Recientemente, el balneario de Cancún ha sido escenario de denuncias y despidos que evidencian la persistencia de la corrupción dentro de las fuerzas policiales. Unos 170 policías municipales denunciaron hoy actos de corrupción por parte de sus altos mandos en el balneario de Cancún y fueron despedidos. Los agentes, quienes forman parte de los 350 policías que suma en total la unidad policial, fueron dados de baja después de que esta mañana sacaron a empujones de su oficina al encargado de despacho de la secretaría municipal de Seguridad Pública, Jesús Pérez Abarca.
Los uniformados organizaron un paro de labores para exigir la remoción de Pérez Abarca, debido a que les exige “fotografiar e investigar a empresarios y actuar contra narcomenudistas”, entre otras labores que, dijeron, “no les corresponden”, además de que formó grupos para investigar a los policías y sus familias. Debido a ello, Cancún vive una jornada sin policías municipales en sus calles, por lo que se montaron operativos por parte de miembros de la Marina, Policía Federal (PF) y Seguridad Pública Estatal.
Para resolver el problema, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, dialogó con los agentes y les hizo saber que no es una decisión unilateral sino de los tres órdenes de las autoridades federales, estatales y municipales. En tanto, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo (estado en el que se encuentra Cancún), Alberto Capella, dio a conocer que serán dados de baja los agentes que participaron directamente en la agresión a Pérez Abarca y dijo que se ha detectado que algunos tienen vínculos con grupos criminales a los que les dan protección. La confrontación entre grupos dedicados al narcotráfico ha afectado la imagen internacional de Cancún, el principal balneario en recepción de turistas en México.
De acuerdo con los señalamientos, las acusaciones recaen principalmente en el inspector en jefe Elio Álvaro Ferez Belmont, quien actualmente se desempeña como técnico operativo en la coordinación, así como en Alberto Moreno Rubio, identificado como jefe de la XXXI-A Región. Según las denuncias, existirían múltiples quejas internas contra Ferez Belmont por conductas relacionadas con acoso sexual y abuso de poder, particularmente hacia personal femenino de reciente ingreso. En el caso de Moreno Rubio, los señalamientos apuntan a una presunta red de influencias, así como a vínculos con actividades ilícitas y protección a grupos delictivos en distintas zonas de Ecatepec, incluyendo Cerro Gordo, Tulpetlac y San Marcos. Los policías que exponen estos hechos aseguran que continuarán difundiendo información hasta que las autoridades correspondientes intervengan y se inicien investigaciones formales.
Corrupción Policial: Un Recorrido Histórico en México
La situación actual en Cancún no es un fenómeno aislado y encuentra ecos en la historia de la seguridad pública en México. Durante la década de los veinte la corrupción gubernamental tomó grandes dimensiones. Ésta emanaba desde la silla presidencial y extendía sus tentáculos hasta llegar a los confines más recónditos de las calles. La Policía capitalina constaba de una inspección general y de cuatro cuerpos policiacos.
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Dentro de estos últimos, las comisiones de seguridad se encargaban de la investigación de los delitos ya consumados y de la aprehensión de sus ejecutores. La gendarmería montada vigilaba los caminos que conducían a la ciudad. La gendarmería de a pie patrullaba las calles de la capital con el afán de evitar delitos y faltas. Los bomberos generalmente llevaban a cabo labores de auxilio, aunque también se les llegaba a requerir como apoyo para la represión de manifestaciones ilegales o violentas. El Departamento de Tráfico también pasó a ser una dependencia de la Inspección General a partir de 1926. Éste tenía la tarea de mantener el control vial en el distrito, así como de levantar multas y amonestaciones a los conductores de vehículos.
Si bien la historiografía ha dedicado diversas investigaciones a la corrupción existente durante la reconstrucción posrevolucionaria, se ha escrito muy poco sobre el desarrollo de actividades ilegales dentro del sistema policiaco capitalino. Esta falta de interés refleja la arraigada mentalidad que ve a la Policía como una institución servil a los intereses del Estado. En este sentido, explicar uno conduce por deducción al esclarecimiento del otro. Al partir de una premisa según la cual los cuerpos de Policía están conformados por sujetos sumisos se pierde de vista la complejidad del tema. En los pocos estudios sobre el particular es posible mencionar a Diego Pulido, quien ha centrado sus pesquisas en el entendimiento informal (reglas del desorden) establecido entre ciudadanos y gendarmes. Diane E. Davis, en el artículo ya citado, se preocupó más por la politización de la Policía durante el periodo, la cual, según su argumentación, inició la deslegitimación del Estado de derecho en México.
