En todo el continente americano, millones de personas desbordan las cárceles en espera de juicio. Cada año, en todo el mundo hay millones de personas en la cárcel sin ser condenadas -frecuentemente durante meses- mientras esperan por un juicio. Diferencias entre las definiciones legales complican los esfuerzos por medir y comparar las prácticas de prisión preventiva de todas las jurisdicciones nacionales. Las condiciones en que se mantiene a los detenidos también varían ampliamente, desde celdas temporales en comisarías hasta prisiones. Por otra parte, la falta de transparencia del gobierno dificulta la obtención de datos confiables.
La Crisis de la Prisión Preventiva y sus Impactos
En un día cualquiera, la población total en prisión preventiva en la mayoría de los países del hemisferio occidental promedia menos de 20.000 personas. No es de extrañar que los países con las poblaciones en prisión preventiva más altas calculadas en un día promedio sean aquellos con las poblaciones generales mayores. Como resultado de estos altos índices de prisión preventiva, en la mayoría de los países del continente americano entre 10 y 40 por ciento de toda la población encarcelada se encuentra tras las rejas sin una condena.
Otra forma de medir dónde es más alta la prisión preventiva, es calculando el índice de prisión preventiva en proporción a la población general. Esto nos ofrece una comparación estandarizada de todos los países de diversos tamaños que no resulta alterada por cambios en la población penitenciaria sentenciada. Aquí, varios países superan por mucho el promedio global de 40 detenidos en espera de juicio por cada 100.000 habitantes de la población general. Panamá (223) encabeza la lista, seguida por Uruguay (180), EE.UU.
En la mayoría de las jurisdicciones del continente americano, la ley les exige a las autoridades que presenten al individuo arrestado ante un funcionario judicial dentro de 24 a 72 horas del arresto. Resulta devastador que en algunos países (incluyendo Bolivia, Argentina, Panamá y Paraguay) los informes de las organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos reporten que los detenidos pueden pasar largo tiempo presos, esperando incluso que se presenten cargos en su contra. En Panamá, que tiene el índice de prisión preventiva más alto del mundo, es común la detención preventiva prolongada sin un juicio. Muchas personas que han pasado tiempo detenidas pueden ser absueltas o puestas en libertad sin ser juzgadas.
Las Consecuencias Personales y Sociales de la Detención Prolongada
La experiencia de la detención puede acarrear daños perdurables para el detenido. Además, la exposición a la violencia entre los detenidos, las amenazas de violencia por parte de otros presos e incluso de los guardias y la violencia directa, que va desde actos de humillación hasta la violencia física o la agresión sexual, también traumatiza frecuentemente a los individuos. Según se informa, los presos en Bolivia han sido obligados a pagarles a otros presos un “seguro de vida” para que cesen las golpizas y torturas.
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La detención preventiva afecta a todos los miembros de la sociedad -los detenidos, sus familias y la comunidad- traduciéndose en una amplia gama de costos personales, sociales y financieros. La detención puede causar la pérdida del sueldo o del empleo, lo que acarrea consecuencias colaterales severas para el individuo, su familia y la sociedad en general.
La Brecha en el Acceso a la Justicia: Cárceles Llenas de Personas Sin Recursos
No parece que con el título de este artículo estemos descubriendo nada nuevo, porque en realidad las cárceles siempre han estado llenas de gente pobre. Pero ¿cómo han llegado estas personas a esta situación? Nos ponemos en la situación de una persona condenada, por ejemplo por una alcoholemia al pago de una multa y a la retirada del carnet de conducir por un año. Esta persona fracciona su pago y, de repente, como tantas otras personas se queda sin trabajo. Hay que pagar alquiler o hipoteca, comer, préstamos, etc. y se va dejando de pagar la multa, que se transforma en pena cárcel y esta persona en unos meses pasa de estar en su trabajo a estar en una celda.
