Han pasado más de diez años y el caso Atenco, uno de los más notorios en México por la brutal represión policial, no sólo se resiste a quedar en el olvido sino que ahora será analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que podría condenar al Estado por su responsabilidad en los hechos y ordenar una nueva investigación. San Salvador de Atenco es sinónimo de los excesos de las autoridades en el país.
Esta localidad en el estado de México, a 40 kilómetros de la capital mexicana, fue escenario de un operativo para reprimir a manifestantes que derivó en torturas físicas, psicológicas y sexuales a decenas de mujeres. Al frente de la entidad estaba por ese entonces el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. La represión en Atenco ocurrió en 2006, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto gobernaba la localidad.
El Operativo Policial de 2006
El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, tuvo lugar un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México. El objetivo era ponerle fin a un movimiento de protesta surgido como oposición a un proyecto para construir un nuevo aeropuerto para Ciudad de México en el municipio de Atenco.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrentó con policías del estado de México por un conflicto vecinal debido a la instalación de vendedores de plantas y flores en un mercado municipal. En ese primer enfrentamiento los agentes de seguridad quedaron en desventaja ante los vecinos de Atenco, pero al día siguiente regresaron apoyados por la Policía Federal y helicópteros e implementaron un violento operativo.
Y luego se desató el horror. Dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas y más de 200 personas resultaron detenidas. Tras el enfrentamiento en Atenco murieron 2 personas y hubo centenares de heridos.
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Denuncias de Tortura Sexual y Violencia
Los organismos de derechos humanos consideran que el Estado mexicano no sólo violó los derechos humanos de las víctimas sino que incumplió su obligación de investigar los hechos adecuadamente y recomiendan identificar las responsabilidades que se derivan de la cadena de mando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras una denuncia recibida en abril de 2008 y años posteriores de estudio presentó el caso el 27 de septiembre ante la CorteIDH, asegura que la detención de las 11 mujeres que presentaron la denuncia fue ilegal y arbitraria y considera:
- "Acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica", incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres, y de violación en el caso de siete de ellas.
- Los actos, que calificó como tortura de distinto tipo, fueron cometidos por agentes estatales.
- El Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable.
- Determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.
En el informe de admisibilidad de la Comisión se afirma que las víctimas reportaron haber sufrido por parte de los policías violación por vía oral y vaginal con dedos y otros objetos, tocamientos en los genitales y pellizcos y mordidas en los senos. Entre las víctimas de abuso había periodistas, estudiantes, una médica y mujeres que estaban de compras o caminando por la calle.
Las Víctimas y sus Testimonios
Las 11 mujeres que presentaron el caso ante la CIDH son: Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Cuevas.
Algunas eran periodistas y estudiantes que fueron a cubrir las protestas, una era médica y fue a atender a los heridos, y otras estaban de compras en el mercado de Texcoco. Algunas simplemente iban caminando por la calle, de acuerdo a una reciente investigación de The New York Times en la que algunas de las mujeres hablaron públicamente por primera vez. Las mujeres torturadas y violadas tuvieron graves secuelas en sus vidas.
Suhelen Cuevas le dijo al diario estadounidense que casi el único contacto físico que puede mantener con su pareja es tomarse de la mano.“Me quitaron la mitad de mi vida”, aseguró. Las mujeres no sólo fueron abusadas sino que estuvieron entre ocho días y hasta dos años y ocho meses presas acusadas por distintos delitos, que incluían el uso de explosivos. “Ese día marcó mi vida, y lo único que quería hacer después era lastimarme", le afirmó Claudia Hernández al Times. "Me siento tan chiquita comparada con lo que era. Me pregunto: ‘¿Qué he hecho en estos diez años?’ (...) Supongo que sobrevivir”, agregó.
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La Defensa del Estado Mexicano y el Procedimiento en la CorteIDH
El gobierno anunció el 17 de septiembre que la CIDH le había notificado que pasaría el caso 12.846 "Mariana Selvas Gómez y otras" a la Corte. En ese mismo comunicado las autoridades mexicanas señalaron que el Estado reconoció en marzo de 2013 su responsabilidad y que "continúa realizando todos los esfuerzos" para impulsar la investigación, sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación.
El gobierno mexicano se defiende de las acusaciones argumentando que se tomaron medidas. A la fecha hay más de 30 personas detenidas pero ninguna ha sido condenada.
El gobierno aseguró que:
- El Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación económica.
- El Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares.
- Ha mantenido un diálogo directo con las víctimas y sus representantes, para acordar nuevas acciones para cumplir con las recomendaciones dictadas por la CIDH.
A ojos de la Comisión, el Estado mexicano no ha cumplido con sus recomendaciones y por ello consideró pertinente que el caso pase a la Corte. Ahora se espera que en los próximos tres meses ambas partes, las denunciantes y el Estado, presenten por escrito sus puntos de vista.
Luego tendrá lugar una audiencia, que suele ser pública, donde las víctimas, las autoridades, peritos y testigos brindan su testimonio, y más adelante se presentan los alegatos finales. Desde que la Corte comienza a analizar un caso hasta que se dicta sentencia transcurre un tiempo promedio de 21 meses. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría demorarse casi 2 años antes de dictar sentencia.
