Descubre los Instrumentos Jurídicos Clave que Transforman el Desarrollo Económicopost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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Para que los países atrasados y pobres puedan llevar a cabo un proceso de desarrollo económico, es necesario que reúnan algunas condiciones o requisitos y que dispongan de varios instrumentos o herramientas. El camino hacia el verdadero desarrollo no solo requiere de una economía en orden sino también de un sólido marco jurídico e institucional.

El Estado de Derecho y la Estabilidad Política

La estabilidad política es necesaria para que pueda llevarse a cabo el crecimiento de la economía. El estado de derecho, por su parte, favorece directamente el desarrollo económico, ya que implica la existencia de una democracia constitucional con estabilidad política.

No solo es necesario que haya elecciones libres e instituciones políticas que permitan la participación democrática, sino lo que los anglosajones llaman el “rule of law”, vale decir, el imperio de la ley y el sometimiento del estado al derecho. Este “rule of law” involucra varios aspectos, tales como leyes claras y predecibles, la resolución de conflictos sobre la base del derecho y no de la discreción del gobierno de turno, el debido proceso legal y, sobre todo, el goce pleno de las libertades individuales.

Los sistemas de contralor y de frenos y contrapesos entre los poderes, así como el adecuado castigo de la corrupción, son elementos que también hacen al núcleo central del estado de derecho. Por último, es esencial la “seguridad jurídica”, esto es, la estabilidad en las reglas que permite el cálculo económico y presupuestar las inversiones en el tiempo. Para ello, el Estado debe mantener estabilidad, claridad y coherencia en sus políticas y normas para los productores y consumidores.

La Propiedad Privada y la Libre Empresa

En los países insuficientemente desarrollados debe existir el derecho legal y garantizado a la propiedad privada y a la libertad para que todas las personas puedan fundar y organizar unidades de producción. Nadie estará dispuesto a crear una empresa si existe el riesgo de que el Estado u otras personas o grupos le arrebaten o confisquen su propiedad.

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La propiedad privada y la libre empresa deben estar garantizadas y protegidas por un Estado de derecho, y éste debe asegurar su empleo y explotación para que así se fomente el ahorro y la inversión. El derecho de propiedad permite a su titular gozar, consumir o transferir un bien. Si la persona que realiza una inversión para obtener un ingreso o beneficio no puede gozar del producto de su inversión sin la seguridad de no ser impedido por el estado o por terceros, entonces no va a estar dispuesto a hacer la inversión.

Esto produce sub-inversión, que genera menor crecimiento y, a la larga, pobreza. Por eso la Constitución argentina, que buscaba atraer a inmigrantes e inversores, declara que “la propiedad es inviolable”.

Seguridad Jurídica en Contratos, Crédito e Inversión

Todas las clases de contratos deben respetarse rigurosamente. El respeto a los contratos es fundamental, ya que éstos deben ser protegidos frente a su violación por parte de la contraparte o a su interferencia por parte del gobierno. Los contratos que en el mundo moderno sustentan la infraestructura del crecimiento económico son complejos y de largo plazo (pensemos en la construcción de una planta industrial, un desarrollo habitacional o un gasoducto).

Asimismo, la protección del crédito permite que el ahorro de los particulares pueda ser vehiculizado para atender las necesidades de recursos financieros de las empresas y de quienes desarrollan proyectos. La protección del acreedor y del recupero del crédito permite, a la larga, una mayor abundancia de financiamiento y una tasa de interés más accesible que permita financiar proyectos de inversión a largo plazo que creen fuentes de trabajo de manera sostenible. El sistema jurídico es clave en esto.

Por un lado, debe permitir la creación y respeto de las garantías del crédito a bajo costo (hipotecas, prendas, fideicomisos) y darles efectiva y rápida tutela en caso de ejecución. La tutela de la inversión es igualmente crucial, dado que la seguridad jurídica es esencial para atraer la inversión, tanto la extranjera como la de los propios argentinos. La Argentina no genera ahorro interno suficiente y es necesario entonces competir por el capital y las inversiones en el terreno global, dándoles no solo protección a través de tratados bilaterales de protección de inversiones, como los que la Argentina ya ha firmado, sino a través de varios resguardos jurídicos.

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La Justicia Independiente, Disciplina y Empresarismo

La Justicia independiente es una institución fundamental de la separación de poderes del régimen republicano, que asegura la vigencia del estado de derecho y el imperio de la Constitución y de los derechos que ésta protege. Tiene por función, además de resolver los conflictos entre particulares, evitar que la “captura” del aparato estatal por gobernantes no respetuosos de la Constitución pueda avasallar las libertades individuales y dejar la vida, las propiedades o la libertad de expresión de los ciudadanos a merced del gobierno, a través del control de constitucionalidad de las leyes y del control jurisdiccional de la actividad administrativa.

La disciplina, tanto individual como colectiva, es también un factor determinante. Un país indisciplinado no alcanzará su desarrollo económico. La disciplina es responsabilidad, es observar y cumplir los derechos y deberes de la sociedad.

Finalmente, es necesario que un porcentaje alto de la población tenga espíritu empresarial para impulsar la innovación y la creación de riqueza.

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