Una vez consolidado el proceso de independencia en la América española, las nuevas administraciones republicanas se vieron en la necesidad de reconstruir y modernizar el sistema fiscal heredado de la Colonia. El sistema colonial se caracterizaba por tener su base en los gravámenes que afectaban a la producción minera, los monopolios en la elaboración y distribución de distintos productos, y en exacciones que afectaban el comercio interno. En este contexto, la gestión de los secretarios de Estado se centró en la necesidad de modernizar el sistema fiscal con base en la reducción del gasto estatal, el abandono de algunas de las antiguas imposiciones coloniales y la creación de nuevos gravámenes que cumplieran con el principio fundamental de ser directos y progresivos.
Argumentos para la modernización fiscal
Los principios que debían regir los nacientes sistemas fiscales tenían como fines fundamentales la constitución y el mantenimiento de un ejército nacional, la instauración de un sólido sistema de justicia y la construcción de obras e instituciones públicas. Las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de dichas tareas debían centrarse en la instauración de impuestos que gravaran a cada contribuyente de acuerdo a sus posibilidades económicas. Como apenas es evidente, la estructura fiscal colonial poco cumplía dichos principios, en especial impuestos como la alcabala que gravaba las transacciones comerciales al interior de cada nación.
Dichos argumentos hicieron eco en los ministros de economía de los nacientes estados, quienes consideraban que las directas guardan la debida proporción con las rentas, ganancias y salarios de los contribuyentes. El espíritu de las reformas se fundaba en lograr la equidad, la claridad, la fácil recaudación y la eficacia fiscal, cuya némesis estaba encarnada por los impuestos al tráfico interior. En el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, el Congreso instauró el impuesto a la renta en 1821, el cual consistió en una tributación del 10% anual sobre los ingresos producidos por la tierra y el capital, y del 2 al 3% sobre los ingresos personales.
Desafíos y dinámicas de recaudación
Aunque se buscó instaurar la tributación directa y progresiva como mecanismo ideal para reemplazar gravámenes tales como las alcabalas, los excesivos derechos aduaneros o los diezmos, las medidas no tuvieron un largo alcance. Esto se debió a la falta de experticia de los encargados, la corrupción de algunos empleados del fisco y la inexistencia de un catastro organizado. En el caso colombiano, el ejecutivo decidió finalmente suspender su cobro y restablecer la antigua carga comercial con un importe del 15% sobre las mercancías transadas.
En la actualidad, el panorama fiscal en la región presenta retos persistentes. Buena parte de la recaudación fiscal latinoamericana proviene de impuestos al consumo, mientras que los tributos sobre los ingresos, las ganancias y la riqueza tienen un peso mucho menor. En América Latina y el Caribe, la política fiscal recauda poco, de forma injusta y profundiza la desigualdad extrema. Hoy quienes sostienen el sistema tributario son, proporcionalmente, quienes menos tienen, ya que los hogares de ingresos bajos y medios lo financian principalmente a través de impuestos al consumo.
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Comparativa de presión tributaria (Estimaciones recientes)
- Brasil: 32% del PIB
- Argentina: 27,8% del PIB
- Uruguay: 27,4% del PIB
- Colombia: 22,2% del PIB
El desafío para América Latina no parece ser únicamente recaudar más. También implica construir sistemas tributarios más progresivos, capaces de reducir desigualdades sin comprometer el crecimiento económico. La clave, según expertos, no es eliminar los impuestos al consumo, sino asegurarse de que sean los mejores posibles y avanzar hacia una mayor equidad vertical, donde los agentes tengan una carga tributaria proporcional a su capacidad contributiva.
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