clase, y en consecuencia la presencia de varias organizaciones y tendencias políticas puede realmente garantizar el desarrollo de la conciencia de la clase, y de ese modo mantener y desarrollar la relación democrática entre sus organismos y niveles de organización, en la lucha por el poder y en el ejercicio del mismo.
Así las cosas, tenemos en Cuba un sistema constitucionalmente partidocrático, que de facto coarta las libertades de organización, reunión y manifestación, de prensa y expresión, de elegibilidad e investigación. Libertades todas reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas desde 1948 en su Declaración Universal de los Derechos Humanos13 y por la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, en la notoria tipificación de Juan Linz (2009) de los regímenes no democráticos, el régimen político cubano ni siquiera clasificaría como autoritarismo; debido fundamentalmente a la ausencia de un legítimo pluralismo político, aunque sea formal, acotado, de semioposición o pseudooposición.
De modo que el esquema democrático de la Revolución es, más bien, una combinatoria de mecanismos participativos, corporativos y representativos. Esta triple condición de la soberanía interna impide que, en la práctica, se totalicen absolutamente la sociedad y el Estado. Pero sólo dentro del engranaje institucional de esos mecanismos se dan las relaciones básicas entre el Estado y la Nación, entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el gobierno y el pueblo. Es por eso que el régimen cubano, aunque no pueda ser definido como totalitario, demuestra cierta tendencia retórica y organizativa a la totalización de lo nacional y lo estatal, de lo cívico y lo político. El documento primario para leer dicha tendencia es la Constitución de la República de Cuba de 1976.
[En Cuba] La emigración masiva (un 12 por ciento de la población, mayoritariamente a Estados Unidos y a España) limitó la escala de la represión, aunque un reciente análisis muestra la dimensión del terror de Estado y su similitud con el modelo de represión soviético, incluyendo el duro castigo a los revolucionarios disidentes (Fonntaine, 1997). No se hizo prácticamente ningún intento académico para situar este sistema dentro de una perspectiva comparada. La hostilidad ante el concepto de totalitarismo descartaba su uso, a pesar que desde mi punto de vista estaban presentes los rasgos básicos. Considero que el indiscutible atractivo carismático de Castro y sus vínculos con la tradición latinoamericana del caudillismo no son obstáculos para caracterizar la institucionalización del régimen y sus políticas como totalitarias. La cuestión es hasta qué punto el carisma y el atractivo nacionalista son todavía la base de lo que podríamos denominar un régimen postotalitario.
En contraste, un intelectual criollo alternativo, Lenier González, cree que “resulta reduccionista y falso, adjudicar a ‘la vocación totalitaria del Gobierno cubano’ la causa primera y última que justifica un diseño singular15 de la participación social” (Torres et al., 2015: p. 2), por ejemplo. Por tanto, propone considerar “otros elementos de vital importancia que explican el porqué de las cosas”, y que denomina “mediaciones históricas”. Entre ellas, este joven católico enfatiza en dos eventos medulares: 1) la “guerra civil” o “lucha contra bandidos” (según desde donde se mire) acaecida entre 1960 y 1965, y 2) la institucionalización del rígido modelo sociopolítico soviético. Sobre la primera afirma que para la contención de los sectores opositores, “el jov... Corresponsal Periódico La JornadaLunes 24 de septiembre de 2012, p.
El Estado de SATS y Antonio Rodiles
"Creo que lo correcto sería que, a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo, se nos invite y se escuche nuestra voz. Eso es lo correcto", señaló Antonio Rodiles, presidente del grupo disidente Estado de SATS.
Después de vivir 12 años fuera de Cuba, Antonio González-Rodiles regresó al país para “ayudar a transformar la realidad cubana, de forma directa y en el escenario físico”. Dejó a un lado su carrera como físico-matemático y fundó en 2010 Estado de SATS, un proyecto independiente que propone desde el arte y el pensamiento, “un espacio para el libre debate de ideas y visiones sobre la nación”.
Estado de SATS realiza talleres sobre derechos humanos, coordina exposiciones alternativas, proyecta documentales y genera debates sobre la sociedad civil, que son filmados y distribuidos por todo el país a través de DVD y USB. “Recientemente realizamos el lanzamiento y distribución de la revista Cuadernos para la transición, que ha tenido muy buena acogida por su enfoque directo en el tema del tránsito a la democracia”, añade Rodiles.
“Además, coordinamos la campaña Por Otra Cuba, que pide la ratificación e implementación por parte del gobierno de los pactos de la ONU sobre derechos humanos”. Para él, lo primero que debe cambiar en Cuba es la ausencia de derechos y libertades fundamentales.
Estado de SATS no está permitido por el gobierno. “Los encuentros se realizan en mi propia casa ante la negativa de las autoridades para hacerlos en un espacio o institución pública”, le cuenta Rodiles a BBC Mundo. “Desde que comenzamos el proyecto, los operativos policiales alrededor de mi vivienda, acompañados de golpes y detenciones arbitrarias contra los asistentes, han sido una constante”, concluye.
Normalización de Relaciones y la Oposición
En momentos en que los dos países se acercan para restaurar sus relaciones, Cuba casi ha dejado de reunirse casi completamente con políticos estadunidenses que visiten a los disidentes durante sus viajes a La Habana. Eso significó un dilema para los funcionarios estadunidenses que organizan la ceremonia de reapertura de la embajada frente al malecón de La Habana. De invitar a los disidentes hubieran corrido el riesgo de un boicot por parte de las autoridades cubanas, incluidas aquellas que negociaron con Estados Unidos desde que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro declararon la distensión el 17 de diciembre.
Al tratar directamente con Cuba asuntos que van desde los derechos humanos hasta el comercio, es mucho más posible que se produzcan reformas democráticas y de libre comercio a largo plazo, señalan los funcionarios estadunidenses.