La Congregación de los Salesianos está nuevamente en el banquillo por casos de abuso sexual en contra de menores de edad. El problema de los abusos sexuales por parte de miembros del clero sigue siendo una preocupación global, con múltiples casos saliendo a la luz y generando acciones legales y condenas sociales.
Casos de Abuso en la Congregación Salesiana
Acusaciones contra Giuseppe Corò en El Salvador
Acusan al salesiano Giuseppe Corò. El informe cita tres testimonios que relatan abusos entre 1979 y 1985 en el Instituto Técnico Ricaldone, en la capital del país, San Salvador. Esta congregación, consultada sobre el caso, admite que lo apartó en 2007 ante sospechas de abusos y lo envió a Roma, donde, afirma la orden, no volvió a tener contacto con menores. Luego, en 2019, dos denuncias acabaron con una condena canónica.
El testimonio describe un patrón en el que el religioso se acercaba a estudiantes con dificultades académicas. Según el relato de un denunciante, los abusos comenzaron cuando se fue a confesar con el cura por sentir atracción física hacia un compañero, ante lo que el religioso le respondió que era normal para su edad y por su entorno. Posterior a eso, los abusos continuaron, e incluso hacía que el menor no asistiera a clases para realizar actos de connotación sexual. Patrick también aseguró haber sido víctima en varias ocasiones.
No era la única denuncia, porque ya en 2009 una secretaria del colegio había interpuesto una por los mismos hechos, al ingresar a la oficina donde ambos estaban. Pero el sacerdote obligó al menor a negar la situación y a convencer a su mamá de enviar una carta donde desestimara los abusos. El denunciante, Diego Díaz, interpuso una demanda en la Fiscalía el pasado 6 de marzo, en la que pide que se investigue y se acrediten los hechos. Apunta como encubridor al sacerdote David Albornoz, quien le tomó la declaración, por no interrogar al cura acusado ni a los testigos.
Según la información aportada por los salesianos, Corò pasó por Guatemala en 1964 antes de ordenarse. Luego estuvo en El Salvador hasta 1990, año en que regresó a Roma. Posteriormente, vivió en Costa Rica entre 1994 y 1997.
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El caso de Mario Hernando Reyes Zambrano en Colombia
Mario Hernando Reyes Zambrano, exrector del Colegio Salesiano de Duitama, fue detenido tras denuncias formales y enfrenta la imputación de delitos graves vinculados a estos hechos, según lo informó el periodista Juan Pablo Barrientos de Casa Macondo, en su cuenta oficial de X. Según la Fiscalía General de la Nación, el proceso judicial se centra en el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado y actualmente el exrector se encuentra bajo detención domiciliaria en espera de las decisiones judiciales correspondientes.
Las denuncias formales contra Reyes Zambrano se remontan a 2018. En ese año se inició una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, tras al menos dos señalamientos de abuso sexual a menores. El traslado del detenido a Tunja permitió que allí se realizaran los procedimientos legales previos a la audiencia ante un juez de control de garantías, que decidirá su situación jurídica.
Investigación y cargos contra Mario Hernando Reyes Zambrano
La investigación indicó que el sacerdote habría aprovechado su condición de autoridad religiosa para ingresar a la habitación de la víctima, donde, según el material probatorio recopilado, cometió tocamientos íntimos y otros vejámenes sexuales. Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Santander le imputó el delito de “acto sexual con menor de 14 años agravado”. Reyes Zambrano no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación. Sin embargo, fue objeto de una medida privativa de la libertad en modalidad domiciliaria mientras avanza la recopilación de pruebas en el proceso.
El caso provocó alarma e indignación entre la comunidad educativa y los habitantes de Duitama. Esta reacción obedece al papel de Reyes Zambrano como rector de un colegio salesiano en el municipio. Caracol Radio pudo confirmar que además de la medida judicial, el sacerdote fue suspendido de la comunidad salesiana a la que pertenecía, una respuesta institucional ante el escándalo de abusos sexuales.
Autoridades y miembros de la comunidad hicieron un llamado abierto para que otras posibles víctimas o testigos presenten información relevante, con el fin de facilitar y ampliar el alcance de las investigaciones. Mientras avanza el proceso y se espera una decisión judicial, autoridades y ciudadanos permanecen vigilantes a la aparición de nuevas denuncias, buscando esclarecer y sancionar los hechos reportados en el ámbito educativo y religioso.
