El presidente Nicolás Maduro volvió a acusar a Estados Unidos de tratar de imponer una narrativa “extravagante” para justificar un ataque contra Venezuela y un cambio de régimen en el país sudamericano. Los estadounidenses “siempre nos quieren imponer un relato, una narrativa”, señaló Maduro durante la clausura de un encuentro de parlamentarios del Caribe por la paz celebrado en Caracas. El gobernante aseveró que la narrativa elegida por el poder estadounidense contra la Venezuela digna, pacífica y bolivariana, es “extravagante, mentirosa y además calumniosa”, ante las acusaciones de Washington que señalan a Venezuela como una pieza importante en el narcotráfico internacional.
Maduro recalcó que las denuncias son infundadas y que buscarían desestabilizar a su gobierno. “La verdad es que Venezuela es inocente y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo”, agregó. El mandatario acotó: “Hoy quieren imponer una agenda permanente de amenazas de guerra, amenazas militares, guerra psicológica. Y yo siempre le digo al pueblo de Venezuela: nervios de acero, calma, cordura y máxima unión nacional. La fórmula para que nuestro país no se desvíe del camino que hemos tomado”.
Contexto de la Tensión y Acusaciones de EE.UU.
Los señalamientos de Maduro se dan en momentos de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. El gobierno de Trump dice que el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas frente a la nación sudamericana busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. Desde septiembre, las fuerzas militares de Estados Unidos han implementado una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el mar Caribe, incluidos al menos cuatro botes que afirman partieron de Venezuela, aunque ninguno ha tenido lugar en el mar territorial venezolano.
A inicios de agosto, Washington duplicó a 50 millones de dólares una recompensa por información que dé con la captura de Maduro, a quien acusó formalmente de narcoterrorismo. Un nuevo caso judicial contra el dictador Nicolás Maduro estaría avanzando en Miami, Florida. A diferencia del juicio de narcotráfico en Nueva York, estas nuevas pesquisas se enfocarían en lavado de dinero, delitos financieros y corrupción internacional, movimientos ligados al chavismo. Fiscales federales junto al FBI analizan operaciones relacionadas con contratos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y posibles redes de soborno. Aunque el expediente aún está en fase preliminar y no se han anunciado nuevos cargos formales, el caso podría convertirse en otro frente legal para Maduro en los Estados Unidos. El tema fue analizado por Nizar El Fakih, abogado experto en derecho internacional, en el programa La Tarde de NTN24, quien indicó que todo apunta en la dirección de delitos financieros.
La Captura y Acusación Formal
El 3 de enero de 2026, Maduro y Flores fueron capturados durante una operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas y trasladados a Nueva York. Se trata del segundo revés reciente para Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen recluidos desde hace más de 90 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ese día fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por delitos relacionados con el tráfico de armas y drogas, los cuales ellos rechazan. Una acusación formal de 25 páginas contra Maduro lo acusa a él y a otros de colaborar con cárteles de la droga y miembros del ejército para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
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Durante esas horas, el Departamento de Justicia publicó una ampliación de la imputación contra quien gobernó Venezuela durante 12 años. Para sorpresa de muchos, las referencias al Cartel de Los Soles no solo han casi desaparecido, sino que ya no se califica a este grupo como una “organización criminal conformada por altos funcionarios”, sino como un “sistema clientelar”. Apenas en noviembre de 2025, el Departamento de Estado calificó al Cartel de Los Soles como una “organización terrorista extranjera” e insistió en que su cabecilla era Nicolás Maduro. No obstante, este giro no implica que los señalamientos contra el ahora detenido se hayan suavizado.
El documento de 25 páginas de extensión, firmado por el fiscal Jay Clayton y un jurado cuya identidad se reservó por razones de seguridad, sostiene que el acusado “participó, perpetuó y protegió una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. Se remata en el escrito que “las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos”. En su acusación, Estados Unidos también incluyó a Cabello, a Maduro Guerra, y al político y exfuncionario Ramón Rodríguez Chacín, quienes rechazan los señalamientos en su contra.
Los Cargos Específicos
Estados Unidos ha acusado a Maduro de:
- Conspiración para cometer narcoterrorismo.
- Conspiración para importar cocaína.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Razones Detalladas Detrás de las Acusaciones de EE.UU.
La Fiscalía estadounidense ha presentado diversas justificaciones para sus acusaciones, que se resumen en los siguientes puntos:
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Venta de Pasaportes y Traslado Seguro de los Pagos de la Droga
El fiscal Clayton acusa a Maduro de haber “manchado todos los cargos públicos que ha ocupado” para enviar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, amparando y protegiendo a narcotraficantes. El escrito sostiene que “como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los planes utilizados por los lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela”, acciones que habrían ocurrido entre 2006 y 2008. En 2017, la cadena estadounidense CNN publicó un reportaje en el que se denunciaba la venta de pasaportes venezolanos en embajadas y consulados de Medio Oriente, y que algunos de sus compradores habrían sido miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá. Un exfuncionario venezolano de esa legación, quien fue forzado a renunciar tras denunciar la situación, declaró a la cadena: «En Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o pasaporte, hasta 15.000 dólares». Agregó que «no les importa si el que tiene los 15.000 dólares es un terrorista o una anciana que quiere asilo en Europa». En su momento, el Gobierno no solo negó las acusaciones, sino que prohibió las transmisiones de CNN en Venezuela como represalia.
