Durante casi 20 años, el gobierno estadounidense ha procesado delitos relacionados con la migración en mayor número que cualquier otro tipo de delito federal en Estados Unidos. El Congreso criminalizó por primera vez el acto de entrar o reingresar al país sin autorización hace casi un siglo, en pos de objetivos políticos xenófobos y eugenistas. Sin embargo, el Congreso las revitalizó como parte de la tendencia nacional hacia el encarcelamiento masivo de personas de color.
Más recientemente, la administración Trump ha utilizado los procesos judiciales relacionados con la migración como parte de sus políticas antiinmigrantes, separando sistemáticamente a familias y violando las obligaciones legales nacionales e internacionales de Estados Unidos. Estos procesos aumentaron casi un 50 por ciento entre los años fiscales 2017 y 2019, contribuyendo aproximadamente al 10 por ciento de la población de las prisiones federales en un día determinado y representan alrededor del 60 por ciento de todos los procesos penales en los tribunales federales.
Tipificación penal de la migración y sus consecuencias
Según la ley federal, las personas que entran o reingresan a Estados Unidos sin autorización están sujetas no solo a procedimientos civiles de deportación, sino también a sanciones penales. Cuando los agentes de la CBP remiten a una persona para su procesamiento, se inician tanto el proceso penal como el civil; este último queda suspendido en espera de la resolución del primero.
Marco legal de los delitos migratorios
- Sección 1325 del Título 8 del Código de los Estados Unidos: convierte en un delito menor federal ingresar al país sin autorización.
- Sección 1326 del Título 8 del Código de los EE. UU.: tipifica como delito reingresar al país sin permiso después de una orden de deportación o expulsión previa.
Como resultado, un promedio de 11,100 personas se encuentran en prisiones federales cada día cumpliendo condenas relacionadas con la inmigración, y otras 13,600 se encuentran detenidas en prisión preventiva por los alguaciles estadounidenses. La explosión de procesos judiciales por cargos relacionados con la migración ha provocado un aumento vertiginoso de los costos para los contribuyentes, superando los mil millones de dólares por año.
Violaciones de derechos en procesos judiciales
Nuestra investigación reveló que estos procesos desestabilizan y separan permanentemente a las familias, violan las leyes internacionales y nacionales de asilo y las garantías fundamentales del debido proceso que se otorgan a las personas que enfrentan cargos penales, y perpetúan el trato deshumanizante y racista hacia los migrantes.
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Motivos frecuentes de encarcelamiento y deportación
Los datos obtenidos mediante encuestas reflejan las causas por las que se producen estas acciones legales contra migrantes, a menudo invisibilizadas bajo la figura de infracciones menores:
| Motivo de encarcelamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Infracciones de tránsito y/o multas | 28% |
| Consumo de drogas y/o alcohol | 23% |
| Otros delitos o crímenes | 18% |
| Venta de drogas / Ser indocumentado | 12% (c/u) |
| Violencia doméstica | 6.3% |
| Portación de papeles falsos | 1% |
El impacto humanitario y la pandemia
El derecho internacional de los derechos humanos exige que los gobiernos no interfieran arbitrariamente en la unidad familiar de los migrantes. Sin embargo, al criminalizar el acto de migrar y prohibir que los miembros de familias nucleares se reúnan legalmente, el gobierno federal viola esta obligación con regularidad. La pandemia de COVID-19 ha agravado estas condiciones, dejando a muchas personas atrapadas en cárceles y centros de detención cada vez más peligrosos, donde el riesgo de infección es alto.
Muchas de las personas detenidas describieron experiencias muy parecidas, denunciando que no tienen acceso a la asistencia médica necesaria, recibiendo comida caducada y viviendo en espacios insalubres y superpoblados. Además, la reciente suspensión del Programa de Orientación Jurídica del Departamento de Justicia ha reducido gravemente la capacidad de las personas detenidas para conocer sus derechos y moverse por el sistema de inmigración. Esta detención de personas migrantes es una política fallida y perjudicial que ignora los derechos humanos, socava el estado de derecho y causa un daño irreparable a las personas y las comunidades.
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