Andrés Felipe Arias nació en Medellín en 1973. Se graduó como economista en la Universidad de los Andes en 1999. Luego hizo una maestría y un doctorado de economía en la Universidad de Los Ángeles. Su carrera política comenzó cuando finalizó su doctorado: el entonces Presidente Uribe lo nombró director de la política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda en el 2002.
Origen y Naturaleza del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS)
En este último cargo, Arias lanzó el programa Agro Ingreso Seguro para darle subsidios al Agro. Dicho programa había iniciado en noviembre de 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Agro Ingreso Seguro fue diseñado por el actual gobierno y en sus objetivos reza el de “reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”.
El ex Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, defendió los beneficios del programa Agro Ingreso Seguro. Dijo que este programa entrega subsidios para el incentivo de la agricultura a personas que cumplan con los requisitos, y que dentro de los beneficiarios podían estar varios integrantes de familias adineradas que hubieran gestionado proyectos, sin importar si son amigos o no del gobierno. A la pregunta, si cree que subsidiando a familias ricas se podía reducir la desigualdad, Arias contestó en la emisora La FM que sí, “porque este es uno de muchos de tipos de incentivos que se diseñaron para haya empleo en el campo”. En su criterio, la asignación de recursos del Ministerio de Agricultura para infraestructura termina por dar empleo a varias familias campesinas. A la pregunta por qué una sola familia recibió cinco subsidios distintos, Arias respondió que tuvo que haber sido porque cada uno de los beneficiarios presentó proyectos distintos.
El Escándalo de los Subsidios y las Denuncias
Todo comenzó en septiembre de 2009 cuando la revista CAMBIO denunció que el programa Agro Ingreso Seguro, promovido por el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes y familias del Magdalena y Valle del Cauca. Esta fue su respuesta a un artículo de la revista Cambio, que denunció que integrantes de familias adineradas o relacionadas con el gobierno han sido beneficiarios de los subsidios del programa.
Beneficiarios Cuestionados del AIS
La revista Cambio, en su edición de este jueves hace un listado de personas que han sido beneficiarias del programa Agro Ingreso Seguro. Aparecen nombres como el de la modelo Valerie Domínguez, su novio Juan Manuel Dávila y su hermana, la reina Ana María Dávila. “En total, la familia Dávila, una de las más ricas e influyentes de Santa Marta, recibió en el último año más de 2.200 millones de pesos en subsidios para "riego y drenaje" en Algarrobo, Magdalena”, dice la revista. Pero la lista no para ahí. Las principales familias beneficiadas fueron los Vives Lacoture, los Lacoture Dangond y los Lacoture Pinedo, familias de trayectoria política en el Caribe. La familia Vives Lacouture, a la que pertenece Luis Eduardo Vives quien es uno de los congresistas involucrados en el escándalo de la parapolítica, ha recibido subsidios por 5 mil millones de pesos. También aparecen mencionados los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo, “familiares entre sí y con miembros en altas posiciones del Gobierno, como María Claudia Lacouture, cabeza del programa Colombia es Pasión, también han recibido subsidios por 5.235 millones de pesos para actividades de 'riego y drenaje' ", dice la revista. Cambio también encontró que María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del Interior Carlos Holguín, recibió un subsidio por 200 millones de pesos para un programa de riego y drenaje. Queda la duda por qué personas cercanas al gobierno y por qué una sola familia logra acceder a varios subsidios y si finalmente, estos han creado los empleos esperados.
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Uno de los cargos que le hizo la Corte Suprema de Justicia al exministro Andrés Felipe Arias fue el haber utilizado el programa estrella del gobierno Uribe en el sector rural para compensar favores políticos. Este igualmente fue uno de los principales argumentos que utilizó el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, para cuestionar el manejo del programa en el debate de control político que le hizo a Arias. Los 45 aportantes cuyas contribuciones a la campaña de Uribe en el 2002 sumaron $600 millones, multiplicaron su inversión logrando con el subsidio una alarmante tasa de retorno hasta del 25.410%, cómo es el caso de el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo que a través de las empresas Unipalma S.A.; Pizano S.A. y Organización Pajonales, le entregó $50 millones a la campaña presidencial y a la postre resultó beneficiado con subsidios de riego y drenaje por más de $12 mil millones de pesos.