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La Fiscalía estadounidense también acusa a Maduro de ordenar a los embajadores que ayudaran a los traficantes a realizar sus negocios. El escrito detalla: “Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero de la droga de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el traslado de aviones privados bajo protección diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero de la droga. El avión regresaba a Venezuela bajo protección diplomática”.
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Uso del Narcotráfico para el Poder Político
La Fiscalía estadounidense afirma que Maduro y su entorno no solamente habrían recurrido al narcotráfico para enriquecerse personalmente, sino también para mantener y aumentar su poder político. “Estos políticos utilizaban los pagos de la cocaína para mantener y aumentar su poder político”, se lee en el escrito. La imputación asegura que Maduro habría establecido nexos con las guerrillas colombianas (FARC y ELN), con carteles mexicanos como el de Sinaloa (dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán) y Los Zetas, y con la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua. A todos estos grupos, los imputados y otros colaboradores “les proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia el norte, a EE.UU.”, a cambio de grandes sumas de dinero.
En 2007, la entonces diputada Cilia Flores habría recibido “cientos de miles de dólares” a cambio de organizar una reunión entre un traficante y el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol Torres. “El narcotraficante posteriormente acordó pagar un soborno mensual a Reverol Torres, además de aproximadamente US$ 100.000 por cada vuelo que transportara cocaína para garantizar su seguridad, una parte de la cual se pagó posteriormente a Cilia Flores de Maduro. Alrededor de 2015, Reverol Torres fue acusado de delitos relacionados con narcóticos en el Distrito Este de Nueva York y se encuentra prófugo”, se lee en el escrito.
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Un Negocio Familiar
A diferencia de la primera imputación contra Maduro presentada en 2020, en esta nueva no solo se señala al gobernante y a miembros o exmiembros de su gobierno, sino también a parte de su familia. Así, además de su esposa, Cilia Flores, también se acusa de estar implicado en actividades criminales a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, a quien se presenta con los alias de “Nicolasito” y “El Príncipe”. La Fiscalía de Estados Unidos asegura que en 2020 el parlamentario oficialista “asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC” y que durante el encuentro “discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026”.
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Colectivos Armados como Escoltas
La Fiscalía de Estados Unidos asegura que, además de las fuerzas militares, la pareja Maduro-Flores habría empleado civiles armados para proteger los cargamentos de drogas. La imputación señala: “Maduro Moros y Flores de Maduro mantuvieron sus propios grupos de pandillas estatales, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico”. Se remata que “Maduro Moros y Flores de Maduro también ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o de alguna otra manera perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas, Venezuela”.
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Casos Relacionados con Aviones
Para la Fiscalía de Estados Unidos, el caso del vuelo 385 de Air France sería una prueba de la participación de Maduro y otras autoridades venezolanas en el tráfico de drogas. El 11 de septiembre de 2013, la policía gala consiguió 30 maletas de cocaína, más de 1,3 toneladas, dentro de un avión procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. “Tras la incautación, Maduro Moros logró una reunión con, entre otros, (Diosdado) Cabello Rondón y (Hugo) Carvajal Barrios. Durante la reunión, Maduro Moros les indicó a Cabello Rondón y Carvajal Barrios que no debían haber utilizado el Aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico tras la incautación de 2006 en México, y que, en su lugar, debían utilizar otras rutas y puntos de tráfico de drogas bien establecidos para el envío de cocaína”, se lee en la imputación. Las autoridades consideran que las detenciones que se produjeron poco después en Venezuela fueron una cortina de humo para “desviar la atención” de los responsables de la operación.
A lo anterior se suma la sospecha de que aviones oficiales fueron empleados también para transportar drogas dentro del país. El escrito indica que “entre 2014 y 2015, un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela en la Isla de Margarita coordinó hoteles, transporte, mujeres y alimentación para las visitas de funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’, el acusado, quien visitaba la Isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas”.
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El Tren de Aragua
Aunque las autoridades venezolanas consideran disuelta la megabanda del Tren de Aragua, desde Washington insisten en que el grupo no solo no está liquidado, sino que se ha expandido por América con el apoyo de Caracas. En su imputación, el fiscal Clayton incluye al Tren de Aragua entre las organizaciones criminales con las que la pareja Maduro-Flores habría mantenido vínculos. Se menciona que “alrededor de 2019, el líder de Tren, Héctor Guerrero Flores (alias ‘El Niño Guerrero’), habló sobre narcotráfico con un individuo que, según él, colaboraba con el régimen venezolano”.
