La mañana del 23 de octubre de 2014, el general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández llegó al Juzgado Décimo Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Espitia compareció por videoconferencia, enfrentando cuestionamientos sobre su rol en operaciones militares y las graves acusaciones en su contra.
El rol del General Espitia en el Operativo Conjunto Chihuahua
El general Felipe de Jesús Espitia Hernández fue comandante de la quinta zona militar, en la capital del estado de Chihuahua, desde 2007 hasta mediados de 2010. A partir de 2008 también fue nombrado coordinador de la Operación Conjunta Chihuahua.
Durante su comparecencia, fue interrogado sobre sus responsabilidades: "¿Cuando fue coordinador realizó visitas a las operaciones militares que realizaba la tercera CINE en Ojinaga?". También se le preguntó: "En su carácter de comandante de la zona, ¿no era su obligación enterarse personalmente de los partes rendidos por todas y cada una de las unidades que dependen de la quinta zona militar que estaba bajo su mando?". El general explicó que en los cuarteles de zona militar existe personal encargado de recibir los informes y enviarlos al Estado Mayor de la Defensa.
Otro cuestionamiento relevante fue: "¿En qué ordenamiento legal se basó la actuación de las tropas en la Operación Conjunta Chihuahua?".
Graves acusaciones de tortura y violaciones a derechos humanos
El caso de Óscar Kábata
Óscar era un adolescente de apenas 17 años, cuando fue la noche del 2 de marzo de 2009 a comprar un hotdog con su amigo Víctor Baca, en Ciudad Juárez. Laura Kábata, madre de Óscar, narra: "llegó un comando como si fueran a atrapar al peor narcotraficante de México, los agarraron y los subieron a una de las camionetas. Fueron trasladados al destacamento militar de Juárez, durante cinco días fueron torturados y privados de su libertad, los violentaron sexualmente".
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Durante 5 días, ambos fueron torturados en las Instalaciones del Ejército. En ese infierno, Óscar reconoció el rostro del general Felipe de Jesús Espitia Hernández. Víctor Baca recibió un "tiro de gracia" después de sostener días de tortura por parte de los militares que los mantenían cautivos. Laura cuenta que por cosas del destino y porque el General Felipe de Jesús Espitia Hernández así lo decidió, le perdonaron la vida a su hijo Óscar.
Dejaron ir a Óscar con la condición de que se fuera junto con toda su familia, que nunca más regresaran a la ciudad y así lo hicieron durante algún tiempo. Fue hasta que el General dejó Juárez que regresaron a su hogar a tratar de llevar una vida normal.
El caso de Óscar es emblemático: no ha quitado el dedo del renglón -ni él ni su familia- para exigir se procese al general. La contradicción: el Estado Mexicano ha reconocido las torturas que sufrió y por ello le brinda protección y está en proceso una reparación del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Otros casos de tortura documentados y el contexto del operativo
Dos hombres se encuentran buscando ganado en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cuando militares los emboscan y los someten. Los acusan de ser dueños de tierras donde los soldados dicen que encontraron un sendero de mariguana, en tierra de cultivos y dominio de cárteles. Cuando uno no pudo caminar más por las heridas que le causó la tortura -una fractura en el arco costal izquierdo- fue abandonado, malherido. El cadáver del otro fue encontrado al día siguiente en el camino a la Mesa, en el municipio de Tepehuanes.
También se documenta el siguiente testimonio: "Ahorita vas a cantar", le dijo un mando, después de amarrarla a la jaula con esposas en cada mano, para que quedara colgada. Para ese momento ya le habían quitado el pantalón. "¿Cuánto vale tu libertad?", "dame 50 mil y te suelto", le decía, pero ella ya no lograba responder nada, fue entonces que otro militar la violó por vía anal.
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Tras años de búsqueda de justicia, de recabar información que era ignorada por los gobiernos, abogados, familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil detectaron patrones criminales de este Operativo en 33 casos donde hubo tortura en agravio de 117 víctimas, con 232 elementos involucrados y la participación de 15 médicos militares en acciones de reanimación.
Según un análisis para esta investigación, el Operativo Conjunto Chihuahua coincidió con el inicio del enfrentamiento frontal entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, así como el momento en el que Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, entre 2008 y 2009, por su tasa de homicidios dolosos: 132 y 191 por cada cien mil habitantes, respectivamente. A principios de 2009 el presidente municipal priista de Ciudad Juárez, Chihuahua, José Reyes Ferri, declaró la continuación de la “guerra contra el narcotráfico” del presidente Felipe Calderón. Miles de soldados y fuerzas federales llegaron para combatir a las organizaciones criminales.
