Por: M.D.T. y L.C.
Introducción
Este artículo aborda el tema de la defensa fiscal del contribuyente, cuyo propósito es brindar a los ciudadanos el acceso expedito y total a la solución de controversias originadas en su interacción con las autoridades fiscales.
El desarrollo y crecimiento de una nación depende en gran parte, del pago de contribuciones de sus ciudadanos.
Es por eso que el deber de contribuir al gasto público está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 31 fracción IV, donde se dispone que: “Son obligaciones de los mexicanos… Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Con el fin de coadyuvar en la regulación de la relación entre el fisco y el contribuyente, el 23 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC), teniendo como propósito primordial el de reconocer y enunciar de manera clara y precisa los principales derechos a los que un contribuyente tiene acceso, para de esta forma, dar certeza y seguridad jurídica a la relación tributaria.
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En dicha ley se hace mención también de la necesidad de que el contribuyente conozca la identidad de las autoridades fiscales ante quienes está llevando a cabo un trámite o está realizando un procedimiento o gestión cuyos resultados le afectan, subrayando la necesidad de que en el trato del ciudadano con la autoridad fiscal prive el respeto y consideración por parte de los servidores públicos de la administración fiscal y además se establece el derecho a formular alegatos, defenderse mediante la presentación de pruebas y ser escuchado previo a que se emita la resolución donde se determina un crédito fiscal.
La importancia de la LFDC radica en el hecho de que tanto las personas morales como las personas físicas que persiguen un fin de lucro, tienen como propósito económico obtener utilidades que les permitan sufragar gastos e invertir en infraestructura, de manera simultánea al cumplimiento de las obligaciones fiscales o laborales que las leyes les imponen.
Por otra parte, la falta de conocimiento sobre las opciones de defensa fiscal ante procedimientos erróneos o arbitrarios por parte de la autoridad, trae como consecuencia que el contribuyente no se defienda cuando dichas autoridades fiscales se apartan de las normas jurídicas afectando el patrimonio o en el peor de los casos, la libertad del contribuyente.
Esta defensa se puede intentar en primera instancia ante la propia autoridad que emitió el acto que se está impugnando. Es decir, los contribuyentes pueden impugnar los actos y resoluciones de las autoridades fiscales que vulneren sus derechos ante la propia autoridad fiscal.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de los Medios de Defensa Fiscal?
Como su nombre lo dice, son la presentación (en una primera instancia) de un método escrito o recurso con el propósito de extinguir efectos legales.
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Los medios de defensa fiscal son los recursos y procedimientos legales que una persona o empresa puede utilizar para impugnar una determinación o acto administrativo emitido por una autoridad fiscal.
Los recursos administrativos son los medios por los cuales los contribuyentes pueden impugnar actos y resoluciones de las autoridades fiscales.
En esencia, la defensa fiscal se define como el conjunto de mecanismos legales y administrativos establecidos para proteger los derechos de los contribuyentes frente a las actuaciones de las autoridades fiscales.
Importancia de los Medios de Defensa Fiscal
No utilizar los Medios de Defensa Fiscal puede tener graves consecuencias para los contribuyentes. Desde el pago de créditos fiscales injustificados hasta la imposición de multas y sanciones, las implicaciones son múltiples y significativas. Este recurso no solo protegen los derechos de los contribuyentes, sino que también promueven la justicia y la equidad en el sistema tributario. Por ello, es crucial que los contribuyentes conozcan y utilicen estos mecanismos para impugnar actos administrativos que consideren incorrectos o injustos.
Los contribuyentes tienen derecho a interponer medios de defensa cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados por actos o resoluciones de las autoridades fiscales.
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La defensa fiscal es un derecho fundamental de los contribuyentes consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversas leyes fiscales.
Uno de los principales beneficios de la defensa fiscal es la posibilidad de reducir la carga tributaria de manera lícita. La defensa fiscal permite proteger los derechos de los contribuyentes frente a actuaciones injustas o abusivas por parte de las autoridades fiscales. Un adecuado ejercicio de la defensa fiscal puede ayudar a evitar o reducir sanciones y multas injustas impuestas por las autoridades fiscales. Al optimizar la carga tributaria y evitar sanciones injustas, la defensa fiscal contribuye al ahorro de costos para el contribuyente.
