La lucha contra la corrupción en el servicio público es una constante, y el enriquecimiento ilícito representa una de sus manifestaciones más flagrantes. En este contexto, la Sala precisó, en su criterio, que la norma penal mencionada sanciona que la persona servidora pública incremente su patrimonio con bienes cuya procedencia legítima no se puede demostrar.
Esta Tesis de Jurisprudencia derivó del análisis de un juicio en donde un servidor público fue acusado de enriquecimiento ilícito al no poder acreditar legítimamente el incremento de su patrimonio; la institución pública en la que laboraba se percató de ello, mediante la declaración patrimonial presentada por dicho funcionario, que, durante el periodo de su encargo, ésta incrementó de manera considerable sin que se acreditara su legítima procedencia. El servidor público fue vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, determinación que fue confirmada en apelación. Inconforme, el imputado presentó demanda de amparo indirecto en la que reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 224 del Código Penal Federal y 70, fracción III, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. De esta manera, las y los ministros aprobaron la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. Amparo en revisión 306/2022. Tesis de jurisprudencia 116/2023 (11a.). Registro digital: 2027182. Documento con fines de divulgación.
Panorama General de la Corrupción en el Servicio Público
El soborno es uno de los casos más evidentes de corrupción y uno de los más sencillos de medir. Según el Inegi, alrededor de 14 % de las personas que tuvieron contacto con algún servidor público en 2023 experimentaron al menos un acto de corrupción. Esto representa una ligera disminución con respecto a 2019, cuando fue de 16 %. Además del soborno, en esta categoría, también consideramos los moches -la apropiación de una parte de la nómina de los servidores públicos por parte de sus superiores- y el enriquecimiento ilícito. Estos tres actos implican una transacción de dinero que beneficia a individuos específicos.
Contrario al discurso oficial, que sostiene que se acabó la corrupción, en los últimos seis años se han documentado mordidas, moches y casos de enriquecimiento ilícito que involucran a todas las fuerzas políticas y a partes del sector privado. Otra forma de la corrupción es el enriquecimiento ilícito. Esta fue una gran preocupación ciudadana, que culminó en la iniciativa de reforma conocida como 3de3 y llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. A pesar de la orden presidencial de que todo su gabinete presentara su declaración patrimonial y la hiciera pública, muchos no acataron la instrucción o lo hicieron parcialmente.
Casos Notables de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito
A continuación, se presenta un resumen de algunos de los casos más relevantes que han involucrado a servidores públicos en acusaciones de enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción:
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Escándalos de Sobornos y Desvíos de Recursos
Pemex estuvo involucrada en al menos tres casos de sobornos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
- El más claro de estos fue el de la empresa brasileña Odebrecht, que presuntamente pagó sobornos a Emilio Lozoya para recibir contratos de la paraestatal. El caso Odebrecht es uno de los escándalos de corrupción más grandes en Latinoamérica. Entre 2007 y 2014, la constructora brasileña pagó al menos 788 millones de dólares en sobornos en diez países de América Latina y dos de África para obtener contratos públicos. En México, el proceso no ha llevado a ninguna sentencia condenatoria.
- En 2019 se giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos de Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Lozoya fue detenido en España y extraditado a México en 2020, donde intentó ser testigo colaborador al denunciar a altos funcionarios de gobiernos pasados por recibir sobornos, incluidos los expresidentes Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas. Un video filtrado a los medios en 2020 mostró a colaboradores de legisladores panistas recibiendo dinero en efectivo por parte del equipo de Lozoya en Pemex, supuestamente para aprobar la reforma energética de 2013. Esto llevó a la detención del senador Jorge Luis Lavalle en 2021, aunque fue liberado en 2022 para continuar su proceso en libertad. Al cierre de este recuento, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores nombró a Lavalle como nuevo Secretario de Desarrollo Económico del estado. Lozoya pudo llevar su proceso en libertad hasta 2021, cuando le fue dictada la prisión preventiva, apenas unos meses después de ser visto cenando en un restaurante de lujo. En 2024, recuperó su libertad, aunque sigue el proceso penal en su contra.
