En México, las mujeres que han sido violadas y que resultan embarazadas son víctimas por partida doble; la primera vez por el perpetrador de la violación, y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran, las maltratan y les niegan el acceso a un aborto legal. Esta afirmación fue publicada en 2006 por Human Rights Watch en su informe "Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México". Es lamentable que diez años después esta afirmación siga aún vigente, pues la problemática de la doble victimización se extiende a otras esferas, afectando también a migrantes y a quienes sufren agresiones en el ámbito digital, e incluso a personas fallecidas sin identificar.
Revictimización en Casos de Aborto Legal por Violación
El caso de Karen, una joven indígena de 16 años, ejemplifica los serios obstáculos que todavía subsisten para cumplir con las leyes vigentes en los estados de la República Mexicana. Karen fue secuestrada por su tío y violada sexualmente en reiteradas ocasiones. Después de escapar, Karen y su mamá fueron a hacer una denuncia al Ministerio Público en Tlapa, Guerrero. Sin embargo, las autoridades ministeriales no levantaron la denuncia y le negaron el acceso al aborto debido a que no creyeron en su palabra y afirmaron que se había ido voluntariamente con su tío. Al final, la joven recibió apoyo de organizaciones de la sociedad civil para interrumpir el embarazo producto de la violación en la Ciudad de México.
Aunque la legislación en México establece que el aborto por violación es legal en todo el país, las autoridades estatales siguen revictimizando a las mujeres que acuden al Ministerio Público o al sector salud al negarles el acceso al aborto legal. Esto ocurre al poner en duda que las mujeres y niñas han sido violadas, alargando el proceso de atención para que avance el tiempo de gestación y el aborto resulte una decisión y una experiencia más complicada, e infundiendo miedo a las mujeres, al afirmar que el aborto trae consecuencias como esterilidad, perforación del útero o muerte o daños psicológicos graves. Esta situación se agudiza cuando se trata de niñas y adolescentes porque se encuentran en mayor desprotección, lo que se pone en evidencia al ocupar México el primer lugar entre los países de la OCDE por los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios en contra de menores de 14 años.
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2016, en el periodo del 2010 al 2015 una de cada cuatro niñas sufrió de abuso sexual antes de cumplir 18 años y 6 de cada 10 abusos sexuales fueron cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercanos. Por su parte, la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (ENAPEA) reporta que la mayoría de los embarazos en niñas de 10 a 14 años son producto de una violación.
Diversos mecanismos internacionales han recomendado al Estado mexicano garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, más aún cuando se trata de casos en los que está en riesgo la salud e integridad de mujeres y niñas. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) ha sostenido que obligar a una mujer a continuar con un embarazo, especialmente cuando éste es producto de una violación, o cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo, constituye una forma de violencia institucional, y puede ser una forma de tortura. En 2012, el Comité de la CEDAW recomendó al Estado mexicano armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal. En una investigación realizada en 2006 por Human Rights Watch titulada "Víctimas por partida doble", se concluyó que en México la legislación sobre violencia sexual en muchos estados incumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Incluso, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores advirtió que esa normatividad despenaliza en los hechos el estupro, delito que consiste en la realización de la cópula con una adolescente de entre 12 y 18 años de edad.
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En el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, se exhorta a los gobiernos estatales a garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios de interrupción legal del embarazo y a sancionar a las autoridades que por prejuicios o por cualquier otro motivo las re-victimice y les nieguen el acceso al aborto legal por las causales establecidas en la legislación local. Asimismo, se urge a las autoridades de salud locales a que implementen la Norma 046. De lo contrario, estarían cometiendo una grave violación a los derechos humanos de mujeres y niñas al forzarlas a continuar con un embarazo producto de una violación.
Inmigrantes: Víctimas de Violencia y Riesgo de Expulsión
"Te llega una mujer con la cara hecha un mapa después de una paliza y no puedes hacer nada por ella; es una situación de impotencia tremenda". Empar López, abogada del Centro de Comunicación y Servicios Interculturales (CCSI) de Torrent, una entidad de asistencia a los inmigrantes de la Mancomunitat de L'Horta Sud, se refiere a casos recientes de inmigrantes que han acudido a su centro y otros asistidos por compañeros que han sido víctimas por partida doble: Al acudir a la comisaría a poner una denuncia se exponen a salir con una orden de expulsión bajo el brazo si no tienen sus papeles en regla.
López recuerda un caso de enero pasado en el que una mujer marroquí acudió a la comisaría de la policía nacional de Torrent para dar cuenta de una agresión sufrida por su hermano. Tras tramitar la denuncia, los agentes le remitieron una carta con una cita para el lunes siguiente por una cuestión "de su interés". La mujer debía presentarse ante el grupo operativo de extranjeros. "Acudí con ella a la policía", recuerda la letrada. Los agentes querían conocer cuál era la situación de la mujer, si tenía su documentación en regla o no. "Encima de cornuda, apaleada", les espetó López, quien relata que al final se echaron atrás: "Si no voy a acompañarla, sale con una orden de expulsión".
