Este artículo se centra en el tema migratorio en Venezuela y cómo se ha gestionado a través de las políticas estatales.
Antecedentes Migratorios en Venezuela
Durante el siglo XX, la migración no figuró prominentemente en la agenda pública, especialmente durante los regímenes autoritarios de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958). Sin embargo, Rodríguez (2010) señala que la política de "puertas abiertas" a los inmigrantes a mediados del siglo pasado favoreció principalmente a personas provenientes de Europa.
Entre 1948 y 1961, Venezuela experimentó una inmigración masiva, con 614.425 extranjeros recibiendo la cédula por primera vez. Balza (2009) indica que el 78% de estos inmigrantes eran españoles, italianos y portugueses, mientras que el resto provenía de otros países europeos. Se estima que la inmigración durante este período pudo haber alcanzado la cifra de 800.000 personas.
Álvarez (2009) señala que en 1977, cuando Venezuela tenía 13 millones de habitantes, el 10% eran extranjeros con cédula y residencia legal en el país. Sin embargo, existía una población numerosa de extranjeros en diversos ámbitos de la economía informal que no estaban contabilizados.
Desde mediados de los 80, con la crisis económica que comenzó en Venezuela a partir del "viernes negro", se inició una "migración de retorno".
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León (2005) identificó la primera ola migratoria de venezolanos durante el chavismo tras el triunfo de Hugo Chávez en el referendo revocatorio de 2004.
Políticas de Atención a Inmigrantes (1989-2019)
El objetivo general de este artículo es analizar las políticas de atención a los inmigrantes en Venezuela desde 1989 hasta 2019. Para 1989, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se implementó un programa de ajuste económico que generó los sucesos de violencia conocidos como "el caracazo".
Torrealba (1987) afirma que "en estos años, el comportamiento de los migrantes comienza a ser negativo conformando una nueva tendencia que se mantiene hasta el presente".
Sassen-Koob (1980) ubica la migración laboral calificada a partir de 1970, destacando el Programa de Recursos Humanos (PRH) como un hito importante. Este programa tenía como objetivo principal la selección y aprobación del ingreso de mano de obra calificada al país. Esta política generó un aumento en el número de extranjeros con residencia permanente, alcanzando 1.2 millones en 1977.
Gómez y Rengifo (1999) expresan que la población colombiana residente en Venezuela experimentó un incremento de 194% entre 1970 y 1990. En la Oficina de Identificación y Extranjería ONIDEX, el total de extranjeros cedulados entre 1980-2005, ascendía a 1.305.033.
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Distribución de Extranjeros Cedulados por ONIDEX (1980-2005)
Según la actividad económica, el mayor porcentaje de extranjeros se concentra en Servicios Comunales, Sociales y Personales con un 76.86%, seguido de Comercio, Restaurantes y Hoteles con un 10.31%, Agricultura, Explotación de Minas e Industria Manufacturera agrupan un total de 10.71%. El 24.25% del total de extranjeros cedulados por ONIDEX, para este período, declararon pertenecer a la categoría de Empleados, seguidos de los Profesionales y Oficios del Hogar con un 22.9% y 22,6% respectivamente. Los de profesión Comerciante en 12.9% y los Estudiantes y demás Profesiones sumaban 17.1%.
Las cifras contrastan la realidad de país receptor con grandes posibilidades de crecimiento para la época. Otro factor a considerar son las tasas de crecimiento intercensal, donde se observa una disminución de la intensidad migratoria de estos hacia el país, al igual, que un proceso lento de retorno.
El Gobierno de Hugo Chávez y las Misiones Sociales
Durante el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías (1999-2013), Venezuela experimentó una bonanza económica debido a los altos precios del petróleo. Esto permitió la creación de una estructura política y económica que posibilitó la exportación de la llamada Revolución del siglo XXI. En el plano interno, se diseñaron las llamadas misiones, que fueron las políticas sociales de los gobiernos de Hugo Chávez Frías.
Durante este lapso 2003-2008 el PlB real tuvo una variación extraordinaria, incrementándose 1,62 veces, pero ya en el 2009 el crecimiento del PlB ha vuelto a ser negativo ese período, caracterizado por la abundancia de recursos en manos del Estado, ha sido adverso para el control de la inflación. Luego de una tasa de 31 % en el 2003 cae a 13,7% en el 2006, para cerrar en el 2008 de nuevo en 31,4% Y 28,6% en el 2009. Por otra parte, uno de los problemas que ha planteado la alta inflación es la sobrevaluación de la moneda debido al régimen de tipo de cambio fijo que se adoptó? desde el 2003.