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Imputación contra Jaime Reyes “N.” en México
El sacerdote salesiano Jaime Reyes “N.” fue vinculado a proceso el pasado mes de diciembre tras la denuncia presentada por el padre Pedro Mario Ayala Ceja. Pedro Mario acusó a Jaime Reyes de haber abusado sexualmente de él durante años cuando era menor de edad y apenas comenzaba su vida religiosa. El equipo legal de Pedro Mario explicó que la jueza basó el auto de vinculación a proceso en el Código Penal de Guanajuato de 1996, vigente en la época de los hechos, el cual tipifica la conducta como abusos deshonestos.
Pedro Mario Ayala Ceja manifestó su preocupación por el encubrimiento en la institución. “Nosotros como fieles somos cómplices de las atrocidades de la iglesia”, dijo en referencia a lo que define como encubrimiento de los Salesianos. “Al aceptarlo eres cómplice y parte del sistema corrupto. No han sacado nada. Entonces yo digo: a ver, es que ahí es donde tienes que hacer notar que eres diferente. Si no vas a ser igual que los Legionarios […] no puedes ser tibio en estos temas. Mirar a otro lado sigue afectando y va en contra de nuestros principios pedagógicos que buscan prevenir.”
En esa misma línea, uno de los representantes de la víctima relató que durante la etapa de investigación, el Ministerio Público solicitó formalmente al vicario de la congregación el expediente del proceso interno canónico realizado al sacerdote. El equipo legal también denunció intentos de manipulación previos a las audiencias.
Otros Casos y la Problemática del Encubrimiento
No es el único caso donde la jerarquía católica mexicana decide defender a sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores.
El exsacerdote Eduardo Córdova Bautista y el encubrimiento en San Luis Potosí, México
Está acusado de abusar sexualmente de adolescentes varones durante 30 años en seminarios o colegios católicos de San Luis Potosí, en el noreste de México. Durante ese tiempo, no fue llamado a responder por las acusaciones. Hace unos días un juez ordenó la captura del exsacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien podría convertirse en el primer religioso en ser encarcelado por pederastia en el país.
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Córdova Bautista pudo haber cometido abusos con al menos cien adolescentes, según el abogado de algunas de las víctimas, Martín Faz Mora. El exsacerdote es considerado "prófugo de la justicia" por la Procuraduría (fiscalía) General de Justicia del Estado, que ha emprendido una cacería no sólo en México, sino en otros países, para lo que solicitó el apoyo de la Policía Internacional (Interpol).
Un elemento adicional de la controversia son las acusaciones que se le hacen a la Arquidiócesis de San Luis Potosí, por el tratamiento que supuestamente hicieron de las denuncias del sacerdote cuestionado. De acuerdo con el exsacerdote Alberto Anthié, quien hizo pública la denuncia, esa instancia estaba enterada desde 1995 y el Vaticano también fue informado. Sin embargo, alega, no se hizo nada al respecto. "El caso del padre Córdova se dio porque fue protegido durante 30 años por la Iglesia, con pleno conocimiento de los casos. Es verdaderamente increíble que teniendo toda esa información se le abrían procesos internos, decían que no había elemento suficientes, cerraban el caso y lo exoneraban de toda responsabilidad", señala Anthié.
La Arquidiócesis de la que Córdova formaba parte dice, por el contrario, que ellos fueron los primeros en denunciar al exsacerdote, pues lo acusaron formalmente de un caso de abuso sexual contra un menor presuntamente cometido en 2012. La denuncia se presentó casi al mismo tiempo que el Vaticano determinó suspender al exsacerdote y separarlo de la Iglesia Católica. Según su vocero, Juan Priego, la iglesia de San Luis Potosí no esconde ni protege al exsacerdote y, por el contrario, espera que las autoridades civiles cumplan con su trabajo y hagan justicia en favor de las víctimas. Córdova había sido investigado por acusaciones similares en 2008. Pero entonces el Tribunal de la Arquidiócesis lo exoneró al no encontrar pruebas de su responsabilidad. "No se encubre a nadie", insiste Priego.
