El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México; por desgracia para este país, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos cincuenta años. Felipe Calderón llega a la presidencia a partir de una elección seriamente cuestionada por uno de los contendientes y por una parte importante de la población, lo que de alguna manera condicionó la trama y el final. La diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue de .56%.
Aunado a lo anterior, Calderón asume la presidencia en un escenario de seguridad muy complicado: tiene que hacer frente al control territorial de zonas del país por parte del narcotráfico; una guerra entre cárteles de la droga; conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia en la frontera; un flujo constante de drogas hacia el país del norte y un aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México. En ese contexto decide combatir frontalmente al narcotráfico y reformar las instituciones del Estado en materia de seguridad.
En materia económica se pueden señalar como elementos positivos que, durante el sexenio calderonista, se vivió la inflación más baja de la historia, una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. No obstante y según el informe de la Cuenta Pública 2012, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, el promedio del PIB en dicho sexenio fue de 1.9%, lejos del 3.2 pronosticado. Ese ‘‘limitado crecimiento se reflejó en precarias oportunidades de empleo formal’’ y agravó la informalidad, ‘‘lo que implicó bajos ingresos, reducida productividad y carencia de seguridad social y servicios de salud’’.
Así, AMLO arrebata el sitio de la tasa más baja de crecimiento que tenía en cinco sexenios la administración de Felipe Calderón, que fue de 1.4% promedio.
El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México; por desgracia para este país, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos cincuenta años.
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Felipe Calderón llega a la presidencia a partir de una elección seriamente cuestionada por uno de los contendientes y por una parte importante de la población, lo que de alguna manera condicionó la trama y el final.
En materia económica se pueden señalar como elementos positivos que, durante el sexenio calderonista, se vivió la inflación más baja de la historia, una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable.
No obstante y según el informe de la Cuenta Pública 2012, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, el promedio del PIB en dicho sexenio fue de 1.9%, lejos del 3.2 pronosticado. Ese ‘‘limitado crecimiento se reflejó en precarias oportunidades de empleo formal’’ y agravó la informalidad, ‘‘lo que implicó bajos ingresos, reducida productividad y carencia de seguridad social y servicios de salud’’.
Este último argumento es el que desarrolla Rogelio Hernández en su contribución a este número. Hernández explica de manera clara el destino del PRI durante los doce años de panismo. Hernández muestra cómo el PRI fue capaz de resistir la alternancia, competir, ganar y renovar a sus élites, sobre todo estatales.
El artículo de María del Carmen Pardo analiza el proyecto de modernización administrativa del gobierno de Felipe Calderón. La autora afirma que la complejidad del contexto político y económico no permitió que dicho proyecto fuera prioritario en la agenda gubernamental. De acuerdo con la autora, las medidas más destacadas en el ámbito de la Administración Pública en ese periodo fueron la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño y la Matriz de Indicadores para Resultados, pero señala que fueron más medidas aisladas con un enfoque gerencial, que parte de un proyecto de largo aliento.
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En resumen, estos tres primeros artículos muestran las dificultades que desde un inicio enfrentó el gobierno de Felipe Calderón: la crisis de legitimidad derivada de la elección presidencial, la crisis económica mundial de 2008 y el aumento de los niveles de violencia asociados al narcotráfico.
Después de estudiar el periodo presidencial de Calderón, el autor llega a la conclusión de que el presidente “se planteó objetivos poco factibles (avanzar en la guerra contra el narcotráfico y posteriormente aprobar varias reformas estructurales), los cuales buscó realizar según estrategias inadecuadas (una ofensiva punitiva militar generalizada y una orientación predominantemente unilateral y plebiscitaria, respectivamente), por lo que terminó perdiendo cada vez mayor capital político e incluso empeorando el problema que más buscaba resolver”.
Rodrigo Velázquez muestra el complejo panorama de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en el gobierno del presidente Calderón. Si bien como sostiene Velázquez “el sexenio será recordado por haber obtenido la presidencia con un margen mínimo de diferencia, por la falta de reconocimiento de la izquierda a Felipe Calderón como presidente legítimo, por la guerra emprendida contra el crimen organizado y por la alta tasa delictiva durante su gestión […] existieron otras acciones y leyes impulsadas por el presidente de gran trascendencia para la vida política, económica y social del país”.
Según el autor, “ni el sistema presidencial, el multipartidismo, ni la ausencia de mayoría del partido del presidente en el Congreso produjeron una parálisis legislativa, aunque sí dificultaron la aprobación de algunas reformas estructurales”.
Para comprender la política social del gobierno de Calderón, los autores resaltan algunas de las continuidades de los gobiernos panistas. Así, en 2003 durante el gobierno de Vicente Fox se promulgó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y se creó el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social.
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Según los autores, la LGDS se basa en un enfoque de derechos y en una visión multidimensional de la pobreza. La administración de Fox creó el Seguro Popular, que se desarrollaría durante el gobierno de Calderón que planteó como meta la cobertura universal en servicios de salud.
Los autores encuentran que “el Seguro Popular surgió de un diagnóstico sólido y de una preocupación fundada sobre la necesidad de hacer efectiva la protección social en salud y un gasto sanitario más equitativo. Sin embargo, sus efectos sobre el gasto de bolsillo y sobre los servicios de salud en general han resultado bastante limitados”. En términos teóricos es posible argumentar, por una parte, que hay una dependencia del camino en la política de salud y, por otra, que la realidad institucional mexicana caracterizada por el federalismo tiene como consecuencia servicios de salud de calidades muy diversas.
Flamand y Moreno-Jaimes concluyen que “la propuesta de universalización de Funsalud, igual que la de Seguro Popular en sus orígenes, presta escasa atención a los servicios estatales de salud y a su patente heterogeneidad.
Sin duda este artículo continúa un debate muy amplio en la discusión sobre movimientos sociales, no sólo en México, sino en el mundo, caracterizado por múltiples movimientos que, como afirma Bizberg siguiendo a Amartya Sen, distinguen a un sujeto de un individuo.
El autor concluye que la situación de la democracia en México no es catastrófica, aunque destaca que sí hay un desencanto con este sistema político, derivado de los pobres resultados que ha tenido en términos de reducción de desigualdad y pobreza y de la precariedad del Estado de derecho.
El 1 de julio de 2012, Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, formada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, ganó la elección presidencial con 38.2% de los votos.
El 2 de diciembre de 2012, el gobierno anunció el Pacto por México, firmado por PRI, PAN y PRD. Que el presidente y la oposición consensuaran una agenda legislativa que incluyera las reformas estructurales fue un hecho inusual en la política mexicana.
Dado el contexto de gobierno sin mayoría, al presidente Peña Nieto le hubiera sido muy difícil aprobar solo estas reformas. A los pocos meses de su existencia el Pacto logró producir reformas constitucionales importantes en materia fiscal, energética educativa y telecomunicaciones, entre otras. Sin embargo, al momento de discutir las leyes secundarias, la colaboración legislativa perdió el impulso y se fue agotando.