La presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha estado marcada por diversas acusaciones y controversias, tanto históricas como recientes, que han generado amplios debates en los ámbitos político, jurídico y social de México. Aunque el presidente sigue disfrutando de niveles de aprobación cercanos a 60%, su índice de desaprobación creció de un escaso 14% en 2019 a 39% en febrero último. AMLO es el primer presidente mexicano de izquierda desde la transición del país a una democracia competitiva a fines de la década de 1990. Cuando fue elegido en 2018, muchos esperaban que reduciendo la extrema desigualdad y la corrupción, como lo había prometido, su presidencia iba a profundizar y expandir la democracia. Pero estos movimientos también pueden imbuir a líderes carismáticos de poder simbólico, atacar a las instituciones independientes y a los movimientos sociales, y construir nuevas redes de privilegio basadas en la lealtad. En los años transcurridos desde su elección, estas tendencias opuestas del populismo han coexistido en el México de AMLO.
El Proceso de Desafuero de 2006: Una Contienda Política disfrazada de Asunto Jurídico
Una de las controversias más significativas en la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador se remonta a la discusión que en México se dio sobre el procedimiento de desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal en 2006. Este asunto no sólo provocó múltiples comentarios de naturaleza política en los medios de comunicación nacionales y en los circuitos políticos del país, sino también variadas reflexiones jurídicas. Se trató de un asunto eminentemente político que fue generado desde las instancias de poder con la intencionalidad evidente de eliminar a un adversario político de la contienda electoral del proceso comicial de 2006. Esas instancias utilizaron al aparato del Estado de manera ilegítima para mantener en el poder a los que actualmente gobiernan o a sus aliados, preocupados por una modificación al status quo que revertiría la situación de privilegio que durante décadas han tenido, e interesados en que no se combatan actos de corrupción como el Fobaproa, y se modifique el proyecto económico y social vigente. A través de un análisis jurídico, se concluyó que no se trató de un asunto de combate a la impunidad, sino de la utilización facciosa del poder para descarrilar el proceso de transición democrática en el país.
Sobre las disquisiciones jurídicas, estas pusieron una vez más a prueba el frágil Estado de derecho que se pretende construir en México. Para algunos, la ley debe imponerse a toda costa sin tomar en consideración ningún elemento ulterior como la justicia. La discusión pública ha servido para reafirmar que para la existencia del Estado de derecho no basta la ley, que ésta no sólo debe tener un origen democrático sino debe estar orientada hacia la garantía de los derechos; que el Estado de derecho implica origen y ejercicio democrático del poder, división de poderes, control de constitucionalidad, argumentación jurídica, publicidad del poder y control severo de su arbitrariedad. La ley por la ley puede ser el mejor instrumento de dominación del poder, la ley no puede absorber al derecho, la autoridad debe resolver conforme a la ley pero también conforme al derecho, la ley se debe interpretar y aplicar desde la Constitución y sus derechos.
Otro tema que ha estado en la discusión pública en materia de filosofía del derecho, ha sido el saber si las formas de resistencia civil y la movilización social forman parte del Estado de derecho. Para muchos, estas formas son anti-Estado de derecho, incompatibles con él. Muchos, por el contrario, sostienen que las movilizaciones sociales, la resistencia civil, la desobediencia civil, si se producen por cauces pacíficos son instrumento del Estado de derecho. Son instrumentos que operan ante la incapacidad de las instituciones establecidas para procesar reclamos y reivindicaciones sociales. No son anti-Estado de derecho, son instrumentos totalmente compatibles con él. Recuperan el papel activo de la sociedad civil a la que se debe el aparato del Estado. Desconocerlas como opuestas al Estado de derecho es no asumir el origen democrático del poder y entraña concebir un orden jurídico autárquico y autosuficiente, lo que no puede ser sino una mentira, una imposibilidad racional.
Discusiones Constitucionales y Legales del Desafuero
En materia constitucional, el proceso de desafuero dio lugar a un buen número de discusiones que mostraron la insuficiencia del orden constitucional nacional. Entre las principales se destacan:
Lea también: Análisis sobre el poder industrial de los Garza Sada
El momento de la separación del servidor público desaforado: Según el párrafo séptimo del artículo 111 de la Constitución, el efecto de la declaración de procedencia sería separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Sin embargo, el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos determina que si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión. En un procedimiento de desafuero anterior, el de René Bejarano, se prefirió el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al artículo 111 de la Constitución. Una recta interpretación debería privilegiar la norma constitucional sobre la legal.