Las dramáticas consecuencias de la crisis han llenado las cárceles de pobres, por poco tiempo, pero tiempo muy duro. Porque la crisis ha hecho perder mucho a muchos, pero algunos han perdido hasta la libertad. Pensando en estas personas y en todas aquellas que por otras circunstancias están en prisión cumpliendo una condena corta, en los XVII Encuentros de Derecho Penitenciario celebrados en Pamplona en noviembre de 2015, se organizó un taller en el que se trabajó en un protocolo para que este tipo de personas presas ingresaran directamente en los Centros de Inserción Social (CIS) o en Sección Abierta sin pasar por prisión con el objetivo de que estas penas se cumplan en tercer grado. Entre las propuestas que recoge el protocolo se regula la conveniencia del ingreso en estos establecimientos penitenciarios, los CIS, coincidiendo con el día de celebración de la Junta de Tratamiento en la que se vaya a tratar la propuesta de clasificación inicial y con remisión urgente al Centro Directivo (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) para su resolución.
El Autogobierno y las Cuotas Informales en Prisiones Mexicanas
En México, la población penitenciaria es de 254.705 internos, la mayoría en cárceles que dependen de los estados. En prácticamente todas ellas existen cuotas informales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el fondo, lo que hay detrás del problema es la falta de control de las prisiones estatales. Según el "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014", de la CNDH, en el 70% de las cárceles más sobrepobladas existe "autogobierno". Es decir, que el verdadero control lo ejercen los reos. Saskia Niño de Rivera lo supo de cerca. En una prisión de Zacatecas "me tocó que me abriera la puerta un Zeta con un rifle AK47". La presidenta de la organización Reinserta insiste que parte del problema es la sobrepoblación penitenciaria y los bajos sueldos de los custodios. Pero sobre todo la omisión de las autoridades.
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La Economía Paralela Dentro de los Centros Penitenciarios
Todo cuesta. Los cobros a prisioneros empiezan desde el momento en que pisan la cárcel. Primero para que se le entregue una muda de ropa beige, el color reglamentario para los procesados. La cuota puede ser de unos 20 pesos (US$1,20). Luego hay que pagar por ocupar una plancha de cemento para dormir y también por conseguir una cobija. El cobro es, en promedio, 100 pesos (US$6) aunque varía según el tipo de prisión.
Enseguida vienen otras cuotas: por entrar al baño, por cumplir con la lista de asistencia, salir de la celda o el pasillo donde se encuentre, por cruzar cada puerta o recibir un aviso o notificación del juzgado. En estos casos, los pagos varían entre 5 y 10 pesos (US$0,3 y US$0,60) cada vez.
No se sabe cuánto dinero pagan los reos, pero un dato de la organización civil Documenta ofrece una dimensión del problema. Según la entidad, tan sólo en 4 prisiones de Ciudad de México -Oriente, Sur y Norte, así como la Penitenciaría de Santa Martha- los internos pagan un total de 336.000 pesos al día (unos US$20.000). Y esto es sólo por un trámite: cumplir con la lista diaria de asistencia.
| Concepto de Cobro | Monto Aproximado | Frecuencia o Comentario |
|---|---|---|
| Cuota diaria de asistencia (en 4 prisiones CDMX) | 336.000 pesos (US$20.000) | Diario (total) |
| Muda de ropa beige | 20 pesos (US$1,20) | Una vez |
| Ocupar plancha para dormir y cobija | 100 pesos (US$6) | Varía según prisión |
| Acceso a servicios básicos (baño, lista, salida de celda, etc.) | 5 a 10 pesos (US$0,3 a US$0,60) | Cada vez |
| Litro de agua | 2 pesos (US$0,12) | Por litro |
| Recibir comida de la prisión | 15 pesos (US$0,90) | Semanalmente |
| Rentar mesa de plástico en visitas | 20 pesos (US$1,20) | Por visita |
| Dormir acostado | 100 a 260 pesos (US$6 a US$15) | Semanalmente |
| Contratar guardaespaldas | 2.500 a 5.000 pesos (US$150 a US$300) | Mensualmente |
| Evitar traslado a áreas peligrosas | 2.500 a 5.000 pesos (US$150 a US$300) | Mensualmente (cantidad similar) |
Las cuotas aumentan según otras necesidades: 2 pesos (US$0,12) por cada litro de agua, 15 pesos (US$0,90) semanales por recibir la comida de la prisión, 20 pesos (US$1,20) por rentar una mesa de plástico en las visitas familiares o entre 100 y 260 pesos (US$6 y US$15) a la semana por dormir acostado. No es todo. Para evitar agresiones dentro de la cárcel se pueden contratar guardaespaldas. La tarifa: entre 2.500 y 5.000 pesos mensuales (US$150 y US$300). Una cantidad similar a la que se cobra por no ser trasladado a las áreas donde se encuentran la mayoría de los internos o a dormitorios considerados peligrosos. Los pagos se prolongan durante todo el tiempo que el reo permanece en la cárcel.