Las políticas sociales denominadas Misiones fueron una figura no prevista en el ordenamiento constitucional ni legal, Maestre (2006) afirma que las misiones sociales son una expresión de una práctica política con rostro humano, donde los beneficios directos los tendrá la población más desfavorecida, pues el mayor impacto los obtendrá en función del crecimiento y desarrollo humano.
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Las misiones sociales fue el nombre con el que se empezaron a designar la mayor parte de las acciones y/o programas de tipo social del gobierno de Hugo Chávez, a partir de 2003, en un contexto sociopolítico caracterizado por una situación política conflictiva, polarizada y de serios obstáculos a la gobernabilidad democrática. Formalmente, los objetivos de las misiones están dirigidos a potenciar la inclusión de la población de menores recursos que han sufrido las deficiencias del sistema de bienestar social.
Otra categoría importante al estudiar las misiones sociales, es su figura legal, que fue introducida en el ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública en el año 2008, como una ?nueva forma organizativa de la Administración Pública Nacional?, creada por el presidente de la Republica en Consejo de Gobierno.
La Misión Identidad y el SAIME
Respecto al tema de la integración de inmigrantes existe una misión llamada identidad la cual establece como uno de su objetivo garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos del Estado Bolivariano de Venezuela y los inmigrantes que cumplan con los requerimientos constitucionales para vivir en el territorio.
Según la oficina encargada de esta misión denominada SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) se define esta misión como el programa que se orienta a garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos del Estado Bolivariano de Venezuela y, a los inmigrantes que cumplan con los requerimientos constitucionales para vivir en el territorio. La prestación, consiste en la disposición de módulos en diferentes puntos del país con el fin de obtener la cedulación de manera inmediata. Su fecha de implementación es 2003.
Legislación Migratoria Venezolana
El Estado venezolano cuenta con una política migratoria enfocada a los extranjeros, fundamentada en la Ley de Extranjería y Migración, promulgada en 2004 (LEM), la cual tiene como objeto regular todo lo relativo a la admisión, ingreso, permanencia, registro, control e información, salida y reingreso de los extranjeros y extranjeras en el territorio de la República, así como sus derechos y obligaciones. Dichas disposiciones son aplicables sin distinción de la condición migratoria del extranjero.
Citando lo previsto y dispuesto por el legislador en el Art. 13 de la Ley de extranjería y Migración encontramos que ?...los extranjeros y extranjeras que se hallen en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes?. República Bolivariana de Venezuela y las leyes. (Art. 13 LEM) y de acuerdo con el Artículo 3 de la LEM esta norma sustantiva, también es aplicable a los extranjeros independientemente de su condición migratoria.
Los derechos civiles, donde se ubican el derecho a vida, integridad física y libertad personal, la no privación arbitraria de la libertad, condiciones de detención, debido proceso en los trámites migratorios, garantías de defensa frente a violaciones, son especialmente protegidos en caso de la población migratoria en virtud de su vulnerabilidad. El Estado debe respetar estos derechos y garantizarlos a los migrantes igual que a cualquier otra persona.
Borges (2009) es importante destacar la protección que debe prestar el Estado en la determinación estricta de las causas y condiciones para proceder a la detención en el ejercicio de su control migratorio, así como la garantía de un juez independiente e imparcial en el control de la legalidad de la detención y de su duración por un tiempo razonable. Del mismo modo, en caso de detención a la población migratoria, existen estándares internacionales derivados de la Convención Americana que deben ser aplicados a los trabajadores migrantes y sus familias.
La legislación migratoria venezolana contiene disposiciones que protegen a las personas migrantes contra la trata y el tráfico de personas, facilitación de ingreso ilegal (artículo 52 de la LEM), Explotación laboral de migrantes (artículo 53 LEM), Promoción de la inmigración ilícita (artículo 55 LEM), Tráfico ilegal de personas (artículo 56 LEM). A pesar de que existe la tipificación de los delitos migratorios todavía los órganos nacionales tienen muchos retos frente la aplicación de los mismos.
Otro punto importante de destacar, en este apartado, es el acceso a la justicia y garantías judiciales: cuando se habla de población migrante, el debido proceso legal debe ser contemplado en un sentido amplio, abarcando las instancias judiciales, administrativas y de cualquier orden, civil, penal, laboral.
Para Martínez (2009), ha sido particularmente importante la determinación de los componentes del debido proceso en sede administrativa, en especial, a) adjudicador imparcial, b) derecho a ser oído, c) Información, traducción e interpretación d) representación legal, e) revisión judicial, f) acceso a autoridades consulares y g) condiciones de detención apropiadas.
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