No es este el primer programa de subsidios del gobierno Uribe que ha sido criticado porque termina favoreciendo a los más pudientes, en un modelo económico que algunos han descrito como pro-rico. Otros programas cuestionados han sido el de las Zonas Francas que libera de pagar impuestos a exportadores en varios lugares del país; los contratos de estabilidad a empresas que invierten en Colombia y les aseguran rebajas de impuestos por 20 años; y los estímulos a los productores de bios combustibles. El gobierno defiende su modelo con el argumento de que la inversión de los ricos traerá empleo y riqueza para todos, lo cual, como ya se vio con modelos similares como el Reaganomics en Estados Unidos, no siempre funciona.
Investigaciones y Consecuencias Disciplinarias
Pese a que el escándalo empezaba a generar revuelo en todo el país, el entonces ministro Arias le pidió, en octubre de 2009, al gobierno que se mantuviera el programa. De hecho, a finales de ese mismo año, pidió ser el primer investigado por el caso. Casi un mes después de ser interrogado por la Fiscalía, se conoció que Andrés Felipe Arias iba a ser designado como embajador de Colombia en Italia por orden del presidente Juan Manuel Santos, pero ante la gran controversia que se generó, no aceptó el cargo. Un mes después de este hecho, en octubre de 2010, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Arias y contra Andrés Fernández, quien había tomado su puesto después de la renuncia.
En 2011, el Procurador Alejandro Ordoñez lo destituyó e inhabilitó durante 16 años por cuatro faltas disciplinarias gravísimas. La Contraloría también halló responsable al exministro Arias por el escándalo de AIS y el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó e inhabilitó por 16 años.
Faltas Disciplinarias Gravísimas
- La primera es que no cumplió con los “factores de evaluación precisos y claros” en la asignación de los subsidios.
- La segunda es que se desconocieron los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad.
- La tercera es “desconocer los principios de transparencia y responsabilidad que gobiernan la actividad contractual, al utilizar la modalidad de contratación directa para celebrar los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica”.
- Y finalmente, se sobrepasaron los topes de gastos del programa, desbordando los porcentajes establecidos para 2008.
En efecto, Arias contrató directamente con el IICA y excedió los topes por un valor de más de 6.000 millones. Asimismo, se estableció que fue responsable de que el Ministerio de Agricultura le entregara a dedo al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) tres multimillonarios contratos para la implementación de AIS. Arias justificó esta cuestionada decisión aduciendo que el contrato era para ciencia y tecnología, por lo que no se requería una convocatoria pública. Pero la Corte demostró lo contrario: que esa entrega se dio para que Arias pudiera intervenir a sus anchas a la hora de establecer los requisitos para los mencionados subsidios y de esa forma beneficiar a los grandes hacendados. Según la Corte, “se demostró que Arias conservó la disponibilidad jurídica de estos dineros y se valió de los términos de referencia de las convocatorias de riego y drenaje para incluir reglas que favorecían a sectores específicos de la producción agrícola”.
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También resultaron afectados los siguientes funcionarios del Ministerio de Agricultura: Rodolfo Campo Soto, exgerente del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder; Juan Camilo Salazar, exviceministro de Agricultura; Camila Reyes, ex directora de Financiamiento y Comercio del Ministerio de Agricultura; Javier Romero y Juan David Castaño, ex directores de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura; Alba Sandoval, ex directora de Seguimiento Presupuestal del Ministerio de Agricultura y Gisela Torres y Edelmira Riveros, interventores.
Condena de la Corte Suprema de Justicia y Fuga
A su vez, la Corte Suprema lo condenó el 3 de julio de 2014 por celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y apropiación a favor de terceros. Arias había estado detenido durante dos años en la Escuela de Infantería del Cantón Norte a la espera del fallo pero había sido dejado en libertad mientras concluía su juicio.
Desde la 1:45 de la tarde de este jueves, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias es un prófugo de la justicia. A esa hora la magistrada de la Corte Suprema de Justicia María del Rosario González dio a conocer la condena en su contra de 17 años, 5 meses y 8 días de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) y libró orden de captura para que regrese cuanto antes a Colombia. Se sabe que el alto exfuncionario se encuentra en el estado de Florida, en Estados Unidos, al parecer tramitando asilo. Arias fue sentenciado además a pagar $30.800 millones. Casi seis horas duró la lectura del fallo. La magistrada González leyó casi la mitad de las 403 páginas de la condena a Arias por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contratos sin requisitos legales. De lo único de lo que fue absuelto fue del delito de peculado por apropiación a favor del IICA, pues nunca se demostró la apropiación de dinero alguno en este sentido.