Categorías de la Corrupción Policial en los Años Veinte
La corrupción policiaca en los años veinte se sostenía en grupos diferenciados, los cuales se pueden clasificar en: "intocables", "sacrificados" e "impostores".
- Los intocables: Formaban parte de aquellos individuos que, dueños de los cargos administrativos más altos en la Inspección, no recibían castigo por sus acciones desviadas de las normas.
- Los sacrificados: Reúnen a todos aquellos gendarmes que fueron despedidos de la institución tras campañas supuestamente moralizantes. Sus prácticas corruptas, muchas de las cuales eran coordinadas por los jefes mayores, no fueron las que sentenciaron sus destinos, sino la necesidad de hacer parecer que se lidiaba con los abusos y la ilegalidad presentes en la corporación.
- Los impostores: Esta categoría no está explícitamente detallada en el borrador en la misma medida que las otras dos, pero el contexto general de la "doble moral" y los casos de corrupción a alto nivel sugiere la existencia de figuras que aparentaban cumplir la ley mientras participaban en actos ilícitos.
Casos Emblemáticos y la Doble Moral
La corrupción, por su carácter ilegal, suele escapar al registro documental oficial. Por ello, las fuentes utilizadas en este artículo son diversas, incluyendo archivos administrativos e informes confidenciales, así como publicaciones hemerográficas. Los periódicos capitalinos contenían múltiples testimonios de extorsiones policiacas. Para combatir las críticas en su contra, la Inspección General optó por crear su propio medio de difusión, la
Si se tuviera que elegir un término para designar a las autoridades del país durante los años veinte, no existe ninguno mejor que el de doble moral. Las posturas oficiales entraban constantemente en conflicto con las acciones que se emprendían en la cotidianidad. Las regulaciones sobre las bebidas alcohólicas, juegos de azar y la prostitución quizá sean el mejor ejemplo de ello. Resulta extraño que muchos de los componentes de la élite gobernante tuvieran un historial sumamente cercano a ellos.
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Más allá de las afinidades personales hacia ciertos pasatiempos, es importante poner sobre la mesa las formas en que los componentes del gobierno se enriquecieron invirtiendo y recibiendo sobornos de los dueños de ese tipo de mercados. Aprovechando su posición política, muchos gobernadores amasaron grandes fortunas a través de casinos, cantinas y garitos. En la ciudad de México, José Mascorro, primer jefe de las comisiones de Seguridad, fue quien más se benefició en el rubro. Encomendado a clausurar algunas casas de asignación, Mascorro pudo hacerse de un capital extra a su sueldo como policía. En una de ellas, bajo la condición de no llevar a cabo su tarea, obtuvo mil pesos y un anillo con brillantes. En otra, tras haber detenido a ocho mujeres, recibió 850.00 pesos para no recluirlas en prisión. Antes de liberarlas, dejó que varios de sus agentes abusaran sexualmente de ellas. Aunado a ello, el líder de la Policía Reservada solicitó 2000.00 pesos a un grupo de apaches (proxenetas) para tolerar el trabajo de sus mujeres en las calles. Las sustancias ilegales también formaban parte en el horizonte de sus negocios. Un chino le pasaba 200.00 pesos para poder vender drogas en su tabaquería ubicada en el segundo callejón de Dolores. La información anterior es parte de un informe confidencial hecho en junio de 1925 por un agente secreto y entregado a Martín F. Bárcenas, entonces inspector general de Policía.
