Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex detenido en Málaga, será procesado en México por diversas acusaciones. Contra Lozoya pesaba una orden internacional de detención lanzada en mayo por la Fiscalía mexicana por blanqueo de capitales. Se le acusa de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes inactiva, Agro Nitrogenados. Además, el pasado 5 de febrero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmaba una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos por dar información falsa en su declaración patrimonial. A todos esos cargos sumará ahora la compra de Barreras.
La Compra del Astillero Hijos de J. Barreras: Una Operación Ruidosa
Una de las operaciones consideradas “ruinosas” por las autoridades de su país fue la compra del astillero vigués Hijos de J. Barreras. Esta operación fue negociada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y validada por el propio Lozoya. Su sucesor, Octavio Romero Oropeza, desveló el pasado 29 de enero que el equipo de Pemex que gestionó aquella operación fue denunciado ante la Fiscalía General de la República en septiembre de 2019, por la comisión del presunto delito de administración fraudulenta. La compra de Barreras fue duramente criticada tanto por Romero Oropeza como por el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
“Una de las cosas que heredamos fue este astillero en España, en condiciones muy desventajosas para Pemex”, acusó recientemente López Obrador. El actual director de la compañía estatal relató en rueda de prensa las irregularidades que a su juicio rodearon la compra de la empresa viguesa, en la que se implicó de forma destacada el presidente de la Xunta, que viajó a México en 2014 para cerrar el acuerdo. Romero Oropeza hizo un relato cronológico de la operación, cerrada en un escenario en el que Barreras “estaba por iniciar un proceso de quiebra”. La compra se concretó a través de un contrato de inversión por el que una filial de Pemex, PMI, se hizo con el 51% de las acciones de la factoría naval. “Sin embargo, PMI no participó en su administración, que quedó en los demás accionistas, quienes no solo tomaron las decisiones importantes, sino el control de la empresa”.
El dirigente de Pemex afirmó que la inversión “no correspondió a una actividad que debiera realizar Pemex”, que “se omitió información de su justificación” y que “se reportaron pérdidas”, con un patrimonio negativo en 2019 de 50 millones de euros. “Como consecuencia de lo injustificado de la inversión y de la nula o mala administración” del astillero, “la actual administración presentó en septiembre de 2019 ante la Fiscalía denuncias de hechos por la posible comisión del delito de administración fraudulenta”.
Además de Lozoya, otros dos relevantes ejecutivos de Pemex que negociaron con Feijóo la compra de Barreras están siendo investigados por la Justicia mexicana. Se trata de José Manuel Carrera Panizzo, antiguo director de PMI, y Carlos Roa, jefe de asesores de Lozoya en Pemex y que ejerció como vicepresidente de Barreras hasta 2016. Ambos están implicados en la compra presuntamente fraudulenta por sobrecoste de la compañía de fertilizantes Agro Nitrogenados.
Lea también: Eventos Inolvidables en Tijuana
Las Denuncias de Emilio Lozoya contra la Clase Política
En la denuncia que Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) se menciona como presuntos responsables de incurrir en actos de corrupción y en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado a diversos personajes. ¿Alcanza usted a imaginar sobornos por 516 millones de pesos? Ese es, más o menos, el monto del cohecho que denunció Emilio Lozoya Austin ante la FGR, parte del cual -acepta- fue para su beneficio. Agregue a eso una multimillonaria suma, hasta ahora no cuantificada, de pérdidas para el erario, por contratos leoninos, compras fraudulentas de plantas chatarra y transacciones ilegales para el beneficio personal, el de amigos contratistas y el de grandes intereses políticos y económicos.
Es incontestable que el acusador Lozoya Austin es un infractor confeso (así haya actuado por órdenes superiores y se haya acogido a criterios de oportunidad para atenuar su castigo). También denunció formalmente a:
- Enrique Peña Nieto
- Felipe Calderón
- Luis Videgaray
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca
- Francisco Domínguez Servién
- Salvador Vega Casillas
- Jorge Luis Lavalle
- David Penchyna
- Ricardo Anaya
- Osiris Hernández
- Ernesto Cordero
- José Antonio Meade
- José Antonio González Anaya
- Carlos Treviño Medina
- Rafael Caraveo Opengo
- Carlos Salinas de Gortari (al parecer en grado de tentativa)
Las declaraciones de Lozoya, más que revelar, confirman la podredumbre generalizada entre quienes detentaron el poder en décadas recientes. Las máximas pruebas de la corrupción descrita en la denuncia filtrada son del dominio público desde hace años: el desmantelamiento de la industria energética, el debilitamiento del sector público de la economía, la crónica falta de recursos para atender necesidades básicas de la población, el crecimiento lacerante de la desigualdad, y el surgimiento de fortunas tan fabulosas como inexplicables entre altos funcionarios y sus allegados.
El Expediente Odebrecht y la Impunidad
La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República revela beneficios que supuestamente fueron dados a Odebrecht en el sexenio de Felipe Calderón. En su denuncia señala: "Quiero dejar muy en claro que Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto". Lozoya menciona que durante el gobierno de Calderón se celebró un contrato multimillonario con la empresa Braskem, a la cual se refiere como accionista de Odebrecht. El punto de la relación es la planta Etileno XXI. Lozoya agregó: "Muchos panistas dentro del sexenio de Calderón recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó tanto, que incluso recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su consejo de administración en Los Pinos, con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa".
