La comunidad universitaria de la UABJO enfrenta una situación crítica marcada por denuncias de intervención externa y una profunda inestabilidad administrativa. Los docentes han señalado directamente a diversos funcionarios públicos de intentar vulnerar la autonomía de la institución.
Acusaciones de intervención política
Los docentes acusan a Carlos Pérez Campos Mayoral, subsecretario de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobierno, de intervenir en los asuntos internos de la universidad a través de su esposa, la directora Rocío Martínez Helmes. Según las declaraciones, Pérezcampos Mayoral se ha “empecinado en obstaculizar” el desarrollo de la facultad, aprovechando la situación legal atípica que atraviesa la institución.
A esto se suma la acusación contra el secretario de Gobierno, Jesús Romero, de buscar imponer a un director afín, violando la autonomía universitaria. Al respecto, se ha reiterado una postura de firmeza: “Tenemos un valor supremo en nuestra institución que es la autonomía universitaria y la vamos a defender”.
Cronología del conflicto administrativo
El contexto de la movilización no es nuevo. Desde marzo del año pasado debía haberse realizado la elección del Consejo Técnico de la facultad, proceso que no ocurrió porque la entonces directora, Rocío Martínez Helmes, omitió emitir la convocatoria correspondiente, lo que generó acusaciones de intento de prórroga ilegal y violación a la Ley Orgánica de la UABJO.
Ante el vacío de autoridad generado por el vencimiento del periodo de Martínez Helmes en noviembre de 2025, el rector de la UABJO, Cristian Eder Carreño López, designó de manera temporal a tres académicos como encargados del despacho de la facultad:
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- Luis Abel Solano Santiago
- Fredy Sánchez García
- Eduardo Hugo Vázquez Lagunas
Acciones de la comunidad universitaria
El antecedente directo de la movilización se remonta al pasado 17 de febrero, cuando una Asamblea Extraordinaria convocada por alumnos, profesores y personal administrativo designó a Fredy Sánchez García como nuevo director. Esta decisión se tomó argumentando que la falta de acuerdos y la inoperancia de la administración interina habían generado incertidumbre sobre el desarrollo del ciclo escolar.
La denuncia no se limita a lo administrativo. Sosa Gutiérrez alertó sobre la presencia de personajes “de dominio público” que intentan desestabilizar la facultad mediante el uso de grupos de choque, y advirtió que existe un temor fundado de que se intente recuperar las instalaciones por la fuerza.
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