¿Qué autoridad debería haber sustituido al jefe de gobierno del Distrito Federal en caso de haberse producido el desafuero?: De acuerdo con el artículo 122, base segunda, fracción I, de la Constitución, se dice que: Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Senado nombrará, a propuesta del Presidente de la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La hipótesis procedente sería la de "cualquier otra causa", por lo que la Asamblea Legislativa debería designar a un sustituto que termine el encargo. Esto se debe a que no se actualizarían los supuestos de falta temporal, de falta absoluta, de renuncia o las de remoción que, según la base quinta, inciso f), del artículo 122 de la Constitución, consisten en causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la unión o el orden público en el Distrito Federal.
¿Debería haber participado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el procedimiento de desafuero?: Según el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución, las legislaturas locales intervienen en los procedimientos de desafuero. La respuesta que tome en cuenta una interpretación literal de la Constitución sería negativa, puesto que el Distrito Federal no tiene la naturaleza de Estado y el jefe de gobierno del Distrito Federal no era un gobernador. Sin embargo, en distintas ocasiones, el Poder Judicial federal ha asimilado a los órganos de gobierno del Distrito Federal a los poderes de un Estado. En este mismo hilo argumental, y si se concluyese que el jefe de gobierno del Distrito Federal no es un gobernador, no tendría, en caso de ser candidato a la presidencia de la república, que separarse de su puesto seis meses antes del día de la elección.
¿Existen medios de defensa legal contra las decisiones de la sección instructora y de la Cámara de Diputados en materia de declaración de procedencia?: Según el párrafo sexto del artículo 111 de la Constitución, las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. El Poder Judicial mantuvo criterios contradictorios, pero se ha decantado por la improcedencia del juicio de amparo sobre cualquier acto o determinación en los supuestos del procedimiento de desafuero. Esto significa que la sección instructora o cualquier órgano de la Cámara de Diputados, incluyendo a su pleno, puede tomar decisiones aberrantes o antijurídicas y no habría medio de defensa alguno, lo que contraviene los derechos humanos de los sujetos a estos procedimientos. Se trata de una excepción al control de constitucionalidad, de una excepción ¿constitucional? al Estado de derecho.
¿Por las características de este procedimiento de desafuero, habríamos estado ante un golpe de Estado anticipado?: Muchos así lo han estimado, en virtud de las conversaciones entre el presidente de la república, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador y el secretario de Gobernación para decidir el procedimiento de desafuero y alterar con ello la autonomía de la procuraduría y la independencia judicial, porque encontraron impurezas que han pervertido el procedimiento. A sabiendas de la popularidad de López Obrador decidieron impedir su acceso como candidato presidencial en 2006, y de esa manera vulnerar la voluntad ciudadana, al reducir ilegítimamente sus opciones de voto. Se utilizó la manipulación y se hizo uso político indebido de procedimientos e instrumentos jurídicos para hacerse del poder a espaldas de la voluntad electoral, y en síntesis, por la presencia de un ejercicio inmoral de la ley, de la política sin moral, una maniobra política que se sirvió inmoralmente de los medios jurídicos para socavar el Estado de derecho. Según el Diccionario de política, un golpe de Estado es un acto llevado a cabo por órganos del Estado, generalmente del sector militar, aunque no siempre; su objetivo es hacerse con el poder o mantenerse en el mismo, de manera ilegítima, y reforzar el poder del gobernante con violación al orden constitucional y los derechos ciudadanos. Muchos de estos elementos estuvieron presentes en este caso, ciertamente no se trató de un golpe de Estado realizado por militares, pero sí por elementos del gobierno; se utilizaron vías ilegítimas, el uso faccioso del aparato del Estado para mantener a un grupo en el poder (dirigentes del PAN y del PRI), y estas acciones se hicieron con violación del sistema constitucional al tratar de impedir el acceso a una candidatura presidencial con total menosprecio de la voluntad ciudadana.