Las cuotas se entregan a internos, custodios y empleados de los juzgados, pero ellos no se quedan con todo, le dice a BBC Mundo Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, que trabaja por mejorar la situación en las penitenciarías del México. "Ese dinero llega muy alto, los custodios no se lo quedan y tampoco los directores de los penales. Solo en Ciudad de México, por ejemplo, se realizan un promedio de 3,2 millones de visitas anuales."
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Pero el dinero es parte del problema. En contextos vulnerables, como vive la mayoría de los reos en México, el precio de vivir en prisión crea un círculo vicioso que no ayuda a la rehabilitación, advierte el estudio de la investigadora Pérez Correa. Un costo que no se queda tras las rejas. "Se incrementan las probabilidades de que existan problemas de abuso de sustancias, violencia y delito en las familias", añade el documento.
Distinción entre Prisión y Cárcel
Las cárceles y las prisiones son dos instituciones diferentes establecidas bajo el sistema de justicia criminal. Los gobiernos locales, como los de un condado o una ciudad, suelen gestionar las cárceles como centros de encarcelamiento temporal para sus ciudadanos. Por otro lado, las prisiones son instituciones de larga duración gestionadas normalmente por el gobierno federal o estatal. También se alojan en ellas reclusos que sólo deben permanecer en prisión los fines de semana o durante un determinado número de horas a la semana.
Tanto las cárceles como las prisiones albergan a personas detenidas o condenadas por un delito. Las cárceles son centros de corta estancia que albergan tanto a personas que están a la espera de juicio como a personas que han sido condenadas. Por otro lado, las prisiones son centros de larga duración en los que permanecen personas condenadas por delitos graves.
Las prisiones y las cárceles tienen condiciones diferentes. La mayoría de las cárceles tienen demasiada gente y necesitan más suministros. Los reclusos de las cárceles pueden tener menos acceso a programas educativos y profesionales y a asistencia sanitaria que los reclusos de las prisiones.
Propuestas y Estrategias para una Reforma Urgente
Los gobiernos y los profesionales del derecho pueden tomar medidas para reducir esta pesada carga sobre la sociedad -para hacer la detención más justa, menos dañina y más humana. Reducir las cifras de quienes están en prisión preventiva y el tiempo que pasan en la cárcel esperando por un juicio no requiere necesariamente la revisión de las leyes existentes.
Un primer paso de importancia crítica es asegurar el acceso a la asistencia legal para todos los acusados, incluyendo informar inmediatamente a los detenidos sobre sus derechos. Varias jurisdicciones (como Inglaterra y Gales, Ucrania, Nigeria y Malawi) ahora asignan abogados, asistentes de abogados o estudiantes de derecho a las comisarías y/o a las instalaciones penales para informar a los detenidos acerca de los cargos, las posibles consecuencias y cómo obtener representación legal. Otras jurisdicciones proporcionan acceso gratuito a un abogado a través de una autoridad de asistencia jurídica para que el acusado esté representado ante la corte.
