El exmandatario boliviano Evo Morales ha enfrentado una serie de denuncias penales por parte de diferentes gobiernos y entidades, abarcando una amplia gama de delitos que incluyen terrorismo, obstaculización de procesos electorales, sedición e incluso acusaciones de índole sexual. Estas acusaciones han surgido en el contexto de polémicas y jornadas de protestas de sus partidarios, especialmente tras su inhabilitación como candidato y los conflictos sociales generados por denuncias de fraude electoral.
Primeras Denuncias por Terrorismo y Obstaculización Electoral
El gobierno boliviano denunció penalmente al exmandatario Evo Morales por terrorismo y por obstaculizar los procesos electorales en medio de polémicas y jornadas de protestas de sus partidarios por su inhabilitación como candidato. “No vamos a permitir ningún chantaje. Hemos presentado una denuncia por ocho delitos contra el señor Evo Morales”, dijo el ministro de Justicia, César Siles, después de que abogados de su despacho dejaron la denuncia en la Fiscalía. Entre los ocho delitos mencionados por Siles a los medios están: terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad del trabajo y obstaculización de procesos electorales.
La acusación se basó en un audio supuestamente atribuido al exgobernante. El miércoles por la noche el gobierno se basó en un audio para acusar a Morales de terrorismo. En la grabación se escucha presuntamente al expresidente llamar a los suyos a radicalizar las protestas. “Es con todo hermanos, es la batalla final. Nos ganan o perdemos. Yo veo que la situación va a empeorar, al Lucho (el presidente Luis Arce) no le cree nadie, va a empeorar esto”, se escuchó decir presuntamente a Morales. El expresidente negó todas las acusaciones a través de sus redes sociales y dijo que el audio era falso. “Estos sucesos... constituyen graves delitos de orden público. Ello obliga al gobierno a actuar de forma firme y contundente”, indicó Siles el miércoles por la noche.
Morales, quien gobernó el país andino por casi 14 años, de 2006 a 2019, insistió en lograr el reconocimiento para su candidatura a pesar de que tiene un fallo constitucional que le impide ir a una nueva reelección. Los partidarios de Morales, entre ellos cocaleros del Chapare y otros campesinos del centro de Bolivia, realizaron desde el lunes cortes de ruta, en su mayoría en la región central de Cochabamba. El presidente Arce reiteró el lunes su acusación contra Morales de llevar a Bolivia “al enfrentamiento… al derramamiento de sangre y a la ruptura del orden constitucional por sus ambiciones enfermizas de poder”.
Acusaciones Durante el Gobierno Interino de Jeanine Áñez
El expresidente boliviano Evo Morales fue acusado formalmente de los delitos de terrorismo y sedición por el Gobierno interino de Bolivia, de acuerdo con "pruebas" como un vídeo en que se escucha la que parece ser su voz para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en el país. La denuncia contra Morales, asilado en México, fue presentada en la Fiscalía de La Paz por el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, quien dijo a los medios que el Gobierno de la presidenta provisional, Jeanine Áñez, pide las máximas penas por estos delitos. Las penas por terrorismo en Bolivia van de quince a veinte años de prisión y la sedición está penada con uno a tres años de cárcel.
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"Las pruebas están claras", defendió Murillo, en referencia a un vídeo en que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes. La Policía localizó en la región oriental de Santa Cruz el celular en que se descubrió el vídeo con la conversación entre un dirigente cocalero y supuestamente Morales. La voz, por teléfono supuestamente desde México, incita a un dirigente cocalero a mantener bloqueadas las ciudades. "Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades", exclamó el ministro, para denunciar que "esa es la verdadera cara, el verdadero rostro" de Morales. La denuncia fue también contra el que fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido. El titular de Gobierno recordó que Quintana, un exmilitar metido en política que representó el núcleo duro de varios gobiernos de Morales, amenazó con que Bolivia se convertiría en "un nuevo Vietnam".