Valente Quintana, jefe de las comisiones de Seguridad antes de Mascorro, igualmente contaba con inversiones en el rubro de la prostitución. Según otro informe anónimo, era dueño de una casa de asignación ubicada en la calle de la Libertad número 61. Los agentes de la Reservada, en ese caso, eran utilizados para llevar las cuentas de los asistentes y para reclutar mujeres de otros burdeles de la capital. Junto con el inspector general Pedro J. Almada y Pablo Meneses, quien ocupaba el puesto de secretario general de la Inspección, hizo negocios con el dinero recuperado de robos, con las ganancias de contubernios con bandas criminales, utilizando a los agentes de Policía como empleados particulares y registrando numerosos aviadores en la nómina de la corporación. Los diversos negocios de estos tres hombres pusieron en peligro su aura de impunidad. La información salió a la luz y protagonizó varias páginas de los periódicos capitalinos. La vigilancia de la opinión pública puso en marcha un proceso jurídico en contra de Quintana y Meneses. Los inculpados negaron todos los cargos que se les imputaron, a los cuales se sumaron los de intimidación y tortura a quienes declararon contra ellos. Impulsado por la solidaridad hacia sus ya en ese momento excamaradas, Pedro J. Almada intercedió por ellos, declarando en su favor. No obstante, tras observar los sinuosos derroteros que tomaba el caso, se retractó. El escándalo no fue suficiente para una resolución ejemplar. El proceso se desgastó y Quintana y Meneses fueron declarados inocentes por falta de pruebas. El primero incluso regresó a la Inspección en 1928 bajo el mandato de Antonio Ríos Zertuche.
Militarización y Centralización de la Policía
¿Por qué muchos de estos altos mandos eran protegidos? La respuesta parece encontrarse en el hecho de que muchos de ellos servían a las ambiciones de las autoridades federales por centralizar el poder político. Primero que nada, hay que mencionar que la mayor parte de estos altos mandos formaban parte de los cuerpos castrenses del país. Durante el periodo que toma en cuenta esta investigación, los dirigentes de la Inspección General fueron, entre otros, el general Pedro J. Almada y el coronel Martín F. La tendencia militarista en la reforma policiaca fue un completo revés al proceso civilista que el organismo sufrió durante el Porfiriato.
Al llegar al mando de la Inspección General, Roberto Cruz llevó a cabo una depuración enérgica de los altos mandos policiacos. De estos últimos solamente el coronel José Mascorro y el civil José Morales conservaron sus puestos como primer y segundo jefe de las comisiones de Seguridad. Dos de los puestos más importantes de la institución, los de comandantes de la gendarmería de a pie y de la gendarmería montada, fueron distribuidos respectivamente a los generales brigadieres Antonio Gómez Velasco y Jesús Palomera López. Otorgar un mando militar a los cuerpos de gendarmería fue justificado en la necesidad de que esta última contara con la instrucción militar, la organización, la moralidad y la disciplina necesarias. Estos elementos, a palabras del inspector general, lograrían que sus subalternos fueran “hombres resueltos y de honor profesional que ni se venden ni se acobardan”.
El párrafo anterior contiene la versión oficial que amparó la militarización de la institución policial. La versión no oficial puede rastrearse en los componentes militares que pasaron a formar parte de la Inspección General. Todos ellos demostraron su lealtad al régimen obregonista-callista en la rebelión delahuertista. Por lo tanto, eran elementos confiables para el sistema político. Aunado a ello, la situación del ejército hacía necesario acomodar a muchos de sus integrantes en otras organizaciones. Este último, como resultado de más de diez años de constantes enfrentamientos, había visto engrosar sus filas de una forma descomunal. Tal fenómeno hizo que un gran porcentaje del presupuesto de egresos de la Nación tuviera como destino el rubro militar. Por estos motivos, no resulta extraño ver desfilar a militares en instancias diferentes al ejército.
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Cleave Emsley, historiador y criminólogo británico, menciona que los debates alrededor de quién es el encargado de la administración de la Policía han sido un tema constante en las discusiones presentes entre instancias federales y autoridades locales en los estados nacionales. Para el autor, el factor clave para explicar la centralización policiaca es “la escala de la resistencia violenta a la afirmación de la autoridad y la consolidación del Estado. Durante las primeras décadas del siglo XX, en la ciudad de México la centralización adquirió especial relevancia. En ella residían los poderes nacionales. No obstante, hasta 1928 su administración se encontraba bajo los designios de un ayuntamiento local. Durante la década de los veinte, el 19 de mayo de 1922, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reglamentación de las atribuciones de los inspectores generales de Policía. En ella es posible observar cómo el servicio de Policía estaba subordinado a la autoridad del gobernador del Distrito Federal.