Siete Claves para Transformar el Sistema
- Las consecuencias de la prisión preventiva son fáciles de generalizar en todas las jurisdicciones; sin embargo, las causas no lo son. Los sistemas de justicia están compuestos de muchos organismos que influyen en varios puntos de decisión. Quienes deseen reformar el sistema deberían comenzar por reunir datos de cada punto de decisión, consiguiendo información sobre quién está en el sistema y por qué. Una vez que se estructuran los datos para proporcionar un panorama completo del sistema de justicia, los reformadores pueden identificar las áreas problemáticas y concentrarse en las soluciones. Por ejemplo, la recopilación y el análisis de datos permitió la reforma de las políticas y prácticas de detención juvenil de la Ciudad de Nueva York. Los investigadores pudieron desarrollar e implementar un instrumento de evaluación de los riesgos previa al juicio para informar sobre las decisiones judiciales de la detención, y una gama de opciones de detención diferentes con base en la comunidad, apropiadas para cada nivel de riesgo. Tales modelos de evaluaciones de los riesgos previas al juicio están funcionando actualmente en varios sistemas de tribunales comarcales y estatales por todos los EE.UU. Por otra parte, muchas jurisdicciones de los EE.UU.
- El lapso entre el arresto y la sentencia proporciona una oportunidad única para identificar y tratar las necesidades subyacentes que llevaron al delincuente al sistema de justicia. Con demasiada frecuencia, las cárceles y prisiones en todo el continente americano se han convertido en depósitos de individuos menos educados, desempleados, adictos a sustancias controladas, o que tienen necesidades médicas o de salud mental. Al acelerar el proceso mediante el cual el acusado es llevado a juicio, ese sistema también proporciona un fuerte incentivo para que los individuos cumplan. Esta intervención rápida es especialmente valiosa cuando se trabaja con jóvenes, quienes frecuentemente no tienen la capacidad mental de comprender las consecuencias a largo plazo.
- Casi todos los delincuentes que están encarcelados eventualmente regresan a la comunidad. Los delincuentes pueden tener necesidades subyacentes que los llevaron a cometer el delito. Para ayudarlos a evitar reincidir, debería proporcionarse planificación para la transición a los detenidos y sus familias, de manera de asegurar que estén conectados a los servicios y sistemas de apoyo disponibles en la comunidad -este proceso puede tomar días o semanas (o más).
- La superpoblación exacerba los riesgos inherentes a los correccionales y pone en peligro la seguridad tanto de los presos como de los funcionarios penitenciarios. Si es necesario, después de analizar los datos, las instalaciones penales deberían ser ampliadas o remodeladas para mitigar la superpoblación y mejorar las condiciones. Al planificar la ampliación, los funcionarios también deberían considerar agregar espacio para proveer servicios que traten las necesidades de la población de detenidos (tales como atención médica, programas educativos y entrenamiento laboral).
- El sistema de justicia involucra a muchos organismos diferentes y tiene contacto con individuos que presentan una amplia gama de necesidades. Los reformadores deberían atraer a los funcionarios del gobierno, los profesionales, los investigadores, los responsables de formular las políticas, y las ONG del sistema y de especialidades relacionadas como la salud pública, la anticorrupción y el desarrollo socioeconómico para desarrollar estrategias y llegar a un consenso.
- Dada la novedad y la naturaleza multifacética de este problema, los reformadores tienen que estar dispuestos a probar diferentes opciones mediante proyectos piloto a pequeña escala, así como a explorar ejemplos de otras jurisdicciones. El conocimiento de los esfuerzos y resultados de otros puede ayudar a los reformadores a superar retos que inicialmente pueden parecer insalvables, y potencialmente inspirar nuevas estrategias.
- La detención (ya sea la preventiva o la que tiene lugar después de la condena) es cara. Por ejemplo, en México el costo anual directo de la prisión preventiva en 2006 se calculó en 5.8 billones de pesos (454 millones de dólares); en Argentina fue de 294 millones de pesos (75 millones de dólares) en 2009. Las consecuencias de la detención resultan en mayores costos para la sociedad, aumentando los gastos que ya son grandes. Al hacer la prisión preventiva más justa, menos dañina y más humana, podremos administrar mejor la justicia, proteger los derechos humanos básicos y construir comunidades más seguras. Pero se necesita la acción rápida para que la nueva generación de nuestros jóvenes no sea víctima de los efectos negativos del tiempo prolongado y frecuentemente innecesario tras las rejas.