Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, fue acusado de genocidio por su presunta participación en dos sangrientas masacres de estudiantes: la Matanza de Tlatelolco en 1968 y el "halconazo" en 1971. A pesar de los señalamientos, la justicia mexicana ha presentado criterios contradictorios a lo largo de los años sobre su culpabilidad y la naturaleza de los delitos. Echeverría Álvarez fue juzgado y sentenciado por ambos crímenes, pero nunca ingresó en la cárcel -solo estuvo brevemente bajo arresto domiciliario en 2006- y finalmente fue exonerado de todos los cargos en 2009 por falta de pruebas. Es, hasta ahora, el único expresidente mexicano procesado por la justicia.
Contexto Histórico: El 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco
La Matanza de Tlatelolco ocurrió cuando las fuerzas de seguridad mexicanas y paramilitares dispararon a estudiantes que se manifestaban en Ciudad de México el 2 de octubre de 1968, diez días antes del inicio de los Juegos Olímpicos en la capital. La masacre dejó un saldo de entre 300 y 400 muertos, y un millar de heridos. Se señaló como responsable a Echeverría Álvarez, que era entonces Secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
En el contexto del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aplicó una estrategia de manipulación informativa y linchamiento político orientada a lograr una aceptación, por parte de la sociedad, de las respuestas represivas como actos de legítima defensa y garantes de la seguridad nacional. Para construir la versión oficial sobre lo acontecido el 2 de octubre de 1968 se conformó una política gubernamental que podemos denominar “operación silencio”, un manejo faccioso de la memoria, que contempló desde el ocultamiento y destrucción de documentos impresos y fílmicos, hasta el encarcelamiento, la desaparición forzada y el asesinato de opositores en el marco de un discurso de combate contra el riesgo comunista.
Gustavo Díaz Ordaz afirmaba que lo sucedido el 2 de octubre de 1968 fue algo buscado por los “agitadores”, quienes “Por fin lograron sus ‘muertitos’” y a manos de sus propios compañeros. Sostenía que los muertitos fueron a causa de agitadores armados, como Sócrates Campos Lemus, quienes llevaban metralletas y dispararon “desde lo alto de uno de los edificios cercanos, donde no hay soldados, donde no hay policías”. Por ello, afirmaba Díaz Ordaz que los jóvenes muertos fueron asesinados por sus propios compañeros. Si bien aceptaba que fue una jornada dolorosa y una noche muy triste para el país, afirmaba que “No hay remordimientos sobre lo ocurrido, sólo la convicción del deber cumplido”, asumiendo que esos jóvenes idealistas, influenciados por ideas extranjeras, querían cambiar México.
La Búsqueda de Justicia y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp)
A 50 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, permanece viva la demanda social que exige ni olvido ni perdón. El reclamo de que se esclarezcan los hechos y se castigue judicialmente a los culpables de los crímenes cometidos pervive. Para dar respuesta al “reclamo de la sociedad y de sus organizaciones para el esclarecimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, se decretó durante la presidencia de Vicente Fox la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
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A la cabeza de la Fiscalía quedó el jurista Ignacio Carrillo Prieto, quien ocupó el cargo de Fiscal Especial desde 2002 hasta su disolución en 2007. Se constituyó con el propósito de cumplimentar dos tareas fundamentales: la primera, la investigación histórica y documental, y, la segunda, la jurídica ministerial. El objetivo de “esclarecer los hechos y dejar constancia de las verdades históricas” se articuló con el de integrar los expedientes judiciales contra los servidores públicos que cometieron crímenes y violaron derechos humanos durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta.
De 1968 a la fecha hubo varios intentos fallidos de enjuiciamiento a los responsables de la matanza del 2 de octubre. Uno fue en 1971, cuando, en una denuncia, se identificó como acusados a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Marcelino García Barragán. Otro fue en diciembre de 1993, cuando un grupo de intelectuales y académicos elaboró un informe sucinto y la recomendación de modificar el artículo octavo de la Constitución. En 1998, en el 30 aniversario de la matanza, se integró en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora de los Sucesos del 68, que tampoco tuvo mayor trascendencia.
La Fiscalía Especial no obtuvo los resultados que se esperaban. Para la fecha de su desaparición, tal y como informó el reportero Alfredo Méndez Ortiz, no se había logrado una sola sentencia condenatoria contra ninguno de los indiciados por la matanza del 2 de octubre, entre ellos, el expresidente Luis Echeverría. El fiscal Carrillo Prieto había logrado que se girara orden de aprehensión y auto de sujeción a proceso contra Luis Echeverría Álvarez, pero no consiguió que pisara la cárcel a pesar de que interpuso la acusación de genocidio, no sólo por el 2 de octubre, sino también por el 10 de junio de 1971.