María, una joven de 19 años el uno de enero pasado, pasó por una circunstancia similar. Entró a la comisaría de Zapadores de Valencia con la intención de denunciar la agresión que había sufrido su hermano el día de Nochevieja. Y salió con la denuncia puesta pero además, con un expediente de expulsión a cuestas. María, como la mujer anterior, tampoco tiene permiso de residencia y trabajo. Aún no la han expulsado, como señala su abogado, Javier Botey, pero puede ser cuestión de días. "Cualquier gestión puede volverse en su contra", destaca este letrado que lleva años trabajando con inmigrantes. Se está creando un ambiente de persecución, señala, como nunca antes había existido contra este colectivo. "No sólo les niegan el pan y la sal, sino la propia existencia", apunta.
G. R., una mujer colombiana de 30 años, no llegó ni siquiera a pisar la comisaría. En este caso, ella fue la agredida. No le pegó su pareja, que tiene dos sentencias por agresión, por lo que "se anda con cuidado". En una discusión que mantuvo con su marido a finales de febrero, "como sabe que no le puede pegar", no lo hizo. Fue un amigo del marido que estaba en casa quien la emprendió a golpes con ella, mientras su pareja lo observaba, relata Empar López, que también ejerce como abogada en este caso. El parte médico de las urgencias del hospital La Fe del 26 de febrero describe marcas en el cuello donde "parece haber sido cogida", un traumatismo en el brazo derecho, un hematoma en el párpado superior izquierdo, y policontusiones, entre otros aspectos.
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Cuando acudió al CCSI de Torrent, los técnicos del centro le facilitaron asistencia psicológica y trataron de buscar un alojamiento seguro; pero fue imposible. "Para buscar un centro de acogida hace falta una denuncia y no quisimos ir a la comisaría", recuerda López, ante el temor de que, como en otros casos, se le abriera un expediente de expulsión. Además, tampoco se atrevieron a remitir el caso a los centros de atención a las mujeres maltratadas de Bienestar Social. "Todas las trabajadoras sociales de la zona saben que al acudir a estos lugares se remite la información de las mujeres a la policía", explica.
La situación genera una "impotencia terrible", como comenta López, pues los inmigrantes se mueven en una inseguridad jurídica al no poder denunciar con libertad por el temor de pasar en pocos minutos de víctima a ser denunciado. "Dependes de la buena voluntad del policía de turno", aclara. Botey recuerda conversaciones con policías que están en contra de esta política de persecución a los sin papeles. "Comentan que su función debería ser la de proteger a los que viven en el país, sean españoles, extranjeros con papeles o sin papeles". Sin embargo, cada vez son más comunes las acciones policiales destinadas a identificar a extranjeros sin documentación en regla. La Delegación del Gobierno rechaza que existan directrices destinadas a controlar a los extranjeros que carecen de documentación, aunque los hechos demuestran lo contrario.
Revictimización en el Ámbito Digital y Mediático
Aunque es indudable el papel positivo de las redes sociales y de los medios digitales para difundir denuncias y campañas, alertar sobre nuevas formas de engaño o acercamiento por parte de presuntos agresores, recabar testimonios o ayuda, también es cierto que Internet se ha convertido en la pesadilla de muchas víctimas de agresiones sexuales, que se ven doblemente victimizadas al ser insultadas y cuestionadas o al tener que soportar la difusión de las imágenes de la agresión o imágenes y datos íntimos sin su consentimiento. Si las redes sociales ya llevan tiempo convertidas en terreno fácil para las diferentes formas de expresión del machismo más rancio -que muchas veces actúa amparado en el anonimato-, las reacciones ante delitos como los asesinatos de violencia de género o las agresiones sexuales son especialmente denigrantes.
Lourdes Lorente, coordinadora del Servicio de Asistencia a la Víctima del Gobierno Vasco, puntualiza que para ella los ataques en las redes sociales hacia las mujeres que han sufrido violencia son "una revictimización". El término victimización secundaria, explica, es un concepto que viene de la victimología, fue acuñado por Kühne y hace referencia a la nueva victimización que se produce desde los agentes que intervienen en el proceso de ayuda a la víctima. La victimización secundaria (término acuñado por Kühne en 1986) se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico-penal. Sin embargo, "lo que se hace desde las redes sociales, los medios de comunicación, programas de televisión, etc. yo no lo llamaría victimización secundaria sino revictimización, porque se está responsabilizando y culpabilizando de una forma muy pública a la víctima. Eso de ‘igual deberías pensártelo porque te tomaste dos copas de más’ o ‘hay que ver qué falda más corta llevas’ o ‘a quien se le ocurre ir sola a esas horas de la noche’... yo a eso lo llamo una nueva victimización porque quien escribe en la red y comenta una noticia sobre una agresión no está pretendiendo ayudar, está opinando", destaca Lourdes Lorente.