Redes de protección y poder
Según el abogado Faz Mora, a Córdova Bautista la cúpula católica de su estado sí le brindó protección. Esta, asegura, es una de las razones por las que pudo evitar cuestionamientos, pero no la única. Durante varios años el exsacerdote fue representante legal de la Arquidiócesis, y por lo tanto el encargado de procesar las denuncias de pederastia contra religiosos de esa comunidad. Juez y parte, apunta el abogado.
Además era el responsable de los vínculos políticos de la iglesia católica local, especialmente con el gobierno del estado. Gracias a ello estableció relaciones importantes con funcionarios y organizaciones civiles locales. De hecho, Córdova fue consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos entre 1999 y 2001; fundador de exclusivas escuelas privadas de corte religioso y hasta hace unos meses se desempeñó como consejero ciudadano de Transparencia y Vigilancia para la Adquisición y Contratación de Obra del gobierno estatal, una especie de vigilante del gasto en obras públicas.
También forma parte de una de las familias "de más abolengo en la localidad", añade el abogado. "Era uno de los sacerdotes de la elite potosina", dice, aludiendo al término que se usa para describir a los residentes de San Luis Potosí. "Este encumbramiento le ayudó a crear un entorno que inhibía a las víctimas. Sabían que era una persona muy poderosa y por lo tanto iba a ser difícil no sólo castigarlo sino que les creyeran", sostiene Faz Mora. "Y por otro lado también actuaba como un entorno de encubrimiento. Cuando empezaron las primeras denuncias por su conducta, en 1997, un grupo de empresarios promovió un boicot publicitario contra los medios que publicaron el caso, mientras que la cúpula de la iglesia católica del país descalificó a las víctimas. Cuando años después el Vaticano reconoció los abusos del religioso, los empresarios que lo apoyaron guardaron silencio.
Ese mismo ambiente hostil es el que enfrentó Athié en San Luis Potosí. El círculo de protección de Córdova Bautista hizo muy difícil que, primero, algunas víctimas se animaran a hablar, luego a promover una denuncia y después que las autoridades empezaran las investigaciones. En el camino, voceros de la Arquidiócesis llamaron a Athié "mentiroso y difamador", mientras que el gobernador Fernando Toranzo le dijo que actuaría cuando la Iglesia resolviera su "asunto interno".
Contra el exsacerdote existe una denuncia de 19 víctimas, que podrían ser más en el transcurso de las semanas, asegura el abogado Faz Mora. Actualmente está acusado de violación, abuso sexual calificado, corrupción de menores de 18 años y secuestro.
Investigaciones a Nivel Regional y la Búsqueda de Transparencia
La investigación de El País fue entregada al Vaticano e incluye un informe con 21 testimonios que acusan a un total de 24 sacerdotes, religiosos y laicos de ocho países.
| País | Número de casos |
|---|---|
| Colombia | 13 |
| Argentina | Resto |
| Bolivia | Resto |
| Cuba | Resto |
| El Salvador | Resto |
| Estados Unidos | Resto |
| México | Resto |
| Venezuela | Resto |
La Corte Constitucional ordenó, en mayo del 2025, que la Fiscalía General de la Nación entregara información completa sobre los casos de pederastia asociados a la Iglesia católica en Colombia, una decisión que establece un precedente en materia de acceso a datos sobre denuncias de abuso sexual por parte de clérigos. El fallo exige que, en un plazo de cuarenta y ocho horas desde la notificación del mismo, la Fiscalía responda con exactitud a puntos previamente presentados en una solicitud formal de acceso a información, medida que materializa la protección de los derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública, de acuerdo con la sentencia T-173 de 2025.
La instrucción surgió del análisis de una tutela presentada por Andrea Díaz Cardona, periodista de BBC, quien desde enero de 2024 sostiene una investigación periodística centrada en las denuncias de abusos sexuales atribuidos a sacerdotes católicos en el territorio colombiano. La base de la controversia fue la falta de respuesta cabal de la Fiscalía ante los requerimientos de información realizados por Díaz Cardona, situación que motivó sendas acciones legales, según detalló Infobae.
En relación con las cifras oficiales, la Fiscalía indicó que, entre 1992 y 2021, se abrieron 86 procesos judiciales ligados a delitos sexuales cometidos por individuos identificados como “cardenal, monseñor, obispo, religioso, religioso cristiano, religioso evangélico o sacerdote”.
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