- Además de este caso, Lozoya enfrenta acusaciones por haber recibido más de tres millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex adquiriera la planta de agronitrogenados a un sobreprecio. El presidente del consejo de administración de AHMSA, Alonso Ancira, también acusado por este caso, fue detenido en España en 2019 y extraditado a México en 2021, donde firmó un acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares. Hasta noviembre de 2023, AHMSA había pagado 104 millones de pesos y tiene hasta noviembre de 2024 para liquidar el resto.
- Un tercer caso de sobornos, que abarcó también a la gestión de López Obrador, en 2020, Vitol, una de las empresas energéticas más grandes del mundo, reconoció haber pagado sobornos entre 2017 y 2020 para conseguir contratos con la paraestatal. La empresa fue vetada durante tres años, hasta 2023, cuando pagó 30 millones de dólares como medida reparatoria.
Irregularidades y 'Moches' en Instituciones Públicas
No sólo hubo sobornos en estos años. También se revelaron personajes políticos que pidieron dinero en efectivo a sus subordinados.
- En junio de 2024, el gobierno federal dió a conocer otro caso, en el ISSSTE, que generó un daño al erario por 15 000 millones de pesos. Éste consistió en incrementar ilegalmente pensiones y hacer pagos duplicados a proveedores.
- En 2024, MCCI publicó un reportaje en el que recuperó el testimonio de dueños de gasolineras y gaseras que fueron obligados a pagar cuotas de entre 13 y 35 mil pesos mensuales para no ser clausurados. Al menos dos de los testigos consultados coincidieron en señalar que los expendios que no aceptaban pagar la cuota eran ventilados por el titular de la Profeco en las conferencias mañaneras.
- Uno de los casos mejor documentados ocurrió en el gobierno municipal de Texcoco durante la gestión de Delfina Gómez, entre 2013 y 2015. Entre 2013 y 2015, el gobierno municipal encabezado por Delfina Gómez pidió dinero en efectivo a sus subordinados. Fueron alrededor de 13 millones de pesos a más de 500 empleados municipales bajo el pretexto de “donaciones voluntarias” a Morena. Estas aportaciones fueron utilizadas para pagar a proveedores del partido, de acuerdo con una investigación del INE. El presidente López Obrador consideró que estas acusaciones eran parte de una campaña injusta en contra de Delfina Gómez y la defendió al decir que era una persona honesta. Ella, por su parte, lejos de enfrentar sanción alguna, fue nombrada delegada de los Programas de Bienestar en el Estado de México y, eventualmente, titular de la SEP. Durante su gestión en esta secretaría, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 830 millones de pesos.
- En 2021, Rocío García Pérez era directora del DIF federal. Un grupo de funcionarios públicos la denunció por exigirles entregar una parte de sus salarios en efectivo para un supuesto programa de apoyo, del que no existen registros. Las aportaciones sumaban 650 mil pesos mensuales. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) desestimó la denuncia por falta de pruebas.
- Este no fue el único caso. Además, en marzo de 2023, Carlos Loret reveló que quince trabajadores del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) acusaron a José Ángel Anzures Galicia de retener el 30 % de sus salarios. Anzures renunció tras la denuncia.
Acusaciones de Enriquecimiento Ilícito a Figuras Políticas
Algunos funcionarios federales y figuras políticas también enfrentaron acusaciones de enriquecimiento ilícito.
- Uno de ellos fue Santiago Nieto, extitular de la UIF. En 2021, la FGR abrió una investigación en su contra tras una denuncia de que su patrimonio no correspondía a sus ingresos. En 2023, fue denunciado de nuevo por participar en una red de evasión fiscal que involucra a su cuñado.
- En 2019, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue acusado por mentir en su declaración patrimonial. Moreno declaró haber adquirido 15 propiedades en Campeche por 5.3 millones de pesos, pero su valor comercial era de alrededor de 103 millones de pesos. Posteriormente, una investigación de MCCI de 2022 reveló que Moreno, junto con su familia y colaboradores cercanos, poseía 35 propiedades en Campeche, adquiridas a precios por debajo de su valor de mercado. En julio de 2024, Reforma expuso una casa, supuestamente construida por Moreno cuando era gobernador de Campeche (2105 a 2019), valuada en 300 millones de pesos. En 2022, la fiscalía de Campeche solicitó desaforar a Moreno como diputado federal para investigarlo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, legisladores de Morena frenaron el proceso luego de que el PRI apoyará la extensión de periodo para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad. En 2024, Moreno fue electo senador y modificó los estatutos del PRI para reelegirse como su presidente hasta 2028.
- Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, fue acusado de tener una riqueza inexplicable. Un reportaje de Proceso, publicado en septiembre de 2024, señaló que dos despachos en los que García es socio recibieron ingresos por más de 2000 millones de pesos desde que este ocupa cargos públicos. Además, este mismo año, El Norte reveló una triangulación de más de 200 millones de pesos de un proveedor del gobierno estatal a uno de los despachos. García ha negado estas acusaciones.
- En 2021, la Cámara de Diputados desaforó al diputado del PT Mauricio Toledo, acusado de tener propiedades que excedían el valor de sus ingresos.
Tabla de Casos Relevantes de Corrupción
| Caso | Servidor Público / Entidad Acusada | Acusación Principal | Monto / Irregularidad | Estado Actual (a la fecha de los registros) |
|---|---|---|---|---|
| Enriquecimiento Ilícito (Jurisprudencia) | Servidor público no identificado | Incremento de patrimonio sin procedencia legítima | - | Vinculado a proceso, caso que derivó en Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 116/2023 (11a.) |
| Odebrecht / Pemex | Emilio Lozoya | Sobornos para contratos con Pemex | $788 millones USD (LatAm), $3 millones USD (AHMSA) | Detenido, extraditado, proceso penal en curso, recuperó libertad en 2024 |
| AHMSA / Pemex | Alonso Ancira | Sobornos para adquisición de planta a sobreprecio | Acuerdo reparatorio por $216 millones USD | Pagando acuerdo reparatorio ($104 millones MXN hasta Nov. 2023) |
| Vitol / Pemex | Vitol (empresa) | Pago de sobornos para contratos con Pemex | Pagó $30 millones USD como medida reparatoria | Vetada durante tres años (hasta 2023) |
| ISSSTE (2024) | Funcionarios (no especificados) | Incremento ilegal de pensiones y pagos duplicados | $15,000 millones MXN de daño al erario | Caso dado a conocer en junio de 2024 |
| Delfina Gómez (Texcoco) | Delfina Gómez | Petición de "donaciones voluntarias" (moches) a subordinados | Aprox. $13 millones MXN de 500 empleados | No enfrentó sanción; ocupó cargos de alto nivel (SEP) |
| Indep | José Ángel Anzures Galicia | Retención del 30% de salarios a trabajadores | - | Anzures renunció tras la denuncia |
| DIF federal | Rocío García Pérez | Exigir parte del salario a funcionarios | $650 mil MXN mensuales en aportaciones | Denuncia desestimada por SFP por falta de pruebas |
| Alejandro Moreno (PRI) | Alejandro Moreno | Mentir en declaración patrimonial, propiedades inexplicables | 15 propiedades declaradas en $5.3m MXN (valor real $103m MXN); 35 propiedades subvaluadas; casa de $300m MXN | Electo senador; proceso de desafuero frenado; reelecto presidente del PRI |
| Samuel García (Nuevo León) | Samuel García | Riqueza inexplicable, triangulación de fondos | $2,000 millones MXN (ingresos despachos); $200 millones MXN (triangulación) | Negó acusaciones; reportajes de Proceso y El Norte |
| Santiago Nieto (UIF) | Santiago Nieto | Patrimonio no correspondiente a ingresos, evasión fiscal | - | Investigación de FGR; denunciado por evasión fiscal en 2023 |
| Mauricio Toledo (Diputado PT) | Mauricio Toledo | Propiedades que excedían el valor de sus ingresos | - | Desaforado en 2021 |
| PROFECO (Cuotas) | Titular de PROFECO (no especificado) | Obligar a pagar cuotas a gasolineras para no ser clausurados | $13,000 a $35,000 MXN mensuales por expendio | Reportaje de MCCI en 2024; expendios sin pago "ventilados" en conferencias |
La corrupción no se terminó el sexenio pasado. Las herramientas para capturar recursos públicos y emplearlos para beneficio de unos cuantos siguen siendo tan útiles como lo fueron en el pasado.
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