Lea también: estudio legal sobre la condena de Jesús
¿Se justificó el procedimiento de declaración de procedencia?: A la luz de la experiencia, en este caso parece que se justificó la institución en contra de lo que opinaron, para otros casos, otras voces. Es verdad que la declaración de procedencia debió simplificarse y la norma secundaria debió ajustarse a la Constitución. Es incorrecto que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos pervierte en su artículo 25 el objetivo de la institución. Es también absurdo que contra las decisiones del órgano legislativo en esta materia no se hubiese admitido medio de defensa alguno, pues limita al Estado de derecho. Resulta aberrante que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 28 hubiese determinado la separación inmediata del cargo del servidor público al resolver sobre la declaración de procedencia, y el artículo 111 de la Constitución obligue a ello al momento de la sujeción a proceso. La declaración de procedencia debe orientarse y concebirse por su finalidad: impedir que los amagos y acechanzas del poder permitan que acusaciones infundadas sirvan para destituir y/o inhabilitar políticamente al adversario. Cualquier propuesta de reforma en la materia debe verse en la integridad constitucional. Estas instituciones no deben servir para salvaguardar impunidades y permitir corrupción, pero tampoco para menoscabar y violar derechos humanos. Los fines públicos deben conciliarse con los derechos humanos del servidor público. En el pasado autoritario del país, instituciones como el fuero de ciertos servidores públicos se pervirtieron por las características del régimen.
Acusaciones de Financiación del Narcotráfico en la Campaña de 2006
Recientemente, "los tiempos políticos nunca son producto de la casualidad, son calculados”, como señala la analista mexicana Stephanie Henaro, a propósito de la publicación de detalles de una investigación realizada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre supuestos aportes del Cartel de Sinaloa a la campaña presidencial del año 2006 de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Henaro añade: "No creo que el Departamento de Estado de Estados Unidos saque unas declaraciones sin ser verificadas. No podemos perder esto de vista, pero sí hay que esperar que salgan más pruebas”. En opinión de un especialista, dar un paso así "sería un comienzo, una base para crear estructuras que se dedicaran a iluminar y combatir enlaces nefarios entre oficiales y criminales que hacen que el Estado mexicano actúe, demasiado frecuentemente, como una herramienta para fines privados y no para el bien público”. Para Ernst, "sin una lucha coherente contra la corrupción seguirán inefectivas todas las demás políticas para bajar la violencia en el país”.
La reacción de AMLO ante las denuncias "son la típica respuesta de su administración, que solamente invalida los temas que no son convenientes”, según Henaro. Para ella, el que la acusación "venga directamente de Estados Unidos saca a relucir la impunidad y la ausencia de justicia que hay en México”. Las acusaciones provocaron un sismo, pero no son necesariamente sorprendentes. Ernst estima que las acusaciones podrían sorprender a quienes "creen que existe una clara línea divisoria entre Estado y crimen, pero ese no es el caso”. De acuerdo con el experto de International Crisis Group, "el crimen organizado forzosamente participa en la política en el país, y una de las puertas de entrada han sido y siguen siendo las elecciones. Esto se manifiesta más allá de los colores de partido o de los niveles de gobierno. Que haya acuerdos no es la excepción, sino la regla”. Sin embargo, también destaca que "las acusaciones contra López Obrador son eso, acusaciones, y no pruebas directas en contra de su persona”. Ambos expertos consultados por DW coinciden en que lo ocurrido, por tener lugar en época electoral, tiene connotaciones especiales. Para Henaro, el golpe podría ir dirigido tanto a AMLO como a la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. "En este contexto ambos son sinónimos”, estima.
Desafíos a la Libertad Académica y Críticas a las Instituciones
El gobierno de AMLO ha enfrentado críticas en relación con el respeto a la libertad académica y la centralización del poder. Puertas afuera del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los estudiantes habían organizado una ocupación para protestar contra el rector designado por el gobierno al frente de la institución. Cuando llegó el nuevo rector y transgredió prácticas habituales en la universidad respecto de la promoción y la retención de su plantel docente, iniciaron una huelga. A muchos les preocupa que, en un contexto en el que AMLO tiende a equiparar el servicio público con el apoyo a su gobierno, haya un riesgo real para la libertad académica de quienes se involucran en investigación o defensa de causas que difieren de los planes y las políticas del gobierno.
Estos temores están relacionados con otros ataques al ámbito académico. En 2021, el gobierno mexicano fue criticado en medios internacionales por su manejo de un caso de corrupción contra algunos científicos que habían recibido apoyo estatal: rechazó decisiones de la Corte que favorecían a los científicos y los amenazó con aplicar leyes muy severas que normalmente se utilizan contra narcotraficantes. AMLO se reserva el derecho de decidir quién pertenece al auténtico pueblo y quién es parte de la elite egoísta. En su lógica de «conmigo o contra mí», se presenta a los críticos -incluidos no solo académicos sino también periodistas y activistas de varias causas- como motivados por la defensa de sus privilegios y del viejo régimen.
