En México, la necesidad de mejorar profundamente el sistema de justicia penal es persistente. Los desafíos son diversos y significativos: en particular, disminuir los altos índices de impunidad, optimizar el acceso a la justicia para todas las personas, sobre todo para aquellas que pertenecen a grupos que enfrentan desigualdad estructural, y garantizar una justicia penal siempre apegada a los derechos humanos de las personas, entre otros. El panorama que se vive en México es sombrío y estas problemáticas se ven exacerbadas por recientes cambios.
Contexto Histórico y el Deterioro del Poder Judicial
En muchos casos es difícil establecer con precisión cuándo inicia o termina una época histórica en algún país o institución. Sin embargo, a partir de la década de los 90s, se instrumentaron reformas constitucionales y legales que, a la postre, materializaron la anhelada democracia. Por ejemplo, en 1994 se implementó una reforma judicial que implicó la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional. Asimismo, se instrumentaron acciones de control constitucional novedosas en el sistema jurídico, como son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. En 1997, por primera vez en la historia, el Presidente de la República gobernó con un poder legislativo cuya mayoría no era dominada por su partido. En esas fechas, finales del siglo XX y principios del XXI, se crearon diversos órganos constitucionales autónomos para realizar las elecciones en el país, salvaguardar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en materia de telecomunicaciones y combate a los monopolios.
En 2018, y a través de elecciones democráticas, la alternancia en el poder se siguió dando, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyado por el partido político de su creación, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). A partir de ese momento comenzaron a encenderse las alarmas democráticas. En las conferencias de prensa que el presidente da todos los días, a primera hora, conocidas coloquialmente como ‘las mañaneras’, se comenzó a denostar, de manera sistemática, a todos aquellos que el titular del Ejecutivo federal considerara su adversario. Con el tiempo esos ataques comenzaron a individualizarse. En las mañaneras se identificaba con nombre y cargo a jueces y juezas que emitían sentencias que no eran del agrado del presidente. En ese contexto, el 5 de febrero de 2024, a menos de un año de terminar su mandato, el Presidente de la República presentó un paquete de reformas a la Constitución Federal y diversas leyes federales, que denominó como Plan C. Dentro del Plan C se encuentra inmersa la nueva reforma judicial.
La Controversial Reforma Judicial: Alcance y Consecuencias
La esencia de la reforma judicial es la de acabar con la carrera judicial, tal como la conocemos. La reforma judicial es promovida por el régimen como la vía para terminar con una corrupción generalizada existente en el Poder Judicial Federal; corrupción que, por cierto, solo se argumenta en las mañaneras, pero jamás ha sido probada. En términos simples, la reforma implica:
- La destitución de cerca de 1,700 juezas, jueces, magistrados y magistradas federales, así como casi 5,000 personas juzgadoras estatales (recordemos que México es un país federal, por lo que existe jurisdicción federal y local o estatal).
- Su sustitución por jueces electos por votación popular.
- La reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo su número de 11 a 9 Ministros.
Desde hace varios días, y ante el descontento por la reforma judicial, comenzó la desbandada de jueces y magistrados. Tan solo en lo que va de este año, se han registrado más renuncias que en todo 2024 y, como se observan las cosas, seguirá esta práctica en los próximos días. Empleados e impartidores de justicia adelantan su retiro o presentan su renuncia. Esta situación alcanzó su punto culminante con la elección de juzgadores el pasado 1 de junio, cuando resultó electa una nueva camada de jueces cuyos méritos jurídicos están en entredicho, aunque no su lealtad a la 4T. Esto implica necesariamente el inicio de la crónica de la destrucción del Poder Judicial.
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Los cambios a la Constitución en materia de reforma judicial cancelaron el valor de los méritos para ascender a juez o magistrado y se privilegió el voto ciudadano por encima de la profesionalización y especialización. Los diversos colectivos y observatorios especializados en temas jurídicos han reiterado que cerca del 60 por ciento de las candidaturas que estuvieron en juego el 1 de junio no contaban con carrera judicial. Además, más del 70 por ciento de los aspirantes no tenían especialización en temas claves del derecho. En una gran parte de estos trabajadores judiciales recae el trabajo especializado que se hace en los juzgados; es decir, el Poder Judicial queda en el peor de los mundos, ya que, por un lado, se va el personal más valioso y, por otro, llegan juzgadores electos que, la amplia mayoría de ellos, no tienen la experiencia ni los conocimientos para impartir justicia bajo criterios de independencia y autonomía con pleno respeto al orden constitucional.