Contar con una defensa fiscal sólida y fundamentada brinda tranquilidad y confianza al contribuyente. La defensa fiscal permite garantizar el cumplimiento normativo y legal por parte del contribuyente.
La defensa fiscal es de gran importancia tanto para las personas físicas como para las empresas.
La defensa fiscal permite proteger los derechos del contribuyente frente a posibles abusos o actuaciones indebidas por parte de las autoridades fiscales.
A través de la defensa fiscal, se busca interpretar correctamente las leyes fiscales y aplicar adecuadamente las disposiciones legales para reducir la carga tributaria de manera lícita.
La defensa fiscal permite impugnar y evitar sanciones y multas injustas que puedan imponer las autoridades fiscales.
En el caso de que se realice una auditoría fiscal, contar con una defensa fiscal sólida y bien fundamentada permite enfrentarla de manera adecuada.
Una defensa fiscal exitosa puede generar ahorros significativos para el contribuyente al reducir los montos de impuestos, sanciones y multas.
Contar con una defensa fiscal sólida brinda tranquilidad y confianza al contribuyente.
Es importante destacar que la defensa fiscal debe realizarse dentro del marco legal y respetando las normas aplicables en cada jurisdicción.
La mejor forma de evitar conflictos con las autoridades fiscales es a través de la prevención y el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.
Una de las obligaciones del Estado Mexicano es asegurar la protección y promoción de los derechos de los gobernados, por lo que el conjunto de leyes vigentes en nuestro país existe “mecanismos”, “medios de defensa fiscal” o “instrumentos” que ayudan a los contribuyentes a proteger y el respeto de sus derechos.
Principios de la Defensa Fiscal
- Proporcionalidad: Todos los contribuyentes deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos.
- Legalidad: Todos los actos de las autoridades fiscales deben estar apegados a la ley y respetar los derechos de los contribuyentes.
- Equidad: La aplicación de las normas fiscales debe ser justa y equitativa, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada contribuyente.
- Generalidad: Toda persona física o moral que caiga en los supuestos que marca la ley tributaria, deberá aportar de manera obligatoria al pago de las contribuciones establecidas en ley.
- Destino al gasto público: Los pagos realizados por los contribuyentes serán destinados al gasto público, con la finalidad de que el Estado pueda prestar servicios públicos.
Procedimiento para el uso de los medios de defensa fiscal
El procedimiento para ejercer los medios de defensa fiscal puede variar dependiendo del caso concreto y de la autoridad fiscal involucrada.
En este contexto, la contadora expuso algunos aspectos del procedimiento para el uso de los medios de defensa fiscal:
- Identifica el acto impugnable y determina las razones por las cuales consideras que la determinación es errónea o injusta.
- Evalúa el caso para establecer cuáles son los medios más adecuados para tu situación.
- Respeta los plazos establecidos para la presentación de cada mecanismo y cumple con todos los requisitos formales establecidos en la ley. Esto incluye presentar la documentación requerida para dar inicio a las acciones de investigación.
Medios de Defensa Fiscal y Administrativa
Ante la eventualidad de un conflicto con las autoridades fiscales, los contribuyentes cuentan con diferentes medios de impugnación para defender sus derechos.
Defensa Administrativa
Cuando se habla de defensa administrativa de los contribuyentes, se hace referencia a los recursos administrativos.
Resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales, entendiendo por “resolución”, lo que Islas define como “el acto administrativo que es la última y definitiva manifestación formal de la voluntad de la administración pública sobre un determinado asunto”.
Estas resoluciones pueden ser aquéllas que:
- Determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos.
- Nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley.
- Dicten las autoridades aduaneras.
- Causen agravio al particular en materia fiscal.
En este caso no deberá considerarse la aclaración a que hace referencia el Artículo 33-A del CFF, donde se da un plazo de seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones relacionadas con sanciones por infracciones a diversas disposiciones fiscales para que el contribuyente acuda a hacer las aclaraciones que consideren pertinentes.
Actos de autoridades fiscales que:
- Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido.
- Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución.
El contribuyente tiene un plazo de 30 días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución definitiva emitida por la autoridad fiscal para interponer el recurso de revocación a través del buzón tributario, en tratándose de recursos que se presenten ante las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, o bien por escrito, ante la autoridad competente de cada Entidad Federativa que hubiese suscrito el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el caso de que se impugnen actuaciones emitidas con motivo de dicho convenio.