Durante la audiencia, la magistrada González recordó algunos de los argumentos esgrimidos el pasado 3 de julio para declarar responsable a Arias, entre ellos, que el exministro tenía pleno conocimiento de las irregularidades alrededor del programa AIS y que en vez de denunciarlas, las promovió. Arias “siempre tuvo una intervención permanente y directa en la intervención y desarrollo de estos convenios, así como de las convocatorias presupuestales para el manejo de los subsidios”. De acuerdo con la Corte, el exministro Arias intervino en cada una de las etapas de la implementación del cuestionado programa y fue el responsable de que una parte de los subsidios del Ministerio de Agricultura fueran a parar a grandes hacendados de la costa Caribe y no a los pequeños agricultores a los que estaban destinados. “Fue a partir del manejo y procedimientos implementados por el señor Arias que salieron favorecidos con subsidios los grupos denominados José Francisco Vives Lacouture, Alfredo Lacouture Dangond, Orlandesca S.A., Biofrutos S.A., Daabon Agroindustrias JMD, Inagro S.A., Alamaja S.A. y Viveros Páez, en cuyo favor se desembolsaron $25.800 millones”.
Reacciones y Llamados
Desde Miami, el pasado 14 de julio el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que “todos los ciudadanos, incluyéndome, estamos obligados a atender los llamados de la ley colombiana, a respetar las cortes si somos requeridos por ellas. Por eso hago este llamado a todos los colombianos, incluyendo a Andrés Felipe Arias”. La misma canciller María Ángela Holguín dio a conocer que Arias “hizo unos trámites en el consulado en Miami hace unas semanas. La cónsul se lo comunicó a la Cancillería y nosotros a la Fiscalía”. Y agregó que, si se requiere, le “solicitaríamos (a Estados Unidos) que lo deporten. Pero esperaríamos que él mismo vuelva”. Ahora se espera que las autoridades soliciten la expedición de una circular roja de Interpol contra Arias y que se agilice su deportación a Colombia. Al respecto el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, señaló que “es un pésimo mensaje” que los funcionarios condenados no acaten los fallos de la justicia y desaparezcan. En ese sentido, dijo que hay mecanismos como la tutela para controvertir los fallos de las autoridades.
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En la otra orilla hay quienes señalan que contra Arias hay una persecución política. Es el caso del Centro Democrático, que en un comunicado firmado, entre otros, por el expresidente Uribe y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, expresó: “Nos duele profundamente la injusta condena al exministro Andrés Felipe Arias, antecedida y rodeada de una serie de elementos que configuran una clara persecución política, de la cual es víctima”. Agrega que las declaraciones del presidente y de la canciller “confirman el ánimo de persecución política contra el exministro Andrés Felipe Arias (…) El exministro no se apropió de un solo centavo del presupuesto público, como ha quedado claro en este proceso judicial. Sin embargo, profieren contra él una sentencia condenatoria”. El exministro, quien se ha declarado un perseguido político -el expresidente Uribe trinó ayer en tal sentido-, se unió a la lista de alfiles del uribismo prófugos de la justicia junto con el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, a la que el gobierno de Panamá le retiró el asilo político hace un mes. El senador electo Iván Cepeda indicó que la renuencia a darle la cara a la justicia es “un patrón sistemático de los exfuncionarios del expresidente Álvaro Uribe cuando la justicia indaga o corrobora que delinquieron. El exmandatario los alienta a evadir la justicia y, con ello, promociona la impunidad en actuaciones que pueden llegar a ser constitutivas de delitos de lesa humanidad”.
En menos de cinco años el exministro Arias pasó de ser uno de los ministros estrellas del gobierno Uribe -quien nunca disimuló su aprecio por él- a un hombre condenado a 17 años de prisión por uno de los mayores escándalos de corrupción en los últimos años. Ahora la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura inmediata. Desde el pasado 13 de junio el esquema de protección del exministro no volvió a saber nada de él. De acuerdo con la revista Semana, fue visto hace poco en la población de Fort Lauderdale (EE.UU.), buscándole colegio a uno de sus dos hijos. Dirigentes políticos como Iván Cepeda le pidieron a la Cancillería que cancele cuanto antes el pasaporte de Arias. Sea como sea, Arias ya es un prófugo de la justicia, al igual que Luis Carlos Restrepo, investigado por la presunta falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc -quien se encontraría en Washington (Estados Unidos)-, y María del Pilar Hurtado, procesada por el escándalo de las chuzadas del DAS. Hasta el pasado mes de junio, Hurtado permaneció en Panamá.
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