Junto a las opiniones vertidas en las redes sociales, hay otros espacios en los que las víctimas pueden ver atacada su integridad o su intimidad. Uno de ellos está relacionado con el tratamiento que los medios de comunicación dan a las informaciones sobre agresiones sexistas. "Yo creo que, aunque quizás el periodista incluyó ese dato inconscientemente, muy a menudo en los medios se tiende a culpabilizar a la víctima". En este sentido, Lourdes Lorente apunta que "aprovechando ese pacto de Estado que se pretende hacer para la lucha contra la violencia de genero se podría delimitar qué tipo de imágenes se pueden difundir y cuales no", ya que la difusión de vídeos de agresiones o imágenes que permiten identificar a la víctima "no añaden nada más que mal gusto y dolor". Lorente también considera importante que "las personas o profesionales que trabajen en los temas de violencia cuenten con una formación especifica".
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June Fernández, que destaca el "poder amplificador y multiplicador" de las redes sociales a la hora de cuestionar el comportamiento de las mujeres, opina que "siempre se ha utilizado nuestra libertad sexual para humillarnos, para chantajearnos y para reírse de nosotras". Las redes sociales conllevan la amplificación de situaciones de acoso, de forma que en lugar de enterarse del rumor únicamente los compañeros del instituto ahora se entera mucha más gente y también permiten la repetición, con lo cual el efecto de humillación y vergüenza que eso tiene en la víctima es mucho mayor. Lourdes Lorente coincide con esa opinión: "Esas situaciones han existido siempre, la diferencia es que antes se quedaban en el entorno más cercano, trascendían más allá del ámbito laboral, el instituto o el barrio, mientras que ahora hay un altavoz enorme que llega a mucha gente y, además, permanece. June Fernández considera que "cuando salen noticias que tienen que ver con eso que llaman el sexting o el porno de venganza, la filtración de imágenes íntimas de las mujeres para utilizarlas como forma de humillarlas, es muy habitual que en los medios de comunicación no se hable de estos temas como violencia sexual o violencia machista. Redes sociales y medios de comunicación reproducen, a juicio de Lorente, la desigualdad y el patriarcado "marcado a fuego" que hay en la sociedad.
Los "Fallecidos-Desaparecidos": Una Nueva Forma de Victimización
El problema trasciende cuando los sistemas médicos forenses no tienen capacidad suficiente para albergar el gran número de personas fallecidas halladas en tumbas o fosas clandestinas, como consecuencia del incremento de la violencia y la lucha contra el tráfico de drogas ilegales. Cuando las distintas instituciones mexicanas toman medidas como el almacenamiento en camiones frigoríficos, la incineración o inhumación de manera irregular de los cadáveres clasificados como desconocidos, no sólo obstruyen el proceso de investigación (violentando los derechos humanos y las leyes de carácter internacional y nacional mexicanas), sino que también están imposibilitando la restitución de los restos humanos a sus familiares. En este contexto, se podría hablar de una nueva tipología de desaparecido, que sería el fallecido-desaparecido.
Esta situación ha imposibilitado que muchas familias puedan localizar a sus desaparecidos, aunque estos se encuentren bajo custodia del Estado, ya sea en la morgue o en los panteones. Si asumimos que las personas fallecidas siguen siendo poseedoras de derechos fundamentales, el Estado en México incumple su obligación jurídica a no someter a ninguna persona a desaparición forzada. Lamentablemente, aunque existe un protocolo para el tratamiento e identificación forense, esto no asegura la dignidad y cadena de custodia de los cuerpos no identificados.
Según la Ley General de Salud, los cuerpos no reclamados y aquellos de los que se ignore su identidad, son considerados como personas desconocidas, y, por tanto, transcurridas 72 horas dicha ley dicta que deben ser inhumados y sus restos depositados en los panteones (Robledo, et al. 2016). Esto implica que los restos humanos no identificados deben ser estudiados en la morgue, donde se les hace la autopsia y se les extrae una muestra genética y dactiloscópica (de huellas dactilares) para su identificación. Sin embargo, los vacíos que presentan la legislación y los manuales de procedimiento en el país favorecen la vulneración a la dignidad de las víctimas de desaparición y de sus familiares (Robledo, et al. 2016).
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) reporta que la deficiencia de las autoridades en los procesos de identificación, registro, conservación de evidencias y custodia del cuerpo, derivó en la incineración de personas no identificadas. El informe del CEPAD reveló que en Jalisco, entre 2006 y octubre de 2015, de las mil 560 personas incineradas, un total de mil 430 no presentaban un registro adecuado para su identificación. También está en la memoria el caso de la fiscalía general de Morelos, durante el gobierno de Graco Ramírez. En este periodo, la autoridad de Tetelcingo confinó aproximadamente 117 cuerpos, algunos de los cuales habían sido reclamados por las familias, en una fosa común sin seguir protocolos (Robledo, et al.).
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