El problema de las acusaciones de fraude en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es de gran relevancia y tiene consecuencias significativas. Este escándalo afecta directamente las negociaciones que la actual administración de la UAEM lleva a cabo con el gobierno federal, buscando el rescate financiero indispensable para evitar problemas económicos durante el segundo semestre del año. La falta de este apoyo pondría en riesgo a más de 40 mil estudiantes y más de seis mil administrativos, así como a los académicos de la institución. Por lo tanto, es crucial que la situación se aclare en beneficio de todos los involucrados y que los responsables rindan cuentas.
A pesar de que la actual administración ha logrado ahorrar una cantidad considerable, de varios millones de pesos, con el nuevo sistema implantado, la persistente carga de esta acusación ha obstaculizado la obtención de los recursos necesarios para un funcionamiento adecuado. Mucho se ha discutido sobre este tema, pero la información veraz y detallada que se ha manejado en el estado ha sido escasa.
El Mecanismo de la "Estafa Maestra"
Este caso se inscribe en un esquema fraudulento conocido como la "Estafa Maestra", un embrollo muy bien orquestado. Las características de los desvíos de recursos observados en varias universidades del país se realizaron de la misma forma. Por ello, “Mexicanos contra la corrupción” le llamó la Estafa Maestra: la secretaría federal contrataba a una universidad para la realización de un supuesto estudio; el centro educativo, a su vez, subcontrataba a alguna empresa para el mismo propósito (la gran mayoría de las tales empresas eran definidas por la autoridad federal como “fantasma” o nada tenían que ver con el rubro); ésta se llevaba la mayor cantidad, mientras que las casas de estudio se quedaban con un porcentaje menor, lo que significaba su presunta ganancia, como “recompensa” por su participación.
El Caso Específico de la UAEM
El contrato en cuestión, signado entre las partes, implicaba que, además del levantamiento de la encuesta, la UAEM también se encargaría de verificar la información y datos personales de los beneficiarios en seis entidades: Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y Veracruz.
Hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación
Según el diario, la Auditoría Superior de la Federación revisó ese convenio y encontró que de los seis millones 700 mil 164 beneficiarios que debieron ser encuestados, únicamente un millón 48 mil 575 fueron entrevistados, lo que representa el 15.6 por ciento.
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| Concepto | Cantidad | Porcentaje del Total |
|---|---|---|
| Beneficiarios que debieron ser encuestados | 6,700,164 | 100% |
| Beneficiarios efectivamente entrevistados | 1,048,575 | 15.6% |
| Diferencia (beneficiarios no encuestados) | 5,651,589 | 84.4% |
Pese a que prácticamente el 85 por ciento de lo pactado no se realizó, el total fue pagado el ocho de diciembre de 2014. La investigación de la ASF, según la misma fuente, identificó que el 28 de noviembre de 2014 la institución educativa subcontrató los servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed, por 73 millones 160 mil pesos.
Investigaciones en Curso y sus Implicaciones
Así, la FGR investiga a la ex titular de la Sedesol; al ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa; al ex Director General de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez; al ex Coordinador de Delegaciones, Simón Pedro de León Mojarro y al ex Director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, José Antolino Orozco Martínez, esos en el plano federal, así como a los delegados federales y a los funcionarios de la universidad.
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