En su historial, Espitia acumula señalamientos de proteger a grupos del narcotráfico. El General cuenta con varias acusaciones por tortura, asesinato y desapariciones, respaldadas por otros militares que fueron torturados según la relatoría enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando el General estuvo a cargo del operativo conjunto Chihuahua en ese periodo.
Incluso la tortura alcanzó a los propios miembros del escuadrón torturador. Ellos fueron interrogados, lesionados y amenazados psicológicamente en las inmediaciones del Batallón por agentes de la Policía Judicial Militar que venían de la Ciudad de México, pero con el conocimiento y anuencia de sus superiores, Espitia, el principal de ellos. De 32 militares que fueron procesados por violaciones a derechos humanos durante el Operativo Conjunto Chihuahua, uno, el general de Brigada José de Jesús Moreno Aviña, reconoció en sus declaraciones que tenían como informantes a miembros de La Línea.
Renuncia y estatus actual del General Espitia
Durante la investigación de un reportaje publicado el 3 de marzo de 2020, el general salió del organigrama. Una respuesta obtenida vía Acceso a la Información confirmó que Espitia Hernández presentó su renuncia el 28 de febrero del año pasado, aludiendo escuetamente que se retiraba “por así convenir a mis intereses”.
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Desde entonces se mantiene de la jubilación que le proporciona el Estado Mexicano. Espitia hasta hace poco fungía como coordinador de asesores en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de AMLO sepultó expedientes que señalan que Óscar Kábata fue torturado por un general que se jubiló hace un año con una pensión de 74 mil pesos. Sin orden de aprehensión, sin arresto, impune.
La lucha por la justicia y la impunidad persistente
El calvario de la familia Kábata y la búsqueda de respuestas
Previo a la publicación de su historia, hace casi un año, Óscar fue notificado de la no acción penal sobre el caso por parte de la Fiscalía General de la República, es decir, un carpetazo tras años de denuncias. Él relata: "La última actualización fue la no acción penal, la ministerio público vino a la ciudad. Yo en enero (de 2020) le entregué una carta al señor Presidente en la mano en la que le pedía su intervención aunque la Fiscalía es autónoma. Y un mes después vino la ministerio público que tiene mi caso a informarme que mi caso se iba a cerrar, porque los delitos en mi contra ya habían prescrito, entonces yo tengo derecho por ley a contestar esta no acción penal para evitarla. Tengo 15 días y la contesté de inmediato hace meses y ellos no tienen 15 días, tienen años si quieren para contestarme si acceden o no. La investigación está parada… y yo les he enviado correos electrónicos donde les pido y les ruego, que es ilógico que ellos que son abogados no sepan que los delitos de tortura, homicidio, violación en contra de un menor de edad por parte de elementos de la Sedena no prescriben, la Corte Interamericana lo dijo así."
La madre de Óscar, Laura Kábata, también ha enfrentado hostigamiento en su búsqueda de justicia. "Estábamos en una protesta pacífica, dentro de Segob, cuando brincan el barandal, los policías, nos empiezan a golpear. Yo fui la más golpeada, tengo moretones en varias partes del cuerpo", recuerda la señora Laura Kábata sobre lo ocurrido el pasado 4 de febrero frente al edificio de Bucareli, en la Ciudad de México. Las fotografías muestran la carne antes blanca, ahora morada y rosa; retazos de piel molida y rastros de más golpes.
Laura relata que el día cuatro de febrero de 2021, "al tratar de defender a compañeras víctimas que estaban siendo agredidas por personal de seguridad de Gobernación, fui golpeada por ellos y a pesar de la denuncias, quejas, reportes médicos, likes… no sucedió nada, la ley siempre está del lado del gobierno". Días después del incidente Óscar decidió trasladarse a la CDMX.
Al ver que las autoridades en Juárez no daban respuesta, Laura tomó la decisión de viajar a la Ciudad de México para obtener información del caso. Llegó el 10 de enero del 2021 y al no tener recursos se instaló en el plantón de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En este lapso, la responsabilidad de la familia y de Óscar, quien vivía en profunda depresión con varios intentos de suicidio, recayó en su hijo menor Omar.