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La Corte está compuesta por un tribunal colegiado de siete jueces y su protocolo establece que el magistrado cuya nacionalidad coincida con el Estado denunciado se abstiene de participar. En este caso el mexicano Eduardo Ferrer, vicepresidente de la Corte, no podrá hacerlo y de darse un empate en alguna decisión, el presidente, el brasileño Roberto Caldas, tendrá un voto doble. El tribunal también está integrado por una jueza de Costa Rica y magistrados de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador.
Implicaciones para el Presidente Peña Nieto
La Corte no tiene como fin encontrar responsabilidades a nivel individual, a diferencia por ejemplo de la Corte Penal Internacional. De esta forma, no podría inculpar al entonces gobernador y actual presidente Enrique Peña Nieto, ni a otros funcionarios de menor rango. La potestad del organismo es condenar a los Estados y puede ordenar medidas de reparación y que los casos se vuelvan a investigar a nivel interno. Las decisiones de la Corte son de cumplimiento obligatorio.
En el caso del presidente Peña Nieto una sentencia condenatoria contra el Estado no hará más que ponerlo en una situación incómoda por haber ordenado el operativo policial y haber puesto en duda meses después las denuncias de las mujeres. La sentencia de la Corte podría complicar a Peña Nieto.
Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México
Con un total de 615 agresiones documentadas, los primeros tres años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han sido los más peligrosos para las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), desde la creación de esta organización, hace cinco años, se tienen documentados 36 asesinatos de activistas.
En un pronunciamiento, resultado de su cuarto encuentro nacional, la Red (conformada por 189 mujeres defensoras y periodistas, de 23 estados) denunció que durante los años recientes se ha vivido una escalada de violencia contra las mujeres a todos los niveles, desde la esfera doméstica hasta la que sufren por el Estado y sus instituciones. Agregó que se ha identificado que una defensora o periodista que ha sufrido una agresión tiene una alta probabilidad de que volverá a ser víctima de algún abuso, situación documentada en más de 68 por ciento de los registros realizados.
Por ello, denunciamos que es el gobierno mexicano en sus tres niveles responsable y cómplice de dicha escalada de violencia por sus acciones y por su incumplimiento de su mandato de proteger a las y los defensores de derechos humanos, que tiene como objetivo impedir que las mujeres sigamos ejerciendo nuestro legítimo deseo de defender los derechos humanos. Lo que evidencia una realidad de violación sistemática de estas garantías, aseguró la RNDDHM.
El pronunciamiento dado a conocer en conferencia por varias de sus integrantes, afirmó que la negligencia, la complicidad y la participación del Estado mexicano en los ataques y amenazas contra las defensoras, así como la impunidad, impacta y obstaculiza su trabajo en favor de los derechos humanos. La abogada Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Santa María Xadani, Oaxaca, relató la situación de acoso, hostigamiento y amenazas de muerte que sufre el movimiento de resistencia civil que se opone a los megaproyectos eólicos en esa entidad. Junto con ella, otras defensoras de otras entidades denunciaron el hostigamiento y amenazas que enfrentan en su trabajo cotidiano.
El Caso "Casa Blanca" y la Periodista Carmen Aristegui
La investigación por conflicto de interés de Enrique Peña Nieto, también conocida como el caso de la casa blanca de Peña Nieto, refiere al escándalo político en México derivado de un reportaje periodístico, publicado el 9 de noviembre de 2014 por el equipo de investigación de la periodista mexicana Carmen Aristegui. El reportaje obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en México y el Premio Gabriel García Márquez 2015 en la categoría Cobertura.
El material publicado por Aristegui Noticias (coordinado por la periodista Carmen Aristegui con el apoyo de Connectas y el International Center For Journalists), revela que el registro del inmueble está a nombre de la compañía Ingeniería Inmobiliaria del Centro. La firma es controlada por Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ganó contratos de obras cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 2014, el diario The Wall Street Journal publicó un reportaje que vinculaba a Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Peña Nieto, con la adquisición de una casa a la empresa Bienes Raíces H&G SA, propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño del Grupo Higa. Después de varios meses de investigación, Virgilio Andrade anunció el 21 de agosto de 2015 que no había conflicto de interés en la adquisición de la casa blanca por parte de Angélica Rivera.
El 21 de julio de 2016, Joaquín Vargas, presidente de la cadena MVS, presentó una demanda por daño moral en contra de Aristegui por el contenido del prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La periodista calificó que la acción «trata es de intimidar, de fastidiar y de impedir que estos periodistas sigan haciendo su trabajo. Juez condena a Aristegui por 'exceder' su libertad de expresión.
Peña Nieto ofreció una “sincera disculpa” a todos los mexicanos que se sintieron lastimados o indignados por el presunto conflicto de interés en la adquisición de inmuebles, y se comprometió a que, junto con el Congreso y las fuerzas políticas, se puedan hacer realidad las leyes reglamentarías del Sistema Nacional Anticorrupción. "No haber explicado yo creo con suficiencia los errores o señalamientos que hubo en distintos temas." Angélica Rivera canceló la compra de la Casa Blanca desde 2014: Presidencia.