Los Vaivenes Judiciales y las Acusaciones de Genocidio
La justicia mexicana demostró criterios contradictorios al tratar las acusaciones contra Echeverría. El magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano lo absolvió, el jueves 12 de julio, de la matanza del 2 de octubre de 1968, que históricamente se le ha adjudicado. Luna Altamirano, Titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal Federal, señaló que lo ocurrido la noche de ese 2 de octubre en Tlatelolco fue un genocidio organizado y ejecutado por las autoridades de esa época. Sin embargo, afirmó que no hay "absolutamente ninguna prueba" de la participación de Echeverría en los hechos, ocurridos cuando era Secretario de Gobernación. Al concederle un amparo en contra de la formal prisión que vivía en su domicilio desde noviembre de 2006 por los hechos del 68, el magistrado dijo que el delito no había prescrito, pero que no había ninguna prueba en contra del ex Presidente.
En las 58 mil 725 fojas, integradas en 42 tomos, además de las más de 20 mil hojas de anexos presentadas por Carrillo para obtener la detención de Echeverría y procesarlo penalmente, Luna Altamirano aseguró no haber encontrado ninguna prueba que lo incriminara. Los señalamientos contra el acusado fueron "meras conjeturas", "suposiciones" y "apreciaciones subjetivas de la fiscalía", asentó el magistrado. De acuerdo con él, hubo un genocidio, pero no hay responsables vivos y Echeverría no tuvo nada que ver. El propio Echeverría manifestó en sus declaraciones judiciales: "Si hubo genocidio, yo no tuve nada que ver".
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Dicha resolución de Luna Altamirano fue opuesta a otra de la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal Federal. Hace dos años, en julio de 2006, Velasco resolvió que Carrillo no pudo demostrar la existencia de genocidio cuando consignó ante la justicia el expediente por la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971, ocurrida cuando Echeverría ya era Presidente de la República. Un año después, la magistrada Velasco determinó en definitiva no sólo que el delito ya había prescrito, sino que la Fiscalía Especial no había podido acreditar que la matanza del Jueves de Corpus en San Cosme hubiera sido genocidio.
Otra contradicción de la justicia mexicana se había producido en febrero de 2005, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, conforme al derecho internacional aplicable a México, la masacre de 1971 había prescrito, aun cuando se considerara como genocidio. Pero en junio de ese mismo 2005, el máximo tribunal dio un giro y resolvió que, a pesar de las deficiencias en la consignación de Carrillo, Echeverría sí podía ser acusado de genocidio porque había gozado de fuero constitucional como Secretario de Gobernación y Presidente, de modo que ese tiempo no se contabilizaba para fines de prescripción. Es decir, para el ex Presidente, el delito no había prescrito.
La defensa del ex Presidente, llevada por Juan Velásquez y Heraclio Bonilla, explica que los vaivenes de la justicia se debieron a que se trató de un "asunto político más que judicial". Velásquez plantea que desde que en 2002 se echó a andar la Femospp, Carrillo anunció que iría contra Echeverría. Luego, el 2 de julio de ese año, en el primer aniversario de la Presidencia de Vicente Fox, lo hizo comparecer ante la fiscalía. Después, en la víspera de la elección presidencial de 2006, se ordenó su detención. Y dos días antes de que al actual presidente asumiera el cargo, se ejecutó la orden de aprehensión que desde entonces lo tiene preso en su domicilio. Carrillo afirmó que la consignación de Echeverría por el 68 no sólo justificaba su paso por la fiscalía, sino que era la razón de ser de ésta: "El ciudadano Luis Echeverría tiene una formal prisión. Más arriba es imposible ir. Con ese resultado está más que justificado todo", expuso.
El Legado de Represión y el Halconazo de 1971
Ya como presidente (1970-1976), a Echeverría Álvarez se le acusó de haber orquestado el "halconazo", también conocido como la matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, cuando los "halcones" (paramilitares organizados por el gobierno) mataron a 225 estudiantes -según estimaciones no oficiales- que se manifestaban en Ciudad de México. Su gobierno estuvo marcado por una fuerte represión a los movimientos sociales y estudiantiles de izquierdas. Se le recuerda más por su vinculación a las desapariciones forzadas de disidentes durante la llamada "guerra sucia", que abarcó de 1960 a 1980.
El combate que el régimen autoritario emprendió en contra de estos grupos nacionales -que se organizaron en los movimientos estudiantiles, y en la insurgencia popular- se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad y violaciones al Derecho Humanitario Internacional, que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, y genocidio, al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo.
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