Durante el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), el gobierno de México se propuso colonizar Baja California con mexicanos que se encontraban en Estados Unidos. Para ello llevó a cabo varios estudios de las condiciones del lugar a fin de que cientos de personas fueran a poblar y desarrollar la región.
Durante 1935 el gobierno del general Lázaro Cárdenas hizo varios pronunciamientos a favor de la colonización de Baja California con mexicanos radicados en Estados Unidos. A principios de febrero, la Secretaría de Agricultura y Fomento acordó promover la repatriación al lugar.
El interés oficial por adquirir terrenos en Baja California para establecer mexicanos que habían vivido en Estados Unidos se debía a dos factores: las condiciones agronómicas insuperables del suelo californiano y la necesidad de colonizar esa zona, que constituía un problema de carácter nacional, pues era escasa la población originaria. Ahí radicaba el interés gubernamental por colonizar la península.
No obstante, durante 1935 los temas de la colonización vía repatriación fueron ligados de manera reiterada por los funcionarios. Los generales Tomás Garrido Canabal y Saturnino Cedillo, a la sazón secretarios de Agricultura y de Fomento, y el presidente viajaron varias veces a la región para analizar las condiciones de ésta, y constantemente se refirieron a los mexicanos en Estados Unidos como posibles beneficiarios.
Durante una entrevista con Cárdenas, el general Agustín Olachea, gobernador de Baja California, le informó de modo amplio de las posibilidades laborales en las colonias agrícolas de la región para muchos mexicanos que deseaban volver de Los Ángeles, San Francisco y San Diego, California, el presidente resolvió que Olachea y el personal técnico correspondiente estudiaran el funcionamiento y los problemas suscitados en las colonias agrícolas que se habían establecido.
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Ante la situación poco favorable en las ciudades fronterizas bajacalifornianas, el gobernador, al igual que algunos funcionarios federales, tenía temor ante el problema que representaría el arribo de compatriotas indigentes, ya que serían una carga para el gobierno y para la población local. Por ello se manifestó en contra de que llegaran al territorio que gobernaba.
El secretario de Agricultura envió a varios de sus representantes a estudiar las condiciones de la región para establecer nacionales provenientes de Estados Unidos. A principios de marzo, el ingeniero Peña, gerente del Banco Agrícola, informó que había terminado los arreglos para colonizar el área denominada Rancho del Arroyo del Tule, en Mexicali, en donde los colonos dispondrían de parcelas para cultivar algodón y pastos, que les serían vendidas en abonos. La nueva colonia se llamaría México libre y colindaría con las de Zaragoza y Progreso, la primera establecida por el coronel Esteban Cantú (1917-1920) y la segunda, por el ex presidente Abelardo L. Rodríguez (1932-1934).
Por su parte, la Dirección de Población Rural acordó estudiar la manera en que serían ocupados los terrenos susceptibles de regarse con aguas del Río Colorado. El propósito era apoyar los planes del Ejecutivo de dar facilidades a las personas para fomentar la pequeña propiedad en el norte de Baja California y, al mismo tiempo, acomodar ahí al "crecido número" de mexicanos repatriados que se esperaba.
Garrido Caníbal, como secretario de Agricultura y Fomento, encabezó un estudio con el objetivo de acomodar a repatriados en las haciendas del sur de Mexicali y a lo largo de la frontera oriental de Sonora. Asimismo, en Mexicali, se reunió con Manuel López, delegado de Agricultura, y Salvador Guerra Aceves, director del Departamento de Agricultura, con quienes inspeccionó el lugar donde se planeaba establecer a 18 mil repatriados y levantar una gran obra de irrigación.
A finales de 1935 y hasta los primeros días de febrero de 1936 continuó el interés en estudiar la posibilidad de llevar repatriados a Baja California. En ese tiempo, Saturnino Cedillo, nuevo secretario de Agricultura, viajó al norte de México en repetidas ocasiones para examinar las tierras donde se podrían instalar cientos de nacionales que estaban en situación aflictiva en Estados Unidos. Dos de los estados que visitó fueron Coahuila y Baja California; en este último estudió las condiciones para establecer a 10 mil familias que el condado de los Ángeles, California, supuestamente proyectaba repatriar, pero que al final no lo hizo.