Ha pasado más de un año desde que Laura y Óscar viven en un plantón fuera de la SEDENA, su solicitud apela a la reparación integral de su proyecto de vida. Laura Kabata, recibió un mensaje con amenazas de muerte para que se retirara de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Con pintura blanca trazamos los casos y nombres de las personas que el Ejército se ha asegurado de arrebatar a sus familias en concreto, en el micrófono se escuchaban sus nombres e historias y después de cada uno, el grito uniforme: "Presente". Al terminar la intervención gráfica nos reunimos alrededor de la señora Reyna y la señora Laura, madres de Oracio Cruz Flores y Óscar Kabata respectivamente, quienes exigieron al gobierno hacerse responsable.
Por lo pronto Óscar ha volcado su adolescencia y juventud en resolver su caso.
Críticas a las autoridades y la impunidad percibida
Óscar expresa su frustración: "Yo llorando ese día, diciendo que no puede ser que once años después de estar en esta lucha, porque es algo desgastante como no tienes una idea, me notificas oye ya se cerró. No puedes acabar con esto, no puedes. Son tantas quejas, me sorprende, me impresiona, hay una en contra de esta persona, Felipe de Jesús Espitia, ante la Corte Interamericana, una recomendación. Aún así no le hacen nada."
Ha intentado contactar a diversas autoridades sin éxito: "El apellido no lo tengo, es el titular de la Fiscalía Especializada Contra Desaparición Forzada, se llama Abel, el titular. Yo a él le he mandado innumerables correos electrónicos para que me auxilie y no me ha contestado ninguno.". También señaló al fiscal Alejandro Gertz Manero: "Al fiscal Alejandro Gertz Manero, lo señalo, porque yo me he dirigido con ellos como víctima, ciudadano, cualquier persona normal, mediante cartas, correos electrónicos, llamadas, nunca han tenido la amabilidad. Me he dado cuenta que, últimamente con las manifestaciones en CDMX, lo que quieren ellos es que uno se amarre a las puertas, que se encadene, o que empiece a gritar o les tome las oficinas."
Óscar reflexiona sobre la impunidad: "Creí que mi caso y el de muchos otros se iba a resolver. Se me hace increíble que hay impunidad, que se salgan con la suya, porque digo, ese día íbamos a cenar (yo tenía 17 años, mi amigo 21), no estábamos maleados, que nos hayan hecho eso esta persona y no nada más a mí, sino a cientos de personas, que ahorita esté disfrutando. Me da impotencia que las autoridades, fiscalía, el presidente, a pesar de que fuimos su bandera de campaña las víctimas, simplemente nos esté abandonando, la sociedad también, veo como son indiferentes y se me hace increíble que esté pasando esto, que los buenos estén pagando y que los malos estén en una playa, me imagino, disfrutando de todo el dinero que se han robado, o todo lo que aceptaron de sobornos."
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le brindó apoyo para rentar un departamento, "Pensamos que eso era normal, que así actuaban con todas las víctimas", pero pronto se dieron cuenta de que su caso no progresaba. No había cumplimiento de la recomendación, no había resolución de CEAV, las reuniones a las que asistían tanto ellos como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), CNDH eran sólo eso, reuniones que nada solucionan.
La perspectiva de la sociedad civil organizada
Desde Mexiro A. C. se analiza la corrupción "desde una perspectiva feminista antimilitarista, decolonial y comunitaria; entendemos la corrupción como un problema estructural. Para nosotras es evidente que el único resultado inminente de la promoción de la militarización en el país será, como sucedió en Ciudad Juárez en 2009, un incremento en las violaciones a los derechos humanos".
La organización Mexiro A.C. subraya su posicionamiento: "las acciones necesitan ser priorizadas con las víctimas y sus familiares en el centro, y les demás acuerpándoles y haciendo el trabajo necesario para exigir justicia, incidir en la agenda y crear conciencia alrededor de las afectaciones reales que conlleva la militarización del país".
No olvidemos que el caso de Óscar Kabata es uno de muchos que exigen día a día justicia y que son consecuencia directa de la militarización del país. En Mexiro A.C. repiten fuerte y claro: "Una sociedad militarizada atenta contra nuestros procesos democráticos."
Posterior a una intervención gráfica, se realizó la pinta de la frase "El Estado Militarizado es Crimen de Estado" en el Monumento a la Revolución, acompañada de algunos casos de violencia militar a través de los años. Durante esta intervención, varias personas se acercaron interesadas en informarse respecto a las razones por las que se realizaba y leían los casos expuestos en la línea del tiempo.