La investigación gubernamental sobre el caso Odebrecht ha sido políticamente congelada, más allá de que en términos procesales siga en curso. Quien era procurador federal de justicia, Raúl Cervantes Andrade, dijo, a la hora de dejar el cargo, que el expediente del caso estaba terminado, listo para su fase siguiente, que ha de entenderse que significaría la búsqueda de conseguir órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. No ha sido nombrado un procurador en firme, y el sustituto, Alberto Elías Beltrán, destituyó de inmediato al fiscal especializado en delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, quien avanzaba en el terreno de las acusaciones, en juzgados brasileños, de que la firma citada, Odebrecht, había entregado millones de dólares para “acompañar” la campaña electoral priista de 2012, con Peña Nieto como candidato. En términos políticos, de realidad real, no discursiva, el caso está frenado, con un evidente y fuerte tufo de protección a Emilio Lozoya, luego director de Pemex.
Lea también: el caso del testigo clave Jorge Julio López
La Controversial Filtración de la Denuncia
La denuncia se viralizó rápidamente. Primero llegó a algunos reporteros, muy pocos, en la mañana del miércoles 19 de agosto. Trabajaron discretamente en varios textos, con la idea de publicarlo en sus medios esa misma noche. Después de las cuatro de la tarde, otros periodistas recibieron copia de algunos abogados, cercanos al gobierno obradorista. Foro TV decidió publicar la historia tal cual estaba. Al final de la pequeña nota con los detalles más relevantes del documento añadieron un link para que pudiera descargarse como pdf. Después de eso, el adjunto llegó a cientos de reporteros, activistas, abogados, jefes de medios y usuarios de redes sociales en cuestión de dos horas.
La Fiscalía General de la República se deslindó de inmediato de la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya. El deslinde es necesario, ya que difundir una denuncia en proceso es un delito. De por sí la FGR estaba en un brete ante la filtración primero, y difusión abierta por el Presidente después, de un video que presuntamente sería una prueba en la denuncia de Lozoya. Por eso la Fiscalía añadió a su deslinde una petición muy controvertida: “Invitamos también a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío”. Filtrar pruebas y denuncias es la forma más fácil de asegurar la impunidad de criminales o corruptos puesto que constituye una violación de la presunción de inocencia y del debido proceso.
Si el Presidente quisiera realmente combatir la corrupción, sería el principal interesado en impulsar procesos jurídicamente impecables. Pero no. Él mismo, molesto porque a su parecer los medios no le dieron suficiente difusión al video, lo exhibió en su mañanera y convirtió la filtración en un acto de gobierno. También dijo que todo el mundo debería leer la denuncia filtrada. La indignación de la FGR palidece ante esta invitación del Presidente. Tremendo trabajo y seguimiento de pistas tendrán que realizar los agentes y ministerios públicos de la Fiscalía General de la República para dar con el o los responsables de la filtración de la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
El entusiasmo declarativo de Palacio Nacional sobre el tema de procedimientos escénicos (declarar) va a contrapelo de la reticencia del propio político tabasqueño respecto al fondo del asunto, es decir, que la propia Presidencia demande y promueva castigo a los presuntos responsables de hundir a la nación. Andrés Manuel López Obrador ha abundado en detalles, pistas y adelantos respecto de lo que habría de decir y denunciar Lozoya Austin en la etapa inicial de actuaciones jurídicas que requieren del máximo cuidado y sigilo para no conceder ventajas a un eventual litigio sobre violaciones al debido proceso judicial. El manejo político y mediático del caso Lozoya ha instalado, desde ahora, firmes indicios de violación al debido proceso judicial, parecería con una intención clara de privilegiar la difusión de las redes de criminalidad política. Ha sido abierta la intrusión del Presidente de la República, en sus conferencias matutinas de prensa, en terrenos que la Fiscalía General de la República debería mantener bajo celosa reserva.
Que el manoseo del caso Emilio Lozoya está a tal grado que quien filtró la denuncia censuró algunas partes y los sospechosistas señalan que, por lo pronto, desapareció la página 49 del documento, que alude a la zona petrolera sur de Veracruz, de donde es oriunda una colaboradora de la 4T. La pregunta es si así estará redactado el documento, si es un error de origen de la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz, o si trataron de encubrir o medir con dos varas el caso. El riesgo es que podría haberse afectado el respeto al debido proceso, no lo sé, lo que afectaría la vertiente procesal, dejando viva la mediática-electoral que parece primar. En este caso, tan delicado y tan expuesto al rigor del análisis público, la Fiscalía General de la República, autónoma solamente en teoría, y la Presidencia de la República deben cuidar que los éxitos de circunstancia y proscenio lleguen a tener correspondencia justiciera a la hora de las sentencias formales.
Lea también: Detalles sobre la acusación de lavado de dinero contra Rafael Márquez y Julión Álvarez
tags: #julio #hernandez #astillero #emilio #lozoya #acusaciones