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Para acordar el traslado de colonos, Cedillo también platicó con los representantes de la Colorado River Land Company (CRLC), organizada como compañía mexicana en 1902. Esta compañía, que modernizó la agricultura, producía y vendía uno de los mejores algodones del mundo, y era propietaria de más de 300 mil hectáreas de tierras susceptibles de colonización. A ella dejó el gobierno a cargo de todo el trabajo de desarrollo para el valle, incluso de la irrigación y de la protección contra inundaciones en tierras públicas.
Otro asunto abordado por Cedillo fue la inspección de la presa "Abelardo L. Rodríguez" y de los terrenos viables de riego que podrían ser aprovechados para formar colonias con mexicanos provenientes de Estados Unidos.
Se pensaba que al impulsar la colonización y repatriación en Baja California el gobierno ayudaría a la liberación de aquella parte del país, que entonces pasaría a ser suelo libre, próspero y útil para los 50 mil mexicanos que se suponía llegarían a habitar el lugar.
Uno de los productos inmediatos de esta ley, fue la determinación del nuevo límite de la ciudad, decretado por el gobernador Braulio Maldonado, en 1957. En el año de 1957 se autorizó oficialmente el fraccionamiento “Soler“, propiedad de Jorge D. Soler y el fraccionamiento “Costa Azul” a Alfonso Camacho León y licenciado Alejo Orvaños Haran.
Si hacemos un recuento de las colonias y fraccionamientos que se formaron en la década de los cincuenta, basándonos en el plano anexo, encontramos los siguientes: Al poniente, a partir de la línea internacional y desplazándonos hacia el sur tenemos las colonias: ”Castillo”, ”Alemán”, “Soler“, “Herrera”, “Santa Rosa”, “Chula Vista”, “Roma”, “Primer Ayuntamiento”, “Azcona”, “Ruiz Valencia“, que posteriormente cambió su nombre a colonia “Los Altos”, “Gran Tenochtitlan” y “Miramar”; hacia la costa, “Playas de Tijuana” y “Costa Azul”; hacia el suroeste las colonias “Guerrero”, “Francisco Villa”, “Hidalgo” y “México”: hacia el sur se encuentra la colonia “Valle del Rubí”, hacia el suroriente y siguiendo la ruta del bulevar Agua Caliente aparecen la “Gibilondo”, “Neidhart”, ”Calette“, “Cubillas”, “Aviación”, “Chapultepec” y hacia el rumbo de la Mesa de Tijuana la “20 de Noviembre“; al oriente y a un lado del cruce fronterizo, tenemos la colonia de los “Empleados Federales“, conocida hoy simplemente como “Federal”; hacia las lomas adyacentes a la colonia “Libertad“ aparecen “Mesa alta de la Libertad”, “Burócrata” hoy llamada “Ruiz Cortines”, “Santa Anita”, “Postal”, “Del Río”, “Buena Vista” y “Tomás Aquino”, en la Mesa de Otay.
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La mayoría de las colonias existentes carecían de los servicios públicos indispensables, particularmente el de agua. Las causas de este problema eran de diversa índole, destacando las limitaciones presupuestales de los organismos gubernamentales, la difícil ubicación topográfica de las colonias con el consecuente aumento del costo de la introducción del servicio; el régimen irregular de precipitaciones pluviales, con alternación de ciclos húmedos con otros prolongados de sequía y la falta de planeación que daba como consecuencia una exagerada extracción de agua de la Presa Abelardo L. Rodríguez, para fines domésticos y agrícolas con grandes desperdicios.
Simultáneamente a los intentos de planificación y previsión del desarrollo urbano, la ciudad continuaba su crecimiento natural, principalmente hacia el oriente, en la zona conocida como La Mesa, en donde se continuaba fraccionando terrenos.
En la década de los setentas se inicio en pleno corazón de Tijuana la obra urbanística de mayor importancia a nivel nacional, tanto por el monto de la inversión, como por la rapidez con que se efectuó.
En la década de los sesentas se promulgaron una serie de ordenamientos legales, con el propósito de controlar y orientar el crecimiento de la ciudad sobre bases racionales, que superaran la anarquía con que ha venido creciendo a consecuencias de la explosión demográfica.
De 1980 a nuestros días, se ha continuado la pauta general de orientar el crecimiento de la ciudad por medio de acciones de planeación urbana dirigidas por la autoridad, tanto en su instancia estatal como municipal.
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