La nueva ley de hacienda en España implica una transformación en la visión institucional del Erario, pasando de ser una organización burocrática a una entidad con oficiales y comisionados desempeñando una doble faceta: jueces especializados en Hacienda y agentes gestores de aspectos económico-gubernativos.
Justicia y Administración en la Hacienda Española del Siglo XVIII
En el siglo XVIII, la Hacienda española operaba dentro de una justicia de Antiguo Régimen, donde los jueces eran el centro del orden jurídico, más que las leyes, y se reconocía una pluralidad de fuentes de derecho, incluyendo la tradición.
Historiográficamente, el análisis de la jurisdicción de Hacienda en el Erario regio de Nueva España durante los siglos XVI y XVII destaca a autores fundamentales como Ismael Sánchez Bella y Michel Bertrand.
Enfoques Historiográficos
- Ismael Sánchez Bella: Se centró en las instituciones financieras y los erarios regios indianos, especialmente en el siglo XVI, destacando el papel de los oficiales y tenientes de las cajas reales y los Tribunales de Cuentas.
- Michel Bertrand: Realizó estudios institucionales de los oficiales reales del Erario regio de Nueva España, combinando la historia política con análisis prosopográficos y de redes sociales.
Análisis Jurisdiccional del Erario Regio
El análisis jurisdiccional del Erario regio de Nueva España se basa en dos aspectos centrales, circunscritos al período de 1560 (creación de una jurisdicción especial en Hacienda) a 1652 (fin de la gestión del primer juez del ramo del papel sellado).
Para comprender este análisis, es esencial sintetizar los conceptos fundamentales de justicia, juez, jurisdicción y oficio. Asimismo, es crucial mostrar el momento en que los oficiales reales de la caja de México recibieron la potestad jurisdiccional y los desafíos enfrentados para anular o restringir sus alcances, especialmente por parte de las reales audiencias.
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Justicia Ordinaria y la Resolución de Conflictos
En las Indias occidentales, la monarquía implantó una justicia ordinaria ejercida por corregidores y alcaldes mayores en el nivel local. Estos funcionarios, presentes en un entorno mayormente rural, administraban justicia en primera instancia como representantes del rey.
Dado que la mayoría eran jueces legos, necesitaban asesores letrados para consejo y elaboración de sentencias. La aparición de corregimientos urbanos fue un fenómeno tardío, originado a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII.
En caso de apelaciones, las sentencias emitidas por los justicias ordinarios se presentaban ante las reales audiencias. El problema central radicaba en la resolución judicial de conflictos entre entidades exactoras y contribuyentes, especialmente en casos de contrabando y adeudos al Erario regio, así como fraudes, corrupción u omisiones en el manejo del Real Haber.
Evolución de la Jurisdicción de Hacienda
En 1522, se nombraron los primeros oficiales propietarios de la caja real de México. Sin embargo, estos carecían de jurisdicción, y los asuntos que requerían determinación judicial debían ser comunicados a Hernán Cortés, quien resolvía como gobernador. Esta situación se repitió en 1535 con la creación de la Casa de Moneda de México.
Entre 1521 y 1560, la red de tesorerías del Erario regio era reducida, con solo cinco cajas reales y la Casa de Moneda. La estructura de control se ajustaba a una nómina limitada de ramos presentes en la Real Hacienda, como el quinto y diezmo de metales preciosos, el tributo de indios, los derechos de almojarifazgo, los "dos novenos reales" y el derecho de señoreaje.
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Los oficiales reales argumentaban que carecían de jurisdicción para compeler a los causantes al pago de sus adeudos y perseguir a defraudadores y contrabandistas, lo que impedía ejecutar comisos, embargos e incluso dictar prisión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones con el Erario regio.
Solicitud de Jurisdicción por los Oficiales Reales
Los oficiales reales solicitaron ser designados como "Jueces Oficiales" para la cobranza y recaudo de la Real Hacienda, con apelaciones dirigidas al Virrey en lugar de la Audiencia. La petición buscaba la delegación de una potestad, la jurisdicción de Hacienda, para impartir justicia y asegurar la cobranza y el buen recaudo del Erario regio.
La monarquía había defendido que los litigios relativos a la Hacienda indiana se resolvieran en la justicia ordinaria, pero la delegación de comisión, poder y facultad a los oficiales reales de la caja de México creó una jurisdicción especial ejercida por los contadores, tesoreros y factores de la caja real de México, extendiéndose a otras cajas reales en Nueva España y el resto del espacio indiano.
Este proceso no fue automático y enfrentó resistencia por parte de las audiencias indianas, que perdieron su función como jueces en primera instancia en materia de Hacienda, reservada ahora a los oficiales reales. Sin embargo, las audiencias mantuvieron su función en las apelaciones.
Consolidación de la Jurisdicción de Hacienda
Apenas seis años después del otorgamiento de la jurisdicción, el título de "juez oficial de la Real Hacienda" ya era común en la documentación virreinal. Aunque el monarca intentó contener este uso, la práctica persistió, consolidándose con el tiempo a pesar de las disputas ulteriores.
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Los oficiales reales de la caja de México se titulaban a sí mismos como jueces oficiales en los libros de cargo y data, documentos utilizados para realizar los juicios de cuentas y fincar responsabilidades.
Alcances y Desafíos de la Jurisdicción
Los alcances del otorgamiento de la jurisdicción a los oficiales reales de Nueva España fueron expuestos por el jurista Gaspar Escalona y Agüero en su obra Arcae Limensis. Dos factores alteraron el cuadro de rentas de la Real Hacienda a partir del último tercio del siglo XVI: las consecuencias financieras de la política internacional de la monarquía católica y la transformación técnica en la producción argentífera novohispana gracias al uso del azogue.
La introducción de nuevos ramos en el Erario regio de Nueva España complejizó la gestión de la estructura básica creada para la captación, administración y erogación de los recursos. Uno de los rubros más problemáticos fue el de las alcabalas, cuya administración fue inicialmente asignada a los oficiales de las cajas reales en 1575.
Los oficiales reales de la caja de México, responsables de un vasto distrito, se excusaron de gestionar las alcabalas debido a la carga excesiva de trabajo. En respuesta, el virrey Enríquez generó una estructura paralela a las cajas reales para la recolección y administración del gravamen, comenzando con la Contaduría General de Alcabalas de Nueva España en 1575.