Murillo aseguró que el 70% del país no presentaba conflictos, pues se localizaban especialmente en puntos como el Chapare, una zona cocalera donde se dio a conocer Evo Morales como sindicalista antes de llegar al poder, y en donde mantenía muchos seguidores. Además de Senkata, un punto de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde afines a Morales protestaban frente a una refinería. El ministro señaló que se intentaba "agotar la vía del diálogo" con los manifestantes antes de emplear la fuerza para levantar bloqueos. Sobre este punto, el Gobierno de Áñez no preveía "medias excepcionales" para afrontar las protestas, porque "prácticamente todo estaba controlado", aseguró.
Investigación de la Veracidad de las Pruebas
Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo en rueda de prensa que el Ministerio Público ya investigaba la veracidad del vídeo que se atribuía a Morales. Para ello, pidió a la Cancillería de Bolivia que contactara con la de México por si necesitaba su apoyo. La investigación incluía pruebas periciales para determinar la veracidad de la voz, además de que se había solicitado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia que informara si el teléfono desde el que supuestamente hablaba Morales desde México era del Estado boliviano. Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado, advirtió Lanchipa.
Cronología y Contexto de las Acusaciones
Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019, cuando comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo. El pasado 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Morales anunció su renuncia, para al día siguiente salir asilado hacia México. En este contexto, Morales afirmó: "Si la Asamblea no ha aceptado mi renuncia, sigo siendo el presidente. Además, soy presidente electo que ganó la primera vuelta y no tengo que ocultarlo”. Lo que hay en Bolivia es un rechazo a un dictador, una persona que no supo dejar el poder.
El gobierno boliviano denunció penalmente al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) por acciones que se tipifican en la ley nacional como terrorismo y por obstaculizar los procesos electorales, luego de que uno de sus seguidores divulgó un audio en el que se escucha la voz, supuestamente, de Morales llamando a dar “la batalla final” para conseguir la aprobación de su candidatura en las elecciones de agosto, pese a los impedimentos legales. Morales es acusado de instigar acciones violentas que dejaron al menos 19 uniformados heridos al intentar desalojar las vías bloqueadas desde inicios de esta semana, con la exigencia de que el presidente Luis Arce renuncie. En La Paz, sede del tribunal electoral, la semana pasada los partidarios de Morales realizaron manifestaciones y exigieron la renuncia de Arce por la falta de combustible y de dólares en el país.
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Ampliación de Delitos: Fraude, Sedición y Delitos Sexuales
Las acusaciones contra el expresidente Evo Morales se han extendido más allá del terrorismo y la sedición. Dos nuevas acusaciones surgieron en los últimos días. El 12 de febrero, Morales fue acusado por “fraude electoral” en los comicios de octubre de 2019. El indicio es un extracto de llamadas que supuestamente tuvo Evo Morales con el dirigente cocalero Faustino Yucra entre el 14 y 17 de noviembre. En uno de estos contactos, Evo Morales habría dado la orden de bloquear y cercar ciudades para evitar el ingreso de alimentos en las ciudades capitales.
A fines de ese mismo mes, la diputada Yesenia Yarhui del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó denuncia formal contra el ex presidente Morales por sedición y “milicias armadas”, a raíz de unas declaraciones realizadas por la ex autoridad luego de ser inhabilitado a presentarse como candidato para senador por Cochabamba por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Posteriormente, el 10 de agosto la Fiscalía boliviana admitió un nuevo proceso contra Morales por los delitos de “Terrorismo, genocidio, delitos contra la salud pública y daños contra la propiedad”. La denuncia fue presentada por la Cámara de Transporte de Cochabamba, el Ministerio de Justicia y dirigentes del sector salud.
El Gobierno de Áñez presentó el 20 de agosto una nueva demanda contra Morales por los delitos de “estupro, abuso sexual y trata de personas”. Este proceso surgió luego de que se filtraran fotografías de Evo Morales junto a una joven de 19 años, con quien presuntamente inició una relación sentimental cuando ella era menor de edad. Finalmente, el lunes 24 de agosto el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, remitió denuncia contra Morales a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de La Paz por un presunto hecho de violación a una menor de 15 años que posteriormente dio a luz un hijo en 2016.
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