Aunque se aprobó una nueva Ley de Carrera Judicial que establece que esta continúe, solo aplicará para llegar a ser secretarios y hasta ese nivel llega el ascenso. A este caos se suma el enorme rezago en los juzgados y la falta de personal. Si esto no fuera suficiente para presagiar la tormenta, en la Ciudad de México hay que agregar que, luego de un paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la capital del país, por cerca de un mes, regresaron a sus faenas hace una semana. Ahora se disponen a gozar de sus vacaciones y muchos de ellos ya no regresarán a causa de su adelantado finiquito.
Mecanismo de Elección y Riesgos Inherentes
La manera en que se elegirá a las juezas y jueces de todo el país y de todos los niveles es la siguiente: los aspirantes deben haber concluido sus estudios de universidad o posgrado con calificación mínima de ocho (sobre diez). Además, deben haber obtenido una calificación mínima de 9 en la materia para el cargo al que se postulan; por ejemplo, si se quiere ser juez de lo contencioso administrativo en la boleta de calificaciones tiene que aparecer, cuando menos, nueve de calificación en derecho administrativo. Quienes deseen ser jueces presentarán un ensayo de tres cuartillas justificando los motivos de su postulación.
La manera en que se eligen a los candidatos es la siguiente: cada uno de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) propondrá dos candidatos para cada puesto. Para ello, los tres poderes integrarán, por separado, una comisión que analizará la idoneidad de las personas que se inscribieron al proceso correspondiente; de entre ellas elegirán a 10 personas. El mecanismo propuesto presenta alicientes desmedidos para que poderes fácticos influyan en las elecciones judiciales. La reforma prohíbe cualquier financiamiento público o privado, lo que implicará que factores externos, como el crimen organizado o el narcotráfico, apoyen de manera clandestina a algún candidato o candidata. Imaginemos qué pasará con la justicia penal con jueces apoyados por los criminales. En México, desafortunadamente, hemos visto cómo el crimen organizado asesina a candidatos a puestos de elección popular que no ven con buenos ojos. Otro problema es que estos jueces políticos actuarán conforme a los intereses del partido que los colocó en el poder.
Repercusiones en la Gobernabilidad y el Estado de Derecho
Los ciudadanos son los directamente afectados por la violación de sus derechos constitucionales debido al resquebrajamiento del sistema jurídico que debería defenderlos ante abusos del poder público y en litigios ante particulares. Las acciones y venganzas de un tabasqueño contra los ministros de la Suprema Corte y jueces han dañado gravemente uno de los poderes del Estado, que fue uno de los logros que se establecieron en la Constitución de 1917. Con una ligereza que asusta, la presidenta Sheinbaum, cada vez que puede, presume de contar con un Poder Judicial democrático, cuando per se debe considerarse como un órgano jurisdiccional que vele por los derechos y obligaciones de todos los mexicanos. No tienen idea del caos que se avecina y que, sin duda, compromete la misma gobernabilidad.
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En momentos en que hay que cerrar filas para resistir los embates de Donald Trump, la presidenta avala la destrucción del Poder Judicial y con ello asusta a las inversiones que generan la creación de empleos formales, desarrollo económico e incrementan los niveles de captación de impuestos. Ningún país del mundo puede crear los empleos que requiere la población sin la participación de la iniciativa privada y menos del capital. Por ello, resulta un sueño guajiro apostarle a un Plan México si se carece de un Estado de derecho robusto y con pleno respeto a la Carta Magna. Si en la actualidad, cualquier individuo o persona moral que tenga la desgracia de dirimir sus diferencias en un juzgado o que pretenda obtener justicia, sabe que será una gran pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Después de años y amparos, se emite la sentencia respectiva. Además, la conformación de un nuevo entramado jurídico para vulnerar los derechos fundamentales y la destrucción del Poder Judicial también contribuyen a esta situación. Ella tiene que enfrentar el estancamiento económico y la recesión. De aprobarse la reforma judicial en los próximos días, así como el resto de leyes del Plan C que concentran el poder en el Ejecutivo Federal, surgirá un nuevo gobierno autoritario.
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