El manejo de la Policía por parte del gobernador del Distrito Federal causó malestar en los regidores del Ayuntamiento de la ciudad. En ciertas actas de cabildo reproducidas en el Boletín Municipal es posible vislumbrar algunos de los choques que existían entre el gobierno local, el gobierno de Distrito y las autoridades policiacas. Gran parte de los problemas provenía de cuestiones económicas y de jurisdicción. Como ya se ha mencionado, la Policía era financiada mediante los fondos del Ayuntamiento. En este punto es importante aclarar que este pago no se realizaba de forma directa. Para que éste fuera llevado a cabo, el Ayuntamiento cedió al gobierno del Distrito Federal la recaudación de algunos impuestos que por ley le correspondían (para el rubro de seguridad, el 30 % de la contribución predial y de patente). A pesar de la existencia de este marco reglamentario, durante los primeros días de 1920 el gobernador del Distrito se negó a pagar el Servicio Médico de Policía, alegando que el Ayuntamiento debía hacerlo directamente.
Buscando no ceder tan fácilmente sus derechos, el Cabildo llegó a la determinación de negociar directamente con el presidente de la República. Tan sólo siete meses después, la actitud de negociación sustentada por el Ayuntamiento comenzó a menguar. En una sesión de Cabildo llevada a cabo el 26 de agosto de 1920, se dio lectura a un proyecto del ejecutivo para aumentar el salario de los cuerpos de gendarmería montada y de a pie. Los regidores Riveroll y Carregha opinaron que era inútil discutir sobre el particular. Los roces generados por las constantes invasiones de la Policía y el gobernador a diversos asuntos que por jurisdicción le correspondían al Ayuntamiento causaron aún más irritación en los miembros del Cabildo. En enero de 1923, Jorge Prieto Laurens, entonces presidente municipal, envió una carta a Obregón para informarle de algunas acciones arbitrarias emprendidas por la Policía de la ciudad bajo el amparo del gobernador. En concreto, se quejaba de que el comandante de Policía de la tercera demarcación había desalojado a más de 300 locatarios establecidos en el exterior del mercado de la Lagunilla, remitiendo a la comisaria a los encargados de los puestos y haciéndoles pagar una contribución al Gobierno del Distrito para la reapertura de sus negocios. Prieto Laurens explicó en el escrito que, según la Ley de Organización del Distrito y Territorios, el Ayuntamiento era el único capacitado para permitir el establecimiento de ese tipo de comercios.
Narcotráfico y Corrupción Actual: El Caso Sinaloa
La comparecencia de Ismael El Mayo Zambada ante la justicia de Estados Unidos obliga a repasar las extrañas circunstancias en las que fue entregado a las autoridades del vecino del norte, en julio del año pasado. El veterano líder del Cartel de Sinaloa denunció que fue secuestrado, tras ser llevado con engaños por sus propios socios a una supuesta reunión en la que, le dijeron, estaría el gobernador del Estado, Rubén Rocha, de Morena. El objetivo, según la versión del capo, era resolver el añejo conflicto político entre el mandatario y Héctor Melesio Cuén, un personaje de larga trayectoria en Sinaloa y rival de Rocha, y quien también estaba convocado al cónclave. El gobernador nunca se apareció, y Melesio Cuén fue asesinado. La polémica envolvió a Rocha. El mandatario negó saber de ese encuentro, y dijo que le mintieron al narcotraficante sobre su asistencia. Rocha tenía una coartada: estaba fuera de México al momento de los sucesos, y fue cobijado por la cúpula de su partido y el Gobierno. La extraña mención a ambos políticos en la saga del Mayo revela al menos una cosa: la vinculación del narco con la política de altos vuelos en Sinaloa.
Otro elemento aportado por el mismo Zambada muestra la relación de funcionarios de Rocha con el Cartel de Sinaloa. Un integrante de su equipo de seguridad, José Rosario Heras López, era un agente activo de la Fiscalía del Estado. El hombre fue secuestrado y a la fecha continúa desaparecido. Otro elemento de la guardia pretoriana del Mayo, Rodolfo Cháidez, también desaparecido, fue policía de investigación de la misma institución, aunque había renunciado hace años. A todo ello hay que sumar que la propia Fiscalía estatal, en sus primeras investigaciones sobre el asesinato de Cuén, planteó una versión que intentaba desligar el crimen del sitio donde ocurrieron los hechos y de los personajes -los narcos- involucrados. Tuvo que intervenir la Fiscalía General de la República (FGR) para desbaratar aquella pantalla, no sin acusar expresamente que se trató de un intento por manipular la verdad.