La autoridad competente, es decir, quien conocerá de dicho medio de defensa puede ser una Administración Desconcentrada Jurídica, la Procuraduría Fiscal de la Entidad Federativa, o la Administración General de Grandes Contribuyentes, entre otras.
De manera posterior a su presentación, la autoridad analizará que el escrito reúna los requisitos que el CFF establece en los artículos 18, 122 y 123 y en caso de haber alguna omisión por parte del contribuyente se le requerirá para que presente en un plazo de 5 días la información faltante.
Para Islas lo interesante de interponer el recurso de revocación antes de acudir a juicio de nulidad es en los casos en que el tiempo para impugnar está a punto de vencer y no es posible hacer un análisis completo del caso, sin embargo, con la formulación de uno o dos agravios el recurso puede ser procedente.
Recurso de Revocación
Es un recurso administrativo que se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto impugnado.
Su objetivo es revocar, modificar o anular el acto administrativo impugnado.
Se debe interponer dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto.
Revocación: Permite al contribuyente solicitar a la misma autoridad fiscal que emitió un acto o resolución que lo afecte, que lo revise y, en su caso, lo revoque o modifique.
Recurso de Inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
El Recurso de Inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social procede contra: Los créditos fiscales mencionados en el Artículo 287 de la LSS por concepto de cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos, actualizaciones, recargos y multas. También se puede interponer recurso de inconformidad ante la negativa de devolución de pagos de lo indebido, (la devolución está contemplada en el Artículo 299 de la LSS), contra resoluciones que determinen la clasificación en el grado de riesgo dela empresa, con base en los artículos 22 y 23 del Reglamento de la Ley del Seguro Social (RLSS), contra valuaciones actuariales de los contratos colectivos (art. 7o., RRI), en contra de la negativa de pensión (arts.
El recurso de inconformidad, debe contener lo siguiente:
- Nombre y firma del recurrente; domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el número de su registro patronal o de seguridad social como asegurado, según sea el caso; en caso de que el promovente no sepa o no pueda firmar o estampar su huella digital, lo podrá realizar otra persona en su nombre;
- Acto que se impugna y, en su caso, número y fecha de la resolución, número de crédito, periodo e importe, fecha de su notificación y autoridad emisora del mismo;
- Hechos que originan la impugnación;
- Agravios que le cause el acto impugnado;
- Nombre o razón social del patrón o, en su caso, del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo de trabajo, así como el domicilio en donde puedan ser notificados y
- Los documentos que deberán acompañar a este escrito se señalan en el Artículo 5, y se refieren a:
- El documento en que conste el acto impugnado;
- Original o copia certificada de los documentos que acrediten su personalidad cuando se actúe a nombre de otro. En el caso de que la cuantía del asunto tratado no exceda de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y sea una persona física el promovente, es suficiente con exhibir carta poder firmada por el otorgante ante dos testigos. También es necesario presentar:
- Constancia de notificación del acto impugnado, a menos que el recurrente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió la misma, y
- En el Artículo 54 de la misma ley se prevé que las controversias entre patrones e INVONAVIT cuando se haya agotado el recurso de inconformidad, tendrán que resolverse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Según Martínez, este medio de defensa puede interponerse ante cualquier Delegación Regional del INONAVIT a solicitud del interesado y podrá suspenderse el procedimiento administrativo de ejecución durante su tramitación, siempre y cuando se garantice el interés fiscal en un plazo de 15 días en los términos del CFF.
El término para su interposición es de 30 días para trabajadores y beneficiarios y de 15 días para los patrones, que se computan a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del acto respectivo.
Este medio de defensa, al igual que los anteriores, no procede contra actos que no afectan el interés jurídico del recurrente.
Recurso de inconformidad: Se presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y procede en contra de sus actos o resoluciones.
Recurso de Revisión
Según lo establecido en la Ley de Comercio Exterior (LCE) en su artículo 95, se trata de un instrumento de defensa que tiene como propósito el que la autoridad fiscal aduanera valore sus resoluciones para determinar si fueron emitidas conforme a derecho, pudiendo revocar, modificar o confirmar la resolución donde se determinan cuotas compensatorias a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.