Lea también: cómo responde Nicolás Maduro a las acusaciones de Washington
La búsqueda de este tipo de cambios es representativa de la creciente centralización del poder en el gobierno federal y de la sistemática desconfianza de AMLO hacia los organismos públicos, las empresas y los actores políticos que no están bajo su control directo. La reforma energética propuesta, que fue rechazada en la Cámara de Diputados el 18 de abril, también proponía suprimir organismos a cargo de regular la producción de energía, que el gobierno percibe como límites al poder presidencial.
Corrupción, Seguridad y Retos Económicos
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se tendrá que enfrentar a dos retos heredados de Obrador: "Por un lado, tendrá que tratar de resolver el bajo crecimiento y el déficit fiscal. Estas políticas que han hecho, no han ido acompañadas de una reforma fiscal que permita que el Estado tenga suficiente recaudación. Entonces, tienen que hacer una reforma fiscal y ahí van a tocar el hueso duro", ha considerado Anna Ayuso, investigadora sénior de América Latina en el CIDOB. Según la investigadora, el segundo reto de la presidenta mexicana será la seguridad del país que no ha mejorado, sino que las cifras de muertos siguen creciendo: "Hay zonas del país que están prácticamente fuera del control de las fuerzas de seguridad y no parece que haya todavía un plan realmente claro para cómo hacer frente a esa situación". Asimismo, gran parte de esta inseguridad proviene del narcotráfico, ya que estos carteles de drogas también están "permeando en algunas instituciones", por lo que la corrupción es otra asignatura pendiente.
Para Ernst, "sin una lucha coherente contra la corrupción seguirán inefectivas todas las demás políticas para bajar la violencia en el país”. En los programas sociales, todo, desde el registro de beneficiarios hasta los efectos sociales de las transferencias en efectivo, está envuelto en la opacidad. Contrariamente a lo que afirma la retórica del gobierno, el gasto social es de hecho más bajo y menos progresivo de lo que fue con el presidente anterior. La evolución de los sindicatos claves del sector público no es tampoco muy alentadora. El sindicato de trabajadores de Pemex, la compañía petrolera estatal, fue famoso durante décadas por su corrupción, y sus dirigentes disfrutaban ostentosamente de sus condominios en Miami y Cancún. En 2019, el líder histórico del sindicato fue obligado a dimitir, pero la oficina del fiscal general (que es formalmente independiente, pero percibida como aliada del presidente) ha dejado caer o ha frenado las investigaciones judiciales, pese a los claros indicios del caso en su contra. Muchos se preguntan si la importancia estratégica del sindicato ha llevado a AMLO a tolerar prácticas antidemocráticas mientras sus líderes se mantengan favorables al gobierno.
Pemex es central para los planes de AMLO de desarrollo regional en el sudeste, la zona más pobre del país. También es clave para su objetivo de lograr la «soberanía energética». Con este fin, su administración está otorgando a la empresa, profundamente endeudada, inyecciones de capital, créditos fiscales y generosos aumentos presupuestarios. El objetivo de la soberanía energética está también detrás de la propuesta presidencial de una reforma constitucional que transformaría de manera drástica el mercado nacional de energía eléctrica relegando a las empresas privadas y fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía estatal de energía. Según el gobierno, la legislación energética existente -resultado de una reforma constitucional previa de 2013- crea un «desorden regulatorio» y despilfarra miles de millones de dólares en subsidios a empresas privadas. La secretaria de Energía Rocío Nahle sostuvo que un mercado energético bajo control privado deja a los consumidores indefensos frente a las fluctuaciones.
Si se aprueba la reforma, que en este momento está trabada en el Congreso, las plantas de la CFE tendrán prioridad por sobre las privadas para subir su energía a la red de distribución. Esto representaría un golpe para las plantas de energía renovable, que se encuentran mayoritariamente en manos de empresas privadas. Además, la reforma establece que la CFE será legalmente responsable por la generación de al menos 54% de la electricidad en México, muy por encima del 38% actual. Las plantas existentes no bastan para satisfacer esa necesidad, lo que con toda probabilidad significa que habrá un mayor recurso a combustibles fósiles. La reforma energética propuesta, que fue rechazada en la Cámara de Diputados el 18 de abril, también proponía suprimir organismos a cargo de regular la producción de energía, que el gobierno percibe como límites al poder presidencial, y establecería un monopolio estatal sobre la explotación de los enormes yacimientos mexicanos de litio. La investigadora especializada en relaciones internacionales Natalia Saltalamacchia describe el enfoque de AMLO en política energética como «autonomismo»: la convicción de que los países más débiles deberían concentrarse en expandir su autonomía para satisfacer objetivos nacionales, no intereses extranjeros.
tags: #acusaciones #y #controversias #contra #Andrés #Manuel