El Mayo Zambada declaró ante la justicia de EE UU que, durante años, pagó sobornos a policías, comandantes militares y a políticos para garantizar el buen funcionamiento de su negocio ilícito de tráfico de drogas. El capo no ofreció nombres, y ello dio lugar a las especulaciones y al cruce de reclamos entre el oficialismo y la oposición. El Gobierno de Claudia Sheinbaum se ha escudado en esa ambigüedad, aunque, este miércoles, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha señalado que, en todo caso, los funcionarios corrompidos eran oficiales pertenecientes al ámbito estatal o municipal, lo que ha arrojado todas las luces a los gobernantes de Sinaloa, en su mayoría del PRI, ahora de Morena. “No hemos tenido, al momento, ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo [de asuntos]”, ha afirmado Harfuch. “Normalmente, las detenciones y los involucramientos que hemos tenido, incluyendo de homicidios de funcionarios locales, han sido más en policías municipales y policías estatales”, ha agregado. Que los narcos sobornen a funcionarios públicos no es de extrañar. Es lo que explica en gran parte el enseñoreamiento al que han llegado grandes carteles como el de Sinaloa, de acuerdo con los especialistas. Ya en el pasado, otros capos del Cartel de Sinaloa han referido ante la justicia de Estados Unidos el pago de sobornos a funcionarios mexicanos, como demostró el mediático juicio contra Genaro García Luna, el corrupto secretario de Seguridad en el sexenio del panista Felipe Calderón. “El crimen organizado en Sinaloa no se puede entender sin la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales. Y voy más allá: también funcionarios de Estados Unidos que permiten que la droga sea movida en ese país, porque son toneladas a lo largo de décadas. Es transversal”, asienta Josué González, especialista en asuntos de seguridad y crimen organizado.
Narcopolíticos: Un Recuento en Sinaloa
Los vínculos de funcionarios públicos locales con el narcotráfico en Sinaloa tienen origen histórico, comenzando con Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel del Pacífico, que derivaría en el Cartel de Sinaloa. El Jefe de Jefes, su alias, era un policía de la extinta Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. También fue escolta del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968). El 30 de mayo de 1983, la sección de sociales del periódico El Sol de Sinaloa dedicaba una plana a la boda de uno de los hijos del ya exgobernador, donde el padrino fue Félix Gallardo.
Otro caso icónico es el de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, dos veces director de la Policía Ministerial, parte de la Fiscalía de Sinaloa, y que desde 2005 hasta su muerte, en 2020, fue señalado de brindar protección al cartel del Mayo y El Chapo. En 2010 se ofrecieron hasta cinco millones de pesos de recompensa para capturar al mando policial, que estaba prófugo. Un año después, la Fiscalía publicó una “fe de errores” que le permitió a Aguilar Íñiguez regresar a la vida pública. El gobernador Mario López Valdez (PRI) lo nombró director de la Policía Ministerial. “No se puede combatir al crimen con blancas palomas”, dijo el mandatario sobre su fichaje.
Testimonios en Cortes de Estados Unidos, incluidos los de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, aseguraron que Aguilar Íñiguez colocaba mandos afines en zonas clave y que el cartel pagaba hasta 50.000 dólares mensuales para resguardar a miembros de la familia Zambada. Fueron protecciones que se otorgaron durante los gobiernos de los priistas Juan S. Millán, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, quien fue nombrado por Morena embajador en España. La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó casos de tortura y desapariciones forzadas cometidas por jefes ministeriales a cargo del polémico mando policiaco. Un caso vincula a Aguilar Íñiguez con el sexenio del morenista Rubén Rocha. El comandante José Rosario Heras López, desaparecido en la supuesta emboscada del Mayo, fue nombrado coordinador de órdenes de aprehensión en la Fiscalía por Aguilar Íñiguez.
“Está en el ADN del Cartel de Sinaloa que haya relaciones con el ámbito político”, señala el académico Josué González. “No es algo nuevo, es un engarce entre la política y la criminalidad de décadas”, añade. El especialista afirma que, pese a las vinculaciones a nivel local, la mayor responsabilidad por el fortalecimiento del narco es de las autoridades federales, pues a ellas les corresponde perseguir los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas. “Las fiscalías no están haciendo su trabajo en la investigación de los recursos ni de la influencia del crimen organizado dentro de sus gobiernos”, indica.