La Batalla Legal y el Financiamiento de la Defensa
La defensa de Nicolás Maduro presentó argumentos que podrían resultar a su favor en el caso que se sigue en EE.UU. contra el expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores. El Sr. Maduro agregó que ha estado trabajando con Pollack en su defensa legal y que él es su abogado de confianza. Durante la audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein se mostró receptivo a la petición de los abogados de Maduro y Flores de que debe permitírsele a la pareja usar recursos del gobierno venezolano para financiar su defensa. Los abogados de Maduro y Flores también solicitaron al juez que desestimara el caso de narcoterrorismo contra la pareja, ya que Estados Unidos les ha denegado el uso de dichos fondos por las sanciones impuestas al país latinoamericano.
Pollack afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), encargada de administrar las sanciones contra Venezuela, autorizó el 9 de enero el pago de honorarios legales por parte del gobierno venezolano. Sin embargo, la OFAC había concedido inicialmente esa licencia, pero la revocó rápidamente. Los fiscales argumentaron que Maduro "saqueó" la riqueza de Venezuela y que no se debería usar el dinero del erario venezolano para pagar la defensa. Argumentaron ante el tribunal que Maduro y Flores no deberían poder acceder a los fondos del gobierno venezolano por motivos de seguridad nacional, y afirmaron que la pareja tiene acceso a fondos personales para pagar su defensa, lo cual los acusados rechazan.
Ante los argumentos, el juez Hellerstein, de 92 años, señaló que "el derecho a la defensa es primordial", lo que favorece a los intereses de Maduro y Flores. Según la legislación estadounidense, Maduro, al igual que cualquier otro procesado, tendría derecho a un abogado designado por el tribunal si no pudiera costear uno propio. El juez Hellerstein pareció mostrarse de acuerdo con el argumento del abogado de Maduro, Barry Pollack, de que el inusual caso contra el exlíder venezolano, que se desarrolla en un país ajeno, resultaría abrumador para un defensor público y dificultaría la defensa que pudiera brindar.
Por su parte, los fiscales alegaron que la OFAC no permite a Maduro y Flores acceder a los fondos del gobierno venezolano por las sanciones de larga data que EE.UU. ha mantenido durante su gobierno y porque la pareja "saqueó la riqueza de los venezolanos" para su propio beneficio. El juez Hellerstein, sin embargo, cuestionó ese argumento, afirmando que, debido a la captura de Maduro y Flores, la situación de política exterior había cambiado. "Estamos haciendo negocios con Venezuela", afirmó el juez. También señaló que "el gobierno venezolano está dispuesto a pagar". "¿Cómo resolverlo?", preguntó Hellerstein a ambas partes en varias ocasiones. Durante esa sesión, los fiscales acusaron a Maduro y Flores de “saquear la riqueza de Venezuela”, mientras la defensa insistía en que la pareja no puede pagar sus honorarios legales por su cuenta y que el Gobierno de Venezuela debía asumirlos.
En una orden judicial, el juez Alvin K. Hellerstein señaló que el material del caso “no podrá compartirse con ningún acusado que aún no haya sido arrestado, ni con sus abogados”. La decisión respalda a la Fiscalía, que había pedido limitar el acceso a la evidencia por posibles “riesgos” para los testigos y para la investigación. Maduro y su esposa aún no han solicitado la libertad bajo fianza y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano federal de Brooklyn. No se ha fijado fecha para el juicio.
Este jueves, vestidos con uniformes de prisión de color verde-caqui, Maduro y su esposa se sentaron en silencio al lado de varios abogados mientras escuchaban una traducción de la audiencia a través de audífonos. El ambiente contrastaba radicalmente con su primera comparecencia ante el tribunal en enero, cuando Maduro pronunció un discurso de varios minutos en el que afirmaba que había sido secuestrado por EE.UU. y que era inocente. Esa audiencia terminó con un hombre gritándole a Maduro desde el fondo de la sala. Durante una reunión del gabinete celebrada este jueves en Washington, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba considerando presentar cargos adicionales contra Maduro, que debería tener "un juicio justo". El presidente Trump dijo que espera que a Maduro se le imputen más cargos.
Perspectivas y Reacciones en Venezuela
Mientras tanto, desde Caracas algunos venezolanos están muy interesados en seguir el proceso por cualquier vía. Ana Patricia, una abogada jubilada de 72 años, dijo que, a pesar de la censura oficial, todos están tratando de seguir lo que ocurre en Nueva York: "Pueden controlar lo que publican los medios venezolanos, pero no lo que se publica en la prensa internacional", señaló. En cuanto al destino de Maduro, dijo que "es un hombre que lo tenía todo, pero lo perdió por codicia y un ego inflado". "Me da pena, porque al fin y al cabo es un ser humano, pero espero que reciba cadena perpetua. Tiene que pagar por sus crímenes".
En el oeste de Caracas, Agustina Parra, una enfermera jubilada de 67 años, tiene fe en que "mi presidente Maduro será liberado". "A pesar de sus defectos, no ha sido un mal presidente. Sabe que es inocente y lo demostrará". Parra afirma que el gobierno de Estados Unidos "ni siquiera sabe de qué acusarlo". "Lo acusan de tráfico de drogas, de posesión de armas… Y no puedo aceptar las acciones del presidente Trump en Venezuela, que llevaron a que muriera tanta gente".